Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Este lunes 13 de julio, en la contratapa de Página/12, apareció una nota firmada por Gustavo Campana que recordaba que se cumplían 26 años del fallo emitido por el juez Jorge Ballestero, que determinó que el endeudamiento de la última dictadura militar, entre 1976 y 1982, fue “ilegal, ilegítimo y fraudulento”. El juez encontró 477 ilícitos que documentaron que los préstamos que comprometieron a todo el pueblo sirvieron para solventar “negocios privados” de grandes grupos económicos.

La causa había sido iniciada por una denuncia de Alejandro Olmos en 1982 y dio fruto 18 años después. Olmos denunció esa deuda “fabricada” por la dictadura genocida.

La investigación determinó que endeudaron a la Argentina a través de las empresas estatales. Los organismos conseguían dólares que no utilizaban y el Banco Central se encargaba de hacer llegar esos billetes a las empresas privadas. La nota destaca que “Los grandes beneficiarios fueron los 70 grupos económicos que fueron rescatados por la estatización de la deuda externa privada: Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint, Soldati, Alpargatas, Grupo Macri y Pescarmona. Contrajeron deuda privada, que más tarde fue estatizada con seguros de cambio del Banco Central que presidía Cavallo”.

“La deuda externa ha resultado groseramente incrementada a partir de 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante, que puso de rodillas al país, sin que hubiera registros contables”, decía Ballestero en su dictamen. Mientras tanto, el paso del tiempo se encargó de indultar a los responsables y los delitos prescribieron. Ballestero envió entonces las actuaciones al Congreso Nacional y pidió que se constituyera en tribunal para determinar la responsabilidad política. Algo que nunca ocurrió.

La nota termina diciendo: “Olmos, periodista y militante peronista, murió el 24 de abril de 2000, tres meses antes de la sentencia tardía. Las condenas prescribieron, pero la deuda, que hoy supera los 450 mil millones de dólares, la sigue pagando el pueblo argentino”. Agregamos nosotros que esto ocurre por culpa de todos los gobiernos capitalistas, radicales, peronistas de distintos colores, macristas y ultraderechistas. Solo la izquierda lucha por desconocerla.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Máximo Kirchner está de recorrida electoral. En un acto realizado en Carmen de Areco el pasado 9 de julio, Día de la Independencia Nacional, reconoció que la nefasta política del gobierno anterior fue el caldo de cultivo para el ascenso de Milei. Señaló como “uno de los errores del gobierno de Alberto Fernández” el acuerdo con el FMI. “El acuerdo con el FMI quebró la relación del peronismo con la sociedad. Así fue y así llegó Milei” (Página/12, 10/7). ¿Pero fue solo de Alberto el “error”? ¿Cristina no era la vicepresidenta?

Máximo seguramente contestaría que él y su madre se opusieron a ese acuerdo. Él mismo renunció a su cargo como jefe del bloque del kirchnerismo en Diputados. ¿Pero qué proponían a cambio Máximo y Cristina? ¿Acaso desconocer el endeudamiento de Macri con el FMI por 45 mil millones de dólares? ¿Dejar de pagar esa deuda usurera? No. Lo que proponía Máximo era “negociar distinto con el FMI”, con “mejor muñeca”, como si pudiera existir un FMI bueno al que se le pudiera sacar alguna ventaja en una reunión.

La prueba de lo que estamos diciendo es lo que propone Máximo ahora. Dice que hace falta llegar a un acuerdo político entre quienes podrían ganarle a Milei sobre qué hacer con la deuda en un futuro gobierno. ¿Desconocerla? ¿Dejar de pagar? Otra vez, no. Máximo propone acordar previamente cómo generar los fondos para pagarla. Otra desilusión, igual que la del gobierno anterior que llevó al ascenso de la ultraderecha.

 
 

El 27 y 28 de julio vendrá a la Argentina la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Izquierda Socialista le propuso al resto del Frente de Izquierda realizar un repudio en común. ¡Fuera el FMI de la Argentina! ¡Fuera los yanquis de América Latina!

Foto de portada: Milei desmanteló el reactor Carem y lo entregó a la empresa extranjera Meitner Energy

Escribe Rodolfo Sánchez, doctor en Física, CNEA-Conicet y dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad de Bariloche
 
Javier Milei ataca al sistema de ciencia y técnica construido durante casi 80 años. Lo hace con recortes presupuestarios, despidos masivos y la entrega de avances científicos a Estados Unidos y las multinacionales. Ahora busca desmantelar la CNEA, donde ya fueron desvinculados 500 trabajadores y trabajadoras. 

