Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

La última sesión de la Legislatura porteña incurrió en un nuevo escándalo político. Con los votos del oficialismo larretista, que incluyen legisladores de Lousteau y al “socialista” Roy Cortina, se avanzó con la rezonificación de terrenos de la Costanera Norte. ¿Qué significa esto? Que se cambiaron las limitaciones para la construcción y se habilitó la construcción de un barrio de lujo con edificios de hasta diez pisos que terminarán de tapar no solo el acceso, sino hasta la propia vista al Río de la Plata.

Contradiciendo la propia Constitución de la Ciudad, que señala que los bordes costeros no pueden ser privatizados, se estaría avanzando a toda marcha en la venta y cementación de tierras públicas que deberían haber sido destinadas a garantizar nuevos espacios verdes. En el contexto de enorme crisis habitacional y hacinamiento que quedó a la luz con la actual pandemia, Larreta sigue manteniendo como prioridad levantar barrios de lujo en la ciudad. En medio de la preocupación creciente por el calentamiento global y las inundaciones, se avanza en una edificación costera que representa justamente un agravante de ambos problemas. Mientras el gobierno nacional y el macrismo están en una cruzada contra quienes pelean por tierra para vivir, por la ventanilla de al lado, en la ciudad (en la provincia de Buenos Aires y en todo el país), los “desarrolladores”, las patronales de la construcción, los millonarios de la especulación inmobiliaria, reciben favores de todo tipo de todos los gobiernos.

El peronismo porteño, a través de sus legisladores y medios afines, instaló durante el día en redes sociales (el único lugar donde “protestan” contra Larreta) el hashtag #LainmobiliariadeLarreta. Incluso, más “jugadas” aún, algunas de sus organizaciones sacaron flyers con la consigna “No vendan la Costanera”. Algo que puede haber llevado a confusión a parte de los y las trabajadoras y las organizaciones ambientales de la ciudad que estuvieron siguiendo el debate. Pero se trata de una impostura.

La venta de estos terrenos públicos no era el tema de esta sesión. El remate de los terrenos en cuestión había sido habilitado en 2017, y para la mayoría especial requerida para la enajenación de tierras Larreta había contado con la inestimable ayuda del bloque peronista. En ese momento la venta era para habilitar negocios privados gastronómicos, lo que se trató en esta sesión fue cambiar esa finalidad para pasar directamente a edificar edificios de diez pisos. Así las cosas, quienes dicen “no vendan la Costanera” deberían buscar la forma de viajar en el tiempo para cambiar sus propios votos. El título de martillero a PRO se lo dio el peronismo porteño.

Así es que los gobiernos de Macri y Larreta remataron 500 hectáreas públicas. Y como se denunció en la sesión desde la bancada del FIT-Unidad, el peronismo habilitó la entrega del Parque de la Ciudad, del Autódromo, diecisiete predios al arzobispado, el Tiro Federal, el Parque Thays, terrenos ferroviarios de distintos barrios porteños, el Edificio del Plata y también la Costanera Norte. No hay una gran diferencia entre la política del peronismo, que en el conurbano arrasa humedales o niega el acceso a la tierra para desarrollar countries, y la del larretismo, que liquida la costanera para hacer un barrio de lujo.

Para que se consume el cambio de zonificación y con ello la privatización, el proyecto debe pasar por una audiencia pública y una segunda lectura en la Legislatura. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad llamamos a redoblar los esfuerzos y la movilización porque es en la calle, y no dentro de #LainmobiliariadeLarreta, donde podemos frenar este escandaloso remate.

Esta semana estará en la Argentina una nueva misión del FMI. Viene a continuar las negociaciones para implementar el plan de ajuste con que se pretende que nuestro país le pague la deuda. Deuda que, recordemos, fue tomada durante el gobierno de Macri y utilizada en su totalidad para la fuga de capitales. El presidente Alberto Fernández ha dicho que, en el pacto con el organismo, se juega un “segundo tiempo” del partido que empezó con el acuerdo con los bonistas privados cerrado en agosto. El gobierno peronista del Frente de Todos, de esta forma, confirma lo que venimos diciendo desde que asumió, que su objetivo central es cumplir con los acreedores internacionales y el FMI. 

