Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde el comienzo del gobierno de Milei hasta agosto pasado habían cerrado 19.164 empresas, con la destrucción de 276.624 puestos de trabajo. Este simple dato ya es terrorífico, pero no contabilizada lo que ha pasado desde agosto a hoy. 

Ahí no está aún el cierre de la autopartista DANA en San Luis, ni el de la planta de YPF  y de la avícola Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay. Tampoco el de la textil Sueño Fueguino. Yendo al conurbano bonaerense, en estas últimas semanas también nos enteramos del cierre de la planta autopartista SKF en Tortuguitas, la fábrica de muebles Color Living en Pacheco, y de la presentación de quiebra de Acerías Berisso.

En los últimos días tomó estado público el escandaloso cierre de la planta de Whirlpool abierta en 2022 en Pilar, echando a sus trabajadoras y trabajadores, para destinarse exclusivamente a importar. Unos días antes nos habíamos enterado que había tomado la misma decisión la emblemática empresa de ollas y sartenes Essen. 

La lista de las últimas semanas es terrorífica: quiebra de la Suipachense, concurso preventivo en Bodegas Norton, cierre del local de Temperley de Frávega, de la sucursal Bahía Blanca del supermercado Yaguar, despidos en Newsan de Tierra del Fuego, entre tantos otros casos. Textiles, metalúrgicos, lácteas, avícolas, comercio minorista, sector industrial o comercial que se mire, tiene ejemplos de despidos o suspensiones. En muchos casos, las empresas lo hacen para transformarse en importadoras. También hay múltiples ejemplos en que se adelantan vacaciones, pre anunciando cierre de turnos, retiros “voluntarios” o nuevas cesantías. 

Sigue la motosierra en el Estado

Como si todo esto fuera bien, el gobierno ha anunciado reducir en un 10% más la planta de estatales. Son 30.000 empleados. Esto se suma a los 58.000 despidos que ya se han producido en el sector público en la era Milei. En la mira ahora están los organismos descentralizados como Arca, Amnat, Conicet, Inta, Inti, Enacom, Televisión Pública y Radio Nacional y otros.

¿Quién debe pagar la crisis?

Las y los trabajadores no podemos seguir siendo el pato de la boda de esta crisis autoinfligida por el gobierno ultraderechista de Milei, que, mientras hunde salarios y jubilaciones, aumenta también el flagelo del desempleo. Y que tiene como contrapartida los miles de millones de dólares que se embolsa el capital financiero, las grandes patronales, los especuladores y los buitres de la deuda. ¡Que la crisis no la paguen las y los trabajadores, sino los que la generaron y se benefician con ella! Hay que prohibir inmediatamente los despidos y suspensiones, expropiando y poniendo a funcionar bajo gestión de sus trabajadoras y trabajadores a toda empresa que cierre, despida o suspenda. Por supuesto esto incluye detener inmediatamente la motosierra en el Estado y la reincorporación de los despedidos. Al mismo tiempo, hay que poner en marcha un programa de creación de empleo de emergencia, un gran  plan de obras públicas, centrado en la construcción de viviendas populares, que genere trabajo genuino y, al mismo tiempo, resuelva el déficit habitacional, otro de los flagelos que sufre nuestro pueblo. Todo financiado con dinero proveniente de la suspensión del pago de la deuda externa. 

Pero por sobre todas las cosas, hay que luchar y enfrentar la motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. A los despidos y suspensiones, los salarios y jubilaciones de hambre y el ajuste sobre salud, educación y todos y cada uno de nuestros derechos, tenemos que darle pelea. Por eso, como venimos sosteniendo desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo, hay que organizarse por estas propuestas, apoyar las luchas, y al mismo tiempo, exigirle a la CGT que rompa su pacto con el gobierno y llame a un paro nacional y un plan de lucha.

Desde Docentes en Marcha manifestamos nuestro más enérgico repudio a las recientes condenas a Mónica Gurina y Leandro Sánchez, referentes sindicales docentes de la provincia de Misiones quienes, en el marco de la enorme rebelión que sacudió a la provincia en el 2023, se valieron del derecho a huelga en reclamo de aumento salarial y condiciones laborales y educativas.

Recordamos que la rebelión no sólo involucró a la docencia, sino también a las y los empleados públicos generando de conjunto una verdadera pueblada que ganó visibilidad a nivel nacional y obtuvo un triunfo, conquistando más de un 100% de aumento salarial.

