Escribe Laura Marrone, legisladora porteña (m.c.) Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Una ley que nos llena de vergüenza acaba de votarse en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo un texto amañado y  tramposo, el 18 de junio la Legislatura porteña, con la casi totalidad de sus miembros, se sumó al acuerdo firmado por el presidente Fernández y la Embajada de Israel pocos días antes. El mismo adopta la definición de antisemitismo a todo acto que se realice contra judíos o instituciones judías, según la nueva definición adoptada por la Alianza Internacional para la Rememoración del Holocausto (IHRA). De esta manera, si alguien critica al gobierno de Israel estaría cometiendo un delito de antisemitismo, o si repudia la agresión del Estado de Israel contra el pueblo palestino estaría siendo “antisemita”.

La nueva definición ahora votada en la Legislatura de Buenos Aires busca confundir a quienes honestamente son solidarios con el pueblo judío contra el holocausto y la persecución que sufrieron a lo largo de la historia. Desmontemos la trampa. Antisemita no es igual a antisionista. Condenar al Estado de Israel es ser antisionista, porque el sionismo es el movimiento político que avala la represión, persecución y expropiación de las tierras del pueblo palestino. Pero desde ningún concepto es ser antisemita. Además, el término es equivocado ya que semitas son muchos pueblos de Medio Oriente, no solo judíos, y muchos judíos no son semitas. Los antisionistas estamos a favor de la creación de un nuevo Estado laico, no racista, democrático, donde palestinos y judíos indistintamente semitas muchos de ellos vivan con igualdad de derechos, como existía antes de 1948, cuando las potencias imperialistas enclavaron el Estado de Israel en las tierras palestinas.

Tanto nuestra organización nacional, Izquierda Socialista, como la corriente internacional a la que adherimos, la Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras – Cuarta Internacional (UIT-CI), tenemos una larga y consecuente trayectoria de repudio y combate a toda expresión o ataque racista contra el pueblo judío o cualquier otro. Pero aquí se trata de algo muy distinto, un engaño que debe ser aclarado y repudiado.

Esta ley surge porque la IHRA, alianza conformada por gobiernos de treinta y cuatro países, promueve equiparar la definición de antisemitismo con el antisionismo. Así, quien se atreva a cuestionar la criminal y genocida política anexionista que Israel está llevando a cabo en estos momentos contra el pueblo palestino de Gaza y Cisjordania sería antisemita, dado que Israel se declara judío. A través de estas acciones de la IHRA Israel busca cerrar filas de la gran mayoría de los gobiernos en apoyo al Acuerdo del Siglo que firmaron el presidente israelí Benjamin Netanyahu y el presidente Donald Trump en enero de este año. Dicho pacto otorga a Israel el derecho a seguir anexionando tierras palestinas.

Entre otros puntos, el acuerdo reconoce la soberanía sionista sobre los asentamientos de colonos en Cisjordania, que Jerusalén sea la capital de la entidad sionista y la anexión del valle del río Jordán. Plantea la expulsión de 300.000 palestinos de ciudadanía israelí hacia el pseudo Estado palestino, mientras que le niega el derecho al retorno a seis millones de refugiados palestinos, que en virtud del acuerdo dejarían de ser considerados refugiados. Se les negaría el derecho a recuperar sus propiedades robadas durante el proceso de colonización, o a obtener cualquier compensación económica. A cambio, se reconocería un pseudo Estado palestino a semejanza de los guetos o bantustanes del apartheid sudafricano, sin control de sus fronteras o de su espacio aéreo y marítimo. “Desmilitarizado” en el sentido de que se prohíbe a los palestinos armarse para defenderse de los ataques sionistas. Se le cederían a ese pseudo Estado dos franjas de tierra en el desierto y Gaza se mantendría sitiada. Se considera violatorio del acuerdo el apoyo a cualquier iniciativa de reivindicación nacional y antirracista como el movimiento antisionista de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

Esta aberrante propuesta es la continuidad de la agresiva política imperialista y racista de Trump en relación con el tema palestino. En los últimos tres años el gobierno yanqui ha avalado la ocupación ilegal por parte de las fuerzas sionistas de los Altos del Golán sirios y reconocido a Jerusalén como capital israelí, anunciando que instalará la embajada yanqui en esa ciudad. Cerró la misión diplomática palestina en Washington y eliminó la ayuda humanitaria y el apoyo a la agencia de refugiados de la ONU en Palestina. En diciembre de 2019 firmó una orden ejecutiva contra el movimiento BDS para criminalizar las críticas a Israel y equipararlas con antisemitismo.

