Escribe Mariano Soria

El viernes 6 de diciembre, luego de febriles negociaciones, acuerdos y rosca, la legislatura de Santa Fe definió llamar a una Convención Constituyente para reformar la actual Constitución, vigente desde 1962. 

Este proyecto fue apoyado por la alianza oficialista Unidos (UCR-PS-PRO); cuatro diputados del peronismo (sector de Omar Perotti); dos del bloque de Amalia Granata; y Juan José Piedrabuena (ex peronista que vota con Maximiliano Pullaro). Pero el proyecto también recibió la aprobación de diputados del Frente Amplio por la Soberanía, que integran junto a Carlos Del Frade, quien votó en contra. Otra muestra de que las alianzas de centroizquierda conducen a más decepciones.

¿Para qué se vota esta reforma? Hace años está en danza este tema y siempre tuvo la misma motivación: habilitar la reelección del gobernador. Aunque dicen que esta reforma será “abierta” a incorporar distintas propuestas, el gran objetivo es que Pullaro pueda tener la volver a ganar en 2027. Se trata de un gobierno que ya demostró que está dispuesto a reprimir y atacar los derechos de la clase trabajadora, no podemos esperar nada de él.

Pero lo más importante es que los grandes partidos patronales no quieren debatir la necesidad de un aumento de impuestos a las cerealeras, aceiteras y a los terratenientes con esta reforma. Tampoco quieren que se establezca que el salario debe ser igual a la canasta familiar y se restituya el 82% móvil a las y los jubilados. No piensan debatir un aumento al presupuesto de salud y educación, ni reestatizar el Banco de Santa Fe (que hace negocios con la plata de miles de docentes y estatales). No proponen que el aborto legal esté incorporado como derecho constitucional, lo mismo que la Educación Sexual Integral, ni el presupuesto para garantizarlos, al igual que lo necesario para sostener la lucha contra la violencia de género.

Los grandes partidos patronales preparan una convención que debatirá cambios cosméticos de la Constitución, habilitará la reelección de gobernador y no discutirá ningún problema de los que atraviesa al pueblo trabajador de nuestra provincia. Para evitar cuestionamientos, ya establecieron un piso de 2,5% del padrón, esto implica que las fuerzas políticas que no tenemos millones para derrochar en campaña no ingresemos a la Constituyente.

Para las elecciones del 13 de abril, desde Izquierda Socialista sostenemos la necesidad de una lista única del Frente de Izquierda Unidad. Debemos postular una salida de fondo para llevar a la Constituyente y superar el piso proscriptivo de las PASO en la elección de concejales, para pelear por nuevos puestos de lucha en los Concejos Deliberantes. 

Escribe Pablo Almeida, delegado general de ATE Ministerio de Economía

El pasado 31 de diciembre trabajadoras y trabajadores  del Centro Cultural Haroldo Conti recibieron el siguiente mensaje: “El secretario de Derechos Humanos hace saber a todo el personal del Centro Cultural que se procede al cierre del mismo a partir del 2 de enero de 2025 […] a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante”. Esta fue la principal señal de alarma pero el ataque del gobierno ultraderechista y negacionista no se reduce al Conti. Cerca de 500 trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, aproximadamente la mitad de su dotación, recibían notificaciones de despido mediante la no renovación de sus contratos.  

Un paso más en el brutal ajuste que el gobierno viene realizando entre los organismos del Estado nacional. Y que se ha concentrado en las últimas semanas en todas las dependencias ligadas a la Secretaría de Derechos Humanos que enfrentan junto a otras dependencias del Ministerio de Justicia cerca de 2.300 despidos y una reducción de cerca del 50% para quienes aún conservan sus puestos de trabajo.

Y en este caso queda a las claras que lo que se busca es vaciar áreas fundamentales como los Espacios de Memoria, que funcionan donde antes lo hacían centros clandestinos de detención y tortura como la ESMA (ver nota en esta misma página). O la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que es el organismo que se encarga de la búsqueda de los niños y niñas hijos de desaparecidos apropiados durante la última dictadura militar.

A los despidos, el cierre del Conti y estas políticas de vaciamiento se respondió con importantes convocatorias de trabajadoras y trabajadores nucleados en  ATE junto a un gran número de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. El pasado 27 de diciembre se realizó un abrazo masivo en el predio donde funcionó la ESMA. Días después, un masivo festival solidario y acciones de visibilización en el mismo lugar. En todas esas acciones junto a una enorme solidaridad se hizo oír con fuerza la exigencia de paro general a las conducciones sindicales.

 Desde Izquierda Socialista y nuestra agrupación Estatales en Marcha tomamos parte activa de cada una de las acciones. Desde ese lugar señalamos que vemos imprescindible continuar rodeando de solidaridad la lucha contra el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. Enfrentando los despidos de manera unificada con todo el Ministerio de Justicia y el resto de las dependencias del Estado Nacional que hoy están siendo atacadas. Por eso seguimos exigiendo que los distintos sectores de la conducción de ATE dejen los discursos altisonantes y pongan en pie un verdadero plan de lucha unificado. Al tiempo que peleamos para romper el pacto de la burocracia sindical peronista de la CGT, que en el Estado tiene su expresión en la conducción de Andrés Rodríguez de UPCN que deja correr el ajuste del gobierno al tiempo que dice que “no hay clima de paro general”.

Hoy más que nunca hay que salir a enfrentar las políticas de ajuste y negacionistas del gobierno de Milei. No se puede esperar al 24 de marzo para darle continuidad, como dijeron algunos dirigentes de la conducción de ATE Capital. Sigamos en las calles, con la más amplia unidad y reclamando a la CGT un nuevo paro general para derrotar el ajuste.
 
 
 

Escribe Juliana García*

Los ataques que el gobierno de Javier Milei y su Ministerio de Justicia vienen perpetrando contra organismos y espacios que investigan los crímenes y apropiaciones cometidos durante la última dictadura y rescatan la memoria para desvendar la verdad de ese momento histórico nos indignan, aunque no nos sorprenden. Es parte de la matriz de un gobierno de ultraderecha cuya vicepresidenta, Victoria Villarruel, defiende a los genocidas.

No se trata de ataques puntuales a determinados espacios. No es contra la ex ESMA, el Centro Cultural Haroldi Conti o el Espacio de Memoria Virrey Cevallos, es una política global que trata de liquidar el importante avance que significó la comprensión colectiva de una inmensa mayoría de que durante la dictadura no hubo excesos, sino crímenes de lesa humanidad y que, como tal, deberían ser juzgados. Ese hecho, que se reafirma cada 24 de marzo y constituye un ejemplo mundial en políticas de derechos humanos, es lo que quiere liquidar este gobierno negacionista.
Cada uno de los sitios de Memoria (ex CCD) contiene las historias del genocidio que pretenden silenciar, por eso los vamos a defender a todos y cada uno de ellos, comenzando por las y los trabajadores que ahí actúan y son protagonistas principales para resguardar esa historia. En la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), que funciona dentro del predio de la ex ESMA, es donde mayor cantidad de despidos se han producido. Por eso fue correcto convocarnos y rodear de solidaridad ese espacio repudiando las medidas del gobierno. Pero vienen por todo y debemos multiplicar nuestros esfuerzos y reforzar nuestra unidad para defenderlos.

Esta política de desmantelar las áreas de derechos humanos y terminar con las leyes reparatorias de los crímenes de la dictadura, no es sólo una cuestión cultural o ideológica, tiene como objetivo borrar pruebas fundamentales que incriminan a autoridades militares, civiles y eclesiásticas que participaron del genocidio. Por eso apuntan al vaciamiento de los Sitios de la Memoria, el Ruvte (ex Conadep) y el Archivo Nacional de la Memoria, entre otros, que preservan documentos esenciales para proseguir las investigaciones. La misma gravedad reviste el cierre del área de búsqueda en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) mediante la cual se han localizado 139 niños y niñas robados durante la dictadura.

Parte de esta destrucción, es el despido de trabajadoras y trabajadores que durante décadas vienen realizando una labor fundamental para analizar, organizar y proteger este valioso material investigativo. Sólo así se ha podido preservar la memoria, conocer la verdad y seguir investigando para que se condene a todos los genocidas y sus cómplices civiles. Necesitamos de la más amplia unidad de acción para impedir que este gobierno ultraderechista continúe avanzando con esta política de vaciamiento de espacios dedicados a la memoria histórica y defender a sus trabajadores.

* Hija de Antonio García y Beatriz Recchia, militantes populares desaparecidos durante la última dictadura y activa militante en la búsqueda de las y los jóvenes apropiados entre los cuales se encuentra su hermana Bárbara, a quien encontró luego de 32 años en 2009.
 
 
 

Escribe Adolfo Santos

Llega el verano y los cortes eléctricos se convierten en una pesadilla. Como cada año, decenas de miles de hogares se quedan sin luz en medio de una fuerte ola de calor afectando la vida de millones. En primer lugar, de los electrodependientes, para los cuales la energía eléctrica es vital, pero se pierden alimentos y productos perecederos que afectan al pequeño comerciante y a las economías familiares y se sufre con más intensidad el rigor de las temperaturas extremas.

Por eso en varios barrios surgieron manifestaciones de protesta. En Lugano, los vecinos cortaron la autopista Dellepiane, lo mismo ocurrió en otros barrios de la CABA como Caballito y Mataderos. Lejos de acudir con soluciones, el jefe comunal Jorge Macri del PRO les mandó a la policía. También importantes zonas del gran Buenos Aires sufren con los cortes de luz. Edesur reconoce que las fallas del servicio se extendieron a Esteban Echeverria, Ezeiza y San Vicente entre otras áreas de esa región. Lo mismo pasó en Rosario, atendida por la Empresa Provincial de Energía (EPE) de Santa Fe y de la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, Transener S.A.

Nada de esto es casual. La deficiencia del servicio eléctrico en medio de los brutales aumentos de tarifa se explica por un sistema privatizado que privilegia la ganancia de los grandes empresarios que no invierten. A pesar del pésimo servicio, las empresas energéticas han sido una de las grandes favorecidas en este primer año de gobierno Milei. Con una política de desregulación, permitió imponer tarifas abusivas, sin controles ni auditorías, que superaron ampliamente la inflación. En el caso de la energía, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) dependiente de la UBA y del Conicet, aumentó un 189%, muy por encima del 129% acumulado por la inflación.

Por eso festejan Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, los empresarios dueños de Edenor. En el tercer trimestre alcanzaron los 555.788 millones de pesos, un incremento de más del 30% real en relación al mismo período de 2023. La misma empresa reconoce que estos resultados se deben “al impacto del ajuste de las tarifas de febrero de 2024 (319,2%) y los ajustes mensuales posteriores de agosto (3%) y septiembre (3%).” En el acumulado de los nueve primeros meses del año, la empresa registra ingresos por más de 1,4 billones de pesos, un 75% más que los costos de compra de energía.

Edesur no es diferente. En los primeros nueve meses del 2024, registró ganancias por 59.937 millones de pesos y obtuvo un aumento de 19% en sus ingresos en relación al año anterior, sin embargo, las inversiones cayeron un 2% interanual, pasando de 130.435 millones de pesos en 2023 a 128.423 en 2024. No hay solución con estas empresas en manos privadas. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, proponemos la reestatización de las empresas energéticas gestionadas democráticamente por sus trabajadores y usuarios para brindar un servicio eficiente, de calidad y más económico.

Escribe Barbi Pick

Los gobiernos de Javier Milei y de Jorge Macri, en CABA, quieren avanzar contra la Educación Sexual Integral (ESI). En pleno receso escolar, el PRO en CABA cerró la página de la ESI “hasta nuevo aviso” y La Libertad Avanza eliminó materiales de la ESI del portal Educ.ar. Con la excusa de que ciertos contenidos son “adoctrinamiento” o “inadecuados” se unen en una cruzada oscurantista poniendo en peligro la Educación Sexual Integral en las escuelas.
 
El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano, ha eliminado materiales de la ESI de la plataforma Educ.ar.

Entre los materiales censurados se encontraba la canción “Hay secretos” del grupo musical Canticuénticos, herramienta que ha permitido a muchas niñas y niños reconocer y denunciar situaciones de abuso. El repudio a esta medida fue inmediato y el gobierno tuvo que reponer este contenido, así como el poema “En una cajita de fósforos” de María Elena Walsh. Sin embargo, muchos materiales siguen censurados, mientras el gobierno se atribuye la capacidad de definir qué materiales son “adecuados” y cuáles no.

Con la excusa de considerar a la ESI como “adoctrinamiento”, el gobierno ultraderechista y misógino de Milei pretende terminar con su implementación en las escuelas. Niega que gracias a ella, muchos niños, niñas y adolescentes han logrado reconocer situaciones de abuso y violencia en las escuelas, siendo para muchos y muchas el único lugar donde pueden contar situaciones de vulnerabilidad.

Subiendo la apuesta sobre lo que ellos denominan “ideología de género”, Milei retuiteó en la red social “X”: “La ESI es una apología a la pedofilia y pederastía. Todo lo que hace es pervertir las mentes de los más vulnerables para hacer legítimo el ser abusados”.

Este ataque del gobierno reaccionario y patriarcal ejecuta en pleno receso escolar, tal como lo hizo su aliado Jorge Macri, quien cerró la página de la ESI “hasta nuevo aviso” en CABA. Recordemos también la campaña retrógrada que llevó adelante la vicepresidenta Victoria Villarruel contra algunas escritoras y sus obras literarias, que forman parte de las bibliotecas escolares de la provincia de Buenos Aires y que pueden ser utilizadas para abordar problemáticas ligadas a la ESI.

Ambos gobiernos sostienen esta política conservadora y reaccionaria como parte de la “batalla cultural” contra los derechos conquistados con la movilización feminista.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, y nuestras agrupaciones Isadora Mujeres en Lucha y Disidencias en Lucha, nos sumamos al repudio de estas medidas y a la defensa de una Educación Sexual laica, científica y con perspectiva de género en todo el país. Al mismo tiempo que continuamos exigiendo su implementación en todo el país y con presupuesto, como lo hicimos durante el gobierno peronista de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

La ESI en nuestro país está vigente desde el año 2006. La Ley Nacional 26.150 establece el derecho de las y los estudiantes a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos. Su implementación fue resistida por sectores conservadores y eclesiásticos y fue gracias a la insistencia de la docencia y los movimientos feministas que la ESI se fue incorporando cada vez más y de manera transversal a los contenidos curriculares. De hecho, en CABA el sindicato docente Ademys ha sido pionero en la elaboración de materiales para trabajar la ESI en las aulas porteñas.
No debemos permitir el retroceso de nuestros derechos. La Educación Sexual Integral es una conquista y la vamos a defender de los oscurantistas y de los anti derechos.