Escribe José Castillo

La Corte de Apelaciones de Columbia (Estados Unidos) condenó a la Argentina a pagar 390 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Los favorecidos son el fondo buitre Titan Consortium y pequeños acreedores del Grupo Marsans.

Aerolíneas Argentinas había sido expropiada en 2008 al Grupo Marsans, después de que este la vaciara escandalosamente. Por ejemplo, vendió las oficinas de Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas, además de rutas internacionales rentables, cuyos fondos pasaron al Grupo y desaparecieron del balance de la empresa. Recordemos que Marsans había adquirido Aerolíneas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del Estado español por 1 dólar, luego de otras gestiones escandalosas que incluyeron a Iberia, beneficiada por la privatización del peronismo menemista de 1990.

Luego de que el gobierno argentino estatizara una Aerolíneas quebrada, el Grupo Marsans inició un juicio y se lo vendió a Burford, el mismo fondo buitre que litiga por YPF. Burford transfirió luego la demanda a Titan Consortium, beneficiario del fallo de la corte yanqui. La sentencia apela el fallo del Ciadi de 2017, que había condenado a la Argentina a pagar 321 millones de dólares por la expropiación. Con los intereses, la suma asciende a 391 millones.

¿Una empresa, Marsans, compra otra por un dólar, gana millones vendiendo sus activos, la vacía, luego la abandona y ahora gana un juicio contra quien se hace cargo de ella por 391 millones de dólares? Exactamente, con el agravante de que quien cobra es el fondo buitre que, en el “pasamanos”, se quedó con el juicio.

¿Cómo es esto viable? Porque todos los juicios vinculados a privatizaciones se dirimen en el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), perteneciente al Banco Mundial. Allí, la Argentina ya perdió todos los juicios y los seguirá perdiendo. Ahora se viene el reclamo por 123 millones de dólares de la constructora italiana WeBuild por el congelamiento de la tarifa del puente Rosario-Victoria.

La pregunta es por qué estamos en este juicio. Durante el menemismo se firmaron los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que obligan a resolver estos diferendos en el Ciadi. Ningún gobierno posterior los derogó. Por eso terminamos allí en primera instancia y luego en tribunales yanquis que ratifican los fallos contra nuestro país y suman intereses.

Es otra parte escandalosa del saqueo. Esos 390 millones de dólares engrosarán la deuda externa. La salida es irse del Ciadi, repudiar los TBI y dejar de pagar esa deuda. Mientras eso no suceda, seguiremos viendo episodios como este.

Foto de portada: El gobierno porteño profundiza su carácter represivo


Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, profundiza su perfil cada vez más autoritario, represivo y reaccionario, con el objetivo de hostigar y disciplinar a los sectores más vulnerables.

En la Ciudad, la motosierra y la represión avanzan de la mano. Para imponer este rumbo, además, gobierna cada vez más por decreto. En lo que va del año ya firmó 259, consolidando una forma de gobierno que elude el debate parlamentario y avanza sobre derechos conquistados.

Entre las medidas más cuestionadas se encuentra el Decreto N.º 256/26, que modifica el Estatuto Docente y avanza sobre derechos laborales históricos de la docencia. También está el Decreto N.º 230/26, que obliga a garantizar entre un 50% y un 75% de funcionamiento en servicios como subtes, colectivos y recolección de residuos durante medidas de fuerza gremiales. Se trata de un nuevo ataque al derecho de huelga, una herramienta fundamental de las y los trabajadores para defender sus condiciones laborales.

A esta ofensiva antiobrera se suma el Decreto N.º 142/26, que restringe la atención médica a personas migrantes y a quienes tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires. Es una medida profundamente xenófoba y discriminatoria, que busca enfrentar a las y los trabajadores entre sí y responsabilizar a las y los migrantes y a quienes viven en el conurbano por el deterioro de los servicios públicos que el propio gobierno desfinancia.

Un desalojo cada 30 horas

La campaña oficial “Ley y Orden sin okupas”, desplegada en carteles y videos por toda la Ciudad, procura justificar esta escalada represiva. Su expresión más brutal son los desalojos “administrativos” que el Gobierno porteño lleva adelante bajo el argumento de un supuesto riesgo de derrumbe.
Frente a esta política, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 2 ordenó suspender cautelarmente estos desalojos, que entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 afectaron a más de 1.200 personas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes que vivían en hoteles familiares o pensiones. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad continúa avanzando, desconoce la resolución judicial y profundiza una política cruel que expulsa a quienes menos tienen, mientras agrava la crisis habitacional.

