Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional

En nombre de Izquierda Socialista/FIT Unidad repudiamos las declaraciones del futuro embajador imperialista de Donald Trump en Argentina, Peter Lamelas. En el Senado estadounidense dijo que iba a venir a apoyar a
Javier Milei, a controlar el país recorriendo las provincias para pactar más entrega con los gobernadores, a asegurar las inversiones imperialistas como la de los laboratorios farmacéuticos estadounidenses, a defender a las multinacionales, a combatir a la izquierda e incluso defendió el repudiable fallo de la Corte contra Cristina Fernández.

Lamelas es el representante de EEUU, socio del genocidio del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, el que apoyó a los ingleses en Malvinas y el que maneja mayoritariamente al FMI que, de la mano de Milei, volvió a reforzar el encadenamiento del país con más endeudamiento, entrega y saqueo que le está haciendo pagar al pueblo trabajador.

Llamamos a repudiar esta nueva y peligrosa intromisión de un personero del imperialismo yanqui.

¡Fuera Lamelas de Argentina!
¡Fuera yanquis de América Latina!
¡Ruptura con el FMI!
¡No al pago de la deuda externa!
¡Basta de entrega y saqueo!
¡Por la Segunda y Definitiva Independencia!

Quebró la empresa que, hace apenas un año y medio, había lanzado las golosinas con la marca “No hay plata”. El empresario que intentó congraciarse con Javier Milei, terminó fundido en menos de dos años, en medio del derrumbe del consumo popular. Todo un mensaje cínico que vale la pena recordar este 9 de julio, Día de la Independencia, justo cuando el gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza completa en los hechos la frase: “No hay plata… salvo para los pulpos acreedores”.

Mientras se le niegan recursos a las y los trabajadores del Hospital Garrahan (por citar solo una lucha, tan emblemática como urgente), el Estado paga en efectivo 4.300 millones de dólares en concepto de vencimientos de deuda.

Los superpoderes y su motosierra cumplieron un año. Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger lo festejaron con todo. Con las facultades delegadas, el gobierno recortó (y en varios casos cerró) 101 organismos estatales. Fueron despedidos 50 mil empleados (el 10% de la planta estatal). En el último día de vigencia del DNU disolvieron Vialidad Nacional, la Agencia de Seguridad Vial, y liquidaron el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

El tendal de despidos que esto provoca será un auténtico desastre. Vialidad Nacional se ocupa de reparar y mantener en estado transitable todas las rutas nacionales del país que no se encuentran concesionadas. ¿Qué va a pasar ahora? El gobierno habla de privatizarlas. Pero la gran mayoría de las rutas nacionales que serán privatizadas no las quiere nadie: no son rentables en términos capitalistas. Ahora, sin Vialidad, no queda nadie para repararlas. Sufrirán rápidamente un deterioro que dejará a cientos de pueblos y localidades aislados, en forma similar a lo que sucedió en los ’90, cuando se cerraron los ramales ferroviarios.

El INTA y el INTI son dos organismos con más de 60 años de historia, y proveedores de tecnología de punta para sus respectivos sectores. Dejarán de brindar servicios que son esenciales: ¿quién certificará la seguridad eléctrica de los artefactos a la venta? ¿Y la alimentaria? ¿Quién garantizará la calidad de los materiales con que se fabrican los distintos productos? ¿Quién brindará asesoramiento científico-técnico a los pequeños productores agropecuarios?

Se retrocederá tanto en competitividad como en calidad e incluso en seguridad de los bienes que producimos y consumimos. Se dejarán de exportar cientos de productos simplemente porque ya no tendrán los certificados técnicos que exigen otros países como control.
Milei nos lleva a una reprimarización de nuestra economía (es decir, sólo exportación de materias primas), donde ganarán los pulpos transnacionales del saqueo.

En estos días tuvimos un nuevo espejo de la Argentina que nos deja este gobierno ultraderechista y entreguista: la primera ola de frío nos dejó sin gas, por el simple hecho de no haber terminado obras de infraestructura que estaban ya realizadas en más del 70%. ¡El gobierno se ufana de los dólares que entrarán por el gas y el petróleo de Vaca Muerta, y ni siquiera puede garantizar que el suministro llegue a toda la población! ¿Negligencia? Creemos que no: a los portadores de la motosierra simplemente no les interesa.

