Escribe José Castillo

Javier Milei sigue inventando instrumentos para atacar al pueblo trabajador. Ahora copia del gobierno de Donald Trump la posibilidad de “cerrar” el Estado. Busca tener las manos libres para dejar de pagar salarios, jubilaciones o incluso suspender la prestación de servicios básicos.

El gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza continúa con su plan de guerra contra las y los trabajadores y demás sectores populares. Esta vez se le ocurrió algo que pretende utilizar en dos dimensiones. Por un lado, como un nuevo guiño de alineamiento servil con Trump, al copiar un mecanismo que funciona en Estados Unidos y del que el propio presidente yanqui ha hecho uso y abuso. Por el otro, y sin duda esto es lo más importante, para seguir sumando herramientas a su ataque permanente contra los sectores populares y su política de entrega.

¿Qué es el “shutdown”?

Se trata de una práctica administrativa que tiene décadas en Estados Unidos. Consiste en que, si el Congreso no logra ponerse de acuerdo y votar un presupuesto, el Poder Ejecutivo no puede seguir funcionando con el anterior. Entonces se “cierra” la administración pública. De hecho, “shutdown” puede traducirse como “cierre”.

En la práctica, un montón de actividades catalogadas como “esenciales” y “de seguridad nacional” siguen funcionando, como escuelas, hospitales, servicios sociales, las Fuerzas Armadas o la policía. Lo mismo ocurre con las innumerables tareas que no dependen del Estado federal, sino de las administraciones locales. En concreto, cierran bibliotecas, se dejan de publicar informes estadísticos, no hay atención al público en embajadas o consulados y se dejan de iniciar trámites en general.

¿Qué quiere hacer Milei?

Lo que plantea, bajo el mismo nombre, es algo absolutamente distinto. De hecho, durante sus dos primeros años de gobierno, el presidente aprovechó que en nuestro país la legislación es diferente a la yanqui. Acá, si un nuevo presupuesto no es aprobado, automáticamente se prorroga el del año anterior, lo que en la práctica le da “manos libres” al gobierno para hacer lo que quiera, ya que ese presupuesto viejo seguramente quedó totalmente desactualizado por la inflación.

Así gobernó Milei en 2024 y 2025, bloqueando deliberadamente cualquier acuerdo sobre un nuevo presupuesto. Fue una herramienta central para su política de “motosierra”.

Lo que, al parecer, Milei pretende llevar al Congreso está alineado con su reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que pasará a tener prohibido financiar al gobierno, es decir, emitir. Si el dinero que ingresa por los impuestos no alcanza, ahí operaría el “shutdown”.

No es algo novedoso. Nos recuerda al “déficit cero” implementado por Domingo Cavallo y Patricia Bullrich en julio de 2001, durante los últimos meses del gobierno de Fernando de la Rúa. En ese momento, se priorizaba mensualmente que hubiera fondos para cumplir con los pagos de la deuda externa. Si luego no alcanzaba para el resto de los gastos, se procedía a recortar. Así se les descontó el 13% a todas las jubilaciones y los salarios del sector público.

El “shutdown” de Milei sería una versión más ultraderechista y radicalizada de aquella política de la Alianza. Ahora, si el dinero no alcanza, después de establecer como esenciales y, por lo tanto, prioritarios los vencimientos de la deuda, se procedería a “cerrar” el Estado.

Qué significa esto en concreto está por verse, pero, conociendo las políticas de Milei, queda claro que lo que estará seriamente en riesgo serán los salarios estatales, las jubilaciones y el conjunto de las prestaciones sociales. Tampoco cabe ninguna duda de que los organismos que se “cerrarán” serán aquellos que hoy mismo están bajo ataque del gobierno, como las universidades y los organismos de ciencia y técnica.

Parece interminable la imaginación de Milei para atacar al pueblo trabajador. Tenemos que prepararnos para enfrentarlo, denunciando y repudiando estas iniciativas y, por supuesto, oponiéndonos en el Congreso, algo que, dicho sea de paso, solo garantiza plenamente el Frente de Izquierda Unidad.

