Escriben Florencia Briasco y Laura Marrone, Izquierda Socialista/FIT Unidad

Nuevamente las plazas de Buenos Aires fueron escenario de acciones en solidaridad con el pueblo palestino. Este sábado 30 de marzo, Día de la Tierra, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino convocó a un caravana que dio vuelta varias veces a la plaza Dorrego en San Telmo, Buenos Aires, donde una feria de artesanos congrega a centenares de visitantes. Cantando "No es una guerra, es un genocidio" y "Estado sionista vos sos el terrorista", organizaciones sociales, barriales y de partidos de izquierda, entre ellos, Izquierda Socialista, hicieron flamear las banderas palestinas por la calle Defensa hasta el Parque Lezama.  

En este parque dimos cierre a la jornada con varias actividades. Bajo el llamado de una sirena, los manifestantes nos tiramos sobre el césped del anfiteatro, representando las masacres de Israel sobre el pueblo palestino.

Seguidamente, Valentina Cabrera de Cuadernos palestinos, realizó un monólogo de una mujer palestina que relata su vida y la de sus ancestros en una tierra ocupada, bajo la amenaza constante de los misiles y el terror, pero que se levanta una y otra vez para seguir resistiendo entre sus muertos, sus olivares secos  y la arena del desierto.  

La fecha elegida, el día de la Tierra, fue ocasión para recordar también el reclamo de los pueblos originarios de nuestro territorio por su propio derecho a la tierra del que fueron expulsados, víctimas, también, de otro genocidio. En silencio, esta vez, acompañamos la ofrenda a la Pachamama que realizaron mujeres originarias en un fogón en el centro del improvisado escenario.

Nos despedimos con la promesa de seguir denunciando al gobierno de Milei por su repudiable apoyo al genocidio israelí y gritando fuerte ¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá!

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad 

Es posible derrotar la epidemia, pero para hacerlo será necesario movilizarse para obligar al gobierno ultraderechista de Javier Milei, como así también a los gobernadores, a tomar medidas enérgicas acorde a la magnitud que ha adquirido este flagelo que afecta a Argentina, Brasil y Paraguay. De acuerdo a las últimas estadísticas, a nuestro país le corresponden más de 100 fallecidos y más de 150.000 casos. Como prácticamente no hay familia donde no haya algún contagiado, se presume que éstos sean muchísimos más  

Ni Milei ni los gobernadores enfrentan la epidemia 

Guardias atestadas, hospitales y clínicas privadas colapsados, trabajadores de salud extenuados y escasez de reactivos para diagnósticos precisos es lo que tiene para ofrecer el sistema de salud en sus tres sub sistemas: obras sociales, prepagas y sistema estatal de Nación, provincias y municipios. Es que la epidemia sorprende a un sistema de salud con décadas de deterioro y desfinanciamiento. Por ejemplo, en el Hospital Meléndez de la provincia de Buenos Aires las recientes lluvias arrasaron el techo del laboratorio y no pueden realizarse los exámenes necesarios para el dengue. La respuesta del gobernador peronista Axel Kicillof es la indiferencia e inacción. 

Presididos por el ministro de salud nacional Mario Russo, el lunes 25 de marzo se reunieron los ministros de salud de todas las provincias. El ministro del gobierno ultraderechista de Milei le “tiró” la responsabilidad de enfrentar la epidemia (como primer escalón de choque) a cada provincia y municipio. Decir que no es responsabilidad primaria del gobierno nacional una epidemia que abarca 19 de los 24 distritos del país es una fría y perversa decisión política de no gastar un centavo en el cuidado de la salud del pueblo trabajador para acumular los dólares destinados a los pagos de la deuda externa. En ningún momento se planteó una campaña nacional volcando los recursos humanos y físicos del Estado. No hubo decisión de terminar con la epidemia. 

