May 01, 2024 Last Updated 11:15 PM, Apr 30, 2024

Escribe Atilio Salusso

Siempre los gobiernos le echan la culpa a la abundancia de lluvias por las inundaciones. Lo hacen para encubrir sus políticas de deforestación y la falta de obras.

“El bosque actúa como una esponja natural. Si tenemos cultivos de pastos o soja la lluvia cae a una altura de 40 o 50 centímetros del suelo, sobre las pasturas. No es lo mismo que en el bosque, donde el agua cae sobre las copas de los árboles, después escurre, va aminorando la velocidad y llega con menor fuerza”, explican los especialistas. Y agregan: “En el caso de las inundaciones con grandes superficies desmontadas el agua escurre superficialmente. A su vez, produce un ascenso de la napa freática que está cada vez más cerca de la superficie e influye en las inundaciones que terminan siendo producto de un combo: el Niño, la deforestación que reduce la protección y la falta de obras”, agregan. La sentencia es clara: “Cuanto menos bosques haya, habrá más inundaciones” (Página12, 30/1).

La Argentina está entre los diez países del mundo que más destruyen sus bosques. El gobernador peronista de Chaco, Domingo Peppo, la semana pasada fue obligado a derogar los permisos que había concedido para un mayor desmonte por las denuncias de distintas organizaciones ambientalistas.

La superficie deforestada entre enero y diciembre de 2018 en cuatro provincias –Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco– fue de 112.766 hectáreas, arrasando áreas protegidas. El 40% de esa superficie pertenece a bosques protegidos.

Desde que se sancionó la Ley de Bosques (26.331) en 2007 –que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental para la restauración y conservación de los bosques nativos” –hasta fines de 2017, se deforestaron 2,6 millones de hectáreas de las cuales más de 840.000 eran bosques protegidos. La implementación de la ley continúa enfrentando serios escollos en las provincias por la complicidad de los gobiernos locales y la Secretaría de Medio Ambiente del macrista Sergio Bergman.

Durante 2018 la provincia con mayor deforestación fue Santiago del Estero (con 34.751 hectáreas, de las cuales 23.910 eran bosques protegidos). Le sigue Chaco (con 33.972 y 14.744 respectivamente), luego Formosa y la Salta de Urtubey, donde la deforestación alcanzó 20.047 hectáreas, 2.050 arrasadas ilegalmente.

Escribe Ana Pereyra

El pasado sábado 2 de febrero se realizó la XI Marcha en Defensa del Ambiente contra el saqueo ambiental. Nuestra provincia fue epicentro de las luchas socioambientales cuando logró echar a la multinacional Monsanto y paralizar la obra de una autovía de montaña en el Valle de Punilla. Hace pocas semanas una gran movilización puso de pie al Valle de Traslasierra para luchar contra la instalación de una multinacional minera que busca explotar litio.

Como Izquierda Socialista somos parte de este proceso de lucha y participamos de la movilización junto a cientos de personas que marcharon bajo la consigna “Macri y Schiaretti basta de ecocidio. En defensa del agua, la tierra y la vida”, denunciando la responsabilidad de los gobiernos en la destrucción del ambiente entregando las riquezas a las grandes multinacionales, como hizo Cristina al traer al país a la saqueadora Barrick Gold y entregar nuestros recursos a la yanqui Chevron. Política que hoy profundizan Macri, el gobernador Schiaretti y sus acuerdos con el FMI.

El 18 de enero, como en otras oportunidades, el colectivo dejó de entrar en el barrio Ameghino por el lamentable estado de las calles que las hace intransitables. A partir de ahí la bronca se transformó en asambleas, y posteriormente en la coordinación con otros barrios que también sufren un total abandono por parte del municipio comandado por Luciani (Cambiemos).

Todo desembocó en una gran movilización el día 30, donde los vecinos demandaron ser atendidos por el intendente. Al no serlo, los “barrios en lucha” instalaron una carpa frente al municipio donde sostuvieron por dos días actividades de visibilización, culturales y de denuncia a la que se acercaron cientos y cientos de vecinos a expresar su solidaridad y sumarse al reclamo.

Finalmente, el intendente tuvo que recibirlos el 1° de febrero y dar respuestas a todos los reclamos, desde cosas sencillas, como que pase el basurero con mayor frecuencia, hasta que iniciaran obras públicas en distintos barrios comprometiendo en algunos casos varios millones de pesos, demostrando así que plata hay, solo se trata de pelear para que llegue a los barrios populares. Se trata de un gran triunfo. Desde Izquierda Socialista junto con nuestra compañera Daniela Cooper planteamos que hay que sostener el plan de lucha, las asambleas y la unidad lograda entre los barrios.

2019 y dos tareas

Editorial

Este 2019 arrancó con una catarata de anuncios de elecciones que se adelantan, o que se podrían adelantar, y de presencia en los medios de precandidatos a presidente y de “grandes” debates sobre si se adelantan o no las elecciones en provincia de Buenos Aires. Si alguien prende un televisor puede estar Vidal inaugurando una “playa pública” en Mar del Plata o en el Partido de la Costa. O Lavagna recibiendo gente en su residencia de Cariló. Urtubey montado a caballo en un festival cordobés o en Polémica en el Bar. Macri yendo a ver “obras” en la Patagonia con Alicia Kirchner. Massa recorriendo en su auto el país. O Luís D´Elia en un “piletazo” apoyando la candidatura de Cristina Kirchner.