El pueblo trabajador sigue luchando. El gobierno ultraderechista, reprimiendo. Como acaba de suceder con las y los trabajadores de Georgalos en la Panamericana, lo que, sin duda, no frenará su pelea. Como tampoco lo hará con la lucha de Secco, la del personal de salud del Garrahan y otros hospitales, y por supuesto, con las ya clásicas marchas de los miércoles de las jubiladas y jubilados. Son luchas que hay que apoyar y unificar para que triunfen, al mismo tiempo que exigimos a la CGT que rompa su ya escandalosa tregua con el gobierno y llame a un nuevo paro nacional, esta vez de 36 horas. Como lo acabamos de plantear en el segundo plenario nacional de nuestra corriente sindical A Luchar, realizado el sábado pasado.

Mientras tanto, empieza a correr el reloj del calendario electoral. Se cierran las alianzas en la provincia de Buenos Aires, donde se dará una elección testigo en septiembre, previa a las nacionales de octubre. La Libertad Avanza busca plebiscitar su gestión nacionalizando la elección, para salir fortalecida y avanzar con la motosierra, duplicando la apuesta con la flexibilización laboral y la liquidación definitiva del sistema jubilatorio.

El peronismo, por su parte, se unifica, generando un auténtico amontonamiento que no logra disimular la creciente crisis con su base. Intenta polarizar, mostrándose como la “oposición” y buscando capitalizar la bronca contra el gobierno, después de un año y medio en el que dejó correr el ajuste.

En este panorama, el Frente de Izquierda Unidad es la única opción para el pueblo trabajador. Con su apoyo y presencia incondicional en todas las luchas, con la oposición sistemática y consecuente de sus legisladores al plan motosierra y, sobre todo, con su programa alternativo, obrero y popular, que parte de no pagar la deuda y romper con el FMI para priorizar las urgentes necesidades de salario, trabajo, salud, educación y vivienda.

Escribe Guido Poletti

Los precios de los bienes de primera necesidad le siguen ganando por goleada a los salarios y las jubilaciones. Julio arrancó con todo: aumentos en la luz, el gas, el agua, las prepagas y la nafta. También hay más despidos y cierre de organismos. La tarea es clara: hay que pelear contra la motosierra y decirle ¡basta! a Javier Milei.

En junio, pese a que los trabajadores y trabajadoras en blanco cobraron el aguinaldo y hubo algunas fechas tradicionales como el Día del Padre, las ventas minoristas cayeron un 6,7% respecto a mayo. Una señal clara de que los ingresos de la clase trabajadora siguen por el piso.

Ahora empezó julio, la segunda mitad del año, con una nueva tanda de tarifazos: la nafta y el gasoil aumentaron un 3,5%; la luz y el gas, un 2%; el agua, un 1%; las prepagas, un 2,65%; y las cuotas de los colegios privados, un 2,4%. Los alquileres que aún están regidos por la ley anterior (con actualizaciones anuales) suben un 66,1%. También se registraron nuevos aumentos en el transporte público de CABA y el AMBA, tanto en subtes como en colectivos. A esto se suma la liberación del precio de las garrafas, que utiliza el 46% de la población, especialmente los sectores más pobres.
Todo esto impacta de lleno en el bolsillo popular, profundizando la crisis, el hambre y la miseria. En los meses anteriores se había registrado un leve aumento en la compra de bienes de consumo masivo (alimentos, artículos de limpieza y tocador) financiados con tarjeta de crédito. Pero ahora, ese recurso también retrocede: las familias populares están sobreendeudadas y ya no pueden seguir pateando gastos hacia adelante. Incluso, aumenta la morosidad en el pago de tarjetas: muchas personas ya no pueden ni abonar el mínimo, lo que las expone a un crecimiento exponencial de su deuda mientras pierden el acceso al crédito.