Respecto de la votación favorable en la Legislatura del macrista Juntos por el Cambio y el peronista Frente de Todos, es inadmisible que tres legisladores que están cumpliendo ahora el mandato del FIT en la Legislatura porteña hayan votado a favor de esta aberración. Rechazamos la votación de Gabriel Solano (PO), Myriam Bregman y Alejandrina Barry (PTS) y los llamamos a retirar inmediata y públicamente su apoyo, acompañando el correcto voto contrario de la diputada de AyL Marta Martínez y la posición de Izquierda Socialista, consecuente con todo lo que el FIT ha planteado contra el genocida Estado de Israel y la persecución del pueblo palestino todos estos años, con declaraciones, marchas y actos acompañando el repudio que promueve el pueblo de Palestina.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad siempre nos hemos opuesto a estas iniciativas que buscan legitimar al Estado genocida de Israel. Además somos impulsores del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo de Palestina.

Convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, movimiento de mujeres y centros de estudiantes a pronunciarse contra el acuerdo de Trump y Netanyahu, así como contra esta ley y el acuerdo firmado por el gobierno nacional.

Una rectificación necesaria

Escribe Gabriel Schwerdt

Como hicimos público en la declaración de nuestra compañera Laura Marrone, repudiamos la aprobación en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por la cual se adhiere a la definición de antisemitismo impulsada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). A su vez, criticamos y exigimos una rectificación de la votación afirmativa de los legisladores del FIT-Unidad que en este momento están ocupando las bancas que pertenecen a PTS y PO. Por eso saludamos la rectificación que hicieron públicamente, es un paso positivo porque el error fue grave. Y es necesaria porque fueron muchos los activistas de la causa palestina que nos pidieron explicaciones por la equivocada votación. La rectificación también aclara las posiciones, porque cuando se comenzó a hacer pública la votación, el dirigente del PTS Manolo Romano, en su facebook, reivindicó la votación afirmativa de los legisladores ante la crítica de AyL. 

Lo ocurrido también es un alerta para no caer en las trampas del parlamento burgués, que permanentemente mete paquetes de leyes entre gallos y medianoche, como sucedió en este caso, para hacer aprobar aquellas que van en contra de los trabajadores y el pueblo. Los revolucionarios no podemos caer en esas maniobras.

A la vez que marcamos estos errores, nos pronunciamos clara y enérgicamente contra el ataque de la OSA (Organización Sionista Argentina), que declaró públicamente que iniciará acciones legales contra los tres legisladores por la rectificación pública. En su momento, nuestra compañera Laura Marrone también recibió ataques de las organizaciones sionistas por defender la causa palestina. Pero no nos harán callar, ni ceder un centímetro, en nuestra lucha por defender los derechos del pueblo palestino atropellados por el Estado sionista de Israel.

Editorial

En estas semanas se estará llegando al pico de la pandemia en la llamada Área Metropolitana Buenos Aires (capital y conurbano). En algunas provincias aparecieron rebrotes que obligaron a retroceder en las fases de la cuarentena. Crecen los contagios, dándose algunos resonantes, incluso entre políticos patronales, como los casos de Martín Insaurralde y María Eugenia Vidal. Todos sabemos que el sistema de salud puede colapsar en semanas, agravado por la saturación de las camas de terapia intensiva. 

