Escribe José Castillo

Latam Argentina no es simplemente una empresa quebrada por la pandemia. Es la filial argentina de una gran multinacional, Latam Airlines Group, nacida en 2016 de la unión de dos empresas, Lan International (de origen chileno, vinculada a la familia del presidente Piñera, pero ya hace años con mayoría accionaria yanqui) y la brasileña TAM. Con esta fusión pasó a ser la línea de aviación más grande de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo, transportando 74 millones de pasajeros anuales. También explota Latam Cargo, una de las empresas de carga vía aérea más importante, con 4.000 metros cuadrados en el aeropuerto de Miami y líder en el negocio entre los Estados Unidos y Latinoamérica. 

Latam viene ganando millones de dólares año a año mientras superexplota a sus trabajadores, presionando para que acepten las condiciones de trabajo de las low cost, a la vez que hace todo tipo de maniobras utilizando sus filiales para evadir el pago de impuestos. En este marco, y con una deuda de 7.000 millones de dólares, se presentó en los Estados Unidos a “capítulo 11”, que es como se denomina en ese país al pedido de quiebra. Ya despidió a 1.400 trabajadores en Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Sin embargo, al mismo tiempo, repartió dividendos entre sus accionistas por 57 millones de dólares. En otra señal de que “tan quebrada” no está, la filial brasileña sigue su proceso de expansión, acordando volar bajo código compartido con Azul en cincuenta rutas hacia y desde Brasilia, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Campinas y San Pablo. Como vemos, se trata de una multinacional en crisis por lo que deja de ganar con la pandemia, sin dudas, pero que separa cuidadosamente sus ganancias, a repartir entre los dueños capitalistas, incluyendo sus planes de futuros rendimientos, mientras “socializa” sus pérdidas a costa de las espaldas de los trabajadores y presionando para que los gobiernos latinoamericanos las asuman. 

La situación de las empresas de aeronavegación en el mundo

El caso de Latam Airlines Group no es un hecho aislado. Es un ejemplo más de lo que está sucediendo con todas las grandes empresas de aviación del mundo. Ciertamente, entre enero y julio se cancelaron 7,5 millones de vuelos en el planeta y las empresas vieron reducidos sus ingresos en un 50% con respecto a 2019.

¿Qué hicieron las más importantes líneas de aeronavegación del planeta? Procedieron inmediatamente a descargar la crisis con planes de recortes internos, despidos masivos, suspensiones, reducción de sueldos y flexibilización de los convenios. Aprovecharon la situación para destruir las condiciones de trabajo de los trabajadores, un objetivo que se venían planteando desde hace años, en medio de las peleas entre esas grandes empresas y las low cost. Año a año, los trabajadores de British Airways, Lufthansa, Air France , entre otras, lograban contener la ofensiva patronal por medio de luchas radicalizadas. Ahora las grandes compañías vieron que la pandemia es su gran oportunidad.

Esta política de las grandes corporaciones aéreas ya ha generado en Europa que British Airways despida a 12.000 trabajadores, KLM a 8.300 y Lufthansa a 10.000. Norwegian Air, por su parte, suspendió a 7.000 trabajadores y SAS a otros 9.000, además de echar a 5.000.

En los Estados Unidos, American Airlines va a recortar 5.100 puestos y ofreció “retiros voluntarios” a 34.500 empleados. Delta anunció despidos y les dio “vacaciones” sin goce de sueldo a 13.000. United Airlines, la tercera empresa aérea yanqui, avisó que achicará 30% su plantilla. Air Canada también piensa despedir a 19.000 trabajadores. 

Un recorrido a escala mundial sigue dándonos números de terror, Emirates habla de reducir su plantel en 30.000 puestos, Virgin Atlantic ya echó a 3.500, Ryanar a 3.000 y EasyJet a 4.500.