Habrá compañeros de trabajo, de estudio o vecinos que se pregunten si, luego de estas dos negociaciones, no comenzará realmente el “paquete de medidas” a favor de la clase trabajadora y los sectores populares. Lamentablemente no será así. De hecho, el acuerdo con el Fondo comenzó cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó hace un par de semanas un presupuesto que contenía un fortísimo ajuste, el mayor desde 2002, en línea con las exigencias del organismo. Que, como en todos los temas vinculados al ajuste y a los pagos de la deuda, tendrá el pleno acuerdo de la oposición patronal de Juntos por el Cambio.

Toda la política económica del gobierno nacional está alineada entonces a “conseguir los dólares”, en última instancia para cumplir con los buitres de la deuda. Y que eso se debe hacer a costa del pueblo trabajador. Por eso la semana pasada Alberto Fernández bajó las retenciones (impuestos a la exportación) pactando con los monopolios agroexportadores, las mineras y las multinacionales automotrices. ¡La misma semana en que se conocieron los datos récord de pobreza!

Para bendecir todo esto fue convocada, este lunes, una reunión de lo que pomposamente se denomina “acuerdo social”. Allí estuvieron presentes los burócratas de la CGT, de las CTA y de la CTEP, junto con los banqueros de Adeba, la Unión Industrial Argentina (presidida por uno de los líderes de Aceitera General Deheza, Miguel de Acevedo, justamente uno de los beneficiados por la baja de retenciones), la Cámara de la Construcción y el Consejo Agroindustrial. ¿Para qué fue la reunión? ¿Acaso los dirigentes sindicales se sentaron a esa mesa para exigir aumentos de salarios o que se terminen los despidos? Nada de eso. El encuentro lo abrió el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien le pidió a los presentes que hagan público su respaldo al gobierno en la negociación con el Fondo. Ni lerdos ni perezosos, así cumplieron los presentes. Esteban “Gringo” Castro, de la CTEP, informó que “manifestamos nuestro apoyo en las negociaciones que se inician con el FMI”, lo que fue acompañado por Roberto Baradel (CTA), que concurrió a la reunión junto con Hugo Yasky, que sostuvo, sin que se le cayera la cara de vergüenza, que “nos parece fundamental que se siga negociando como hasta ahora para que el pago de la deuda no se vincule a un programa de ajuste” (Página/12, 6/10).

Todo esto sucede mientras siguen las dos pandemias, la sanitaria del Covid-19 y la social. Con respecto al coronavirus, mientras nuestro país continúa subiendo en la tabla mundial de posiciones de contagiados y fallecidos, los gobiernos peronistas nacional y de la provincia de Buenos Aires y el porteño de Cambiemos se dedican a pelearse por los números, acusándose mutuamente de “esconder” contagiados. Pero no hacen nada para incrementar la infraestructura ni la cantidad del personal de salud que debe salir a enfrentar la pandemia. Por el contrario, todas las medidas van en la dirección de abrir más actividades, sometiendo más trabajadores al riesgo del contagio. Después de más de seis meses de cuarentena, la política del gobierno de Fernández conduce a la resignación de que “tenemos que convivir con el virus”.

La pandemia social, por su parte, muestra su imagen más clara y dramática en la toma de Guernica. Miles de familias siguen esperando una solución a su problema acuciante de tener un lugar donde vivir. Y del lado del gobierno solo reciben promesas, maniobras para dividirlas y confundirlas, mientras lo único que sigue firme es la amenaza del desalojo por la fuerza que, si todavía no ha sucedido y se pospuso ya en dos ocasiones, fue exclusivamente por la organización y la firmeza de los ocupantes y por la solidaridad que ha rodeado a la toma. Conscientes de esto, desde Izquierda Socialista ya nos hemos hecho presentes con nuestros militantes y dirigentes, como los diputados nacionales electos Juan Carlos “Gringo” Giordano y Mónica Schlotthauer, para brindar toda nuestra solidaridad. Esta semana volveremos a hacerlo, así como participaremos de la marcha que se realizará el jueves a la mañana a La Plata, y a la tarde de Congreso a Plaza de Mayo con la consigna “Ni desalojo ni represión en Guernica y todas las tomas. Tierra para vivir”. El próximo domingo volveremos a Guernica para llevar las donaciones que estamos recolectando.

La otra expresión de la pandemia social es la pulverización de los salarios y las jubilaciones, que no solo nunca recuperaron lo que se perdió durante el gobierno de Macri, sino que ahora están cayendo más aún producto de la inflación en curso. Por eso, la semana pasada salieron y marcharon los trabajadores de enfermería, esta semana hubo paro y movilización de los estatales de ATE, así como de los docentes universitarios. Sigue la pelea de los trabajadores de la UTA y de los empleados de call centers de Córdoba. Luchas todas que tenemos que apoyar y plantear su coordinación, como venimos haciendo desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, exigiendo aumentos de emergencia y la apertura inmediata de todas las paritarias.