El diagnóstico es claro. Lo repiten los epidemiólogos hasta el cansancio. Sin embargo, cualquiera que circule por los barrios de la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano encuentra cada día más gente en las calles. Es obvio que esto pone en riesgo a millones. Es urgente que podamos cumplir una cuarentena como corresponde. Pero la pregunta es ¿por qué sucede esto? El gobierno de Alberto Fernández responsabiliza a la gente cuando dice “querían correr, ahí tienen; podemos tirar todo el esfuerzo que hicimos”, aprovechando para “tirarle un palo” así al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. La realidad es bien distinta, decenas de miles salen de sus casas poniéndose en en riesgo de contagio por algo muy simple, están obligados a ir a trabajar porque los gobiernos, el nacional de los Fernández, el de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof, o el de CABA de Larreta, autorizaron a las patronales a abrir el 85% de las fábricas y un número importantísimo de comercios mucho más allá de lo que es realmente “esencial”. Otros, trabajadores precarizados y vendedores, se ven obligados a romper la cuarentena porque necesitan urgentemente llevar algún peso a su casa, ya que es imposible que una familia pueda sobrevivir con los 10.000 pesos del IFE, más aún cuando muchos recién lograron cobrarlo en las últimas semanas, a tres meses de iniciada la cuarentena. Entonces seamos claros, el auténtico responsable de que se esté rompiendo la cuarentena es el propio gobierno. 

Alberto Fernández asumió declamando que no iba a pagar la deuda a costa del hambre popular. Sin embargo, pasados apenas seis meses, ya salieron 4.500 millones de dólares hacia los bolsillos de los pulpos acreedores y el ministro Guzmán está en plena renegociación de la deuda, donde lo concreto es que semana a semana se le cede más a los buitres, con miles de millones de dólares, que en vez de ir a resolver la urgencia de la pandemia van a engordar sus bolsillos. Luego, ya comenzada la cuarentena, “prohibió” por decreto suspensiones y despidos, para inmediatamente aceptar que sucedan de hecho y, peor aún, junto con la burocracia de la CGT y la UIA pactaron reducir nuestros salarios. Y ahora se agrega el pago en cuotas del aguinaldo. El presidente también fijó por decreto el congelamiento de precios de dos mil productos de la canasta familiar, pero luego se dedicó a hacer la vista gorda mientras las grandes empresas y las cadenas de hipermercados los aumentaban astronómicamente pulverizando los salarios. Hace más de noventa días anunció un impuesto a las grandes fortunas, pero el proyecto ni siquiera fue presentado en el Congreso. Todo este recuento nos muestra la realidad del doble discurso del gobierno, palabras “lindas” por un lado, por el otro una realidad donde las únicas privilegiadas siguen siendo las grandes patronales.

Es fundamental continuar, fortalecer más aún la cuarentena. Pero la única cuarentena posible es sin hambre. Hay que prohibir de verdad los despidos y las suspensiones y retrotraer los que ya se han dado. Esta semana tuvimos el hecho impactante de los más de 1.700 compañeros de Latam que pretenden despedir mientras el gobierno y la CGT miran para otro lado. Es necesario que todos los que lo necesiten cobren un IFE de 30.000 pesos. Que se destine más comida a los barrios populares. En particular, tenemos que pelear por más presupuesto para salud para que existan los insumos y medidas de protección para sus trabajadores y por el más estricto cumplimiento de los protocolos en los lugares de trabajo. 

Lo que está en discusión, entonces, es de dónde puede salir la plata para financiar todo esto. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo decimos con todas las letras, de un impuesto a las grandes fortunas y ganancias, como lo establece el proyecto que ya hemos presentado en el Congreso Nacional. Con un impuesto a esas patronales (Techint, Citibank, HSBC, Perez Companc, Volkswagen, Chevron, Shell, Walmart,  los dueños de las grandes cadenas de supermercados, etcétera) podríamos recaudar 20.000 millones de dólares que, sumados a los que se podrían obtener con la inmediata suspensión de todo pago en concepto de deuda externa, serían más que suficientes para implementar un fondo de emergencia dedicado a resolver las más urgentes necesidades populares que ha generado la pandemia. Solo así podremos garantizar una cuarentena sin hambre, despidos ni rebaja salarial. 

Escribe Claudio Funes

Patricia es una enfermera despedida hace un año de un conocido centro médico de la CABA. Sin indemnización y sin subsidio alguno, vive con sus dos hijos y su marido, vigilador privado, en una modesta vivienda de la ciudad. La mamá de Patricia está internada en el hospital Penna, intubada; su papá, aislado en una habitación de su pequeña vivienda; su hermano, también intubado, está internado en un sanatorio de su obra social. Cuando su marido tuvo fiebre fue testado el grupo conviviente. El resultado fue Patricia y sus hijos dieron positivo y, afortunadamente, el hombre, no. Consecuencia, mujer e hijos fueron recluidos en un hotel preparado para pobres mientras el marido tiene que atender a todo el grupo familiar en distintas situaciones de tratamiento.