Esta auténtica “masacre” de puestos de trabajo fue acompañada por el pedido de salvataje de los gobiernos, que pusieron millones de dólares, en medio de la pandemia, para “rescatarlas”, incluyendo en muchos casos hacerse cargo de deudas multimillonarias. Se calcula que, hasta el momento, los dueños de las aerolíneas recibieron 123.000 millones de dólares entre préstamos, subsidios y garantías. A eso hay que sumarle que los distintos gobiernos pagaron los sueldos de 800.000 trabajadores de las compañías. Como vimos, todos estos “auxilios”, siempre con la excusa de evitar despidos, no impidieron que las empresas dejen centenares de miles de personas en la calle. Así, por ilustrar con los ejemplos más resonantes, Lufthansa recibirá 9.000 millones de euros, Air France 7.000 millones, KLM entre 2.000 y 4.000 millones y Alitalia 500 millones. En los Estados Unidos la “ayuda estatal” a las aerolíneas ya suma 25.000 millones de dólares. En algunos de todos estos casos, como Lutfhansa o Alitalia, se habla incluso de la entrada del Estado en el capital de las empresas en una suerte de “nacionalización” para sanearlas e inmediatamente devolverlas a sus dueños capitalistas. Otras, como fue en el caso de Latam Airlines, decidieron acogerse a algún sistema de quiebras a la espera de que el salvataje venga por ese mecanismo. 

¿Quién paga la crisis?

Todo este panorama del negocio aerocomercial a escala planetaria no es más que un reflejo de la crisis económica mundial del capitalismo imperialista. Es lo mismo que está sucediendo con multinacionales de otros rubros. Así, hace pocas semanas, vimos a Nissan cerrar su planta en Barcelona dejando también a miles de trabajadores en la calle. O el anuncio de Renault, de su achicamiento en la misma Francia. 

La pandemia del coronavirus solo acentuó una crisis que ya venía desplegándose desde 2007/2008. Y donde las salidas de las patronales y los gobiernos imperialistas siempre fueron las mismas, rescatar a las empresas y hacer que la crisis la paguen los trabajadores, con despidos, rebajas salariales y flexibilización de las condiciones de trabajo. Y con salvajes planes de ajuste monitoreados por organismos internacionales como el FMI. 

Así funciona el capitalismo. Es el reino de la ganancia a costa de quién sea y cómo sea. Si para ello hay que destruir el ambiente del planeta, lo hacen. Si para mantener las superganancias hay que mandar a la muerte, bajo riesgo de contagio, a millones de trabajadores, no importa. Si otros tantos millones quedan sumidos en la desesperación del desempleo, tampoco. Los trabajadores y los pueblos del mundo precisamos otro régimen social con una economía planificada sobre la base de las reales necesidades de todos, gobernado democráticamente. Se trata, en síntesis, de una economía y un mundo socialistas.

Editorial

Los contagios no dan tregua y ya estamos aproximándonos al pico de la pandemia. Es común que cualquier habitante del AMBA (Capital y conurbano) a esta altura se entere de que un familiar, vecino, compañero de trabajo o pariente haya contraído el Covid-19. Esto se da en momentos en que el gobierno nacional, Kicillof, Larreta y los gobernadores, más allá de sus “diferencias” mediáticas, han flexibilizado peligrosa e irresponsablemente la cuarentena. La apertura de la industria en la provincia de Buenos Aires, como en el resto del país, va de la mano con las caminatas de los runners habilitadas en Capital. Que haya más actividad –como lo vienen exigiendo las grandes patronales– aumenta la circulación de millones en los medios de transporte facilitando el contagio. Y se está dando la vergüenza nacional de que, a tres meses de declarado el aislamiento obligatorio, los trabajadores y profesionales de la salud tengan que seguir protestando porque no tienen insumos y protección, o tener que lamentar muertes como la de la enfermera del Gandulfo, que se infectó y falleció porque no le dieron la licencia.