Aplastar la epidemia es posible 

Para combatir la epidemia hay dos estrategias simultáneas: una es protegerse del mosquito y la otra es la vacuna, que se aplica a sectores delimitados de la población (por edad y por zona) debido a que todavía no hay un consenso científico para su utilización universal. En ambos casos es necesaria la acción de los gobiernos que permanecen “haciendo la plancha” mientras se enferman de a miles especialmente las familias de trabajadores. Por esa razón, ya han comenzado en los barrios populares movimientos para exigir a las autoridades que tomen las medidas necesarias. Como ejemplo tenemos el petitorio en el que las asambleas barriales y la Posta sanitaria de la zona oeste del Gran Buenos Aires exigen a los municipios una serie de medidas que de cumplirse, lograrán frenar la epidemia: entrega gratuita de repelentes en hospitales, centros de salud, escuelas y comedores; mosquiteros para establecimientos educativos y de salud; tul mosquitero para cochecitos de bebés; eliminar materiales o recipientes en desuso en los barrios como política pública; vacuna gratuita en hospitales y centros de salud, para pacientes que requieren la misma con orden médica. En la asamblea barrial de Rafael Castillo, agregan además la denuncia de que “en La Matanza no se draga el agua acumulada en los barrios luego de las inundaciones. El fumigado es insuficiente y solo se hace en lugares céntricos”, reclamando al intendente Fernando Espinoza que resuelva estos problemas. Es necesario seguir desarrollando estos movimientos para que obliguen a las autoridades a iniciar una campaña real contra el dengue. 

Es posible proveer repelentes gratuitos 

El mercado de los repelentes está controlado por la multinacional SC Johnson, que participa en este negocio con distintas marcas y presentaciones como Off (aerosoles y crema), Fuyi (aerosoles y tabletas) y Raid (tabletas). La participación de la firma ronda el 80% del mercado y el otro 20% se reparte entre empresas locales. Simultáneamente a la producción comercial existen en el país cerca de 40 laboratorios de producción estatal de medicamentos muchos de ellos provinciales y varios de los cuales (cuatro por lo menos) están elaborando repelentes como el Instituto Biológico de La Plata, el LIF del gobierno de Santa Fe, el laboratorio de la Municipalidad de La Plata, Formomed propiedad de la provincia de Formosa. Esta producción es absolutamente insuficiente y tanto el gobernador radical Maximiliano Pullaro de Santa Fe como el peronista Kicillof, no la han llevado, hasta ahora, a los niveles que la situación requiere. 

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad apoyamos todos los justos reclamos que están llevando adelante las asambleas barriales, especialmente la provisión gratuita de vacunas y elementos de protección. Reclamamos que el gobierno nacional intervenga la multinacional Johnson y a las otras empresas del ramo para coordinarse con la producción estatal, que deberá aumentar, para proveer repelentes gratuitos a escuelas, hospitales y familias. 

Llamamos a movilizarnos para obligar tanto a este gobierno  de Milei, como así también a gobernadores e intendentes de todos los colores políticos, a que tomen estas medidas que la defensa de la salud del pueblo trabajador y sectores populares requiere y para que los fondos destinados a la deuda externa vayan a la lucha contra la epidemia. 

Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
29/3/24

El gobierno negacionista de Milei difundió este 24M, de manera provocadora, un video del cineasta Santiago Oría, que tiene un despacho en la Casa Rosada, dando cuenta de la versión de los genocidas sobre lo ocurrido en la década del 70 y el posterior golpe cívico-militar-eclesiástico de 1976/1983. En el video se niega el genocidio, a los 30.000, enarbola otra vez la teoría de los dos demonios y pide “memoria completa” para resarcir a los militares asesinos. Una política que vino enfrentando y derrotando nuestro pueblo a fuerza de lucha y movilización durante décadas.

El video, aunque burdo, reedita el debate. Por eso es necesario reafirmar de entrada lo que venimos sosteniendo. Hubo un golpe y fue terrorismo de Estado con el objetivo de frenar el ascenso obrero y popular de entonces e implementar un plan económico de entrega y saqueo al servicio de las multinacionales y el imperialismo. Y alertamos sobre los nuevos peligros. Por ejemplo, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó un proyecto de ley para que la justicia otorgue prisión domiciliaria a militares condenados por delitos de lesa humanidad mayores de 75 años. Propuesta en la que coinciden Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, Fernández Meijide y la Iglesia Católica. El obispo Olivera, en una misa de Semana Santa ante jefes de las tres Fuerzas Armadas, dijo: “No debe haber venganza, hoy se los sigue silenciando y etiquetando con miradas parciales e ideologizadas” (Clarín, 28/3). Están hablando de condenados por delitos de lesa humanidad, es decir, delitos cometidos contra la población civil y por ende, no prescriben con el tiempo.