El gobierno se vio obligado por la movilización a conceder el aumento salarial, pero junto con la justicia iniciaron un proceso judicial con decenas de procesados. El día 26/11, se dio a conocer la condena de un año de prisión a Mónica Gurina y diez meses a Leandro Sánchez, ambas en suspenso, por su rol en un acampe en una avenida céntrica de Posadas y en movilizaciones sobre rutas, acciones realizadas en el marco de la protesta por mejores condiciones laborales.

La justicia misionera, y el gobierno provincial del PJ de Passalacqua, en sintonía con la política de criminalización y persecución a luchadoras y luchadores del gobierno de ultraderecha de Milei, quieren sentar un peligroso precedente y amordazamiento al conjunto de la docencia que se prepara para enfrentar el proyecto de “Ley de Libertad Educativa” el cual destruiría la educación pública tal como la conocemos (ver comunicado en nuestra página), como también a las políticas de ajuste y reforma que vienen aplicando el conjunto de los gobernadores hacia la educación pública y la docencia.

Desde Docentes en Marcha, nos solidarizamos con Mónica y Leandro y con toda la docencia de Misiones que mostró un ejemplo de lucha para toda la docencia del país.

En ese marco, exigimos a la Ctera y a los gremios provinciales que de una vez por todas abandonen la tregua y pasividad que mantienen con los gobiernos y convoquen de manera inmediata a un paro nacional como parte de un plan de lucha hasta anular las condenas a Mónica y Leandro. Y que se pongan a la cabeza de organizar a la docencia para luchar hasta derrotar la política de ajuste y destrucción de la escuela pública de Milei, Trump, los gobernadores y el FMI.

Docentes en Marcha Nacional

Escribe Prensa PSL

27 de noviembre de 2025. En horas de la noche del jueves 27 de noviembre de 2008, un sicario asesinó a tres de los más importantes dirigentes obreros del estado Aragua. Sus víctimas fueron Richard Gallardo, presidente de la Unete-Aragua; Luís Hernández, dirigente sindical de Pepsi Cola y de la Unete-Aragua, y quien había participado en las elecciones realizadas cuatro días antes como candidato a alcalde en Villa de Cura; y Carlos Requena, delegado de prevención de Produvisa, también dirigente de la Unete-Aragua, y todos militantes de la Unidad Socialista de Izquierda, nombre de la organización antecesora del Partido Socialismo y Libertad (PSL).

Los tres dirigentes obreros se encontraban en el sector de La Encrucijada en Cagua. Se habían reunido en el lugar luego de participar en una huelga en la transnacional Alpina. Los trabajadores de dicha empresa habían procedido a tomar la planta en el marco de la medida de fuerza, siendo desalojados violentamente por la policía de Aragua. Sin embargo, Gallardo y Hernández, junto a la directiva regional de la Unete, movilizaron a los trabajadores y trabajadoras del Estado, y junto a centenares de trabajadores de distintas empresas se dirigieron a Alpina y retomaron la planta. 

Ya previamente Gallardo y los otros dirigentes de la Unete habían recibido amenazas, que colocaban como sospechosos a dirigentes sindicales burocráticos y corruptos del chavismo, en su mayoría del sector construcción, a la policía del Estado y a los patronos de Alpina.

Ante este vil asesinato la respuesta fue inmediata. Nuestro partido, que en aquel momento se denominaba Unidad Socialista de Izquierda y su corriente sindical C-cura, convocó a los trabajadores de Aragua y a sus organizaciones sindicales a discutir un plan de lucha contra la impunidad y el sicariato, el cual por aquellos años se había entronizado en el seno del movimiento sindical, amparado por las políticas del gobierno, ejecutadas con saña por el ministro del Trabajo de entonces, el tristemente célebre José Ramón Rivero. Ya en aquellos años el chavismo mostraba su rostro antiobrero y antisindical, que con Maduro adquiriría contornos más claros y autoritarios.

