Escribe Claudio Funes

El periodista Santiago O’Donnell presentó el libro Hermano. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y  familia detrás de su hermano Mauricio. En la obra se revelan los hechos de corrupción que le permitieron a la familia amasar su enorme fortuna.

Esta publicación es parte de la pelea por la tajada económica que pretende cada integrante de la familia. No por ello dejan de ser ilustrativos los hechos relatados, que muestran el comportamiento oscuro, mentiroso y corrupto que caracteriza a grandes empresarios como Franco Macri y Mauricio. En sus confesiones, Mariano intenta reivindicar a su padre, fundador del clan, mostrándolo como un emprendedor trabajador y justo. Busca lavar su propia imagen ya que, desde los 17 años, participó de los negociados de la empresa. Mauricio no es un accidente.

Entre otras cuestiones, el libro ventila el millonario préstamo de un banco brasileño al Grupo Macri y el fallido plan para evitar pagarlo a través de una venta simulada de la empresa insignia del grupo, Sideco, a un banco austríaco que, a su vez, escondería el dinero en fundaciones creadas con ese propósito en el paraíso fiscal de Luxemburgo.

Mariano denuncia que desde que Mauricio ingresó en la función pública algunos de sus negocios pasaron a testaferros y socios ocultos. Es el caso de los parques eólicos que explotaba Isolux, que en 2016, a través de un entramado de empresas, adquirió Macri. A tan solo once meses de haberlos comprado, las empresas creadas por Macri y sus socios fueron vendidas por 95 millones de dólares, dejándole al Grupo Macri y a sus socios una ganancia de casi 70 millones de dólares.

El libro también detalla la sociedad de Macri con OCA y el gremio de camioneros de Hugo Moyano, para explotar el Correo Argentino después de su expropiación por parte del gobierno de Néstor Kirchner, negociando con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio del gobierno de Cristina.

Sin figurar ninguno de los dos (el Grupo Macri y OCA), continuaban ganando con el Correo. Se repartían 80% entre ambos y el 20% restante le quedaba al sindicato de Moyano. La maniobra era realizada por una empresa de logística, subcontratada por el Correo, que facturaba  millones de dólares. Se llamaba LDA y su creación, en 2002, de parte de Correo Argentino y OCA, nunca se hizo pública, inclusive siempre negaron su existencia.

Hermano… nos muestra un Mauricio codicioso, que aprovecha cada oportunidad para hacer negociados y acrecentar su fortuna. Como presidente de Boca (1995-2005), Macri forjó una estrecha relación con uno de sus colaboradores, el “Negro” Gustavo Arribas (durante su gobierno director de la AFI), experto en compraventa de jugadores y, sobre todo, en realizar transacciones eludiendo al fisco. Arribas se destacó en las operaciones del club haciendo ventas trianguladas en paraísos fiscales, en su caso, a través del Deportivo Maldonado, de Uruguay, y del Lucarno, de Suiza.

Transcurridos diez meses de gobierno peronista, Mauricio Macri reapareció, y en una entrevista dijo: “El 11 de agosto, cuando terminó mi gobierno económico, estábamos en el mismo nivel de pobreza que habíamos heredado”. Falso. La pobreza fue superior a 35%, por encima del 32,2% de 2016, según el Indec. Para fortalecerse como principal figura de la oposición patronal, Macri continúa refugiándose en la mentira. En su libro, Primer tiempo, que se publicará en breve, defiende su presidencia y reparte culpas. Todo es parte de la pelea para postularse como principal referente de la oposición patronal.

Pero no le será fácil. Las revelaciones de Mariano  profundizaron la crisis existente en Juntos por el Cambio. “La sede del Gobierno porteño se ha transformado en un auténtico cabildo […] llegan desde María Eugenia Vidal hasta Martín Lousteau […] la plantita Horacio presidente se riega todos los días” (Clarín, 23/10).

Macri nos empobreció, y hundió al pueblo trabajador en la miseria. Todas sus políticas fueron a favor de la fuga de capitales de las multinacionales y los bancos. Pero no estuvo solo. Para ello contó con el apoyo de diputados, senadores, gobernadores peronistas y burócratas sindicales. Sin ellos no se habrían votado leyes como la del robo a los jubilados o las de presupuestos a pedido del FMI.

Los trabajadores y los sectores populares no encontraremos solución a la falta de trabajo, salud, vivienda y educación con gobiernos que nos hambrean para defender la ganancia del gran capital, como fue el de Macri. Pero tampoco con aquellos como el del Frente de Todos, que, con un discurso distinto y diciendo que “gobierna para los más vulnerables”, en la realidad sigue priorizando los intereses de las grandes patronales, los acreedores de la deuda externa y el FMI, en vez de los del pueblo trabajador.