Este drama, que lo viven miles de trabajadores, no es captado por las cifras oficiales que, aun siendo exactas, disuelven en una estadística el tratamiento y los cuidados exquisitos que recibe, por ejemplo, el intendente Insaurralde, con el tratamiento que reciben Patricia, su papá y sus hijos. Hay otro problema que amenaza a los trabajadores, la saturación de camas en hospitales y obras sociales empieza a ser una realidad. En Florencio Varela, cuando aún no se alcanzó el pico de contagios del coronavirus, el 76,8% de las camas de terapia intensiva se encuentran ocupadas. En Esteban Echeverría la ocupación llega a 75 por ciento. Las obras sociales, saturados sus prestadores habituales, derivan sus pacientes a remotas y rudimentarias clínicas privadas.

La epidemia se está agravando

Mientras escribimos estas líneas, el ministerio de Salud informa que hubo 2.285 casos nuevos en la fecha, 23 de junio, llegando el total de casos comprobados a 47.216 de los cuales fallecieron 1.078. Del total de infectados informados, el 93% corresponde al área metropolitana de Buenos Aires.

Mientras desde el gobierno se alzan voces alertando sobre el agravamiento, se está discutiendo la necesidad de anunciar el jueves 25 un reforzamiento del aislamiento social obligatorio. Algunos funcionarios, como el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, han llegado a decir “hay posibilidades concretas de que colapse el sistema de salud”, ya que todavía no se llegó al pico de contagios de coronavirus. 

En los medios se desarrolla una batalla entre comunicadores y distintos políticos patronales. Están quienes culpan a una presunta irresponsabilidad del pueblo trabajador como los del Frente de Todos y, del otro lado, la oposición patronal de Cambiemos responsabiliza a la cuarentena.

¿Por qué llegamos a esta situación?

Tenemos que ser claros. No se le puede echar la culpa a la gente. La responsabilidad es del gobierno de Fernández, que permitió abrir el 85% de la industria a favor de las grandes patronales y multinacionales, y que somete a decenas de miles a romper la cuarentena porque no pueden sobrevivir con los 10.000 pesos de la IFE. 

Los gobiernos, nacional y provinciales, tampoco cuidaron a los trabajadores de la salud. Mientras se acusan entre Kicillof y Larreta de Cambiemos, esta semana fallecieron dos enfermeros en CABA y un médico en el Chaco. Estas terribles pérdidas dan la razón a los reclamos del personal de salud que los gobiernos y las patronales sanatoriales desconocen. En muchos casos ni siquiera recibieron los 5.000 pesos mensuales ofrecidos meses atrás.

La salud pública no está en condiciones porque en las últimas décadas los distintos gobernantes de todo tipo la han sometido al ahogo presupuestario, falta de tecnología y de recursos humanos. Ni la pandemia ha logrado un significativo aumento de su presupuesto después de casi cien días de cuarentena.

El gobierno del Frente de Todos es el principal responsable, pero no hay que olvidar la voracidad de las patronales que no aplican los protocolos ni brindan seguridad a sus trabajadores. Hay casos de contagios en Firestone, Coca-Cola (que tiene el 10% de la planta infectada) y la multinacional Procter&Gamble en el parque industrial de Pilar, para dar algunos ejemplos.

Además de un trabajador fallecido en el ferrocarril Mitre, hay contagios en las otras líneas ferroviarias. Esta semana la Línea Sarmiento fue interrumpida al habilitarse el protocolo por Covid-19 porque dos guardas, que habían estado en contacto estrecho con un portador positivo, manifestaron síntomas. Unos 37 trabajadores, que habían estado en contacto fueron desafectados lo que llevó a la paralización del servicio.

Con fortalecer la cuarentena no alcanza

La pandemia se combate sosteniendo la cuarentena sin hambre, despidos ni rebaja salarial. El gobierno debe hacer que sea posible el aislamiento. Para ello es necesario que la familia de cada trabajador debe recibir un ingreso que cubra sus necesidades y, entonces sí, pueda quedarse en cuarentena en su casa.