Frente a un gobierno que nos quiere hacer creer que el “único camino” es someterse a los dictados del FMI y que, con otro nombre y doble discurso, nos lleva a un ajuste aún mayor que el actual, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad decimos que la salida es oponerle un programa económico alternativo, obrero y popular. Que dé vuelta completamente las prioridades, que en vez de pagarle a los pulpos acreedores y al Fondo, o beneficiar a las patronales, cumpla con los trabajadores, los jubilados y los demás sectores populares. Para llevar esto adelante el primer paso es dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. Juntamente con el cobro de un auténtico impuesto a las grandes riquezas, como plantea el proyecto presentado por el FIT-Unidad. Se obtendrían así los recursos para resolver las más urgentes necesidades populares de salud, trabajo, salario, vivienda y educación. 

Escribe Guido Poletti

Los beneficiados con la baja de retenciones del gobierno de Alberto Fernández tienen nombre y apellido.

Los monopolios agroexportadores extranjeros

Cofco (China), Bunge, Cargill y ADM (Estados Unidos), 

Dreyfuss (Francia) y las grandes empresas argentinas Vicentin, Aceitera General Deheza y Molinos Río de la Plata.

Las multinacionales megamineras

Barrick Gold,Goldcorp, Yamana Gold y Lithium Americas (Canadá), Glencore (Suiza), Anglogold Ashanti (Sudáfrica) y Gangfeng Lithium (China).

Las terminales automotrices

Toyota, Honda y Nissan (Japón), Volkswagen y Mercedes-Benz (Alemania), Peugeot-Citröen (Francia), Fiat e Iveco (Italia), Ford y General Motors (Estados Unidos). 

Los bancos

Los locales Galicia, Macro y Credicoop, junto con los extranjeros Santander y BBVA (España), HSBC e ICBC (China) y Citibank (Estados Unidos).

En este caso ganan porque se les suben las tasas de interés de “pases” (dinero que se recibe simplemente por depositar en el Banco Central).

Escribe José Castillo

1• Aumento de salarios y jubilaciones

Incremento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado por la junta interna de ATE-Indec en 70.000 pesos. Apertura inmediata de todas las paritarias. 

Aumento de emergencia de todas las jubilaciones y pensiones, incluyendo la prestación universal de los que reciben menos que la mínima, al valor de la canasta familiar. Aplicación del 82% móvil.

2• Ingreso de emergencia de 40.000 pesos para todo el que lo necesita

El pago debe realizarse mensualmente, no como el IFE actual que es de 10.000 pesos y se termina cobrando en forma bimestral. Y debe mantenerse todo el tiempo que sea necesario hasta que se termine la emergencia de la pandemia y la economía se recupere.

3• Prohibición efectiva de despidos y suspensiones

Por contraposición a lo que viene sucediendo actualmente, no se aceptarán “excepciones” por acuerdos entre las patronales y la burocracia sindical. Toda violación a esta disposición será castigada con la expropiación de la empresa, que pasará a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores.

4• No pago de la deuda externa y ruptura con el FMI

Esta será la principal medida para obtener los fondos necesarios para llevar adelante este programa alternativo. Con el dinero que, en vez de enviárselo a los pulpos acreedores y el FMI, quedará en nuestras manos, se pondrán en marcha planes para resolver las más urgentes necesidades populares en salud, trabajo, salario, vivienda y educación.

5• Impuesto a las grandes riquezas

Tal como sostiene el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad, debe afectar con alícuotas promedio de 10% a todas las grandes fortunas personales de los multimillonarios, así como a las superganancias de las principales empresas. Tiene que alcanzar tanto a empresarios argentinos como a los extranjeros que operan en el país. Así se podrán recaudar 15.000 millones de dólares para financiar la emergencia sanitaria y social.

6• Nacionalización de la banca y el comercio exterior

Para terminar con la especulación, la fuga de divisas y el chantaje con la suba del dólar. Todas las operaciones de comercio exterior, sean exportaciones o importaciones, deben ser realizadas por un ente estatal que tendrá el monopolio del ingreso y egreso de divisas, terminando con la especulación de los grandes exportadores. A la vez, la nacionalización de la banca dará término a la bicicleta financiera y la fuga de capitales por el circuito financiero, volcando todos esos recursos a créditos baratos para el consumo popular.

