Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop 

El récord de contagios por el Covid-19, a pesar de una cuarentena de casi siete meses, es una demostración palpable del fracaso de la política del gobierno de Alberto Fernández para atender la salud del pueblo trabajador y de los más vulnerables. El “modo profesor” del presidente, bien recibido al comienzo, fue perdiendo todo efecto con la falta de resultados concretos. Queda claro que con “sarasa” no alcanza. Sin embargo, las autoridades no actuaron de la misma manera cuando se trató de beneficiar los intereses de los grandes grupos farmacéuticos internacionales votando una ley que es un escándalo.

La noche del miércoles 7 de octubre no hubo “grieta”. Aprovechando la expectativa que genera la producción de una vacuna para combatir el coronavirus, el gobierno peronista y toda la oposición radical y de Cambiemos votaron juntos en el Congreso a favor de un proyecto de ley que protege los laboratorios multinacionales y acepta las condiciones aberrantes impuestas para comercializar la vacuna en nuestro país. Los diputados del Frente de Izquierda Unidad votaron en contra de este proyecto escandaloso de sumisión a las exigencias de las multinacionales. El diputado tucumano del Frente de Todos Pablo Yedlin fue el autor de la iniciativa. Motivos tiene, es hombre de Manzur, ex ministro de Salud de la provincia y amigo del multimillonario Hugo Sigman, uno de los que se beneficiará con la norma votada.

El proyecto prevé “condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias” para los laboratorios. O sea que los efectos indeseados que produzca la vacuna no serán de responsabilidad de las multinacionales, sino del Estado nacional, que deberá asumir el costo. Garantiza la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero. Como ocurre con los acreedores de la deuda, si se decidiera llevar a juicio a un laboratorio deberá hacerse dónde éste lo decida.

Además, determina “cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas” y exime del “pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el Impuesto al Valor Agregado”. Este proyecto escandaloso es una decisión política del gobierno peronista del Frente de Todos. Alberto Fernández agradeció al bloque de diputados de Juntos por el Cambio por “acompañar al oficialismo para blindar jurídicamente a los laboratorios”. Aprovecharse de la necesidad urgente de la vacuna para hacer semejantes concesiones a estas multinacionales es de una perversidad inaudita.

Plata para salud pública, no para el FMI y los laboratorios

Mientras tanto, el pueblo trabajador, los sectores populares y más vulnerables continúan sufriendo las consecuencias del coronavirus. La estabilización de casos en el AMBA, si bien en niveles muy altos, ha dado pie tanto al gobierno peronista de Axel Kicilof como al de Cambiemos, de Horacio Rodríguez Larreta, a liberar las actividades económicas sin reaseguros para la población. Esta acción abre un incierto pronóstico sobre la evolución de la pandemia en el área.

En el interior, los contagios se disparan y saturan un sistema sanitario ya desmantelado por la falta de inversiones. Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Tucumán y Salta registran una línea ascendente, con lo que nos acercamos al millón de contagios y a casi 25.000 muertes. A partir de estos datos, el gobierno peronista ha determinado endurecer las restricciones de circulación en dieciocho provincias, repitiendo una fórmula que ya no da resultados positivos.

Además de las medidas de aislamiento son necesarios testeos masivos para detectar los grupos y sectores de riesgo y hacer el control. Es necesario centralizar las camas y recursos estatales y privados para lograr una atención de calidad, igual para todos. También aumentar el presupuesto de salud pública que garantice salarios dignos para los trabajadores de la salud y completar las vacantes de personal. Aumentar el IFE a 40.000 pesos y asistir con alimentos a todas las familias que los necesiten. Para eso, la salida no es negociar con el FMI ni votar proyectos que benefician a los billonarios laboratorios. Para obtener los recursos y poder atender estas necesidades hay que suspender el pago de la deuda externa y aplicar un impuesto a las grandes fortunas como puntualiza el proyecto presentado por el FIT-Unidad, capaz de recaudar más de 15.000 millones de dólares.