La pandemia del coronavirus se une a otra, la de la crisis social y económica que se descarga sobre el pueblo trabajador. Si decenas de miles están obligados a “romper la cuarentena” para lograr el sustento diario es culpa del gobierno nacional del Frente de Todos de Alberto Fernández, con el acompañamiento de los gobernadores e intendentes de todos los colores. ¿O acaso los 10.000 pesos asignados a quienes hacen changas son suficientes?  Si dividimos la cifra por los meses en que se cobrará se trata en realidad de 5.000 pesos mensuales. ¿Alguien cree que con eso se puede quedar en su casa evitando el contagio?

Los pequeños comercios, talleres y kioscos piden préstamos y no se los dan, mientras que el Estado le paga el 50% de los salarios a multinacionales y grandes empresas, o les da créditos a patronales explotadoras.

Que se les haya rebanado el 25% de los salarios a los trabajadores a través de un pacto entre la UIA, la CGT y el gobierno y les sigan robando a los jubilados es un ajuste repudiable en plena pandemia y crisis social. Con la frase de Alberto Fernández “el Estado va a ayudar a todos”, se sigue subsidiando a las grandes empresas mientras dejan correr la campaña contra los que luchan y la izquierda, acusándolos de “minorías irresponsables”, como dijo el ministro Ginés González García, o con los planteos de dirigentes sindicales afines al gobierno que llaman a ser “responsables” cuando no mueven un dedo ante la crítica situación que sufren millones de trabajadores.

Para combatir las dos pandemias se necesitan medidas de fondo. Alberto Fernández no hace ningún anuncio, ni aunque sea insuficiente, desde hace semanas. ¿Y el impuesto a la riqueza? Pasan los meses y el proyecto todavía no fue presentado. Lo usan como campaña recurriendo al doble discurso “contra la derecha”, pero se trata de una cortina de humo. ¿Por qué en plena pandemia no cobrarle un impuesto especial a Techint, las petroleras, las automotrices, los grandes laboratorios, bancos, privatizadas y terratenientes? Al gobierno se le está cayendo la careta con el doble discurso. Viene hablando de los empresarios “vivos” pero no los toca mientras la crisis capitalista la descarga sobre el pueblo trabajador.

¿Y la deuda eterna? ¿Cómo puede ser que la negociación con los bonistas sea la prioridad de este gobierno autodenominado “popular”? ¿Cómo puede ser que les siga mejorando la oferta a los bonistas usureros internacionales amigos de Donald Trump como paso previo a encarar otro pacto con el FMI, reconociendo el endeudamiento que nos dejó Macri con una estafa mil veces mayor que la de Vicentin con el Banco Nación? Encima, el gobierno dice que si hay un arreglo por la deuda se podrá aplicar en los próximos años un plan económico “sustentable y sostenible”, cuando ya ahora hay un ajuste y será mayor en el futuro si la Argentina sigue sometida al Fondo Monetario y pagando una deuda fraudulenta.

El sindicalismo combativo y la izquierda levantan una clara propuesta para combatir las dos pandemias. En primer lugar, llamando a que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador. Es lo que se hizo valer en la jornada nacional de protesta de este martes convocada por el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo. Se dijo ¡no a la rebaja salarial y jubilatoria! ¡basta de despidos y suspensiones! Que se estatice toda fábrica que cierre o despida. Que se expropie Penta. Que se aumenten los salarios, repudiando la postergación de las paritarias acordadas con la CGT y las CTA. Exigimos un aumento de emergencia que cubra la canasta familiar, un salario social en cuarentena de 30.000 pesos para todo aquel desocupado o quien lo necesite. Plata para los hospitales y la salud pública, no para las clínicas privadas, como hizo Kicillof, destinando 400 millones de pesos desfinanciando el IOMA, entre otras medidas.

En segundo lugar, decimos que hace falta imponer un fondo de emergencia con un impuesto especial a los grandes grupos empresarios nacionales (Bulgheroni, Techint, Arcor, Perez Companc, Coto, Eurnekian, Grobocopatel), a las multinacionales, a la gran banca (HBSC, Santander, BBVA-Francés, Galicia, Macro, Citi Bank, entre otros) y suspender de inmediato todo pago de deuda. De esa forma se obtendrían 20.000 millones de dólares para volcar a la emergencia.