Se vote o no, habrá que movilizarse si el gobierno intenta llevarlo adelante. Es parte de la pelea contra la motosierra de Milei y el FMI, a la que hay que oponerle un plan de lucha y la exigencia a la CGT de que rompa su vergonzosa tregua y llame a un paro general para enfrentarlo, tal como planteamos desde el sindicalismo combativo.

Escribe José Castillo

La Argentina formalizó su adhesión a la Pax Silica el pasado 26 de junio de 2026. Se trata de una alianza internacional impulsada por Estados Unidos para asegurar la cadena de suministro global de inteligencia artificial (IA), semiconductores y tecnología avanzada. El objetivo del acuerdo es, por supuesto, alinear detrás del imperialismo yanqui a los proveedores estratégicos para garantizar, por un lado, las inversiones de empresas estadounidenses y, por otro, el aprovisionamiento de recursos clave. 

El acuerdo busca agrupar a más de 35 países “aliados” para controlar la provisión de minerales críticos (como el litio y el cobre), frenar la influencia geopolítica y comercial de China en el sector y, por supuesto, cortar de raíz cualquier atisbo de desarrollo independiente por parte de algún firmante. La coalición reúne a los principales eslabones de la cadena de suministro de inteligencia artificial: semiconductores (Japón, Corea del Sur, Países Bajos), minerales críticos (Australia, India), energía y capital (Qatar y Emiratos Árabes Unidos), conectividad (Singapur), diseño de chips (Reino Unido e Israel), todo bajo el liderazgo tecnológico y estratégico de Estados Unidos. Argentina entra como “último orejón del tarro”, garantizando al bloque sus cotizadas reservas de litio. 

La incorporación de Argentina a la Pax Silica representa una preocupante renuncia a la soberanía, al subordinar de manera explícita el interés nacional a las directrices de la competencia geopolítica de los Estados Unidos contra China. Lejos de garantizar una inserción internacional inteligente, esta decisión encadena al país a una lógica de “Guerra Fría tecnológica” donde las prioridades son fijadas en Washington, limitando el margen de maniobra de Argentina para actuar de forma soberana en beneficio de su propio desarrollo.

Asimismo, desde la perspectiva económica y productiva, la alianza profundiza una matriz extractivista al relegar al país al rol pasivo de mero proveedor de materias primas y energía para la infraestructura de inteligencia artificial de las transnacionales imperialistas. Bajo el amparo de regulaciones como el RIGI y el súper RIGI, la entrega de recursos estratégicos no renovables como el litio y el cobre se realiza sin exigir la obligatoriedad de transferencia tecnológica ni el fomento de una cadena de valor local que promueva la industrialización o la fabricación de semiconductores en nuestro país. Así, la Pax Silica funciona más como un mecanismo de aseguramiento de insumos críticos para la seguridad económica yanqui que como un motor de desarrollo endógeno, perpetuando y profundizando nuestra semicolonización, ya que cedemos la soberanía sobre recursos clave a cambio de promesas de un financiamiento que sólo terminará engrosando las superganancias de los pulpos multinacionales tecnológicos. 
            

Escribe Mercedes De Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

La foto de Javier Milei con gobernadores “dialoguistas” del PRO, la UCR y el peronismo en Tucumán busca sellar un pacto de complicidad para imponer una nueva tanda de reformas reaccionarias, mientras el Gobierno pagaba más de 4.800 millones de dólares de deuda externa.
 
En su discurso, el presidente fue contundente en su llamado a los gobernadores a “hacer una renovación de los votos” y “ratificar el compromiso con el Pacto de Mayo”. Enumeró los proyectos que impulsará en el Congreso y pidió “sentar las bases de un nuevo pacto”. Mientras el gobierno necesita los votos de diputados, diputadas y senadores ligados a los gobernadores, estos últimos buscan negociar algunas migajas para sus cajas provinciales. El resultado es un pacto de conveniencias mutuas que seguiremos pagando las y los trabajadores.