Escribe Joel Rojo

Por responsabilidad del gobernador Schiaretti y los intendentes, y por la complicidad de la burocracia sindical y de ineptos como Diego Cardozo, ministro de Salud provincial, el sistema está al borde del colapso. El 5 de octubre había 833 internados graves con Covid-19 en el sector privado, que tiene 948 unidades intensivas entre intermedias y coronarias que, si bien están destinadas a patologías cardíacas, se usan para la pandemia. Es decir 88% de ocupación. Esto en el sistema público llega al 77 por ciento. Pero los contagios entre los trabajadores de la salud han llegado al 30%, por lo que no hay personal suficiente para atender las camas críticas, razón por la cual las ambulancias deben esperar hasta cinco horas para poder ubicar a un paciente, que en muchos casos ya tienen intubado en el móvil.

Hace una semana, un hombre que sufrió descompensación y fiebre luego de una operación tuvo que recurrir a la Justicia para conseguir una cama de terapia intensiva. El juez de Control Carlos Romero ordenó a Salud provincial que ubique en forma urgente al paciente, que a pesar de tener obra social fue internado en el hospital San Roque, lo que demuestra una vez más la necesidad de un sistema único estatal de salud, ya que el privado tampoco asume su responsabilidad cuando le corresponde.

Esta realidad también muestra que es una mentira que, ante la disyuntiva entre la salud y la economía, tanto Schiaretti como Alberto Fernández priorizan la salud. Esta saturación es la consecuencia de haber priorizado la ganancia de los empresarios. Mientras tanto efectúan restricciones irrelevantes y sin ningún control, como suspender el tránsito entre las 20 y la 6. Es que aun cuando obligaron a la cuarentena, lo hicieron con un miserable IFE de 10.000 pesos cada dos meses, permitieron despidos, suspensiones y rebajas salariales que elevaron la pobreza a más del 40 por ciento. Mientras tanto garantizaban las ganancias de las patronales bajándoles aportes, concediéndoles moratorias, rebajando retenciones a los exportadores y pagando el 50% del salario de todos sus trabajadores. Al mismo tiempo se arrodillaban ante los bonistas, y ahora ante el FMI.

Para ocultar su responsabilidad acusan a la “gente” y a las “reuniones sociales” de los 50.262 contagios y las 591 muertes. Para evitar una situación aún peor hay un solo camino. Hay que tomar medidas de aislamiento y testeos masivos, otorgar 40.000 pesos a quienes no poseen recursos y aumentar salarios y jubilaciones de inmediato. Plata que debe salir de dejar de pagar la deuda externa y de aplicarle a los ricos y a las ganancias empresarias el impuesto que propone el FIT Unidad en su proyecto.

Escribe Diego Martínez

A pocos días de una nueva fecha de desalojo, el gobierno del Frente de Todos sigue sin ofrecer una solución. Haciendo uso de su doble discurso, dice que quiere resolver la situación a través del diálogo, pero lo único que propone es la represión, política que ya aplicaron en la toma del barrio Unión, de Laferrere, en La Matanza, que fue desalojada violentamente.

En Guernica, el gobierno de Kicillof anunció la existencia de 3.000 lotes. En la última mesa de negociación se comprometió a impulsar una visita a estos terrenos, que luego fue cancelada. El gobierno peronista sostenía que podrían estar disponibles en seis meses, pero nunca explicó dónde vivirían los vecinos en ese lapso.

Canceló también reuniones que tenían el propósito de llegar a un acuerdo y no recibió a los vecinos que se movilizaron hasta la gobernación. Aunque se disfrace de “dialoguista”, Kicillof cortó toda instancia de diálogo y prepara el terreno para el desalojo. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, y la intendenta Blanca Cantero se pronunciaron varias veces en ese sentido.

