Escribe Mariano Barba

En 2017, cuando el precio internacional del gas era de 3,80 dólares por millón de BTU (la unidad de medida que se toma en la industria del gas), el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren decidió entregar subsidios que consistían en pagarle 7 dólares por millón de BTU a las empresas que concretaran inversiones con el sistema de fracking. Se buscaba así garantizar las ganancias de las grandes empresas gasíferas. Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint, y Compañía General de Combustibles, de Eduardo Eurnekian, son algunas de las firmas que más se beneficiaron con este programa.

¿Qué pasó desde entonces? Tecpetrol recibió ese subsidio acordado para una inversión determinada y para una producción de 8 millones de metros cúbicos por día de gas, pero en realidad extrajo 17 millones por día del yacimiento Fortín de Piedra con la misma inversión; es decir, está cobrando más del doble, teniendo así garantizado por el subsidio una ganancia superextraordinaria. El conflicto con el gobierno se da porque ante el déficit fiscal, Macri y el secretario de Energía que reemplazó a Aranguren, Gustavo Lopetegui, recortan ese subsidio, y quieren restringir su pago para las liquidaciones del gas producido desde septiembre de 2018 en adelante, no extendiéndolas ante las nuevas producciones. El gobierno y las petroleras tironean por la plata: Macri para pasársela a los acreedores de deuda, tal como se acordó en el ajuste con el Fondo, Techint y los otros pulpos petroleros para seguir ganando a costa de un subsidio que pagamos todos. Ninguna de las dos cosas le sirven al pueblo trabajador: hay que terminar con esos subsidios, reestatizar todo el negocio petrolero y gasífero y parar la contaminación que se genera con el fracking. Pero ese dinero debe ser reconducido a resolver las urgentes necesidades de trabajo, salario, educación, salud y vivienda, no a pagar la deuda externa.

Los dueños de Edesur son Nicolás Caputo, el “amigo de la infancia” de Macri, y ENEL (empresa italiana con mayoría accionaria); Marcelo Mindlin de Edenor, y Rogelio Pagano de Edelap. Mindlin, por su parte, es dueño de Pampa Energía y también está en el negocio del gas y el petróleo, compró hace años los activos de Petrobras.

Comparando 2015 con 2018, Edenor registró un incremento en sus ingresos por servicios (ventas) del orden de 1.118%, y Edesur obtuvo una mejora de 821% en el mismo período. A su vez, el incremento de sus resultados operativos (ganancias por ventas menos costos de producción) fue de 223% para Edenor y 215% para Edesur.

Transener (concesionaria de transmisión eléctrica de alta tensión) obtuvo un aumento en sus ingresos de 290% y en sus resultados operativos del orden de 1.250%. Por su parte, Pampa Energía tuvo un incremento en sus ingresos de 554% (CEPIS, Página12, 4/2). ENEL, además, aspira ganar 4.000 millones de euros hasta 2019 en Latinoamérica y 17.300 millones de euros en el mundo.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se supone que debería cuidar a los usuarios contra las empresas. Pero al frente del organismo encargado de regular a Edenor y a Edesur está Andrés Chambouleyrón, que trabajó hasta antes de asumir en el bufete estadounidense Compass Lexecon, dedicado a asesorar a las empresas multinacionales en sus litigios contra Estados soberanos en tribunales internacionales. Además, fue uno de los ideólogos de los tarifazos en la luz y el gas junto al ex CEO de Shell y ex ministro Juan José Aranguren. Chambouleyrón se formó en la Fundación Mediterránea, la cuna económica de donde salió Domingo Cavallo. Como se dice, el lobo a cuidar las ovejas.

Ante los tremendos cortes de luz el ENRE no hace nada. Los usuarios afectados en diciembre de 2018 aumentaron 40 por ciento según el propio organismo. ¿Qué hizo? Nada. Las empresas ofrecieron un “resarcimiento” de 290 pesos promedio por usuario. Una vergüenza total.

Escribe Gabriel Massa

Al visitar a Alicia Kirchner en Santa Cruz, Mauricio Macri se encontró con su “mejor alumna”. El diario La Nación incluso habla de “milagro” porque la provincia anuncia para 2019 un superávit de 1.440 millones de pesos. ¿Cómo logró con semejante crisis la “cuñada” Alicia este resultado? Ninguno ha dejado de pagar salarios y jubilaciones en tiempo y forma durante períodos tan prolongados. Ninguno ha atacado a los jubilados y trabajadores, en particular a los docentes y al pueblo, más que ella.

 “A fuerza de ajuste y congelamiento salarial, la gobernadora Alicia Kirchner pasó de un déficit de casi 8.000 millones de pesos (al inicio de su gestión) a un superávit de 1.440 millones de pesos” previsto para 2019. […] “La Casa Rosada puso a la cuñada de Cristina Kirchner como ejemplo a seguir a la hora de ajustar”, dijo La Nación el 30 de enero.

