Escribe Mariano Barba
 
La inflación achica el poder adquisitivo de los trabajadores, jubilados y desocupados que reciben un plan. Ante la creciente bronca de la población, el gobierno habilita la reapertura de las paritarias, mientras otorga un bono, totalmente insuficiente, a los trabajadores informales, los monotributistas de categorías más bajas y las empleadas domésticas. El pronóstico es obvio: la pobreza crecerá.
 
Con la Resolución 388/22 el Ministerio de Trabajo habilitó la reapertura anticipada de las negociaciones salariales de este año, tanto a las que tuvieran acuerdos o convenios colectivos no vencidos como también a las que tienen convenios colectivos con término vencido y no tuvieran negociaciones en curso. Entre los gremios que concurrirán al Ministerio se encuentran la Uocra, Camioneros, Sanidad, Gastronómicos, Seguridad, Maestranza, Plástico, Pasteleros, Seguros, Alimentación, Textiles, Televisión, Mecánicos, Aguas Gaseosas, Vestido, Químicos, Gráficos, Molineros, Viajantes y Madereros, entre otros. Se suman a las negociaciones que se vienen desarrollando con los bancarios y el personal de casas particulares.

La iniciativa surgió de las últimas reuniones que el Ejecutivo mantuvo con los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Unión Industrial Argentina (UIA). Por la burocracia participaron el triunvirato que dirige la CGT, el camionero Pablo Moyano, Héctor Daer de Sanidad  y Carlos Acuña de estaciones de servicio. La burocracia sindical solicita este adelantamiento sabiendo que el impacto inflacionario demuele los salarios. Pero enseguida las expectativas que puede despertar entre los trabajadores esta reapertura de las paritarias se desvanecerán ,porque la burocracia anuncia que su objetivo es alcanzar apenas el 20 % para el primer cuatrimestre. Una vez más va a ser por debajo de la inflación que ya alcanzó el 16,1% solo en los tres primeros meses. No es casual que el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja, expresó la conformidad ante la reapertura de las paritarias: sabe que sus mejores socios son los propios dirigentes sindicales. Encima de toda esta movida, hasta el momento, quedan fuera de radar los millones de trabajadores públicos, docentes y de salud de todo el país.

Los burócratas firmarán estos acuerdos sin ninguna consulta a la bases, ya que en sus métodos no están presentes las asambleas ni la elección democrática de los paritarios. Hacen lo opuesto a lo que proponen los sindicatos que integran el Plenario del Sindicalismo Combativo, que consultan todo con sus bases y exigen que el salario sea indexado según el avance del costo de vida, empezando por recuperar un porcentaje lo que se perdió en el 2020.

El resultado de las paritarias será solo un parche teniendo en cuenta que la canasta familiar para una familia tipo según ATE-Indec ascendió a 145.456 pesos. Este debería ser el piso salarial, que nos permita vivir dignamente, al que se debería llegar por un aumento salarial de emergencia. Y, a partir de ese valor, que se reabra la negociación de todas las paritarias.

Los bonos consolidan la pobreza

 Para morigerar un poco el hambre, el gobierno decretó el pago de un bono de emergencia a los trabajadores informales, los monotributistas de categorías A y B y las empleadas domésticas. Son 18.000 pesos en dos cuotas de 9.000 pesos en mayo-junio. Muy lejos del costo de la canasta familiar. Concluidos los dos meses, esos sectores que en su mayoría están por debajo de la línea de pobreza, volverán a cobrar sus ingresos actuales. Mientras tanto la inflación crece y envía mes a mes a sectores populares hacia un nivel de vida indigente.

Desde Izquierda Socialista sostenemos que los “bonos de emergencia” deberían transformarse en ingresos de emergencia permanentes y por montos que cubran la canasta familiar, al mismo tiempo que se avanza con trabajo genuino para todos los desocupados mediante un gran plan de construcción de viviendas populares financiada por el no pago de la deuda externa.

Escribe Guido Poletti

El gobierno de Alberto Fernández acaba de anunciar un nuevo bono de 12.000 pesos destinado a los jubilados y jubiladas que perciben hasta dos haberes mínimos. O sea que lo percibirán quienes cobren hasta 65.260 pesos.
Esto, una vez más, no resuelve ni de lejos el drama de las jubilaciones de miseria. Y la constante pérdida del poder adquisitivo de todas y todos quienes las perciben.