El ministro Larroque, de La Cámpora, dijo que el desalojo se va a llevar adelante y que no volverán a pedir una prórroga,  mientras sale a embarrar la cancha usando a la izquierda como chivo expiatorio para justificar la represión. En las últimas horas anunció que el 80% de las familias ya fueron reubicadas, mentira. En los días previos manifestó que el gobierno quiere llegar a un acuerdo, pero que no se puede porque la izquierda “está jugando irresponsablemente a un proceso pseudorrevolucionario” y “obstruye con mentiras permanentes el accionar del Estado  (Página/12, 8/10/2020). El que miente es el gobierno, que busca demonizar a la izquierda y a las organizaciones sociales combativas, los únicos que apoyamos el reclamo de vivienda y queremos una solución, para encubrir el hecho de que no tiene una respuesta al problema más que la de la represión. Funcionarios declararon que la toma es “ilegal” por ser violatoria de la propiedad privada, aunque no haya persona alguna que pueda acreditar la titularidad del predio. El gobierno desconoce la ley 14.449, que señala que los countries deben ceder el 10% de los terrenos para el loteo social. En la zona lindera a la toma hay dieciocho countries.

El objetivo del gobierno es el desalojo. Si no lo pudo hacer hasta ahora fue por la fortaleza y organización de los vecinos, que ya lograron que se postergue en cinco oportunidades y están dispuestos a seguir haciéndolo las veces que sea necesario. Es por eso que el intento del gobierno de desalojar a las 2.500 familias ofreciéndoles 40.000 pesos fracasó. Las familias quieren un lugar donde vivir, ofrecerles dinero demuestra que Kicillof insiste en desconocer esa necesidad. Algunas personas que abandonaron la toma denunciaron además que esa plata nunca les llegó.

Guernica es la expresión más aguda de un problema que se expresa en todo el país. Son cuatro millones de personas que no tienen acceso a una vivienda digna. Esa cifra creció durante la cuarentena, producto del ajuste del gobierno nacional, que pagó 4.500 millones de dólares al FMI mientras cientos de miles de trabajadores fueron despedidos y otros tantos sufrieron una pérdida significativa de sus ingresos. De las 2.344 personas que censó el Ministerio de Desarrollo Social en Guernica, 1.544 declararon que se volcaron a la toma porque quedaron desocupadas y/o se quedaron sin ingresos suficientes para pagar el alquiler de su vivienda (Página/12, 8/10/2020).

Situaciones similares se viven en todo el país, por eso es indispensable apoyar esta lucha. Si gana esta pelea dejando atrás el desalojo y se logra avanzar con el loteo de las tierras, como proponen los vecinos, se fortalecerá la lucha por la vivienda y estaremos en mejores condiciones para dar la pelea por imponer un plan de construcción de viviendas populares que solucione este problema en todo el país sobre la base del no pago de la deuda externa y estableciendo un verdadero impuesto a la riqueza.

Debemos rodear de solidaridad a la toma llevando donaciones, participando de las acciones para evitar el desalojo y denunciando las mentiras del gobierno, la oposición patronal y los medios de comunicación, sumando apoyo entre los trabajadores, la juventud, el movimiento de mujeres y los sectores populares. La campaña de mentiras busca preparar el terreno para que el desalojo tenga apoyo popular. Pero con la organización de la toma, la campaña de solidaridad y la difusión de la lucha sigue creciendo el sentimiento de que todos somos Guernica.

Con una delegación de compañeras encabezada por la diputada bonaerense (mc) Mercedes Trimarchi y la legisladora porteña electa Mercedes De Mendieta, el pasado miércoles la agrupación de mujeres Isadora estuvo en el predio de Guernica visitando a las familias que allí resisten el desalojo. Se conversó especialmente con las mujeres de la toma que nos hablaron de la importancia de la organización feminista y la solidaridad entre las familias del predio para garantizar entre todes los cuidados. A su vez, relataron que muchas de ellas fueron víctimas de violencia de género y que han tenido que huir de sus casas con sus hijes para escapar de los violentos. A pesar de haber mandado dos cartas al nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad contándoles sobre su situación, no tuvieron respuesta favorable. Es más, la única respuesta del gobierno es insistir con el desalojo y echarlas de esas tierras sin darles alguna solución habitacional.  

