Escribe Juliana García*

Los ataques que el gobierno de Javier Milei y su Ministerio de Justicia vienen perpetrando contra organismos y espacios que investigan los crímenes y apropiaciones cometidos durante la última dictadura y rescatan la memoria para desvendar la verdad de ese momento histórico nos indignan, aunque no nos sorprenden. Es parte de la matriz de un gobierno de ultraderecha cuya vicepresidenta, Victoria Villarruel, defiende a los genocidas.

No se trata de ataques puntuales a determinados espacios. No es contra la ex ESMA, el Centro Cultural Haroldi Conti o el Espacio de Memoria Virrey Cevallos, es una política global que trata de liquidar el importante avance que significó la comprensión colectiva de una inmensa mayoría de que durante la dictadura no hubo excesos, sino crímenes de lesa humanidad y que, como tal, deberían ser juzgados. Ese hecho, que se reafirma cada 24 de marzo y constituye un ejemplo mundial en políticas de derechos humanos, es lo que quiere liquidar este gobierno negacionista.
Cada uno de los sitios de Memoria (ex CCD) contiene las historias del genocidio que pretenden silenciar, por eso los vamos a defender a todos y cada uno de ellos, comenzando por las y los trabajadores que ahí actúan y son protagonistas principales para resguardar esa historia. En la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), que funciona dentro del predio de la ex ESMA, es donde mayor cantidad de despidos se han producido. Por eso fue correcto convocarnos y rodear de solidaridad ese espacio repudiando las medidas del gobierno. Pero vienen por todo y debemos multiplicar nuestros esfuerzos y reforzar nuestra unidad para defenderlos.

Esta política de desmantelar las áreas de derechos humanos y terminar con las leyes reparatorias de los crímenes de la dictadura, no es sólo una cuestión cultural o ideológica, tiene como objetivo borrar pruebas fundamentales que incriminan a autoridades militares, civiles y eclesiásticas que participaron del genocidio. Por eso apuntan al vaciamiento de los Sitios de la Memoria, el Ruvte (ex Conadep) y el Archivo Nacional de la Memoria, entre otros, que preservan documentos esenciales para proseguir las investigaciones. La misma gravedad reviste el cierre del área de búsqueda en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) mediante la cual se han localizado 139 niños y niñas robados durante la dictadura.

Parte de esta destrucción, es el despido de trabajadoras y trabajadores que durante décadas vienen realizando una labor fundamental para analizar, organizar y proteger este valioso material investigativo. Sólo así se ha podido preservar la memoria, conocer la verdad y seguir investigando para que se condene a todos los genocidas y sus cómplices civiles. Necesitamos de la más amplia unidad de acción para impedir que este gobierno ultraderechista continúe avanzando con esta política de vaciamiento de espacios dedicados a la memoria histórica y defender a sus trabajadores.

* Hija de Antonio García y Beatriz Recchia, militantes populares desaparecidos durante la última dictadura y activa militante en la búsqueda de las y los jóvenes apropiados entre los cuales se encuentra su hermana Bárbara, a quien encontró luego de 32 años en 2009.