Tenemos que pelear por medidas de fondo, por nacionalizar la totalidad de las instalaciones privadas, sanatorios y laboratorios y ponerlas a trabajar bajo control de sus trabajadores. Este mismo tratamiento debe darse a todas las obras sociales, nido de corrupción de la burocracia sindical. La producción y la distribución de insumos, el testeo, reactivos, medicamentos, vacunas y todo otro elemento necesario para combatir la pandemia debe pasar a manos del Estado bajo control de sus trabajadores.

Todo este esfuerzo será financiado con un impuesto especial a la riqueza a las grandes patronales y   multinacionales junto al no pago de la deuda externa. Para lograrlo, será necesaria la movilización de los trabajadores en defensa de la salud del pueblo.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Cada vez se conocen más datos del desfalco de Vicentin. Aparte del préstamo de 18.000 millones de pesos del Banco Nación y el no pago de lo adeudado a 2.600 productores, se descubrió que vendió parte de las acciones de Renova, una empresa ligada al grupo, por 122 millones de dólares, y ese dinero fue a sus accionistas, no a pagar deudas. Directivos del Nación denunciaron que recibió más de trescientos préstamos irregulares. También Vicentin sacaba la soja para exportar desde Paraguay para evadir impuestos, porque en el país vecino no se pagan retenciones ni IVA. Pero a pesar de todo esto el gobierno retrocedió con su propia definición de la expropiación. Solo queda una intervención que ya ni siquiera es tal, porque un juez pasó a los interventores oficiales como veedores y se repusieron los directivos de Vicentin. Ahora el gobernador Perotti presentó la propuesta de cambiar a los directores, no a los accionistas, dejando claro que no es ningún ataque a la “propiedad privada”. Es decir, más que “reformular” la propuesta, el gobierno está retrocediendo de sus propios dichos. A tal punto que el titular de Coninagro dijo que el presidente habría dado “un giro a la derecha”.

Detrás de las razones de este retroceso hay muchas versiones. Si el gobierno lo hizo después de los banderazos y la decisión del juez que rechazó la intervención, porque no le daban los votos para aprobar la ley en caso de enviarla al Congreso, o si se debe a que Alberto Fernández está entre fuegos cruzados al interior de su propio gobierno, Perotti por un lado (posición más conservadora), o el fogoneo de la expropiación por parte del kirchnerismo. Pero la razón central hay que buscarla en el consabido doble discurso del peronismo del Frente de Todos, anunciar una cosa y hacer otra. O lo peor, anunciar una expropiación y ante la menor crítica archivar la propuesta.

Es el propio presidente quien dijo varias veces que su objetivo era “salvar a la empresa” y que en todo caso si la expropia es para formar una sociedad mixta donde se cambien los malos nombres de los actuales empresarios por otros. Pero lo único que hay es una mera intervención. A tal punto que salió una solicitada con ese eje solo (ninguna mención a la palabra expropiación) firmada por Daer, Cavalieri, Caló, Pignanelli, Moyano, pasando por Yasky, Baradel, Cachorro Godoy y hasta Pianelli, del subte, y Daniel Yofra, de la Federación de Aceiteros.

Este retroceso se une a que el gobierno también desactivó el impuesto a la riqueza, tantas veces anunciado y nunca concretado, mientras acordó una rebaja salarial de 25% junto a la UIA y la CGT. Ahora el pago del aguinaldo en cuotas después de subsidiar el 50% de los salarios a grandes empresas y multinacionales, generando insatisfacción hasta en sus propios votantes.     

Por qué hay que estatizar 100% a Vicentin

Porque es una necesidad para resguardar los miles de puestos de trabajo, pagar las deudas a los pequeños chacareros, para que devuelva los 300 millones de dólares al Nación y, fundamentalmente, para que sus grandes facturaciones de entre 3.000 a 4.000 millones de dólares anuales no se vayan a sus accionistas, al lavado de dinero o al exterior, sino que vayan para beneficio del país y el pueblo trabajador.