Escribe Adolfo Santos

Las sufridas familias de la toma de tierras en Guernica continúan soportando mucha tensión. Fue un fin de semana difícil, con fuertes lluvias y en condiciones precarias. Protegidas apenas por improvisadas coberturas de plástico y madera, con sus pertenencias mojadas y horas sin dormir. Pero no solo el tiempo es inclemente. El gobierno peronista continúa sin proponer una solución definitiva. El propio presidente, Alberto Fernández, demostrando una gran desconsideración, declaró a FM Metro: “Guernica fue tomada por unos pícaros y por otros sin tierras que no saben dónde vivir, y ahí hay un problema muy serio que tenemos que resolver”.

El censo realizado en el lugar desmiente la tentativa de desmoralizar a esas familias provenientes de sectores populares. No se trata de un grupo de pícaros o de gente que no sabe dónde vivir. Son las víctimas de años de gobiernos incapaces para resolver el problema de la vivienda y evitar estas tragedias sociales. Son familias arrojadas a la marginalidad por una brutal crisis económica que no generaron y de la cual son responsables los partidos patronales, entre ellos el peronismo, que ha gobernado durante años la provincia de Buenos Aires.

Y que desconocen derechos elementales. No es casual que mientras las autoridades querían resolver el problema con represión policial, hayan tenido que intervenir organismos de derechos humanos como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el CELS. Se trata de un conflicto social. Estas organizaciones están actuando a pedido de los delegados de la toma y de las organizaciones sociales que los acompañan. Participan como veedores y elaboraron un informe del censo realizado el 19 y el 21 de octubre para revelar la verdad sobre los grupos familiares que integran la toma.

Son 1.400 familias humildes, no un grupo de pícaros

El minucioso informe del Serpaj y el CELS demuestra de qué se trata: “El relevamiento comprendió a los cuatro barrios de la toma, San Martín, 20 de Junio, La Lucha y La Unión. [...] Tanto el gobierno de la provincia como les representantes de las organizaciones y delegades referentes de la toma, identificaron a sus censistas para realizar el relevamiento…” Después de varias consideraciones, el informe concluye: “Según lo recolectado en el marco del censo mencionado, les vecines y delegades han informado que las cifras registradas son: 1.400 familias, compuestas por un total de 4.417 personas […] vemos que las cifras informadas son consistentes con la cantidad de personas visualizadas durante los dos días de actividades […] es imprescindible destacar la necesidad de una respuesta habitacional, social, integral, concreta y urgente”.

El informe no deja dudas y el gobierno tiene que resolver este grave problema. La lucha consecuente por una vivienda digna comienza a dar algunos frutos y el gobierno provincial de Axel Kicillof se vio obligado a negociar. El “acta/acuerdo” presentada el martes 27 es un reconocimiento del gobierno de una realidad que antes negaba, pero que el censo se la impuso. Por eso ofrece ubicar a 650 familias en terrenos a escriturar y abre un abanico de propuestas para los restantes vecinos, que van desde albergues provisorios hasta futuros asentamientos. Son propuestas insuficientes que no resuelven el problema de todos y no incluye la necesidad de expropiación de esos terrenos y su urbanización, como pide el conjunto de la toma. Por otra parte, continúa latente la amenaza de desalojo por la fuerza, algo que nos debe mantener alertas.

Al cierre de esta edición, avanzada la noche, los vecinos continúan reunidos en asamblea para decidir. Hay muchas dudas en aceptar una propuesta que no contempla una solución global  y además, por la profunda desconfianza en las promesas del gobierno. La fuerte lucha, ha obligado al gobierno a ofrecer respuestas y, por ahora, a frenar el desalojo, pero insistimos, no es la solución final. Por eso la lucha debe continuar hasta que se conquiste la ubicación definitiva para todos los vecinos. Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad continuaremos apoyando esta justa lucha por el derecho inalienable a una vivienda digna. Como hemos hecho hasta ahora, vamos a continuar apoyando lo que los vecinos decidan.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad continuamos impulsando una gran campaña de solidaridad para con las familias que están luchando por la recuperación de tierras para la construcción de sus viviendas.

Esta semana, los compañeros de Izquierda Socialista de zona Oeste, así como la juventud de nuestro partido, se han hecho presentes llevando alimentos para manifestar el apoyo a la lucha de estas familias.

Continuaremos firmes con esta campaña. Solicitamos a los compañeros de trabajo, de estudio y sectores barriales que se sumen a esta tarea para fortalecer la lucha de este sufrido grupo de familias por una vivienda digna.

¡Ayudemos a las familias de Guernica!

Para hacer su aporte a la campaña puede efectuar depósitos en la cuenta 

CBU 2850326240094614046868, o llamar al teléfono 54 9 11 6258-8523 para coordinar.