Esta pelea la damos en las luchas, en las calles, en los plenarios de trabajadores, en los debates televisivos y en el Congreso. Al día de hoy los únicos proyectos que hay en el Parlamento para imponer de verdad un impuesto a la riqueza y para que se deje de pagar la deuda externa y se rompan los lazos con el FMI (iniciativa de la diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer) son los del Frente de Izquierda Unidad. Y ahora se sumó el que exige la estatización de Vicentin bajo control de sus trabajadores. Llamamos a seguir apoyando y coordinando las luchas en curso y a seguir postulando y peleando por esta salida de fondo. 

Escribe José Castillo

El mayor monopolio agroexportador de capital nacional, Vicentin, entró en convocatoria de acreedores tras una maniobra fraudulenta realizada a los ojos de todos. Ahora han trascendido nuevos “datos”. La empresa se benefició con una cantidad increíble de créditos durante el gobierno de Macri y recurrió a todas las maniobras posibles para evadir impuestos y fugar divisas. En la última etapa, directamente se lanzó a una maniobra de vaciamiento con la complicidad del entonces presidente del Banco Nación Javier González Fraga y el obvio visto bueno de todo el gobierno de Cambiemos. En el medio dejó un tendal de deudas por 100.000 millones de pesos, que incluye a bancos estatales (Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires), privados nacionales y extranjeros, la AFIP, el gobierno y varias municipalidades de la provincia de Santa Fe y, lo más grave, dos mil pequeños productores a los cuales nunca les pagó la soja que Vicentin ya vendió y cobró del exterior.

Dentro de estas maniobras está todo el proceso de triangulación por medio de empresas fantasmas (Vicentin Paraguay, Uruguay y Panamá) y la entrega de la mayoría del paquete accionario de Renova (la mayor planta de biodiésel de la Argentina) a la multinacional suiza Glencore, a cambio de un dinero que nadie sabe dónde está.

El conjunto de la patronal, sus cámaras empresarias, medios de comunicación –como el Grupo Clarín o La Nación–, Juntos por el Cambio, Lavagna y hasta ex funcionarios peronistas kirchneristas como el mismísimo Guillermo Moreno, salieron de punta a oponerse a la expropiación, denunciando la “violación a la propiedad privada”. Entre toda la estrategia discursiva que desplegaron, la que se destacó fue mostrar a Vicentin como una empresa nacional, familiar, nacida y desarrollada en la pequeña ciudad de Avellaneda, en el norte santafecino, “benefactora de la comunidad”, que simplemente había tenido un problema financiero “coyuntural” que la había obligado a solicitar el concurso de acreedores.

Muy lejos de la realidad está esa imagen idílica que se quiere vender de Vicentin, bucólicamente campesina, casi al estilo de la familia Ingalls o de Bonanza. Se trata, en cambio, de una empresa que hizo negocios con todos los gobiernos desde hace décadas. Participó en la represión de la dictadura militar, marcando y permitiendo el secuestro de trabajadores de la firma y hasta utilizando para el acta del operativo una máquina de escribir de la propia empresa. Se benefició con la estatización de la deuda externa privada llevada adelante por Domingo Cavallo en el final de la dictadura. Luego tuvo crédito abierto del Banco Nación durante décadas (de hecho, el mayor salto en su endeudamiento se dio durante el gobierno kirchnerista). Participó del circuito de las coimas durante ese gobierno (uno de sus dueños figura en la causa de los cuadernos). Y , por supuesto, después tuvo todas las relaciones habidas y por haber con el macrismo, desde ser su principal aportante de campaña hasta haber intentado colocar el candidato oficialista a gobernador de Santa Fe (no lo fue por el veto de Elisa Carrió, que justamente los acusó de “corruptos”).

Nada de “salvataje”, ¡estatizar ya mismo!