Entre los cómplices estuvieron presentes gobernadores “dialoguistas” como el santafesino Maximiliano Pullaro, el mendocino Alfredo Cornejo, Ignacio Torres de Chubut, el chaqueño Leandro Zdero, el entrerriano Rogelio Frigerio y el salteño Gustavo Sáenz, entre otros. También participaron mandatarios provinciales del peronismo como el catamarqueño Raúl Jalil, el santiagueño Gerardo Zamora, el riojano Ricardo Quintela y el tucumano Osvaldo Jaldo, además del neuquino Rolando Figueroa, Elías Suárez y hasta la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

El viaje de los gobernadores radicales, del PRO y peronistas a Tucumán fue un “gesto” de gobernabilidad después del derrumbe y la crisis que provocaron Adorni y su cascada.

Pero, sobre todo, fue una muestra del intento de reeditar un nuevo “Pacto de Mayo”, con el que Milei busca garantizar un “blindaje” legislativo para la nueva tanda de reformas. Claro, no es la primera vez, diputados y senadores ligados a  gobernadores como Jalil, Jaldo o Cornejo fueron claves para avanzar en la Ley Bases, el veto a las y los jubilados o la reforma laboral esclavista. Gobernadores que son también parte de la mesa nacional del litio al servicio del saqueo y apoyaron la regresiva modificación de la Ley de Glaciares.  

Ahora, entre las nefastas “iniciativas” sobre la mesa se encuentra Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por Federico Sturzenegger, que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros, limita las expropiaciones, facilita los desalojos y elimina restricciones para cambiar el uso de tierras incendiadas, al servicio de la extranjerización y el remate de nuestras tierras.

Se suman otros proyectos, como la modificación del régimen de Zonas Frías, que significará nuevos tarifazos sobre el pueblo trabajador; la mal llamada Ley de Inocencia Fiscal, a favor del lavado de dinero; y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, para prohibir que próximos gobiernos puedan realizar emisión monetaria. El gobierno tiene claro que nada de esto podría avanzar sin acuerdos políticos y la complicidad de los gobernadores. A cambio, los gobernadores buscan negociar algunas migajas. El nuevo Jefe de gabinete Santilli, en línea con Karina Milei, dejó en claro que no hay marcha atrás frente al reclamo de financiamiento para las obras públicas de las provincias, mientras abrió la posibilidad de habilitar partidas en concepto de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN); cancelar deudas, como las que ya se convinieron entre Anses y algunas cajas provinciales de jubilación bajo la mediación de la Corte Suprema; o autorizar endeudamiento o adelantar fondos de la Coparticipación.

Más allá de sus diferencias y matices, existe un acuerdo entre el gobierno de Milei y los gobernadores en torno a un modelo extractivista y al servicio del FMI y el saqueo. Detrás de los gobernadores aparecen los intereses de las petroleras de Vaca Muerta, las mineras del litio, el agronegocio, las constructoras, los bancos y las multinacionales, punto que los une al gobierno nacional.

La imagen de Tucumán mostró que el gobierno teje sus redes de complicidad de la mano de gobernadores de todos los colores políticos, incluido el peronismo, para avanzar con una nueva tanda de reformas contra el pueblo trabajador que tendremos que enfrentar en las calles. En Tucumán no se celebró la independencia. Se firmó un nuevo pacto al servicio del FMI y las multinacionales.

Escribe Mercedes De Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

Milei prepara una reforma político-electoral antidemocrática hecha a la medida de La Libertad Avanza y de los partidos patronales. Aunque desde la Casa Rosada se decidió postergar la discusión para después de julio, ya dejó correr algunos de los ejes de la negociación: eliminar las PASO, suprimir los espacios gratuitos de publicidad electoral y abrir el debate sobre la habilitación de listas colectoras. Pero más allá de estos puntos, advertimos que el proyecto va más allá y busca modificar leyes que regulan la existencia, funcionamiento y financiamiento de los partidos en un claro intento de proscripción de las minorías y en particular a la izquierda en un contexto dónde viene creciendo la simpatía hacia la figura del Myram Bregman y el FIT Unidad. Este tipo de reformas antidemocráticas es parte del programa de la ultraderecha mundial como está intentando implementar Trump en los Estados Unidos para manipular las elecciones ante el crecimiento del repudio popular.