La campaña de solidaridad con las familias de Guernica está creciendo día a día porque el problema de la vivienda en nuestro país es un flagelo de miles. Muchas trabajadoras, en este contexto de crisis económica y social, se ven obligadas a tomar un pedacito de tierra para tener un lugar donde vivir. Desde Isadora impulsamos activamente la campaña de solidaridad con las familias de Guernica y para ello estamos recolectando donaciones junto con Izquierda Socialista, que llevamos cada semana. Te invitamos a sumarte a esta campaña solidaria y que hagas correr la voz de las mujeres de Guernica para que seamos miles las que, junto con ellas, gritemos “tierras para vivir”, “no al desalojo”.

Agrupación de mujeres Isadora

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Inexplicablemente, y de manera insostenible, la dirección del PTS una vez más ha lanzado una campaña de ataques al sindicalismo combativo, a sus principales referentes (la Unión Ferroviaria de Haedo encabezada por el Pollo Sobrero, el Sutna con Alejandro Crespo, Ademys con Mariana Scayola y Jorge Adaro y los Suteba Multicolores) y a sus socios del Frente de Izquierda (Izquierda Socialista y el PO). Lo más grave es que lo hace con mentiras y difamaciones tan absurdas que son imposibles de sostener.

Por un lado, la dirección del PTS plantea que esos sindicatos combativos, Izquierda Socialista y el PO no tomamos a fondo el apoyo a los vecinos de Guernica, la ocupación de las tierras, el repudio al gobierno y sus acciones represivas. Son difamaciones tan absurdas que a cualquiera de los vecinos de Guernica le daría vergüenza respaldarlas. Ya desde el inicio de la toma, además de declarar nuestro apoyo y denunciar al gobierno y sus mentiras, hemos mostrado diferentes acciones solidarias y nuestra participación permanente. Los reportajes a referentes de Guernica y sus agradecimientos así lo ratifican.

El ataque a los ferroviarios del Sarmiento, Ademys, Suteba Multicolores y al Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), además de la gravedad de la difamación, nos coloca en el mismo lugar que los traidores de la burocracia sindical peronista. Pero es tan ridícula la campaña que nos obliga a denunciar el verdadero accionar de los dirigentes del MAC/PTS en el PSC respecto de Guernica.

Varias de las organizaciones sociales que integran el PSC, no el PTS, estuvieron desde el primer día interviniendo en la toma de Guernica. Por eso, fuimos los primeros en pronunciarnos en su apoyo, y no fue por iniciativa del PTS. En la jornada nacional de lucha del PSC del 17 de septiembre fuimos justamente los dirigentes ferroviarios, del Sutna, de Izquierda Socialista y el PO los que propusimos que participara la delegación de Guernica en la columna de los sindicatos en lucha, delante de todos los movimientos sociales, y tuvieron oradores y representantes en el palco. ¿Cómo que el PSC no estuvo a la cabeza del apoyo? ¿Qué hicieron la CGT o la CTA por Guernica? De más está decir que Suteba Multicolores y Ademys votaron en sus asambleas la solidaridad y aportaron dinero y junto a los ferroviarios del Sarmiento llevaron mercaderías que fueron entregadas a los vecinos de la toma.

Llamamos a los honestos militantes del PTS a que les exijan a sus dirigentes que terminen con mentiras y difamaciones, que solamente los hacen quedar en ridículo en los sindicatos combativos y entre los luchadores de izquierda.

“Ademys entregó donaciones a las familias”

“Suteba La Matanza y Docentes en Marcha llevaron la solidaridad a las familias de Guernica”