Trimestre a trimestre, las y los jubilados vienen perdiendo frente a la inflación, porque en la fórmula jubilatoria, explícitamente, se obvió esta variable, para cumplir con el ajuste que terminó siendo firmado con el FMI. Además de continuar achatando la pirámide (para todos quienes perciben más de 65.260 pesos no hay nada), y de que estos bonos no se cuentan para los futuros aumentos trimestrales. Lo volvemos a repetir, hay que terminar con los bonos de miseria. Lo que se necesita es un aumento de emergencia, generalizado, para que la mínima pase a cubrir la canasta de la tercera edad, valuada en 97.238 pesos.  Y, a partir de ese valor para la jubilación mínima, aplicar el 82% móvil.

Escribe Adolfo Santos

El staff del Fondo Monetario Internacional que monitorea el acuerdo firmado con el gobierno del Frente de Todos, acaba de publicar un informe plagado de mentiras sobre la situación de las y los jubilados. Lo que dice el FMI es un disparate intencional para exigirle al gobierno más ajuste del que ya viene sufriendo el sector. Saben que el gobierno peronista es dócil con el poder económico y duro con los sectores más vulnerables, como demostró al cambiar la ley de movilidad jubilatoria por sumas fijas establecidas por debajo del índice inflacionario.

Los funcionarios fondomonetaristas dicen que en Argentina hay muchos jubilados en relación al total de adultos mayores, y que el sistema previsional paga haberes muy altos comparados con otros países. Sin pruebas que lo demuestren, el informe sostiene que el sistema previsional tiene una “amplia cobertura y beneficios generosos”, con haberes que representan el 90% de lo que el jubilado percibía en actividad. A partir de eso, sugiere “elevar la edad jubilatoria, achicar el número de beneficiarios, eliminar las moratorias y reducir los haberes jubilatorios”.

Es un informe insultante para los jubilados y jubiladas cuyo, haber promedio para quien aportó treinta o más años equivale apenas al 65% de lo que recibe un trabajador en actividad, y la mayoría de los seis millones de jubilados recibe el haber mínimo, muy lejos de las mentiras del FMI. ¿De qué “beneficios generosos” habla el Fondo cuando 4,5 millones de jubilados y jubiladas reciben miserables 32.630 pesos, apenas un tercio del costo de la canasta de necesidades básicas para ese sector, que es de 97.238 pesos según la Defensoría de la Tercera Edad?

El informe del FMI constituye un verdadero ataque a los jubilados y jubiladas para presionar por un ajuste mayor. Desmiente al gobierno peronista y al propio presidente Alberto Fernández, quienes repitieron hasta el cansancio que “el acuerdo con el Fondo no contempla ajustes ni reforma previsional o laboral” y que se trata de un “entendimiento inusual sin políticas de ajuste…”. Miente el FMI en su informe y miente el gobierno al decir que el acuerdo no traerá más ajustes y sufrimientos al pueblo trabajador.

La destrucción del haber jubilatorio y su reducción a niveles de miseria y de indigencia se ha ido consolidando en los últimos años. La política económica del gobierno, atada al acuerdo con el Fondo y con una inflación descontrolada, tenderá a profundizar esta penosa situación. Es necesario mantener una lucha consecuente y unitaria por la anulación de ese acuerdo y la suspensión del pago de la deuda para destinar esos fondos a pagar jubilaciones del 82% móvil, recomponer toda la escala jubilatoria y exigir que la jubilación mínima, sea igual al costo de la canasta básica del sector. 

Escribe Claudio Funes

Los salarios registrados (con aportes a la Seguridad Social) vienen perdiendo poder adquisitivo en relación a la inflación desde hace cuatro años. Veamos:

• En 2018, el salario aumentó el 30,6% y la inflación interanual fue del 47,6%:  pérdida 11,5%.
• En 2019, la suba salarial fue de 44,4% y la inflación del 53,8%: pérdida del 6,1%.
• En 2020, los salarios subieron 34,9% y la suba de los precios el 36,1%: pérdida 0,8%.
• En 2021, la suba salarial fue del 53,4% contra una inflación del 50,9%: ganancia 1,66%.