El presidente Alberto Fernández dijo repetidas veces que de lo que se trata es del “salvataje” de la empresa. Seamos claros, a los que hay que salvar es a los trabajadores de la empresa, a los pequeños productores estafados, al patrimonio de los bancos estatales perjudicados, a la AFIP y a las municipalidades a las que este pulpo exportador no les pagó.

“Salvataje” y “rescate” es justamente lo que quiere Vicentin y apoya el conjunto de la patronal: que el Estado se haga cargo de las deudas, “capitalice” (léase ponga plata en la empresa) y le permita a la firma seguir con sus negociados. Lo que corresponde es la expropiación lisa y llana de la totalidad de los activos del grupo y que los dueños, la familia Vicentin, respondan con su propia riqueza acumulada por la deuda que generaron. Ellos y sus socios en la estafa, como Javier González Fraga, deben responder con sus propios patrimonios por el desastre que generaron. Y ante el planteo de que ese dinero “no alcanza” para pagar todas las deudas, la respuesta es clara, una auditoría profunda que determine, tras el pago a los trabajadores, los pequeños productores, los bancos estatales, la AFIP y las municipalidades, si hay algún otro al que debe abonársele o si se trata de cómplices en la maniobra de vaciamiento. Y, desde ya, está cantado quiénes no deben cobrar: los bancos internacionales que ahora aparecen como acreedores.

La estatización debe alcanzar a todo el grupo

Es tan cierto que Vicentin tiene que ser tomado como grupo en su totalidad que, justamente, un pool de estos bancos, encabezado por el mismísimo Banco Mundial y en el que también participan los holandeses FMO, ING Bank y Rabobank y los franceses Natixis y Credit Agricole iniciaron un procedimiento para averiguar cuáles son los activos del Grupo Vicentin en el mundo (el procedimiento se llama justamente Discovery) para así poderle “cobrar” su deuda. Vicentin le debería 16.504 millones de dólares al Banco Mundial (a su brazo que le presta a los privados, la Corporación de Fomento Internacional), 9.228 al FMO y sumas algo menores al resto de los bancos internacionales, hasta totalizar una deuda externa por 33.137 millones de dólares.

Por eso es fundamental que la estatización alcance a todo el grupo, y no solo a Vicentin SAIC, la cerealera. Hay que estatizar Renova y las otras plantas de oleaginosas, Textil Avellaneda, las bodegas, las empacadoras y, por supuesto, el puerto privado de la empresa. En el caso de Renova hay que desconocer la supuesta “venta” del paquete accionario a la multinacional Glencore, efectuada ya en medio de la etapa final del vaciamiento.

¿Por qué debe ser 100% estatal?

El gobierno estaría hablando de crear una sociedad anónima, de economía mixta, con la participación de Vicentin más las operaciones que hoy están a cargo de YPF Agro. No es esa la salida que se necesita. La propia experiencia de la estatización parcial de YPF es el mejor ejemplo. En su momento se creó YPF S.A. con mayoría estatal y 49% de participación privada. Esta figura jurídica (ser una sociedad anónima y no una sociedad del Estado) es la que permitió que se haya llevado adelante el acuerdo secreto con Chevron, pieza maestra del comienzo del saqueo y la destrucción del ambiente en Vaca Muerta. Las empresas mixtas son una cobertura que se usa en muchos países del mundo para esconder a un Estado que se hace cargo de las pérdidas mientras, por atrás, accionistas privados se hacen con las ganancias de los grandes negocios.

¿Por qué debe estar bajo control de los trabajadores?

La segunda cuestión es quién debe gerenciar la futura empresa expropiada y estatizada. No tenemos dudas, deben ser los propios trabajadores, acompañados en todo caso en el control por los pequeños productores. No tenemos que repetir experiencias como la de Aerolíneas Argentinas, que luego de la estatización se transformó en una caja de negocios y clientelismo del peronismo kirchnerista, y de La Cámpora en particular.