En el video aparece hablando el siniestro personaje “Tata” Yofre, ex titular durante el menemismo de la mafiosa central de inteligencia SIDE, quien escribió 15 libros con la versión de los genocidas. Y el ex montonero Luis Labraña, quien se adjudica haber inventado la cifra de los 30 mil bajo este argumento: “Fue una mentira necesaria para que las Madres de Plaza de Mayo pudieran solventar gastos y tener una casa propia”. ¿Se puede ser tan miserable y mentiroso? En el video se denuncia “el negocio de los derechos humanos, que todo fue por plata”. Repugnante.

Sobre la cifra de los 30.000 desaparecidos (Labraña dice que solo fueron 4.000), se reveló ya en 2006 con documentos desclasificados por Estados Unidos, que los propios militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978. El cálculo fue aportado por militares argentinos del Batallón 601 de Inteligencia a su par chileno Enrique Arancibia Clavel, como parte de los informes sobre el Plan Cóndor[1] (nota de Hugo Alconada Mon, La Nación, 24/3/2006, “El Ejército admitió 22.000 crímenes”). También el diario Clarín dio cuenta de la noticia bajo el título "Un informe de EE.UU. dice que hubo 22.000 desaparecidos." El diario El País en el año 1978 hablaba de 30.000. Los organismos de derechos humanos señalan, que al final de todos los juicios, la cifra incluso puede ser superior. Negar a los 30.000, como ya lo había hecho Macri, va unido a negar el genocidio. Y negar el genocidio es desconocer lo que ya fue probado bajo distintas formas, hasta por la justicia.[2] Que la dictadura se valió del aparato del Estado para secuestrar, torturar, asesinar, hacer desaparecer forzadamente a miles de personas, robar bebés nacidos en cautiverio y tantas otras atrocidades.

En el video se dice que lo ocurrido “fue una guerra, que en toda guerra hay excesos y muertos de los dos bandos”. Como cantamos a lo largo de los años “no hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del Proceso”. Tan siniestro es Labraña que llega a decir “desde ambos lados (guerrilleros y militares) peleábamos por la libertad”. ¡De qué pelea por la libertad habla este sujeto de militares que ejecutaron un genocidio!
Los negacionistas tildan de “terroristas” a las y los desaparecidos, la gran mayoría luchadoras y luchadores obreros, populares y juveniles. Y si se refieren a las organizaciones armadas, las mismas ya habían sido desarticuladas en gran parte antes del golpe. Hay que recordar que en 1975 el gobierno de Isabel Perón y Luder firmaron decretos de “aniquilamiento”.[3]

En el video también aparece el testimonio de María Cristina Viola, hija del capitán Viola, muerto en un ataque del ERP en 1974 cuyos autores fueron en su mayoría juzgados y condenados. Desde nuestra corriente orientada por Nahuel Moreno y el PST[4] siempre repudiamos estas “acciones ejemplares” de la guerrilla, desligadas de las masas, pero rechazamos que se las pretenda equiparar con el terrorismo de Estado reeditando la teoría de los dos demonios.
El video, a su vez, polemiza con el kirchnerismo mediante falsedades. Yofre, tras reivindicar los indultos bajo el gobierno peronista de Menem[5] y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida[6] de Alfonsín, se lamenta que éstas últimas habrían sido anuladas por el kirchnerismo. Miente. Fue un triunfo de la lucha popular, no producto de los gobiernos de Néstor y Cristina. Fue Patricia Walsh, diputada de Izquierda Unida, quien presentó por primera vez un proyecto de ley con ese reclamo. Lucha que seguimos dando desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia que se viene movilizando de manera independiente de todos los gobiernos. Denunciando a Alfonsín, Menem, Duhalde, De la Rúa. A los gobiernos kirchneristas durante los cuales desapareció Julio López, se puso al represor Milani como Jefe del Ejército, nunca se abrieron los archivos de la represión y se siguió pagando la deuda externa que viene de la dictadura. Al repudiable Macri, al gobierno de Alberto y Cristina, y ahora nos encuentra en esta gran lucha por derrotar el brutal plan motosierra y negacionista de Milei-Villarruel.

Este debate no se trata de una batalla “cultural o ideológica”, como algunos lo pintan. Es una batalla concreta, de todos los días, de vida o muerte. Porque se trata de saber si hay que liberar e indemnizar a quienes cometieron un genocidio, como dicen los ultraderechistas-negacionistas, o, en cambio, de seguir luchando para encarcelar a todos los genocidas que faltan, seguir con los cómplices civiles de la dictadura (grandes empresarios, multinacionales, políticos patronales, burócratas sindicales, la cúpula eclesiástica), reclamar que se abran todos los archivos de la represión y terminar con el plan económico que se implementó con Martínez de Hoz en base a un endeudamiento externo que bajo distintas formas se mantiene hasta nuestros días.
El video, en resumen, es otro acto desesperado en este caso de este gobierno ultraderechista que, a 48 años del golpe intenta contrarrestar los enormes logros de ese gran triunfo revolucionario democrático protagonizado por nuestro pueblo trabajador que tiró abajo a la dictadura sangrienta, logrando encarcelar a centenares de genocidas, siendo un gran ejemplo para en el mundo. Batalla que continuamos desde 1983 contra todos los gobiernos que brindaron impunidad.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad aspiramos a que este aporte sirva para seguir fortaleciendo esta lucha tan importante, que logrará sus frutos definitivos cuando conquistemos un gobierno de la clase trabajadora, con una Argentina Socialista con plena democracia para el pueblo trabajador.

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1. El Plan u Operación Cóndor fue un sistema represivo, de persecución a opositores y de terrorismo de Estado coordinado entre Estados Unidos y militares y servicios de inteligencia de países del Cono Sur en la década del 70, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, al que se sumaron luego Perú y Ecuador. Hubo un juicio en Argentina donde se probó que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para desaparecer personas, más allá de las fronteras.
2. "No había otra solución. Estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Por eso, para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera”. Confesión de Jorge Rafael Videla, Presidente de facto de la última dictadura militar, en el libro Disposición Final de Ceferino Reato, 2012.
3. En 1975 se firmaron 4 decretos por parte del gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón. El decreto 2772 le ordenaba a las Fuerzas Armadas, "bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa", la ejecución de las operaciones militares y de seguridad que "sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país".
4. Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista, cuyo máximo dirigente fue Nahuel Moreno. El PST tiene los primeros asesinados bajo la Triple A del gobierno peronista 73/76 y más de 100 asesinadas y asesinados bajo la última dictadura militar 1976/1983.
5. Se conoce como indultos de Menem a 20 decretos sancionados el 6/10/89 y 30/12/90 por el entonces presidente peronista que perdonó a militares de la última dictadura, entre ellos a miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, a Martínez de Hoz y a líderes de organizaciones guerrilleras, entre otros.
6. La ley de Punto Final (23.492/1986), bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, fue para cerrar el proceso judicial contra los genocidas ante miles de denuncias que no habían sido parte del juicio a las juntas en 1985. La ley dio un plazo de treinta días tras el cual caducaba el derecho a reclamar. Como en ese plazo hubo miles de denuncias más, provocó la sublevación de Aldo Rico y los carapintadas en Semana Santa de 1987, exigiendo impunidad. Alfonsín con la venia del PJ pactó con ellos impulsando la Ley de Obediencia Debida (1987) que dispuso la extinción de acciones penales a los militares que “cumpliendo órdenes” cometieron crímenes bajo la dictadura. En 2003 el Congreso declaró nulas de nulidad absoluta a ambas leyes de la impunidad, permitiendo que se reabran los juicios.

Escribe Dr. Fabian Torres, Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Como trabajador de la salud pública de Río Negro nucleado en ASSPUR (Asociación Sindical de Salud Pública de Rio Negro) y junto a los autoconvocados, desde hace varias semanas venimos realizando medidas de fuerza, con marchas, cortes, acampes y abrazos simbólicos en más de 20 hospitales, por recomposición salarial y mejores condiciones ante el gran vaciamiento y falta de recursos humanos, que tienen los hospitales provinciales.