Desde el 1° de diciembre comenzaron las asambleas en los distintos turnos de las empresas. Al día siguiente se llevó a cabo en todo el Estado un gran paro regional y una jornada de protesta con asambleas permanentes en las empresas y la toma de las calles adyacentes. En aquella histórica movilización obrera, encabezada por los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores en el estado Aragua, en su mayoría de tradición trostkista y militantes de la USI, participaron trabajadoras y trabajadores de 120 empresas de la región, entre las cuales podemos mencionar a Produvisa, Cervecería Regional, Vasos Selva, Cativen, Remavenca, HV Envases, Industrias Iberia, Alconca, Plumrose, Titán, Diablitos Underwood, Pepsio-Cola, Toronocas, Venezolana de Riego, Serviquim, Sindicato de la Alcaldía del municipio Zamora, Nestlé, Vasos Dixie, Tupaca, Manpa Higiénico, Sanitarios Maracay, Mom, Aluminios Reynolds, Galletera Puig, Central El Palmar, Cebra, Inica, entre otras. La jornada también fue acompañada por activistas de comunidades y algunos consejos comunales, especialmente en Villa de Cura, donde cuatro días antes Luis Hernández había sido candidato a alcalde.

Se establecieron diversos puntos de concentración y agitación en las distintas zonas obreras del Estado. En Villa de Cura hubo 4 puntos de concentración; en Cagua tres centros de concentración, uno en Santa Cruz, otro en Tejería y tres más en Maracay. La jornada de protesta generó un gran congestionamiento de las principales vías de comunicación entre los distintos municipios y en la Autopista Regional del Centro, impactando a toda la opinión pública aragüeña. Se trataba del primer paro regional en momentos en que gobernaba Chávez en el país, un día después de haber asumido como gobernador del Estado, Rafael Isea, uno de los colaboradores más cercanos al Presidente, personaje que luego caería en desgracia en el seno del chavismo.

El jueves 4 de diciembre del 2008 se llevó a cabo un acto contra el sicariato y la impunidad en la sede de la empresa Saniplásticas, filial de Sanitarios Maracay, que en aquel momento se encontraba ocupada por sus trabajadores, y el 11 del mismo mes se realizó una multitudinaria movilización por las principales calles céntricas de la ciudad de Maracay. 

Entre 2007 y 2008 con Rivero en la cartera del Trabajo, el gobierno desató una feroz ofensiva contra todo el sindicalismo clasista. Los asesinatos de nuestros dirigentes en noviembre de 2008, fueron una expresión brutal de los ataques de Chávez al movimiento obrero. El asesinato de Gallardo, Hernández y Requena fue un duro golpe para el sindicalismo clasista y combativo del país, independiente del gobierno de Chávez y de los patronos y sus partidos.

17 años después de aquella masacre, la muerte de nuestros camaradas sigue en el misterio y en la impunidad. Nunca se han hecho públicos los nombres de los autores intelectuales y materiales de aquel asesinato, que perseguía liquidar a los dirigentes del único sector de la clase obrera opuesto desde la izquierda revolucionaria al gobierno patronal de Chávez.

Hoy recordamos a Richard, Luis y Carlos, que quedaron en la memoria del movimiento obrero de nuestro país, cuyo legado de independencia por el socialismo con democracia obrera, sigue más vigente que nunca.

Fragmento del programa de la radio alternativa Ecos de la ciudad de Mérida, que en aquella época se destacaba por ser una emisora que mantenía un perfil independiente del gobierno de Chávez, y profundamente comprometida con las luchas obreras y populares. En el programa participaron Orlando Chirino, coordinador de Ccura y dirigente de la USI y Simón Rodríguez, también de la USI, y dirigente en el estado Mérida. 

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Para Más detalles puede verse nuestro libro Por que fracasó el chavismo: https://laclase.info/content/libropor-que-fracaso-el-chavismo-un-balance-desde-la-oposicion-de-izquierda/

El gobierno ultraderechista de Milei, de la mano de las patronales y las fuerzas políticas que le responden, busca imponer un nuevo y brutal ajuste a partir de las reformas estructurales: laboral, jubilatoria, impositiva, y ahora también educativa. Todo para beneficiar a las grandes empresas y descargar el peso de la crisis y el ajuste sobre nuestras espaldas.

El proyecto de Ley Nacional de Educación denominado "Libertad Educativa" no es una simple reforma; pone el centro en la “libertad”, pero es la destrucción estructural y profunda de nuestro sistema educativo, un cambio cualitativo. Atenta contra el carácter estatal, gratuito, público, obligatorio, laico de nuestras escuelas y también contra la ESI y la libertad de cátedra. Además pretende atacar los derechos laborales en base a una educación mercantilista, avanzar hacia la privatización de la escuela pública y eliminar la educación como un derecho social.