Una discusión de fondo es si los trabajadores pueden gestionar una empresa de esas dimensiones. Respondemos tajantemente que sí, recurriendo, por supuesto a profesionales y técnicos comprometidos con la clase trabajadora para los detalles específicos que sean necesarios, pero apelando, siempre, al conocimiento y la decisión final de los propios trabajadores que, durante décadas, aportaron con su esfuerzo a la existencia de la empresa.

Con Vicentin sola no alcanza, hay que nacionalizar el comercio exterior

El gobierno de los Fernández insiste en que la expropiación de Vicentin busca cumplir tres objetivos: tener una empresa testigo del mercado de cereales, evitar la extranjerización del comercio exterior y apuntar a la “soberanía alimentaria”.

Para que todo esto no se termine transformando en un nuevo ejemplo de doble discurso, tenemos que decir que con Vicentin solo no alcanza. Se trata de apenas el 9% del total de las exportaciones agropecuarias. El 90% restante lo manejan los grandes pulpos extranjeros (Cargill, Dreyfuss, ADM y Cofco, y ,como socios menores, otras grandes empresas locales, como Aceitera General Deheza y Molinos). Y eso nadie lo controla, de hecho desde el menemismo, cuando se cerró la Junta Nacional de Granos, todos los gobiernos posteriores sin excepción dejaron correr la máxima libertad para que estos pulpos internacionales hicieran lo que quisieran. Por eso, junto con la expropiación de Vicentin y su conversión en una empresa 100% estatal gestionada por sus trabajadores, hay que avanzar en la nacionalización del comercio exterior. Como, aunque sea parcialmente, existió en nuestro país en la época del primer peronismo con el IAPI. De esta forma sí se tendrán las herramientas para decidir cuánto se exporta, cuánto se dedica al mercado interno, y a qué precios, priorizando la mesa del pueblo trabajador y no, como ahora, los negocios de las grandes transnacionales.

Escribe Claudio Funes

Apoyamos y hacemos nuestro el proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional por los diputados Romina del Plá (PO) y Nicolás del Caño (PTS), en nombre del Frente de Izquierda Unidad, para que se proceda a la expropiación de los activos de la empresa Vicentin S.A.I.C. y Vicentin Family Group, de todas las compañías dependientes del holding y su estatización bajo control y gestión de los trabajadores.

El proyecto plantea la expropiación sin indemnización y establece la defensa de la continuidad laboral y el pago integral de los salarios a todos los trabajadores, así como la defensa del convenio colectivo de trabajo. Dispone asimismo la apertura de los libros contables de la empresa “para verificar las maniobras delictivas que se realizaron contra el pueblo de la Nación” y la creación de una comisión investigadora –elegida por los trabajadores– para inventariar la totalidad de los bienes y contribuir a la investigación de todos los ilícitos y maniobras fraudulentas cometidos por la empresa.

A continuación, resaltamos los artículos más importantes del proyecto:

Artículo 1º.– Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los activos de la empresa Vicentin S.A.I.C. y Vicentin Family Group.

Art. 2°.– Esta expropiación se consumará sin pago de indemnización alguna, bajo ningún concepto, al grupo empresario que ostentaba la propiedad de este holding [...]  

Art. 3°.– Se prohíben los despidos y suspensiones de todo el personal, cualquiera sea su modalidad de contratación, que desempeña actividades laborales bajo la órbita de Vicentin S.A.I.C., Vicentin Family Group y firmas dependientes de ambos grupos societarios.

Art. 4°.– La administración y explotación de los activos de las empresas expropiadas, en todas sus diversificaciones, quedará a cargo del Estado nacional y su operatoria estará bajo la gestión directa de sus trabajadores.

Art. 6°.– Se constituirá una comisión investigadora, integrada por trabajadores y electa por el voto directo de sus pares, quienes designarán a los profesionales y técnicos de su confianza para inventariar la totalidad de los bienes de la empresa, plantas industriales, puertos, sociedades de servicios y sociedades vinculadas de todo orden.