En la última reunión de la mesa salarial a mediados de marzo, entre el gobierno de Alberto Wereltinek y las conducciones burocráticas de ATE y UPCN, pactaron a espaldas de sus bases, un bono de $60.000 para los empleados públicos y un aumento para que ningún trabajador gane menos de 500 mil. Son acuerdos con salarios que siguen siendo de pobreza, cuando la canasta básica ronda los 950 mil pesos. Esta oferta fue fuertemente rechazada por las bases, aunque fue rápidamente aceptada por la dirigencia de ATE y UPCN. Desde hace dos semanas la lucha en la salud pública se potenció con paro de 72 hs de ASSPUR con masiva adhesión. Las manifestaciones se realizaron en toda la provincia y en los principales hospitales.

En la ciudad de Fiske Menuco (General Roca), los trabajadores hospitalarios permanecen con un acampe frente al hospital; desde su asamblea afirman “hoy la salud pública de Río Negro sufre un vaciamiento atroz”, ya que no hay medicamentos en los CAPS ni insumos en la guardia de emergencias ni en los servicios, que hacen imposible una atención de calidad.

En el hospital de Viedma, capital provincial, 15 profesionales de las áreas de medicina clínica, neumonología, gastroenterología y neurología, presentaron una carta de renuncia, cansados de no ser escuchados y no llegar a fin de mes, sumado a la falta de insumos básicos, cómo sueros , antibióticos, falta de anestesia, de recursos humanos capacitados.

El personal del hospital de Bariloche estuvo con paro por tiempo indeterminado, con grandes movilizaciones junto a la comunidad y el sector enfermería no tomó sus turnos en las guardias, lo que generó que el gobierno les abriera sumario administrativo y penal. También renunciaron al hospital los jefes de servicios. Mientras que en el hospital de Cipolletti se realizaron abrazos simbólicos, jornadas culturales y cortes de ruta informativos.

Al calor de la intensificación de la lucha, el gobierno tuvo que convocar, por primera vez, a mesa de diálogo con el combativo gremio de ASSPUR, siendo un avance para el sector de salud pública en lucha. Pero, en simultáneo, el gobernador Weretilneck difundió un video con repudiables declaraciones, donde propuso a los trabajadores de salud pública que se vayan a trabajar al sector privado, porque plata no hay para aumentos, que no esperen respuestas milagrosas, lavándose las mano y dejando la responsabilidad de la falta de recursos al gobierno nacional.

Al concretarse la mesa de dialogo, el gobierno ofreció el mejoramiento de algunos ítems, poniendo como condición que sean aceptados para no avanzar en los sumarios penales y administrativos contra 50 enfermeros del hospital de Bariloche. Para responder la oferta del gobierno, se realizaron asambleas en 25 hospitales con el voto directo de los asambleístas y cada moción se llevó al plenario provincial, donde ASSPUR definió el rechazo por insuficiente exigiendo una propuesta superadora para que ningún trabajador gane menos de la canasta, el retiro de las causas administrativas y penales a las y los enfermeros, la creación de una mesa sectorial de salud permanente y la provisión de insumos y medicamentos. También se resolvió continuar en estado de alerta, asamblea y movilización, hasta la primera semana de abril en la que se convocó a una nueva mesa salarial.

El gobierno pretendía una semana santa sin medidas, pero el jueves arrancó con corte de ruta en Chichinales y diversas protestas en Bariloche, en Río Colorado, y el acampe en Fiske Menuco continúa de manera interrumpida desde hace más de 15 días.

El punto más álgido de la lucha está en Bariloche donde las asambleas siguen siendo masivas. Más de 3.000 personas fueron a rodear el hospital en apoyo a lxs trabajadorxs en un “abrazo simbólico” con distintos números musicales y vigilias. En el marco de la fiesta del chocolate, donde la afluencia de turistas supera el 80% de la capacidad hotelera, se realizó una concentración en el Centro Cívico de gran convocatoria en la que se denunció la intransigencia y cinismo del gobierno provincial. Mientras se expresaban las distintas voces de la heroica e histórica lucha, en la plaza se comenzó a corear “paro general”. Es de destacar la solidaridad de la población que se suma a las protestas, de sectores como Senaf, el gremio docente de Bariloche, Cipolletti, Ate Conicet, UTHGRA Bariloche y el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina.

Desde Izquierda Socialista apoyamos esta lucha y llamamos a la más amplia unidad para que la lucha de los trabajadores de salud triunfe, por un sistema de salud pública, de calidad, gratuito, inclusivo, accesible y al servicio de toda la población. Por un paro general y plan de lucha de las centrales sindicales para vencer el ajuste de Milei.