Intenta avanzar en la privatización, mercantilización, flexibilización laboral con la eliminación del Estatuto Docente, incorporar la religión dando por tierra la laicidad de nuestras escuelas con el fin de avanzar en la batalla cultural de la ultraderecha y dar un golpe desde lo ideológico; busca borrar más de 100 años de conquistas de la clase trabajadora y los sectores populares, medidas que hace décadas los diferentes gobiernos y organismos internacionales tratan de implementar, pero la lucha de las y los estudiantes y la docencia les impide desarrollar. Ahora Milei pretende satisfacer estos requerimientos históricos de los organismos internacionales, como el FMI y el Banco Mundial entre otros.

¿Cuáles son los lineamientos generales de este proyecto? 

* Privatización y Desfinanciamiento de la Educación.

- El Estado deja de ser EL GARANTE de la Educación Pública y se ubica en un rol subsidiario, desentendiéndose de la responsabilidad de garantizar el derecho a la Educación. Esto se fundamenta en que la familia sería el agente natural y primario de la Educación de hijos e hijas.
- Se plantea la responsabilidad de financiamiento compartida con las familias, habilitando el cobro de "aportes" o aranceles (Art. 67). Las empresas que "aporten" al financiamiento podrán tener injerencia directa en los proyectos curriculares de las escuelas, permitiendo que la educación se transforme en un negocio y no en un derecho, violentando así el carácter gratuito. Implica achicar el rol del Estado para beneficiar el negocio de la privatización de la escuela pública estatal.
- Se establece la igualdad de trato y reconocimiento jurídico entre instituciones estatales y privadas. Se busca seguir aumentando los subsidios a la educación de gestión privada en desmedro de las públicas.
- Se profundiza la descentralización y el vaciamiento a través de la municipalización, y desaparece el piso de 6% del PBI para educación.
- Se ataca nuevamente a la Universidad Pública, planteando un refinanciamiento. Plantea ubicar las partidas de financiamiento de las Universidades en relación con la Matrícula estudiantil. Vuelve a desconocer la ley conquistada en el Congreso en septiembre del 2025 para las partidas de emergencia.

* Flexibilización laboral y ataque a los derechos docentes

- Se declara la Educación como Servicio Esencial y no como un “derecho”. Se ataca así a las organizaciones sindicales de conjunto y a la docencia. Van por la criminalización de la huelga y del derecho a organizarse para pelear por salario, derechos laborales,  la educación pública entre otros reclamos.
- Se crea el Consejo Escolar de Padres con función de dirección operativa, que podrá nombrar, contratar y despedir directivos y docentes, eliminando la estabilidad laboral. En este marco, se otorga al equipo directivo la potestad de seleccionar y disponer la contratación, suspensión o separación del personal, y de administrar recursos humanos y financieros.
- Se define la estabilidad laboral mediante criterios de evaluación ligados a resultados de aprendizaje, desempeño, formación y ética, abriendo la puerta a la diferenciación salarial (meritocracia). De un plumazo desaparecen las normativas sobre estabilidad y acceso a la docencia (Estatuto Docente), pudiendo por ejemplo despedir por razones ideológicas, políticas, sindicales.
- La evaluación del personal docente se incorpora como variable a los “resultados de aprendizaje de los alumnos; compromiso con la institución y participación en proyectos escolares; formación y actualización profesional; aportes a la mejora institucional” (artículo 109°). Lo que claramente implica la posibilidad de introducir variables de diferenciación salarial y de quiebres en la estabilidad laboral. Además, aumenta el poder de las instituciones sobre el colectivo docente.