Art. 7°.– Por el presente artículo quedan inhibidos y sujetos a embargo la totalidad de los bienes y fortunas personales de los accionistas de los grupos empresarios comprendidos en esta ley radicados en el país, tanto bienes raíces como tenencias financieras u otras de todo orden.

Escribe Claudio Funes

La intervención estatal al gigante agroexportador Vicentin, así como el posible envío al Congreso de un proyecto para su expropiación por parte de Alberto Fernández, ha desatado los temores de las grandes patronales hasta el límite de la histeria.

A través de la prensa escrita, radio y televisión se han dado oscuras previsiones, debates y comparaciones con la Venezuela de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

Uno de los que mejor expuso esta preocupación fue Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural y ex ministro de Agroindustria de Macri. Auguró que el país será “como Venezuela, que empezó con un latiguillo, como era la frase tragicómica de Chávez con el ‘exprópiese’”. Estos sectores patronales quieren usar el evidente fracaso del chavismo para cuestionar las estatizaciones.

¿Qué pasó en Venezuela?

El fracaso del chavismo no radica en las estatizaciones. Es lo contrario. El chavismo llegó al poder en 1998 prometiendo justicia social, democracia participativa y anunciando que iba a revertir la entrega de la industria petrolera a capitales transnacionales.

Pasados más de veinte años, el tiempo sobra para hacer un balance. El chavismo realizó una intensa campaña diciendo que bajo su gestión la industria petrolera fue renacionalizada. ¿Esto fue así? La realidad es la opuesta, el chavismo tiene la responsabilidad de haber aumentado la inserción de las transnacionales petroleras.

En 2006, con el nombre “Plena Soberanía Petrolera”, se anunció el plan mediante el cual se podrían asociar a Pdvsa capitales privados. Surgió así el formato de la empresa mixta. Las primeras en firmar fueron Chevron, Repsol, Shell, Total, Petrobras y Exxon Mobil, entre otras. Las empresas mixtas resultaron ser organizaciones totalmente autónomas que declaran las ganancias a sus accionistas. Al mismo tiempo, Chávez rechazó cualquier tipo de gestión o cogestión obrera dando como excusa que el petróleo es una industria estratégica. No podía ser de otra manera. Ya que la otra cara del acuerdo con las saqueadoras fue el compromiso de Chávez para hundir el convenio colectivo de trabajo y las conquistas de los trabajadores petroleros para garantizar más ganancias a las multinacionales.

La realidad fue entonces que, más allá de ciertos roces, Chávez jamás rompió con el imperialismo. Mantuvo la empresa Citgo Petroleum Corporation, subsidiaria de Pdvsa, con 13.500 estaciones de servicio en los Estados Unidos y le continuó enviando miles y miles de barriles al “imperio”.

Lo que fracasó y llevó al colapso a la propia industria petrolera venezolana fue este esquema de empresas mixtas. Las importaciones de derivados del petróleo como la nafta superan las exportaciones, pese a que Venezuela tiene uno de los complejos refinadores más grandes del mundo. Esta es la razón por la que llegan a Venezuela barcos de Irán con combustible. A eso llevó el saqueo.

Por estatizaciones del 100 %

Lo que Chávez nunca quiso hacer es echar a las multinacionales petroleras y que el Estado tome el control de la mayor fuente de riqueza de Venezuela, el petróleo. De hecho, el chavismo planteaba la empresa mixta con una mayoría estatal de 51% y el resto en manos del capital transnacional asociado. El pueblo venezolano y miles de luchadores antiimperialistas del mundo creían que efectivamente Chávez había nacionalizado el petróleo. Por eso fueron justamente nuestros compañeros del Partido Socialismo y Libertad (sección venezolana de la UIT-CI), los que se vieron obligados a agregar el número 100% para exigir una verdadera estatización del petróleo. Era la forma de lanzar una consigna contrapuesta al engaño del 51% del chavismo. Así popularizaron “por una Pdvsa 100% estatal dirigida por sus trabajadores” como la única medida que permitiría acabar con el saqueo a un país capitalista y semicolonial. La gestión y el saqueo de esas empresas mixtas fueron justamente los que arrastraron al pueblo venezolano a este presente de ajuste y hambre.