Pero la preocupación de la clase trabajadora y de los sectores populares no pasa por todo esto. Porque también 2019 arrancó con un gran tarifazo y con una inflación que no se detiene. Lo que se traduce en una nueva y brutal caída del nivel de vida de las masas. En estas semanas se confirmó que solo la inflación de 2018 fue del 47,6 %. Hay una fuerte baja del consumo. Cierran talleres y comercios. Crecen los despidos. En algunas ciudades aparecen pintadas como “Macri te voté y me fundí”, mostrando la ruptura política de sectores medios que creyeron en las falsas promesas de Macri. Lo único que crece es la bronca y el odio popular hacia Macri y el gobierno de Cambiemos. Las protestas en pleno verano no dejan de expresarse en cacerolazos o marchas contra los tarifazos.

La generalización de los adelantamientos de elecciones provinciales para despegarlas de las presidenciales es una muestra de la crisis política que sufren el gobierno y también la oposición patronal peronista en todas sus variantes. Saben que el rechazo y el escepticismo crecen en el ánimo popular. Por eso Macri y los políticos patronales hacen todo tipo de malabares electorales para sostenerse en el poder. Buscando no quedar “pegados” en la boleta a las poco entusiastas candidaturas presidenciales de Macri, Cristina o de los Lavagna, Urtubey o Massa.

Hay un punto en el que sí coinciden el gobierno de Macri-Cambiemos y la oposición peronista K y no K: en que los trabajadores y sectores populares no salgan a la calle a protestar masivamente y que solo piensen en la “solución” del voto. Lo han dicho dirigentes K como Yasky. Según su visión este “año electoral” hay “que evitar los paros” generales y parciales para que no los “use el gobierno” (Clarín 31/12/2018). Propone “otras” formas de acción. De esta manera, con marchas parciales y sin una huelga y un plan de lucha, los dirigentes sindicales de la CGT y los ligados a Cristina tapan su claudicación al plan de ajuste de Macri y el FMI. Si durante 2018 no logramos derrotar el ajuste de Macri-FMI fue por el rol nefasto de los dirigentes de la CGT y de las diferentes CTA. Justamente porque no le dieron continuidad a los dos paros generales. En 2019 quieren repetir la misma historia, ahora con el cuentito de que si “votamos a Cristina” u otros candidatos peronistas se soluciona todo.

Para Izquierda Socialista y el FIT el camino es el opuesto. Ahora hay que enfrentar el tarifazo y la caída del salario y luchar para derrotar el ajuste y no esperar a ninguna elección. Tampoco creemos que votando a Cristina, a Lavagna o a quien fuere del peronismo, para “sacar “ a Macri, se van a solucionar los problemas. Ellos también gobernaron para los de arriba cuando les tocó.

Para 2019, las trabaja-doras, los trabajadores y los sectores populares tenemos dos tareas. En primer lugar, seguir impulsando las luchas, las protestas por los tarifazos, contra los despidos, por el salario en la perspectiva de una movilización nacional obrera y popular que derrote el plan de ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores. Bandera que también levanta, ante la pasividad de la burocracia sindical, el sindicalismo combativo organizado en la mesa del plenario de Lanús que está preparando una marcha unitaria para los primeros días de febrero. Para seguir exigiendo un nuevo paro general y un plan de lucha de la CGT y de las CTA.

La segunda tarea es intervenir en las elecciones provinciales (próximamente en Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Córdoba y otras) y para presidente. Porque en ellas el FIT y el sindicalismo combativo tenemos que dar la pelea política para llamar a la clase trabajadora y a los sectores populares a votar por nuestros candidatos independientes contra los del gobierno de la oposición patronal peronista. Tenemos que salir a combatir el “voto castigo” a Macri y a Cambiemos. Convencer que la salida no es volver a votar a Cristina o al peronismo que ya gobernaron. Sino votar a los candidatos y candidatas del FIT para fortalecer una alternativa política de los trabajadores. Porque el problema de fondo es lograr nuevos dirigentes políticos y sindicales que den la pelea todos los días por los cambios que necesitan el país y la clase trabajadora.

De la visita de Macri, el 15 de enero, al nuevo presidente de Brasil el ultrarreaccionario Bolsonaro, la prensa patronal destacó los “acuerdos” para “perfeccionar el Mercosur”. Todas fueron sonrisas. Pero la realidad es que le mete más leña al fuego a las políticas antiobreras y proimperialistas de ambos países.

En un momento se había dicho que Bolsonaro quería desconocer el Mercosur por sus políticas “nacionalistas”. El supuesto logro del acuerdo por el Mercosur se quiso pintar de “positivo”. No tiene nada de positivo el Mercosur, siempre fue un pacto económico al servicio, esencialmente, de las multinacionales automotrices y sus intereses. “Perfeccionar” no es más que seguir con esa política que no tiene ningún beneficio para los trabajadores. Ambos gobiernos simpatizan con los planes de reforma laboral y previsional.

El ultraderechista Bolsonaro asumió para tratar de atacar los derechos sociales y democráticos del pueblo brasilero. Lleva menos de un mes en el gobierno y ya lanzó todo tipo de decretos reaccionarios. Entre ellos aprobó la privatización de la fábrica de aviones Embraer. Pero las cosas no le resultan fáciles. En los primeros veinte días se tuvo que retractar de varias medidas. Anunciaron la posibilidad de instalar una base militar de los Estados Unidos en territorio brasilero y a los pocos días dijeron que no existe ese plan. Había anunciado la suspensión de atribución de tierras vigente desde 1970, medida que iba contra aspectos de la vieja y limitada reforma agraria. A los días dieron marcha atrás.

En las últimas semanas crecieron las denuncias contra su hijo, el diputado Flavio Bolsonaro, por sospechas de corrupción. Hubo revelaciones sobre movimientos sospechosos en sus cuentas, sobre la base de la información oficial del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), que incluye los datos de su ex chofer, envuelto en la polémica.

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