Esto lo logró la “mejor alumna de Macri” sobre la base de la baja de los salarios. En 2017 fueron congelados, los docentes recibieron un 8% que durante seis meses el gobierno provincial se negó a pagar argumentando que la nación se había comprometido a hacerlo. En 2018 el aumento fue de 20%. Pero para los docentes solo fue un 13%. Para 2019 en el presupuesto provincial de 58.000 millones de pesos no hay previsto ningún aumento salarial ni de jubilaciones. Mientras tanto, los alimentos son hasta un 50% más caros que en Buenos Aires, en particular por el alto costo del transporte.

Al mismo tiempo aumentaron los ingresos de la provincia por lo que recibe en dólares por regalías petroleras, por el aumento de la coparticipación federal, la recaudación de impuestos y la mayor actividad económica en petróleo, minería y pesca.
La provincia cuenta con una planta de 80.000 asalariados, incluyendo empleados públicos, jubilados, docentes, policías, trabajadores de las distintas dependencias estatales, entre ellas los municipales. “Hay quienes solucionan esto –declaró la gobernadora– dejando afuera la gente, y ahí vienen los famosos despidos. Yo busqué la sostenibilidad del empleo”.

Pero la realidad dice otra cosa: en 2016, el primer año de gobierno de Alicia Kirchner, el empleo provincial cayó 9,4%, la mayor baja de puestos de trabajo de todo el país. Una de las primeras medidas fue achicar el personal en la Secretaría de Desarrollo, dejar sin trabajo a cientos de profesores de secundaria durante meses al no regularizar los ofrecimientos de cargos y cerrar cursos y salas de jardines.

Por otra parte, el congelamiento salarial no vale para la gobernadora y los altos funcionarios: en 2017 equiparó el salario de los altos funcionarios de su administración con el de los diputados provinciales (entonces era de 40.000 pesos) y en 2018 se otorgó a sí misma y sus colaboradores un aumento salarial de 40%. Para disimularlo, esto no apareció como un aumento salarial directo, sino que en mayo del año pasado todos los altos funcionarios fueron ascendidos a un cargo superior al que tenían (por ejemplo, todos los de rango menor pasaron a ser subsecretarios y secretarios de Estado).

Mientras tanto, en 2017 y 2018 los docentes protagonizaron 180 días de conflicto e igualmente se extendieron las luchas de los trabajadores del sector judicial, los empleados del Estado y los jubilados.

En abril de 2017 frente a la casa de gobierno hubo numerosas manifestaciones masivas en reclamo de un aumento que equipare los sueldos con la canasta familiar que fueron duramente reprimidas por el gobierno provincial para sostener el ajuste.
Si esto sucede en la provincia gobernada por los Kirchner y sus socios desde hace décadas, ¿qué nos espera a los trabajadores y el pueblo si vuelven a gobernar el país?

Una vez más esto demuestra que el peronismo kirchnerista no es la salida de fondo frente al ajuste macrista. La salida es la que propone el Frente de Izquierda y los Trabajadores, con un programa por el no pago de la deuda y la estatización de las principales palancas de la economía al servicio de las necesidades de los trabajadores y el pueblo.

Escribe Gabriel Massa

El Peronismo Federal encabezado por Sergio Massa, Miguel Pichetto, los gobernadores Juan Manuel Urtubey de Salta y Juan Schiaretti de Córdoba, hicieron su lanzamiento electoral en Mar del Plata el lunes 4 de febrero. También estuvieron los gobernadores de Chubut, Santiago del Estero, Misiones y La Rioja. Entre otros mandó un saludo el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

En su discurso de cierre del acto Massa dijo: “Pongamos de pie a la Argentina para terminar con un Gobierno que nos puso de rodillas […] A un presidente que dice que el único camino es el ajuste, desde acá, presidente, le queremos decir que hay otro camino para la Argentina”.
La pregunta es ¿si hay otro camino, por qué los representantes del Peronismo Federal en el Congreso le votaron todas las leyes a Macri? ¿Por qué no le cerraron el camino a su ajuste y a su política reaccionaria desde allí votando contra la rebaja de jubilaciones o a favor de la ley de legalización del aborto?

Es decir, el Peronismo Federal que es la quinta pata del ajuste de Macri, quiere aparecer ocupando el espacio opositor.

Pero no terminan de definir cómo hacerlo. Mientras Pichetto se declara enemigo mortal de Cristina y asegura que se va del frente si se negocia con ella, Massa coquetea con el electorado kirchnerista. Cuando Jorge Lanata intentó apretarlo por una definición contra Cristina en un reportaje radial, Massa contestó: “Yo hace nueve años que no hablo con la ex presidenta. Ahora, no me impidas a mí pedirle nada al votante de Unidad Ciudadana. Se necesita alguien que le gane a Macri en la segunda vuelta”.

Es decir, Massa asegura que él u otro candidato del Peronismo Federal podría ganarle a Macri en segunda vuelta, y Cristina no. Pero no está tan convencido. Porque las encuestas –que le otorgan en el mejor de los casos un 10%– dicen que el PF, pase lo que pase, a lo sumo quedará tercero cómodo en la primera vuelta. Por eso siguen buscando socios por todos lados, desde los centroizquierdistas Humberto Tumini de Libres del Sur y Margarita Stolbizer, hasta el duhaldista Roberto Lavagna.

Como sea, ninguno ofrece una salida a favor de los trabajadores y el pueblo.