“¡Exprópiese!”, el latiguillo del que habla Etchevehere, fue pronunciado por Chávez en varias ocasiones luego de su reelección en 2006, en especial refiriéndose a algunas empresas industriales. La experiencia fue un fracaso. Las llamadas “expropiaciones” no fueron más que compras a precios siderales que no trajeron ningún beneficio para sus trabajadores ni para el país. En la mayoría de los casos se trató de pura propaganda, y en otros fue la vía libre para el saqueo con el citado esquema de empresas mixtas.

Muchas de estas empresas “expropiadas” hoy están cerradas, semiparalizadas o en crisis terminal. Esto fue consecuencia también de quienes se hicieron cargo de la administración: burócratas, “boliburgueses”, sin ninguna participación ni respeto por los convenios de los propios trabajadores. Nuestra propuesta siempre fue la inversa, que la gestión deben realizarla los propios trabajadores. Ellos son los que tienen los conocimientos y capacidades para ponerlas en marcha. Como ya se había visto en la propia Venezuela en 2003, ante el lockout en la mismísima industria petrolera, fueron sus propios trabajadores, con el fortísimo protagonismo de dirigentes sindicales del PSL, como Orlando Chirino y José Bodas, los que la pusieron en marcha.

¿Y por casa?

En la Argentina, en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner se produjo la expropiación parcial de YPF. El proyecto de ley impulsado por el FpV planteaba que la petrolera continuaría siendo una sociedad anónima, que cotizaría en Bolsa y que, por lo tanto, debería atender la orientación exigida por los accionistas privados. La empresa mixta, una vez más, es el artilugio para que el Estado se haga cargo de las pérdidas, y los privados, de las ganancias. Hoy estamos ante el mismo peligro con la propuesta del gobierno peronista de que Vicentin pueda ser una empresa mixta con el 51% estatal.

La gestión del peronismo kirchnerista presentó la “reestatización” de YPF como “la recuperación de la soberanía petrolera”. Repsol recibió 5.000 millones de dólares en bonos y los saqueadores mantuvieron vía libre para seguir haciendo negocios, como quedó demostrado posteriormente con la escandalosa entrega a Chevron.

A partir de su fundación (1922) YPF, a medida que exploraba y encontraba yacimientos, promovía la apertura de escuelas, caminos, hospitales y viviendas. Sus redes de estaciones de servicio cubrían todo el país hasta los rincones más lejanos. En el rubro exploración llegó a tener dos plataformas marítimas de primer nivel mundial. En su momento fue también pionera en la construcción de refinerías. YPF estatal fue un modelo para toda Latinoamérica, con su asesoramiento se fundaron empresas estatales de petróleo en Brasil, Bolivia y Perú. Al igual que el ferrocarril, YPF integraba la nación. Este ejemplo demuestra que la propiedad estatal puede ser eficiente y satisfacer las necesidades populares.

Desde Izquierda Socialista seguiremos reclamando por retomar el control de las riquezas del subsuelo y colocarlas al servicio de los sectores populares con una YPF 100% estatal y dirigida por sus trabajadores.

Lo mismo exigimos para Vicentin y todas las actividades que hoy están en manos del gran capital y las multinacionales, como el comercio internacional de granos y alimentos, la energía eléctrica, la distribución de gas, los ferrocarriles, la educación y la salud, hoy escamoteada en plena pandemia. 

Todas estas actividades esenciales deben estar al servicio de satisfacer las necesidades populares y no ser fuente de ganancias para los capitalistas. Solo con la estatización sin indemnización y el control de los trabajadores alcanzaremos la soberanía política y económica.

Fuente: ¿Por qué fracasó el chavismo? de Simón Rodríguez Porras y Miguel Sorans. Editorial Cehus