Al mismo tiempo, crece el desempleo. Según datos del propio INDEC, la tasa ya llega al 7,9% a nivel nacional, y se acerca al 10% en el conurbano bonaerense. Este fenómeno viene acompañado por el sobre-empleo: miles de trabajadores que no llegan a fin de mes con su salario intentan desesperadamente completarlo con horas de autoexplotación, manejando un Uber o realizando trabajos informales. Lo mismo sucede con jubilados y jubiladas: en 2024, el 53% de quienes reingresaron al mercado laboral provienen de ese sector.

Plata hay, pero para pagar la deuda

Mientras se ajusta al pueblo trabajador, esta semana (irónicamente, el 9 de julio, Día de la Independencia) se pagarán en efectivo 4.300 millones de dólares. Junto con el pago de enero pasado, es el desembolso más alto del año. Es decir: no hay plata para salarios ni jubilaciones, ni para el Garrahan, el Bonaparte o el Posadas, ni para educación o ciencia y técnica, pero sí para pagar la deuda.

El gobierno se juega a mantener esta ficticia “estabilidad” de precios con salarios y jubilaciones pulverizados, y con un dólar artificialmente bajo. Pero no lo estaría logrando, al menos no tan automáticamente como pretende. Junio terminó con una inflación superior a la de mayo, y para julio –como vimos con la lista de aumentos– los números prometen ser peores aún.

A esto hay que sumarle que, pese a las bravuconadas del ministro de Economía Luis Caputo (“si para vos el dólar está barato, comprá, papá”), el tipo de cambio empezó a despertarse y ya tocó los 1.300 pesos: el valor más alto desde que entró el préstamo con el FMI.
La perspectiva, entonces, es clara: el gobierno insistirá con más ajuste y más motosierra ahora, y con reforma laboral (flexibilización) y jubilatoria después de octubre. Por eso se impone seguir la pelea: apoyando todas y cada una de las luchas, buscando coordinarlas y fortalecerlas para que triunfen.

Hay que exigir un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, que la junta interna de las y los trabajadores de ATE-Indec calcula en 1.840.000 pesos. Y reclamar, para lograrlo, que la CGT rompa la tregua y llame a un paro nacional de 36 horas.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad 

El plan motosierra de Javier Milei tiene consecuencias devastadoras sobre la vida de millones de personas, en particular sobre los más vulnerables. Caminando por las calles se refleja la crueldad: son miles quienes no tienen dónde vivir, con su expresión más cruda en el alarmante aumento de personas en situación de calle. Hablamos de gente a la intemperie, expuesta a todo tipo de violencias físicas, sin acceso a servicios médicos ni a un lugar donde dormir por falta de vacantes, con una alimentación deficiente que se agrava en medio de la ola polar. Todo esto tiene consecuencias directas sobre la dignidad y la vida de miles.

A la motosierra, el crecimiento del desempleo, los salarios de miseria y los alquileres impagables, se suma el decreto 373/2025 del gobierno nacional, que eliminó la asistencia directa a personas sin techo y trasladó esa responsabilidad a las jurisdicciones locales. Milei recortó incluso las insuficientes políticas para quienes no tienen un techo, restringiendo el acceso a los pocos refugios disponibles, así como a programas de contención y asistencia.

Este circuito de violencia termina en el peor de los desenlaces. Durante 2024, murieron 134 personas en situación de calle en todo el país. En lo que va de 2025, solo en la Ciudad de Buenos Aires fallecieron 13. A esto se suma la creciente estigmatización con operativos de “limpieza” urbana que criminalizan la pobreza en lugar de ofrecer soluciones estructurales, como vemos con el aliado de Milei, Jorge Macri, en la Ciudad.

En medio de una ola polar que ya dejó al menos nueve muertes por hipotermia, la contracara está en la solidaridad social: comida caliente, abrigo y acompañamiento. Mientras tanto, el gobierno celebra los “superávits fiscales” conseguidos a fuerza de sufrimiento social. La motosierra no corta privilegios: desgarra derechos, hogares y vidas.

Desde Izquierda Socialista seguiremos peleando para terminar con este gravísimo problema social que es el déficit habitacional. Decimos que ninguna persona debe estar en la calle. ