Escribe José Castillo

Apenas asumió, Javier Milei puso al Banco Nación en la lista de empresas estatales a privatizar. Recordemos que fue la lucha de los propios trabajadores y trabajadoras del banco, con una amplísima solidaridad social, la que logró sacarlo de esa lista.

Ahora, el gobierno de La Libertad Avanza le encontró “otra función” al Banco Nación, presidido por el karinista Darío Wasserman, esposo de la titular de La Libertad Avanza porteña, Pilar Ramírez: otorgarles a sus propios funcionarios créditos por millones de dólares, con el objetivo de que se compren lujosas mansiones.

Repasemos la lista de los más importantes. Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete de la ministra Sandra Pettovello, recibió 400 millones de pesos. El diputado Juan Bongiovanni, de La Libertad Avanza, consiguió 185 mil dólares. Juan Pablo Carreiro, “Juan Doe”, tuitero de ultraderecha, recibió 112 millones.

Una larga lista de beneficiarios pertenece al riñón del ministro de Economía. Ahí están Felipe Núñez, asesor de Luis “Toto” Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, con 475 millones, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, con 367 millones.

Increíblemente, la defensa del gobierno es que “todo habría sido legal”. Una auténtica vergüenza: millones de personas de las clases populares están endeudadas por haber tenido que usar sus tarjetas de crédito para comprar comida y hoy no pueden pagar. El gobierno no les ofrece ninguna salida; al contrario, les promete más motosierra. Para quienes sí hay plata es para enriquecer a sus funcionarios y militantes. Realmente indignante.

Escribe José Castillo

El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación del Coimagate, detectó nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Andis. En este contexto, pidió 29 indagatorias, entre las que se incluyen las ampliaciones de Diego Spagnuolo, íntimo amigo del presidente Javier Milei que estuvo al frente del organismo, y del lobbista Miguel Ángel Calvete, ambos ya procesados por ser considerados jefes de la asociación ilícita que funcionó en esa dependencia. Según el dictamen del fiscal, se trata de maniobras, desfalcos y coimas por 75 mil millones de pesos en favor de un grupo de empresarios y funcionarios involucrados.

Picardi describió que los “nuevos hallazgos” demuestran que más de 20 empresarios formaron parte de un entramado delictivo en la Andis, que fue “conducido desde el sector público por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian”.

Picardi explicó que las novedades “no constituyeron hechos aislados, sino que respondieron a un entramado de vínculos personales, económicos y funcionales que garantizó la manipulación de compras públicas de manera permanente”. Volvieron a aparecer referencias a descuentos de un 3%, la misma cifra que iba a parar a manos de Karina Milei, según se le escucha decir en audios filtrados a Diego Spagnuolo.

El círculo se cierra. Cada vez es más innegable que Spagnuolo y Karina Milei se robaban la plata que debía destinarse a discapacidad, en complicidad con sus empresarios amigos.

Foto de portada: Clase pública en frente a la Facultad de Ciencias Sociales

Escribe Mercedes de Mendieta, Docente UBA y diputada nacional electa de Izquierda Socialista FIT-Unidad

Luego de que el 20 de abril venciera el plazo del segundo fallo de la Justicia para que Javier Milei cumpla con la aplicación de la ley de financiamiento universitario, la cuarta marcha federal universitaria ya tiene fecha: será el 12 de mayo, convocada por la FUA, el CIN y el Frente Gremial. Estamos en una pulseada por el futuro de la educación pública y gratuita.

A pesar de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la orden de actualizar los salarios de las y los trabajadores universitarios y las becas estudiantiles, el gobierno de Milei sigue sin cumplir la ley. El fallo fue notificado el 31 de marzo y, al 20 de abril, cuando vencía el plazo, no solo no se transfirieron a las universidades nacionales los fondos por la deuda salarial, sino que el instructivo de liquidación de sueldos que la Subsecretaría de Políticas Universitarias envió dispone un “aumento” del 1,7% (sin ningún tipo de negociación paritaria) para abril, una burla total. Este “aumento” es en realidad una nueva rebaja salarial, ya que la inflación de marzo fue del 3,4%, exactamente el doble. Muy lejos de la recomposición del 51% que establece la ley conquistada en las calles.

En paralelo, el gobierno de Milei evalúa llevar el conflicto a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, mientras activa en el Congreso negociaciones con sus cómplices para modificar la ley de financiamiento universitario, algo que ya intentó en las sesiones extraordinarias de febrero. No olvidemos que esta modificación implica un “aumento” del 12,4% en cuotas hasta septiembre, es decir, un recorte salarial.

El gasto que Milei dice “imposible de pagar” representa, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, solo el 0,23% del PBI, un monto ínfimo. Por ejemplo, ese monto podría pagarse 15 veces con las exenciones impositivas previstas en el presupuesto nacional 2026, que alcanzan el 3,4% del PBI. Solo las exenciones en el impuesto a las ganancias, del 0,62%, representan más del doble del costo de la ley universitaria.

Se profundiza la fuga de cerebros

Como ocurre con la mayoría de las y los trabajadores del país, la situación salarial se volvió insostenible. Un ayudante de primera cobra, por 10 horas semanales, 250 mil pesos. Más de 10 mil docentes ya renunciaron a sus cargos. Esto implica no solo una pérdida de profesionales y una profundización de la fuga de cerebros, sino también un impacto directo en el cierre de comisiones y en la reducción de la oferta horaria, con mayor precarización laboral para quienes resisten. Un ejemplo es la Facultad de Agronomía, donde renunciaron 100 personas entre docentes e investigadores.

Frente a esto, los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, cuyos intentos de negociar con el gobierno a espaldas de la comunidad universitaria han quedado expuestos, fueron cuestionados por la lucha de docentes, no docentes y estudiantes. Indigna escucharlos criticar, casi por igual, al gobierno de Milei, responsable de incumplir la ley, y a los paros docentes que defienden la universidad. Incluso el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y otros rectores amenazaron con descuentos a quienes adhieran a los paros, una práctica funcional a la motosierra de Milei y completamente regresiva frente a quienes impulsan la lucha.

Construyamos la masividad de la cuarta marcha

Las federaciones gremiales docentes (Conadu y Conadu Histórica) convocaron a paros escalonados en las semanas del 13 y del 27, mientras que la Fatun, que nuclea a las y los trabajadores no docentes, impulsa medidas para el 23 de abril. Por eso, es imprescindible profundizar el plan de lucha. No alcanzan las medidas parciales ni las negociaciones por arriba. Es necesario convocar de manera urgente a instancias interclaustros e interfacultades que permitan organizar la resistencia desde abajo, articulando a docentes, no docentes y estudiantes en un plan de lucha común.

Finalmente, luego de meses de exigencia, la cuarta marcha federal ya tiene fecha: el 12 de mayo hacia Plaza de Mayo y todas las plazas del país, convocada por la FUA, el CIN y el Frente Gremial. Pero no podemos confiar en los rectores que negociaron a espaldas de la comunidad universitaria ni en las conducciones de las federaciones estudiantiles radicales y peronistas, que no llaman a organizar a las y los estudiantes. La tarea ahora es volver a ser millones, como el 23 de abril de 2024, cuando una marea llenó las calles en defensa de las universidades. Porque lo que está en juego no es solo un presupuesto: es el futuro de la educación universitaria pública, gratuita y de excelencia, la producción de conocimiento y el sistema de ciencia y técnica al servicio de un proyecto de país independiente de las multinacionales, el FMI y el imperialismo yanqui.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

Los debates en el peronismo para armar un frente contra Javier Milei reeditan viejas alianzas que ya han llevado a la decepción. Lo que necesita el pueblo trabajador no es un nuevo frente patronal, sino una nueva alternativa política como lo postula el Frente de Izquierda Unidad.

