Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA (mc) por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Un DNU que amplía de forma inédita las facultades de la SIDE, legalizando el espionaje interno, la persecución política y la represión encubierta. 

Ingresó al Congreso el DNU 941/2025, que modifica la Ley de Inteligencia y amplía de manera extraordinaria las facultades de la SIDE, habilitando un esquema de espionaje interno, persecución política y represión encubierta contra quienes se oponen a las políticas del gobierno. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días hábiles para expedirse. Si no lo hace, ambas cámaras, Diputados y Senado, podrán tratar y rechazar el decreto en el recinto. Está en juego nada menos que la defensa de las libertades democráticas.

Milei legaliza el espionaje y le da impunidad

Con este decreto, el gobierno blanquea y refuerza el accionar clandestino de los servicios de inteligencia, otorgándole un marco “legal” a prácticas históricamente ligadas a la persecución política y la impunidad estatal. El DNU define las actividades de la SIDE como “actividad reservada”, lo que implica la ausencia de control público y judicial.

Entre los puntos más graves, el DNU habilita a la SIDE a detener personas ante supuestos casos de “flagrancia”, una facultad inédita en democracia para un organismo de inteligencia y que abre la puerta a una policía secreta paraestatal. La redacción ambigua permite incluir bajo vigilancia a opositores políticos, manifestantes, periodistas, militantes sociales e incluso a usuarios de redes.

A su vez, autoriza la coordinación con las Fuerzas Armadas, las fuerzas federales y las policías, bajo el pretexto de “optimizar recursos” en tareas de contrainteligencia y “ciberseguridad”. De esta manera, se rehabilita la doctrina del enemigo interno, un concepto propio de los períodos más represivos de la historia argentina.

Rechazo de organismos de derechos humanos

El DNU generó un repudio inmediato. Decenas de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Fundación Huésped y Greenpeace, denunciaron el decreto como un ataque a las libertades democráticas. Además, realizaron presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y distintas relatorías de la ONU.

En su texto, advierten que el DNU obliga a más de quince organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE, habilitando la vigilancia masiva; no prevé controles ciudadanos ni institucionales efectivos; establece que todas las actividades sean encubiertas, garantizando la impunidad; otorga facultades de detención a agentes de inteligencia; y permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interna, entre otros señalamientos.

Un cheque en blanco al aparato represivo

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda denunciamos este decreto como un cheque en blanco para fortalecer el aparato represivo del Estado. La SIDE ha sido históricamente responsable de espionaje ilegal, operaciones mafiosas, encubrimientos y crímenes contra luchadores populares, al servicio de los gobiernos de turno y del poder económico.

Mientras el Presupuesto 2026 otorgó aumentos millonarios a la SIDE (ver "Para espiar y vigilar sí hay plata"), el gobierno profundizó la motosierra sobre salud, educación, jubilaciones y políticas sociales. El DNU 941/25 marca un salto represivo del gobierno ultraderechista de Milei, que combina un brutal ajuste con represión. Por eso llamamos a rechazar este decreto y a movilizarse en defensa de las libertades democráticas. Decimos con claridad: abajo el DNU 941/25. Disolución de la SIDE y de todos los servicios de inteligencia y espionaje.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA (mc) por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

De acuerdo con el informe presentado por el Centro de Economía Política Argentina sobre la ejecución del Presupuesto 2025, se registra una contracción real del gasto público del 29% interanual en relación con 2023. Salud y Educación son las áreas más afectadas por el ajuste, mientras que Seguridad aparece entre las más beneficiadas. De este modo, quedan en evidencia las prioridades de un gobierno que, mientras ajusta y reprime al pueblo trabajador, recauda fondos para pagar la deuda externa.

Del informe se desprende que, mientras los hospitales nacionales, el Instituto Malbrán y la Anmat registran caídas que superan el 20%, organismos como el Conicet, el Servicio Meteorológico Nacional y el INTA pierden entre un 25% y un 40% de sus recursos. En contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de la Presidencia, incrementó sus fondos en un 52%.

Esta drástica reasignación de partidas, que aplica la motosierra en salud y educación pero potencia las capacidades de control e inteligencia, deja en claro la orientación elegida por el gobierno de ultraderecha. La estrategia económica de Javier Milei, subordinada al pago de la deuda externa, confirma que para espiar y vigilar sí hay plata.

Escribe Agustín Blanco

En plena ola de calor, con sensaciones térmicas que superaron los 40 grados, el AMBA volvió a quedar a oscuras. En los últimos días, entre 800 mil y casi un millón de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense sufrieron apagones masivos que se extendieron durante horas. Barrios enteros sin luz, semáforos apagados, subtes con demoras y hogares sin ventilación en el momento de mayor demanda eléctrica del año.

Las distribuidoras privadas, como Edenor y Edesur, operan una red degradada, con falta de inversión estructural y sin capacidad para absorber picos de consumo previsibles. La infraestructura eléctrica del AMBA muestra señales claras de colapso cuando el calor aprieta.

La paradoja es evidente: mientras el servicio falla, las tarifas no paran de subir. Durante 2025, los usuarios acumularon aumentos muy fuertes en las boletas de luz, con subas interanuales que en algunos casos superaron el 100% y que, desde la quita de subsidios, implicaron incrementos acumulados de varios cientos por ciento. Lejos de frenarse, esa dinámica se profundiza en 2026.

En medio de los apagones, el Gobierno confirmó nuevos aumentos desde enero de 2026, con subas oficiales de alrededor del 2,3% para Edenor y 2,2% para Edesur. Aunque presentados como ajustes “moderados”, estos incrementos se suman a boletas ya infladas y se combinan con un nuevo recorte de subsidios, que reduce los topes de consumo subsidiado y empuja a miles de hogares a pagar tarifa plena. En la práctica, el impacto final en las facturas es muy superior al porcentaje anunciado.

Según relevamientos recientes, el gasto mensual en servicios públicos para un hogar promedio del AMBA ya supera ampliamente niveles que resultan difíciles de sostener para la mayoría de los ingresos familiares.

El resultado es un esquema donde los usuarios pagan cada vez más por un servicio cada vez peor, mientras las empresas garantizan su rentabilidad sin realizar las inversiones necesarias. La lógica de la privatización muestra su límite.

Si la energía es un servicio esencial, no puede seguir funcionando como un negocio privado. La reestatización integral del sistema eléctrico, bajo control de sus trabajadoras y trabajadores, permitiría orientar la planificación, las inversiones y el mantenimiento de la red a garantizar el derecho a la energía y no la rentabilidad empresarial.

Este viernes 9 de enero Javier Milei pagó 4.200 millones de dólares en concepto de deuda externa. “Está claro que para este gobierno ultraderechista y entregador la prioridad pasa por cumplir con la usura internacional. En un nuevo acto de piratería financiera acaba de destinar una cifra millonaria con plata que les roba a las y los jubilados y recorta de los presupuestos de salud, educación, universidades, Manejo del Fuego y protección de bosques nativos”, fustigó el diputado nacional electo de Izquierda Socialista en el FIT Unidad, Juan Carlos Giordano.

Giordano agregó: “El gobierno pagó con reservas y un nuevo crédito que contrajo con bancos imperialistas por 3.000 millones de dólares. Es decir, nos endeuda aún más para seguir pagando una deuda que el pueblo no contrajo. Con ese dinero se podrían construir 80.000 mil viviendas populares y dar trabajo a 300 mil desocupados. Encima es el primer pago de los 20.000 millones de dólares que el gobierno se apresta a cancelar en 2026 a los usureros privados y al FMI. Una barbaridad.”

Giordano finalizó: “Esta deuda que paga Milei viene del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner donde el ex ministro Guzmán premió a los bonistas privados renegociándoles esa estafa. Solo el Frente de Izquierda Unidad repudia esta nueva entrega de Milei. Las estafas no se pagan. Plata para el pueblo trabajador, no para la fraudulenta deuda externa y ruptura con el FMI comandado por Donald Trump.”

Contacto:

Juan Carlos Giordano: +54 9 11 3119-3003

X: @GiordanoGringo

IG: gringo.giordano

Prensa de Izquierda Socialista: 11 6054-0129

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Finalmente, el gobierno ultraderechista de Milei logró hacer aprobar la ley de presupuesto para el año 2026. Se trata de toda una hoja de ruta de super-ajuste, que le da continuidad a la motosierra de los dos años anteriores. La aprobación de esta ley, exigencia del FMI, fue posible gracias al apoyo que obtuvo el gobierno de La Libertad Avanza por parte de PRO, radicales, partidos provinciales y también de los votos aportados antes por diputados, y ahora senadores, vinculados a gobernadores peronistas.

Luego de la victoria en las elecciones de octubre, y del acelerado proceso de “transfuguismo” (diputados y senadores votados por otras fuerzas políticas, sea el peronismo, el radicalismo o el PRO) que “se pasaron” directamente a La Libertad Avanza, Milei y su mesa chica creía que iba a lograr con trámite exprés aprobar todo el paquete de ajuste y reformas estructurales, incluyendo, nada más y nada menos, la reforma previsional. 