Macri, la UCR, la Sociedad Rural y los grandes empresarios agitan que se está “violando la propiedad privada” de Vicentin con el claro objetivo de salvar a la empresa. Bajo el gobierno anterior se atacaba todos los días la “propiedad privada” de millones con el robo a los salarios y las jubilaciones, se aplicaban brutales tarifazos al servicio de la “propiedad privada” de las privatizadas y se endeudó sideralmente para aumentar la propiedad privada de los usureros internacionales. Por eso no van las medias tintas. Proceder a estatizar Vicentin es clave. Y que sea en un ciento por ciento. Es la única propuesta “superadora” de la que tanto se habla.

Cuando el gobierno dice que hay que “rescatar” a la empresa vía una sociedad mixta (Estado y capitales privados) va a significar que el Estado siga poniendo plata para salvar las ganancias capitalistas. Uno de los directores del Central, el centroizquierdista Claudio Lozano, habla de crear una empresa “pública no estatal”, que sería más o menos lo mismo. Ojo con estas trampas.

Que pase a manos del Estado es para que las grandes ganancias que se hacen con el negocio agroexportador y alimentario queden para el país, lo que permitiría ahora, por ejemplo, destinarlas para la salud, los hospitales y la emergencia. Y para evitar que haya corrupción o negociados, como pasó en Aerolíneas con el manejo de La Cámpora. Vicentin ciento por ciento estatal debe ser controlada, gestionada y administrada por sus trabajadores y pequeños chacareros, los únicos interesados en que funcione de manera transparente y bajo el interés nacional. Medida que debería ser un primer paso para avanzar en la nacionalización del comercio exterior y que sea monopolizado por el Estado. Para quitarle el manejo millonario de ese gran negocio a las multinacionales yanquis como Cargill y Bunge, la francesa Dreyfus y la china Cofco. Esa es la política que postulamos desde Izquierda Socialista y que hizo el proyecto de ley el Frente de Izquierda Unidad, el único presentado para ajustar cuentas de verdad contra estos empresarios “vivos” que siguen quedando en la impunidad.

Escribe Diego Martínez

Hace días que no se producen novedades sobre el proyecto de impuesto a las grandes riquezas del peronismo. A esta altura pareciera que va a caer en saco roto. Mientras tanto el gobierno se prepara para tratar rápidamente en el Congreso un proyecto de moratoria para las grandes empresas, a las  que les sigue otorgando grandes beneficios. El ajuste y la crisis siguen. Hay que imponer un verdadero impuesto a las riquezas de forma urgente.

El gobierno salva a los empresarios

El proyecto de ley de moratoria se va a presentar en acuerdo con Juntos por el Cambio. La reducción de las deudas empresariales que hasta ahora solo abarcaba a las pymes va a contemplar también a las grandes empresas, quienes van a ser beneficiadas por una quita de 10% de sus deudas. La moratoria se va a empezar a pagar recién en noviembre, con lo cual otra parte se va a licuar por la inflación y el plazo de pago total va a ser de hasta diez años, lo que va a reducir aún más en términos reales el monto de esas deudas.

Este beneficio se suma a los que ya viene otorgando el gobierno, como el pago del 50% de los salarios (ATP). Una “ayuda” que alcanzó a grandes empresas y multinacionales de más de un millar de empleados que tienen la espalda necesaria para soportar la crisis, como Clarín, cuyo CEO, Héctor Magnetto, tiene una fortuna personal cercana a los 1.000 millones de dólares; Techint, una empresa que en el primer semestre de 2019 aumentó sus ganancias 20% con respecto a 2018 y opera en cien países siendo una de las poquísimas multinacionales argentinas, y el Grupo internacional Latam Airlines, que en 2019 tuvo ganancias por 190 millones de dólares y ahora pretende cerrar la filial argentina por no resultar “rentable” debido a la inactividad producto de la cuarentena.

Tal es el aprovechamiento de la pandemia que hacen las patronales para ajustar a los trabajadores, facilitado por el gobierno, que algunas empresas esenciales, que vienen produciendo y facturando normalmente, también están cobrando el subsidio, aduciendo pérdidas falsas y, sin embargo, no pagan en tiempo y forma el monto restante del sueldo a los trabajadores, ¡caraduras!

Como si esto fuera poco, el gobierno acordó con las patronales y la vergonzosa colaboración de la CGT, la reducción (como mínimo) de 25% de los salarios de los trabajadores que están en cuarentena.

Para los trabajadores solo hay ajuste

El 41% de las empresas del país se encuentra en situación de morosidad. Mientras el gobierno es muy benevolente con las grandes empresas para condonarles una parte de su deuda y financiarlas en cómodas cuotas, a los trabajadores nos cortan el servicio si no pagamos la luz o el gas y por las tarjetas de crédito nos cobran intereses altísimos si nos atrasamos en el abono del resumen. Lo que le pasa a cada familia trabajadora sucede en todo el país. El gobierno beneficia a los grandes empresarios y ajusta, junto con las patronales, a los trabajadores.

 A los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales ahora se podría sumar un ajuste a los trabajadores en negro y cuentapropistas. Estarían evaluando dar de baja el ingreso familiar de emergencia porque resultó muy “costoso”. Los 90.000 millones de pesos que invirtió el gobierno para el IFE representan menos de un tercio de los 300.000 millones de pesos que las empresas deben al Estado, una burla.

Ya se levantaría el IFE en aquellas provincias, principalmente las del Norte, donde prácticamente no hay cuarentena y las economías regionales “funcionan normalmente”. ¿El gobierno cree realmente que en esas provincias los problemas sociales empezaron con la cuarentena? Tan falso es este discurso que lo desmintió, de hecho, el ministro Arroyo, al reconocer: “El IFE está llegando a nueve millones de personas, eso demuestra el nivel de deterioro en el que estaba la asistencia social del Estado. La situación social va a ser crítica, más allá de lo que pase con la pandemia” (Clarín, 18/6/2020). Si es consecuente con sus dichos, el ministro de Desarrollo Social debería mantener el IFE en todo el país y aumentar su monto a una suma que realmente le alcance a una familia para vivir.

Apoyemos el proyecto del FIT Unidad de impuesto a las grandes fortunas

Las grandes empresas dicen que no pueden pagar más impuestos porque la presión tributaria en la Argentina es “sofocante”. Eso es mentira. Los impuestos a las patronales en el país representan aproximadamente el 12% del total de la recaudación tributaria, mientras que en el resto del continente son del 25 por ciento. Mayor aún es la brecha si comparamos Europa.

También es falso que todos estén perdiendo en la pandemia. Durante la cuarentena el Grupo Mercado Libre tuvo un crecimiento de sus acciones de 6.000 millones de dólares. Otro tanto sucede con los grandes pulpos del campo y de la industria alimentaria, como Arcor. Movistar ganó solo en el primer trimestre de 2020 460 millones de euros. Y los bancos siguen amasando fortunas.

Y las que tienen menos actividad son compensadas con los cuantiosos subsidios y beneficios que les da el gobierno. Cuando empezó la cuarentena Alberto Fernández dijo que era hora de que “ las empresas ganen menos”, pero después no hizo más que beneficiarlas para que mantengan sus ganancias o las aumenten mientras los trabajadores estamos cada vez peor. Puro doble discurso.

 La emergencia sanitaria es cada vez mayor. En las próximas semanas el sistema de salud se podría saturar en el AMBA. Siguen sin alcanzar los insumos para evitar el contagio entre los médicos, siguen las rebajas salariales, cierran los pequeños comercios y crece la pobreza a casi 50 por ciento. El impuesto a la riqueza es una necesidad imperiosa. ¿Cómo puede ser que en medio de la tremenda crisis de la pandemia los grandes empresarios sigan incrementando sus fortunas personales y no se los toque?

Hay que imponer de forma urgente un verdadero impuesto a las riquezas como el que presentó el Frente de Izquierda Unidad en el Congreso, cuyo tratamiento fue rechazado en unidad por Juntos por el Cambio y el peronismo en todas sus variantes. Hay que recaudar 20.000 millones de dólares de las grandes fortunas del país y de empresas como las que citamos más arriba, junto con el no pago de la deuda externa, constituir un fondo de emergencia para pagar un ingreso familiar de emergencia a cobrar todos los meses de forma nominal cuyo monto sea de 30.000 pesos, fortalecer el sistema de salud antes de que se sature y evitar que los pequeños comerciantes se vayan a la ruina otorgándoles créditos a tasa cero. ¡Que la crisis la paguen los patrones. No el pueblo trabajador!