La crisis social, agravada por los escándalos de corrupción, erosiona cada vez más al gobierno de Milei. Frente a su pronunciado desgaste, los distintos sectores en que se divide el peronismo comienzan a plantear un objetivo: intentar construir un frente electoral anti-Milei. “Hablan de enfrentar a Milei, pero en su fuero íntimo se preparan para la competencia interna”, dice un medio. No convocan a aprovechar la crisis del gobierno para llamar a derrotar a su plan motosierra, sino pensando en las elecciones de 2027. Plan motosierra que también aplican los gobernadores.

El propio anuncio de hacer un frente amplio contra Milei puede generar algún grado de simpatía. Pero lejos de representar una novedad, sería una nueva reedición de alianzas entre políticos patronales que ya gobernaron, como el Frente de Todos y Unión por la Patria, llevando a amplios sectores a la una justa desilusión. Grabois ya lanzó su candidatura y Kicillof de hecho está en eso. 

Pichetto, Uñac, Massa…

En febrero de este año, el peronista de centroderecha Miguel Ángel Pichetto (quien gobernó con Macri) le propuso a Cristina Fernández la conformación de “un frente democrático, capitalista y productivo”, una definición que deja en claro los límites de ese armado y su compromiso con los mismos intereses económicos de siempre.

El senador Sergio Uñac (que votó la reforma a la ley de glaciares en favor de las mineras) planteó una gran interna abierta. Sergio Massa también está activo. Dicen desde distintos sectores que el armado se podría completar con los gobernadores con peluca que le garantizaron los votos al oficialismo para que salga la reforma laboral y la ley de glaciares: los peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta). Aliados de Milei que podrían ser exonerados. 

Kicillof y la propuesta de Máximo y Cristina

Axel Kicillof ensaya gestos de apertura hacia sectores del radicalismo y del macrismo con acuerdos con Maximiliano Pullaro y reuniones con los ex macristas Nicolás Massot y Emilio Monzó. Desde su entorno plantean la necesidad de “ampliar” el frente más allá del peronismo. “Me encontré con una persona diferente. Lo vi con los pies sobre la tierra”, dijo Massot de Kicillof.

Del otro lado, Máximo Kirchner intenta fijar condiciones para esa ampliación. ¿Qué propone? Un acuerdo sobre tres puntos: deuda externa, modelo productivo y reforma al Poder Judicial. Sobre el tema de la deuda su plan sería “que se va a pagar, no quieren un default, pero se tienen que sentar a discutir las condiciones.” (Página12, 19/4). ¿Pero qué modelo productivo puede haber si propone pagar una deuda usurera y fraudulenta? Discutir mejores condiciones lleva a la trampa de que puede haber acuerdos buenos con el FMI. Una mentira total. 

Este punto ordenador de un posible frente para La Cámpora implicaría un condicionamiento estructural que traerá mayores penurias para el pueblo trabajador.

Así, la llamada “oposición” se configura sin cuestionar los pilares del modelo: brutal ajuste, saqueo y dependencia. Es un frente que puede reunir desde gobernadores que acompañaron al oficialismo, a sectores del radicalismo, ex macristas, e incluso a figuras ajenas a la realidad cotidiana del país. 
Frente a este escenario, el Frente de Izquierda Unidad se plantea como una alternativa política independiente de los gobiernos y de los bloques que administran el ajuste. Su crecimiento no responde a acuerdos de cúpula, sino a una construcción sostenida en las luchas. No se trata solo de disputar elecciones, sino de construir una salida propia de las y los trabajadores. Frente a los intentos de reciclar lo ya conocido, la verdadera novedad sigue siendo que quienes nunca gobernamos podamos hacerlo: la izquierda junto al pueblo trabajador.

Mariano Soria fue entrevistado por Eduardo Feinmann en A24 sobre el Día de Preso Palestino.