Sin embargo, tuvo un traspié en la votación del presupuesto en Diputados que los obligó a recalcular. No lograron en la votación en particular en dicha Cámara hacer pasar la anulación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Una mezcla de miedo al repudio de los legisladores al volver a sus provincias, y compromisos no cumplidos del toma y daca de compra de votos, hizo que ese capítulo de la ley fuera rechazado. A esto tenemos que sumarle que en ese momento se realizaba la marcha contra la reforma laboral de la CGT y las CTA a Plaza de Mayo (en las que también participó el sindicalismo combativo y la izquierda con una columna independiente), que se replicó masivamente en todas las provincias. 

Todo esto generó un pequeño triunfo para el pueblo trabajador, “Luchar sirve” fue el mensaje. El gobierno “que se llevaba todo por delante” tuvo que poner el pie en el freno y anunciar que trasladaba a febrero el tratamiento de la reforma laboral. Con respecto al presupuesto, tras el amague de Milei de “vetar todo”, volvieron sobre sus pasos y prefirieron aprobarlo tal como salió aprobado de Diputados (o sea sin las derogaciones de la ley universitaria y de discapacidad). 

¿Qué es y porqué se aprobó este presupuesto? 

Seamos claros. Por más que se haya sacado ese capítulo, sigue tratándose de un proyecto de super-ajuste, un salto en calidad en relación a la motosierra, un presupuesto que sólo trae más hambre, miseria y marginación social con el único y explícito objetivo de cumplir con los compromisos con el FMI y los pulpos acreedores. Un presupuesto que, además, autoriza al gobierno a seguir aumentando el endeudamiento en 20.000 millones de dólares. 

El gobierno se decidió por hacerlo aprobar, tras sus dudas acerca si convenía directamente vetar y estar otro año más actuando discrecionalmente (sin presupuesto), porque así se lo exigieron explícitamente el FMI, el gobierno de los Estados Unidos y los mismos pulpos acreedores (hubo una explícita declaración al respecto del J.P. Morgan). Era la hoja de ruta que materializaba que se iba a cumplir, en base al hambre de los argentinos, con todos y cada una de las exigencias del imperialismo yanqui y los acreedores externos. 

Mucho se habló previamente de que la versión aprobada en Diputados (y que se votaba en el Senado) tenía ciertos artículos “invotables” incluso para aquellos partidos patronales que acompañaban “en general” la aprobación exigida por La Libertad Avanza. En particular, se hablaba del artículo 30, por el que se derogaba partes de la leyes de Financiamiento Educativo, de Educación Nacional, de financiamiento del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnica Profesional y del artículo 12, que atentaba contra el financiamiento universitario. Un ataque en toda la línea a la educación pública y al sistema de ciencia y técnica. Pero funcionó la compra de votos, una vez más, más escandalosamente que nunca. La Libertad Avanza tiene en Senadores 20 bancas (21 si sumamos al tránsfuga de Luis Juez, con quien integran un interbloque). Sin embargo, se pudo ver, tanto en la votación en general como en particular, que el cartel marcaba repetidamente “45” o “46”. Los senadores de los gobernadores peronistas como el catamarqueño Jalil o el tucumano Jaldo, o Sáenz, el antiguo amigo de Massa, gobernador de Salta, más algunos de otras provincias (Jujuy), se sumaron a radicales, el PRO y legisladores de partidos provinciales. Todos revolcados en el mismo lodo, dándole el presupuesto de ajuste y la gobernabilidad que requería el ultraderechista Milei. La sonrisa de oreja a oreja de la impresentable nueva senadora (y ex ministra represora Patricia Bullrich), lo decía todo. 

Fue el último hecho político del año. El pueblo trabajador asistió con indiferencia a esta votación vergonzosa. Algunos llegaron a escuchar preocupados la amenaza navideña del presidente Milei: “ajustense los cinturones”, prometiendo más ajuste, despidos y recortes. La inmensa mayoría estuvo ocupada tratando de poder comprar, con salarios y jubilaciones pulverizadas, algo para la mesa de las fiestas. Miles ya no saben lo que es el aguinaldo, otros tanto, que sí lo cobran, lo tuvieron que usar íntegramente para pagar deudas. Están los que no saben si van a tener trabajo el año que viene. Los que se tienen que pasar las fiestas trabajando para alguna plataforma y así conseguir alguna moneda. 

El 2026 será, sin dudas, un año de luchas. Por el salario, contra los despidos, enfrentando los nuevos ajustes. Dando una fortísima pelea contra lo que se viene, la reforma laboral en primer lugar. Por eso, sigue siendo fundamental exigir a la CGT y las CTA que rompan con el inmovilismo o las declaraciones testimoniales, llamando a un paro general y un plan de lucha contra la motosierra de Milei, el FMI, el imperialismo yanqui y los gobernadores cómplices. Es lo que venimos sosteniendo tanto desde el sindicalismo combativo como desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.