Escribe Martín Fú

La jueza que lleva la causa por la desaparición y muerte de Facundo Castro, Blanca Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca, rechazó diversas medidas de prueba pertinentes que solicitaron los fiscales y la querella, las cuales buscan comprobar e incorporar en el expediente judicial la responsabilidad de la policía bonaerense en la autoría de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo. La jueza ha descartado, por ejemplo, el pedido de secuestro de decenas de celulares pertenecientes a policías y el allanamiento de diversas sedes policiales en donde se encontraron efectos personales de Facundo, así como posibles rastros genéticos de la víctima en patrulleros, que deberían ser reconfirmados y que constituyen una prueba contundente en cualquier proceso judicial.

 A pesar de estar incorporadas en la causa medidas de prueba, Marrón descartó parte del pedido de la fiscalía y las querellas amparándose en argumentos como que “los policías no pueden ser chivos expiatorios, ni perseguidos por su condición de policías”, porque “reeditaría una persecución de clase inaceptable en la evolución democrática de nuestro país” (Página/12, 22/10), negando inclusive que Facundo haya pasado por las comisarías de Teniente Origone, Mayor Buratovich o cualquier otra dependencia.

La decisión de la magistrada forma parte del pacto de impunidad impulsado, primero, con el encubrimiento del secretario de Seguridad Sergio Berni, funcionario del gobernador Kicillof, que busca despegar a la policía y cerrar la causa sin establecer responsabilidades.

Así lo comunicó la Comisión Provincial de la Memoria, querellante institucional, a través de una carta, en donde apuntó a la doctora Marrón por rechazar una gran cantidad de medidas pertinentes de pruebas que solicitaron los fiscales y las querellas, “que la actitud de la jueza pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que será garantía de impunidad” y “se funda en una arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió”, repitiendo y reforzando en su carta “que la hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte”,  coincidiendo en esta valoración junto con la querella familiar y los fiscales Andrés Heim, de la Procuvin, y Horacio Azzolín, de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.

Desde Izquierda Socialista seguiremos acompañando la lucha para llegar a la verdad, denunciando la complicidad de Berni y el gobierno, que desde un primer momento buscaron encubrir a la bonaerense, repudiando la decisión de la jueza y postulando la necesidad de que la causa sea encabezada e investigada por una comisión independiente que, junto con la movilización y el acompañamiento a la familia, llegue a la verdad y consiga el castigo de todos y cada uno de los culpables.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño, FIT-Unidad 

Sigue progresando la coordinación de las organizaciones socioambientales que convocamos en los últimos meses a distintas acciones a nivel nacional contra la política del gobierno de avanzar en la depredación ambiental al servicio de juntar dólares para pagar la deuda externa. El rechazo al acuerdo con China para importar las megafábricas de cerdos fue uno de los puntos aglutinantes. Ahora en las próximas semanas se vienen días claves después de haber logrado en septiembre su postergación. El Festival Primavera en Llamas representó un masivo aporte desde el arte a la pelea por #NoalAcuerdoPorcinoconChina.

Las últimas semanas el gobierno se ha encargado de incrementar la bronca de este movimiento. En el acto del presidente en Vaca Muerta se anunció que el Estado (es decir, todos, a través de nuestros impuestos) va a financiar las ganancias de las multinacionales del fracking, mientras que por otro lado se le reducen las retenciones a los grandes productores del campo. La aprobación del muy cuestionado trigo transgénico, resistente al peligroso agrotóxico glufosinato de amonio, generó el pronunciamiento de más de mil investigadores del Conicet y distintos entes científicos nacionales. Y en el Boletín Oficial se publicó la habilitación para explotar entre 500.000 y un millón de hectáreas que hoy son zonas de exclusión, de protección y amortiguación, protegidas de la explotación agroindustrial.

Todo esto mientras los incendios siguen afectando distintas zonas del país, como el Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, reserva de especies en extinción como el yaguareté. Al 25 de octubre, 898.755 hectáreas fueron incendiadas en lo que va del año. El gobierno anuncia con bombos y platillos un proyecto de ley de Máximo Kirchner que prohíbe el cambio del uso del suelo de territorios incendiados. Algo que las leyes vigentes ya contemplan, pero que los gobernadores peronistas y radicales no hacen cumplir en sus provincias. ¿Ahora sí lo harán? Por lo pronto, este proyecto no contemplaría al casi millón de hectáreas incendiadas este año. La especulación inmobiliaria y el agronegocio capitalista han preparado el terreno para sus negociados y los gobiernos los siguen apañando.

Ante este panorama, desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista hemos propuesto al conjunto de las organizaciones socioambientales con las que venimos dando pelea, además de impulsar nuevas jornadas de lucha, avanzar en poner en pie una coordinadora a nivel nacional que nos sirva para pararnos ante el gobierno con nuestros reclamos y darle una fisonomía unitaria a nuestras convocatorias a nivel nacional. El 3 y el 9 de noviembre está planteado volver a salir en todo el país con nuestros reclamos. ¡Basta de falsas soluciones! Las vidas no se negocian, basta de devastación ambiental al servicio del pago de la deuda.