* Mercantilización Curricular, religión y ataque a la ESI

- Se plantea la injerencia empresarial en los currículum y se impulsarán "Prácticas de formación laboral" para mayores de 16 años, legalizando la flexibilización y la mano de obra barata de jóvenes.
- Cada institución podrá incorporar Religión a la currícula. Los contenidos deberán ser consensuados con las familias, acorde a sus valores, lo que representa un ataque directo a la Educación Sexual Integral (ESI). Además esta ley promueve currículas sesgadas, ideológicas y que no garantizan una formación integral y crítica, vulnerando más derechos.
- Se acrecienta la fragmentación educativa al establecer que cada escuela puede definir de mínimo un cuarto de su currículum, estableciendo contenidos mínimos comunes, y el resto definidos por la institución, permitiendo además la injerencia de las empresas sobre los contenidos de cada una según sus necesidades y no pensados de forma integral.
- Se habilitan formas alternativas como la educación en el hogar (Home Schooling) y la educación a distancia/híbrida, impartida por las familias, tutores o personas elegidas por ellos. Esta idea es consistente con la noción de que cualquiera puede ser un agente educador y  de que cualquiera puede asociarse para enseñar-aprender. Se habilitan la cursada presencial y virtual denominada educación híbrida (art 43) combinando cursada presencial y virtual, y la educación completamente a distancia, incluso en instituciones educativas radicadas en el exterior. Es decir, quitar el criterio de institucionalidad de la escuela.
- Se crea un portal con resultados de evaluaciones por escuela (Art. 63), lo que permitirá crear procesos de elección y selección de escuelas por parte de las familias recreando el formato de los voucher. Además se profundiza cada vez más la fragmentación del sistema educativo en “escuelas para pobres” y “escuelas para ricos”. Las familias de barrios populares o con menos recursos tendrán opciones limitadas, lo que llevaría a profundizar la segmentación y la inequidad, negando en la práctica el derecho a la igualdad educativa.

Para imponer este brutal ataque, el gobierno plantea derogar la Ley Nacional de Educación, la Ley Superior de Educación, La Ley de Educación Técnica y Profesional, entre otras normativas. Desaparece también la ley de financiamiento educativo (ley 26.075), que establece un piso del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) como inversión anual consolidada en educación, sin contemplar ningún mecanismo de financiamiento educativo, salvo los “aportes” de las familias y empresas.

Todos los gobiernos han ido profundizando la desinversión en la educación pública, y ninguno ha cumplido las metas de financiamiento del 6% del PBI, incluídos los Kirchneristas. Pero  este proyecto  de la ultraderecha significa un salto cualitativo, un cambio profundo sobre el criterio de la educación, desapareciendo como derecho  social para convertirse en un negocio mercantilista, el cual ambicionan  los empresarios y capitalistas.

¡Derrotemos este proyecto de Ley Anti Educativa con la movilización. Que la Ctera y los gremios provinciales llamen a asambleas y plan de lucha! 

Desde Docentes en Marcha llamamos a rechazar este Proyecto, que va de la  mano de las exigencias directas de Trump y el FMI, y proponemos una salida de fondo para defender la escuela pública empezando por la Renacionalización del sistema educativo y una Ley de Emergencia Educativa que garantice el 10% del PBI nacional para educación. Garantizar esos fondos eliminando los subsidios a las escuelas privadas y al mismo tiempo suspender los pagos de la deuda externa. Sostenemos la necesidad de un nomenclador único nacional, que pasen al básico todas las bonificaciones anulando toda bonificación vinculada al presentismo, meritocracia o productividad, por la anulación de las armonizaciones y toda legislación que ataque nuestro régimen jubilatorio.

La CTERA y los gremios provinciales deben terminar con la parálisis que le permitió a Milei y a las provincias avanzar sobre nuestros salarios, condiciones laborales y reformas parciales que se vienen implementando; deben poner en pie de lucha a las y los docentes para derrotar este proyecto antieducativo.

Llamamos a la docencia, a todas y todos los trabajadores de la educación, estudiantes y a las familias, a organizarse desde las escuelas en la máxima unidad para organizar un gran movimiento en defensa de la Escuela Pública y rechazar de plano este Proyecto del gobierno. 

       ❌Rechazamos el Proyecto  de Ley de Educación del Gobierno. 

       ❌Que CTERA y los sindicatos provinciales convoquen a asambleas por escuelas,  distritos y provincias para debatir cómo enfrentar este ataque con un Plan de Lucha nacional que impida su sanción.

       ❌ Impulsemos asambleas con las familias y sindicatos de trabajadores en cada localidad para defender en unidad el derecho social a la educación que esta ley ataca.

       ❌Organicemos un gran movimiento en defensa de una Escuela Pública, Estatal, Gratuita, Laica científica y con perspectiva de género.

       ❌Luchemos por una Ley de Emergencia Educativa que garantice el 10% del PBI nacional para educación; anulando los subsidios a las escuelas privadas y suspendiendo los pagos de la deuda externa, para financiarla.

       ❌ Renacionalización del sistema educativo, nomenclador único nacional pasando al básico todas las bonificaciones, anulación de toda bonificación vinculada al presentismo, meritocracia o productividad. Por la anulación de las armonizaciones y toda legislación que ataque nuestro régimen jubilatorio.

       ❌Plata para salarios y Educación pública , No para Trump y el FMI.

 Docentes en Marcha Nacional