La realidad social desmiente el discurso oficial. En la ciudad más rica del país, alrededor de medio millón de personas padecen la emergencia habitacional, unas 12 mil se encuentran en situación de calle y el 42 % de quienes alquilan destinan más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Lejos de impulsar un plan de viviendas populares o garantizar el derecho a habitar la ciudad, el macrismo sigue gobernando para los grandes desarrolladores inmobiliarios y la especulación.

El gobierno de Jorge Macri pretende instalar que la respuesta frente a la crisis social es más represión, más persecución y menos derechos. Mientras criminaliza la pobreza, ajusta la salud y la educación, y ataca las conquistas de las y los trabajadores, deja intactos los privilegios de los grandes grupos económicos que hacen negocios con la Ciudad. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad seguiremos enfrentando estas políticas en las calles, junto a quienes defienden la educación pública, la salud y el derecho a la vivienda.

Escribe Atilio Salusso

Bulgaria
Kristalina Georgieva, titular del FMI, dijo que su país Bulgaria había progresado enormemente. Pero a fines de 2025 hubo una rebelión obrera y juvenil que provocó la caída del gobierno de ese país. Se dio con masivas movilizaciones contra el achique del presupuesto social, el alza en los impuestos, las contribuciones a las jubilaciones y un brutal ajuste antiobrero.
Bulgaria fue parte de los países gobernados por el estalinismo hasta que en 1989 se restauró el capitalismo. Hoy es el país más empobrecido e inestable de la Unión Europea. ¡Kris-ta-lina, fuera de Argentina!
   
Ratas sionistas
Horas antes del partido contra Inglaterra el rabino Axel Wahnish, embajador argentino en Israel, visitó al genocida Benjamín Netanyahu. Le entregó la camiseta albiceleste y una pelota oficial del torneo. La nota la dio Ben Gvir, ministro de Seguridad israelí, publicando un “¡Sí, Messi! ¡Vamos Argentina!”, lo que despertó repudios globales ante lo que se consideró un “respaldo manchado de sangre” por el asesinato sistemático de niñas, niños y mujeres en Palestina por parte del Estado sionista.
     
Vocero
El vocero que reemplazó a Adorni, Adrián Ravier viene dando exposiciones monocordes de media hora con frases tales como “hay que abrigarse más” (para justificar los tarifazos), “no saben manejar sus finanzas” (refiriéndose a las familias endeudadas) o “siendo un país bananero Argentina no va a recuperar nunca las Malvinas”. El último papelón fue cuando respondió una pregunta leyendo un papel que correspondía a otra. En estos días dijo que el dólar debería estar a 1.800 pesos, generando un revuelo entre los fachos libertarios. 
   
Río Tinto
Cuatro mineros quedaron bajo la nieve en Catamarca. Extraen litio para la multinacional Río Tinto a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Dos de ellos sobrevivieron tras caminar tres días a 16° bajo cero. Fueron salvados por bomberos rescatistas. La esposa de uno de ellos, Vilma Carrizo, denunció: “Rio Tinto decidió seguir operando pese a las inclemencias climáticas, me contacté con alguien del área, pensé que iban a buscarlo, esto nunca sucedió”.  
                                                            

Escribe Jorgelina Bueno, bióloga y becaria doctoral del Conicet

El gobierno de Javier Milei profundiza el ataque a la ciencia y la tecnología con miles de despidos en el Conicet, menos becas, ingresos congelados y salarios que perdieron un 40% de poder adquisitivo desde diciembre de 2023. El ajuste y el desfinanciamiento provocan la peor fuga de cerebros desde la dictadura y golpean la soberanía científica y tecnológica del país.

Estamos ante el inminente despido de 380 investigadores, que a partir de agosto se quedarán en la calle. Se realizaron concentraciones en la explanada del Polo Científico para exigir la prórroga de las becas de estos investigadores y reclamar por la baja de las obras sociales. También hubo asambleas y cortes en Santa Fe y Godoy Cruz, donde la policía de Jorge Macri reprimió salvajemente a científiques y estudiantes que se manifestaban pacíficamente.