Escribe José Castillo

Esta semana arriba a la Argentina una nueva misión del FMI. Será la primera desde que gobierna Alberto Fernández. Y, dato de color, también la primera vez que el Fondo movilizará a sus funcionarios “en vivo” desde que se desató la pandemia del coronavirus. Hasta ahora todas las negociaciones y reuniones se venían realizando por vía virtual.

Los funcionarios del Fondo, el venezolano Luis Cubeddu y la norteamericana Julie Kozak, contarán para sus tareas con las oficinas que, ya desde la época de Macri, les cedió el Banco Central, donde trabaja cotidianamente Trevor Alleyne, el jamaiquino representante del organismo en la Argentina. El trío tendrá como tarea producir un paper acerca de qué se exigirá al gobierno argentino, que será elevado a su jefe en el FMI, el director del Departamento Occidental, el mexicano Alejandro Werner. Recién después de todo este circuito por el staff “técnico” del Fondo, entrarán en juego las autoridades políticas, encabezadas por la búlgara, directora general, Kristalina Georgieva y, lo más importante de todo, por el directorio ejecutivo, donde los países “votan” los distintos planes de ajuste. Allí, los Estados Unidos tienen un peso decisivo y, junto con el resto de los países imperialistas, mayoría absoluta. Ellos serán los que, al final, decidirán qué se hace con la economía argentina.

“Medir” el ajuste

El gobierno de Fernández llamó al Fondo para renegociar los vencimientos de 44.000 millones de dólares (49.000 con los intereses), correspondientes al préstamo que se le otorgó a Macri en 2018 y 2019, y que el gobierno de Cambiemos utilizó para fugar capitales y favorecer a sus amigos especuladores. Dichos vencimientos constituyen una montaña impagable de dólares en 2021, 2022 y 2023, por lo que el Frente de Todos apuesta a correr esos vencimientos hacia 2024 y los años sucesivos.

El FMI sabe que la Argentina no tiene ninguna posibilidad de cumplir con esos pagos. Por eso ha comenzado esta renegociación. Con las reglas del Fondo no habrá ningún tipo de quita y, a cambio del nuevo acuerdo, se tendrá que llevar adelante un feroz plan de ajuste a fin de garantizar que el organismo efectivamente cobre. Parte de esto ya comenzó a negociarse con los mismos tecnócratas del FMI por vía virtual, así fue cuando el ministro Guzmán presentó las planillas del proyecto de presupuesto 2021 en el Congreso, donde plantea reducir el déficit fiscal desde el 8% o 9% actual hasta 4,5% del PBI. Estamos hablando de un recorte de 1,6 billones de pesos, el más grande desde 2002.

¿Hasta dónde exactamente se puede tirar de la cuerda con el ajuste? ¿Se podrá incorporar también la exigencia de avanzar ya con una reforma laboral y otra previsional? ¿O habrá que dejar eso para un par de años más adelante? Eso es exactamente lo que vienen a medir los funcionarios del Fondo.

Por eso no puede dejarse pasar la reunión que el lunes tuvieron los burócratas de la CGT, las CTA y la CTEP con las patronales y el gobierno. Allí, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo claramente que el motivo del encuentro era que los presentes apoyaran la negociación con el FMI, cosa que todos se encargaron de reafirmar en sus declaraciones posteriores. El mensaje al Fondo es claro, no deben preocuparse, el gobierno tiene “alineada a la tropa” para hacer pasar el ajuste. Así lo ratificó la CGT, que cínicamente sostuvo que le pedirá al FMI una postura “flexible para la renegociación de la deuda, que permita a la Argentina implementar políticas de reactivación laboral y productiva del país”.

Tal como se hizo hace un par de meses, cuando se firmó el acuerdo con los bonistas, el gobierno de Fernández dice que negociar con el FMI es el paso que sigue, “antes” de que se ponga en marcha un programa para reactivar la economía. Mentira. Este camino nos lleva a más ajuste, hambre, miseria, desocupación, salarios y jubilaciones por el piso. 

La única salida es justamente la opuesta, tal como venimos planteando desde el Frente de Izquierda Unidad. Dejar inmediatamente de pagar la deuda externa, romper con el FMI y poner en marcha un programa económico alternativo, obrero y popular, que ponga todos los recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.