El Gobierno insiste con eliminar las PASO, aunque por ahora la resistencia del PRO y la UCR lo empuja a negociar una nueva suspensión y comenzó a circular la posibilidad de habilitar listas colectoras, lo que permitiría a gobernadores y fuerzas provinciales llevar el mismo candidato presidencial en distintas boletas locales, facilitando acuerdos electorales que serían claves en un momento de crecimiento de la bronca hacia el gobierno pero también la oposición patronal, con el fin de construir una estrategia electoral para “sumar” votos para una posible reelección de Milei.

A la vez, el Gobierno pretende eliminar el financiamiento público para las campañas y los espacios gratuitos en radio y televisión, mientras habilita un aumento extraordinario de los aportes privados. Esta reforma implica un ataque antidemocrático para los partidos más pequeños y en particular para la izquierda, para quienes se volverá prácticamente imposible acceder a espacios en radio y televisión por sus costos multimillonarios y por lo tanto difundir nuestro programa y propuestas para salir de la crisis. El objetivo está a la vista: fortalecer a las fuerzas sostenidas por empresarios y grupos económicos y asfixiar económicamente a quienes, como la izquierda, se financian con el aporte militante y rechazan recibir dinero del gran capital es decir la privatización de la política al estilo norteamericano.

Pero no termina allí. La reforma de Milei busca endurecer fuertemente los requisitos para obtener y conservar la personería de los partidos políticos y eleva la cantidad de afiliados exigidos para obtener la personería jurídica, por ejemplo en distritos como Santa Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires o CABA pasaría de 4 mil a 10 mil. Duplica la cantidad de legalidades de distritos para ser reconocido como partido nacional, pasando de las cinco actuales a diez, sin lo cual no se podría presentar candidaturas para la fórmula presidencial e incrementa los pisos electorales para mantener la personería de elección a elección.

Con todas estas medidas buscan favorecer a los partidos patronales e intentar cercenar la posibilidad de continuar teniendo representación parlamentaria a quienes representamos los intereses de la clase trabajadora, las mujeres y disidencias y la juventud desde el FIT Unidad. Rechazamos cualquier intento de reforma antidemocrática y llamamos a realizar todas las acciones necesarias para impedir estas medidas proscriptivas como lo va a hacer el FIT Unidad.

Escribe Atilio Salusso

Mínimo
El salario mínimo, vital y móvil se hundió. Los actuales 372.400 pesos representan sólo un tercio comparado con el que se percibía en la crisis de 2001. Para recuperar ese nivel tendría que subir entre 1,5 a 1,8 millón de pesos mensuales. Cuando fue creado en 1964, el salario mínimo permitía comprar, como valor de referencia, 107 kilos de asado (ahora solo alcanza para 23 kilos) o afrontar el costo de 2.300 boletos de colectivo urbano (versus 310 al día de hoy). Con Milei hay miseria planificada. 

Papel higiénico
La empresa Lustramax, Provincia Buenos Aires, vende descartables al por mayor para papeleras, gastronomía, restaurantes, catering. En estos días despidió a nueve trabajadores. “Te quieren pagar con papel higiénico y rollos de cocina, encima al precio que ellos quieren y en doce cuotas”, denuncian los obreros. ¡Patronal siniestra!  
 
Pirata
El buque inglés HMS Medway navegó por aguas argentinas entre el 2 y 3 de julio pasado. Este patrullero oceánico de la marina del Reino Unido salió de las Islas Malvinas para ir a Chile, pasando por aguas argentinas frente a Santa Cruz y Tierra del Fuego. Lo hizo sin aviso previo al gobierno nacional, como disponen los protocolos. Cancillería aún no dijo nada, o nunca lo dirá. Una nueva provocación inglesa frente a un Milei que reivindica a la asesina de nuestros héroes de Malvinas, Margaret Thatcher. 
 
Jaque MATE
El centro de estudios MATE (Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía), con sede en Rosario, reveló que en los primeros treinta meses de gobierno de Milei la pérdida de ingresos (robo salarial) alcanzó la friolera de 93,5 billones de pesos. Traducido a dólares, representan 62.000 millones de la moneda estadounidense. Ese es el volumen de dinero que se le quitó al bolsillo de las y los laburantes y por ende a los recursos de la seguridad social, obras sociales y sindicatos. Cada trabajador estatal, por ejemplo, perdió 14 millones de pesos y 2,5 los privados.