La pérdida salarial acumulada de los últimos cuatro años fue del 20%.

Mientras los trabajadores pierden, las grandes patronales y multinacionales se llenan sus bolsillos. El grupo Arcor (alimenticia) registró un fuerte salto en sus ganancias durante 2021: alcanzaron los 19.918 millones de pesos (aproximadamente 184 millones de dólares al tipo de cambio oficial), frente a los 5.441,8 millones de pesos del ejercicio anterior.

Por su parte, la banca privada obtuvo ganancias netas por más de 133.000 millones de pesos. Performance que mejorará en 2022 gracias a la suba de tasas de interés acordada entre el gobierno y el FMI.

Las empresas del sector oleaginoso-cerealero establecieron un récord histórico. Liquidaron exportaciones por casi 33.000 millones de dólares. Se hicieron de fabulosas ganancias ya que la rentabilidad en algunos casos supera el 40%, aun descontando las retenciones de las que tanto se quejan.

Durante 2021 los fabricantes de autos y las concesionarias obtuvieron márgenes de rentabilidad récord, debido a la baja oferta de cero kilómetro y los consiguientes sobreprecios. No hay datos públicos sobre los márgenes, pero según detallaron fuentes de la industria, la rentabilidad por cada unidad vendida en la Argentina es superior a la que se logra en cualquier país de la región. Ganaron más vendiendo menos.

Hay más datos que nos ilustran. Según la Cuenta Generación de Ingresos e Insumo de Mano de Obra del Indec, la masa salarial retrocedió del 48% del Producto Bruto Interno (la riqueza total que produce un país) al 43,1%. Con respecto a 2017 la caída es aún mayor: del 51,8% al 43,1%. Mientras la ganancia de los grandes empresarios se incrementó del 46,4% del PBI al 54,3% entre 2017 y 2021.

Estas ganancias empresariales no “derraman” en nuevos puestos de trabajo en blanco, aunque Alberto Fernández proclame lo contrario. El empleo total creció en el tercer trimestre de 2021 respecto a igual período de 2020, el 8%. Pero si observa solo el empleo asalariado, que creció 7%, se podrá distinguir que, de esa masa, el de los no registrados aumentó 18,8%, mientras el de los registrados lo hizo solo el 2,4%. Es decir, lo que más aumentó en este período es el trabajo precario o en negro.

En síntesis: con el gobierno del Frente de Todos aumentan las ganancias de los empresarios y el trabajo informal, y bajan los salarios.

Escribe José Castillo

Sobre llovido mojado. A los tremendos golpes al bolsillo popular de la inflación de estos meses, ahora, por exigencia del FMI, se le sumarán los tarifazos.

El gas ya subió un 20%. Pero ahora, tras las audiencias públicas ya convocadas (que serán virtuales, para hacerlas más truchas aún) se vienen incrementos para el grueso de los usuarios (el 80% del total) de un 21,5% más. Sólo quedará afuera el 20% que pudo tramitar la tarifa social.

En el caso de la electricidad para los usuarios de Edenor y Edesur (Capital y Gran Buenos Aires), al 20% de incremento que ya pagaron este mes, se le sumará el nuevo tarifazo. El 80% tendrán subas de un 17%, según los cálculos oficiales, pero los incrementos pueden ser mucho mayores de acuerdo al consumo. Recordemos que “alto consumo” no es sinónimo de altos ingresos: hay sectores populares que poseen artefactos viejos que gastan más electricidad y pueden quedar atrapados en esa categoría.

En síntesis: se viene un nuevo golpe a los enflaquecidos bolsillos del pueblo trabajador. Todo con el doble objetivo de “bajar el gasto” (los subsidios a las privatizadas) para de ahí ahorrar plata para pagarle al FMI, pero a la vez seguir garantizándole a las empresas la continuidad de sus superganancias. Mientras tanto, por supuesto, continuarán la paupérrima calidad de los servicios. La salida no pasa por “subsidios o tarifazos”, sino por la reestatización de todas las empresas de servicios públicos privatizados y su puesta en funcionamiento bajo gestión de trabajadores y usuarios, con tarifas sociales para quienes las necesiten.