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue creada en 1950 con el objetivo de investigar y desarrollar los usos pacíficos de la tecnología nuclear. En 1955, el Instituto Balseiro comenzó a formar profesionales y, en 1958, Argentina construyó el primer reactor nuclear experimental de América Latina. De allí surgieron empresas tecnológicas como Investigación Aplicada (Invap), una empresa de tecnología y diseño de sistemas complejos creada en los años ‘70 por un grupo de científicos del Centro Atómico Bariloche y reconocida a nivel mundial por fabricar satélites, reactores nucleares, radares y equipamiento médico. Con el desarrollo de la CNEA, en 1984 Argentina pasó a ser el séptimo país del mundo capaz de producir uranio enriquecido.

El ataque y el achique de la CNEA comenzaron con el gobierno peronista de Carlos Menem, que la fue desguazando en varias empresas, como Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que opera las tres centrales nucleares del país; Conuar, que fabrica los combustibles nucleares; Dioxitek S.A., que utiliza el uranio para usos médicos e industriales; FAE, Fábrica de Aleaciones Especiales orientada a la industria nuclear y aeroespacial; y ENSI, hoy Empresa Neuquina, que administra la planta de producción de agua pesada en Arroyito.

¿Cómo la desmantelan ahora?

Desde el comienzo del gobierno ultraderechista de Javier Milei, los salarios en ciencia y tecnología perdieron un 50% de su poder adquisitivo, dejando a las y los contratados y a las categorías más bajas en la línea de pobreza. En 2026, el presupuesto del organismo es un 58% inferior, en términos reales, al ejecutado en 2023. Durante la actual gestión libertaria se perdieron cientos de puestos de trabajo, entre ellos los de muchos profesionales altamente formados, que fueron rápidamente captados por empresas internacionales del rubro.

Al comienzo del gobierno de Milei, la CNEA tenía tres proyectos principales, el RA-10, el CeArP y el Carem. Los tres podían terminarse durante esta gestión, pero Milei los desfinanció para entregárselos a los privados.

¿Cuáles son estos tres proyectos? El RA-10 es un reactor de investigación y producción de radioisótopos aplicados a la industria y a la medicina nuclear. El gobierno ya está hablando de entregar en concesión a privados la producción y comercialización que comenzará en 2027.

El Centro Argentino de Protonterapia (CeArP) ya está habilitado para ponerse en marcha y brindar tratamientos contra tumores y cánceres. El gobierno también está buscando inversores privados para asociarlos y permitirles hacer negocios.

Finalmente, el tercer y principal proyecto de la CNEA era el Carem, el primer reactor nuclear modular destinado a la producción de electricidad, que sirve para aumentar la participación de la energía nuclear en la matriz energética del país. Es una usina que puede instalarse en cualquier punto del país para proveer electricidad. Es un invento reconocido como único en el mundo.

Fue construido en un 80% y solo falta una inversión final de 300 millones de dólares. Sin embargo, Milei decidió desmantelarlo, vaciarlo y entregárselo a la empresa Meitner Energy, de capitales yanquis y desconocida en el área nuclear.

Tan brutal es la entrega del gobierno que, el pasado 2 de julio, el ministro de Economía Luis Caputo, junto con Ramos Nápoli, su secretario de Asuntos Nucleares, y el CEO de Meitner Energy, anunciaron la “inversión” de 1.200 millones de dólares, con los beneficios del Super RIGI, para construir el reactor ACR-300, que es una copia del Carem, en un predio de la propia CNEA. Presionan y despiden a especialistas de la CNEA, mientras que a otros los obligan a renunciar e irse a Meitner Energy.

Los libertarios copan los cargos jerárquicos

El copamiento de la cúpula de la CNEA por personajes saqueadores está en marcha a toda velocidad. Por eso, el gobierno coorganiza con la Embajada de Estados Unidos congresos de cooperación nuclear (First) y nombra a verdaderos topos destructores para garantizar la entrega.

Designó a libertarios que no tienen ningún conocimiento especializado. Nombró al contador José Ignacio Bruera como gerente de Área de Coordinación Operativa y Administrativa; al bachiller y exasesor de Adorni Felipe Randle como gerente de Área de Articulación Institucional; a la instructora de yoga Gisela Mangone como gerenta de Recursos Humanos; y a Santiago Vieyra, exdirector de La Derecha Diario en Córdoba, en la Gerencia de Aplicaciones Nucleares a la Salud.

Por eso afirmamos que, con la entrega de las áreas estratégicas de la energía nuclear a sus amigos financistas privados y extranjeros, se está destruyendo lo construido por los argentinos con mucho esfuerzo durante los últimos 76 años.