Tanto el Directorio del Conicet, presidido por Daniel Salamone, íntimo amigo de Milei, como el ahora exsecretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, alegan que no hay plata para estos reclamos. Mientras tanto, el presupuesto del Conicet no solo se redujo un 47%, sino que, desde 2024, también se subejecutó.

El ataque al Conicet no es aislado. También alcanza al INTI, el INTA, la CNEA y otros organismos. El INTI viene de pelear contra el lockout, que implicó la dispensa obligatoria de todos los trabajadores y trabajadoras del organismo en todas las sedes del país y el cierre de su sede central, después de una campaña de retiros voluntarios y un recorte presupuestario del 55%.

La CNEA está luchando contra el despido de 70 trabajadores y la entrega de sus principales proyectos de investigación en materia nuclear, como el reactor Carem-25 y el RA-10. Este último es fundamental para la investigación de radioisótopos aplicados a la medicina nuclear. Además, la CNEA sufrió una reducción del 58% de su presupuesto desde 2023.

A esto hay que sumarle el ataque y el desfinanciamiento de las universidades, donde cada vez son más los laboratorios que se ven obligados a brindar servicios a empresas por monedas.

Este desguace es global y responde a una política del gobierno de Milei y el FMI. Se busca deliberadamente vaciar el sector, desmantelarlo por completo y permitir el extractivismo de los recursos tecnológicos en beneficio de las corporaciones. Por ejemplo, el Carem-25 fue entregado a la empresa Meitner Energy, mientras que las prioridades actuales de investigación en el Conicet se concentran en minería, energía y economía del conocimiento.

Este ajuste, además de ser un golpe de lleno contra la soberanía científica y tecnológica de un país semicolonial como el nuestro, profundiza una orientación de mercantilización de la ciencia para someter toda investigación y desarrollo técnico a los intereses de las grandes empresas.

Defendemos al Conicet y a los organismos de ciencia y técnica como organismos estatales. Luchamos por la reincorporación de las y los despedidos, el aumento salarial y el presupuesto necesario. También exigimos que las y los propios trabajadores y científicos determinemos qué proyectos necesita investigar nuestro país.

Necesitamos un Conicet de les trabajadores y poner en pie la coordinación de todos los sectores de ciencia y técnica, en conjunto con las universidades, para pelear en unidad contra este brutal ataque.

El sistema previsional atraviesa una crisis cada vez más profunda. Cada año se incorporan nuevas jubiladas y jubilados, pero la cantidad de trabajadoras y trabajadores que aportan al sistema no crece al mismo ritmo. La caída del empleo registrado, el avance de la informalidad y la expansión del monotributo dejan a la seguridad social con menos recursos para sostener a millones de jubilaciones.

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, explicó que la antigua relación entre la clase trabajadora y jubiladas y jubilados quedó superada. Actualmente funciona un sistema de reparto asistido que se financia con aportes y contribuciones laborales y con recursos provenientes de impuestos. Sin embargo, más del 40% del trabajo permanece sin registrar y buena parte de los asalariados formales cobran salarios bajos, lo que reduce todavía más los ingresos previsionales.

El problema se agrava porque cada puesto de trabajo en blanco que se pierde representa menos aportes para financiar jubilaciones, pensiones, asignaciones y obras sociales. Al mismo tiempo, crecen el monotributo y otras formas precarias de contratación, cuyos aportes son mucho menores que los de una relación laboral registrada. Semino sostuvo que la Argentina ya ni siquiera cuenta con un verdadero régimen previsional, porque los haberes dejaron de reflejar la historia laboral y los aportes realizados. Cerca de cinco millones de jubilados y pensionados perciben alrededor de 483 mil pesos mensuales, una suma que no alcanza para cubrir las necesidades básicas. “Tenemos casi cinco millones de jubilados que se están muriendo de hambre”, advirtió.

El gobierno de Javier Milei utiliza esta crisis para justificar nuevas reformas y recortes, mientras profundiza las causas del desfinanciamiento. Los despidos, la caída del trabajo registrado, la reducción de aportes patronales y el crecimiento de empleos precarios debilitan la seguridad social. Defender las jubilaciones exige recuperar el empleo en blanco, aumentar los salarios y terminar con el trabajo no registrado.