Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad
Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde el comienzo del gobierno de Milei hasta agosto pasado habían cerrado 19.164 empresas, con la destrucción de 276.624 puestos de trabajo. Este simple dato ya es terrorífico, pero no contabilizada lo que ha pasado desde agosto a hoy.
Ahí no está aún el cierre de la autopartista DANA en San Luis, ni el de la planta de YPF y de la avícola Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay. Tampoco el de la textil Sueño Fueguino. Yendo al conurbano bonaerense, en estas últimas semanas también nos enteramos del cierre de la planta autopartista SKF en Tortuguitas, la fábrica de muebles Color Living en Pacheco, y de la presentación de quiebra de Acerías Berisso.
En los últimos días tomó estado público el escandaloso cierre de la planta de Whirlpool abierta en 2022 en Pilar, echando a sus trabajadoras y trabajadores, para destinarse exclusivamente a importar. Unos días antes nos habíamos enterado que había tomado la misma decisión la emblemática empresa de ollas y sartenes Essen.
La lista de las últimas semanas es terrorífica: quiebra de la Suipachense, concurso preventivo en Bodegas Norton, cierre del local de Temperley de Frávega, de la sucursal Bahía Blanca del supermercado Yaguar, despidos en Newsan de Tierra del Fuego, entre tantos otros casos. Textiles, metalúrgicos, lácteas, avícolas, comercio minorista, sector industrial o comercial que se mire, tiene ejemplos de despidos o suspensiones. En muchos casos, las empresas lo hacen para transformarse en importadoras. También hay múltiples ejemplos en que se adelantan vacaciones, pre anunciando cierre de turnos, retiros “voluntarios” o nuevas cesantías.
Sigue la motosierra en el Estado
Como si todo esto fuera bien, el gobierno ha anunciado reducir en un 10% más la planta de estatales. Son 30.000 empleados. Esto se suma a los 58.000 despidos que ya se han producido en el sector público en la era Milei. En la mira ahora están los organismos descentralizados como Arca, Amnat, Conicet, Inta, Inti, Enacom, Televisión Pública y Radio Nacional y otros.
¿Quién debe pagar la crisis?
Las y los trabajadores no podemos seguir siendo el pato de la boda de esta crisis autoinfligida por el gobierno ultraderechista de Milei, que, mientras hunde salarios y jubilaciones, aumenta también el flagelo del desempleo. Y que tiene como contrapartida los miles de millones de dólares que se embolsa el capital financiero, las grandes patronales, los especuladores y los buitres de la deuda. ¡Que la crisis no la paguen las y los trabajadores, sino los que la generaron y se benefician con ella! Hay que prohibir inmediatamente los despidos y suspensiones, expropiando y poniendo a funcionar bajo gestión de sus trabajadoras y trabajadores a toda empresa que cierre, despida o suspenda. Por supuesto esto incluye detener inmediatamente la motosierra en el Estado y la reincorporación de los despedidos. Al mismo tiempo, hay que poner en marcha un programa de creación de empleo de emergencia, un gran plan de obras públicas, centrado en la construcción de viviendas populares, que genere trabajo genuino y, al mismo tiempo, resuelva el déficit habitacional, otro de los flagelos que sufre nuestro pueblo. Todo financiado con dinero proveniente de la suspensión del pago de la deuda externa.
Pero por sobre todas las cosas, hay que luchar y enfrentar la motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. A los despidos y suspensiones, los salarios y jubilaciones de hambre y el ajuste sobre salud, educación y todos y cada uno de nuestros derechos, tenemos que darle pelea. Por eso, como venimos sosteniendo desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo, hay que organizarse por estas propuestas, apoyar las luchas, y al mismo tiempo, exigirle a la CGT que rompa su pacto con el gobierno y llame a un paro nacional y un plan de lucha.