Defendemos a la CNEA como empresa estatal, luchamos por la reincorporación de las y los despedidos y exigimos que las y los propios trabajadores y científicos determinemos qué proyectos necesita nuestro país y elijamos a los funcionarios que conducen la empresa.

Escribe José Castillo

Javier Milei sigue inventando instrumentos para atacar al pueblo trabajador. Ahora copia del gobierno de Donald Trump la posibilidad de “cerrar” el Estado. Busca tener las manos libres para dejar de pagar salarios, jubilaciones o incluso suspender la prestación de servicios básicos.

El gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza continúa con su plan de guerra contra las y los trabajadores y demás sectores populares. Esta vez se le ocurrió algo que pretende utilizar en dos dimensiones. Por un lado, como un nuevo guiño de alineamiento servil con Trump, al copiar un mecanismo que funciona en Estados Unidos y del que el propio presidente yanqui ha hecho uso y abuso. Por el otro, y sin duda esto es lo más importante, para seguir sumando herramientas a su ataque permanente contra los sectores populares y su política de entrega.

¿Qué es el “shutdown”?

Se trata de una práctica administrativa que tiene décadas en Estados Unidos. Consiste en que, si el Congreso no logra ponerse de acuerdo y votar un presupuesto, el Poder Ejecutivo no puede seguir funcionando con el anterior. Entonces se “cierra” la administración pública. De hecho, “shutdown” puede traducirse como “cierre”.

En la práctica, un montón de actividades catalogadas como “esenciales” y “de seguridad nacional” siguen funcionando, como escuelas, hospitales, servicios sociales, las Fuerzas Armadas o la policía. Lo mismo ocurre con las innumerables tareas que no dependen del Estado federal, sino de las administraciones locales. En concreto, cierran bibliotecas, se dejan de publicar informes estadísticos, no hay atención al público en embajadas o consulados y se dejan de iniciar trámites en general.

¿Qué quiere hacer Milei?

Lo que plantea, bajo el mismo nombre, es algo absolutamente distinto. De hecho, durante sus dos primeros años de gobierno, el presidente aprovechó que en nuestro país la legislación es diferente a la yanqui. Acá, si un nuevo presupuesto no es aprobado, automáticamente se prorroga el del año anterior, lo que en la práctica le da “manos libres” al gobierno para hacer lo que quiera, ya que ese presupuesto viejo seguramente quedó totalmente desactualizado por la inflación.

Así gobernó Milei en 2024 y 2025, bloqueando deliberadamente cualquier acuerdo sobre un nuevo presupuesto. Fue una herramienta central para su política de “motosierra”.

Lo que, al parecer, Milei pretende llevar al Congreso está alineado con su reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que pasará a tener prohibido financiar al gobierno, es decir, emitir. Si el dinero que ingresa por los impuestos no alcanza, ahí operaría el “shutdown”.

No es algo novedoso. Nos recuerda al “déficit cero” implementado por Domingo Cavallo y Patricia Bullrich en julio de 2001, durante los últimos meses del gobierno de Fernando de la Rúa. En ese momento, se priorizaba mensualmente que hubiera fondos para cumplir con los pagos de la deuda externa. Si luego no alcanzaba para el resto de los gastos, se procedía a recortar. Así se les descontó el 13% a todas las jubilaciones y los salarios del sector público.

El “shutdown” de Milei sería una versión más ultraderechista y radicalizada de aquella política de la Alianza. Ahora, si el dinero no alcanza, después de establecer como esenciales y, por lo tanto, prioritarios los vencimientos de la deuda, se procedería a “cerrar” el Estado.

Qué significa esto en concreto está por verse, pero, conociendo las políticas de Milei, queda claro que lo que estará seriamente en riesgo serán los salarios estatales, las jubilaciones y el conjunto de las prestaciones sociales. Tampoco cabe ninguna duda de que los organismos que se “cerrarán” serán aquellos que hoy mismo están bajo ataque del gobierno, como las universidades y los organismos de ciencia y técnica.

Parece interminable la imaginación de Milei para atacar al pueblo trabajador. Tenemos que prepararnos para enfrentarlo, denunciando y repudiando estas iniciativas y, por supuesto, oponiéndonos en el Congreso, algo que, dicho sea de paso, solo garantiza plenamente el Frente de Izquierda Unidad.

Se vote o no, habrá que movilizarse si el gobierno intenta llevarlo adelante. Es parte de la pelea contra la motosierra de Milei y el FMI, a la que hay que oponerle un plan de lucha y la exigencia a la CGT de que rompa su vergonzosa tregua y llame a un paro general para enfrentarlo, tal como planteamos desde el sindicalismo combativo.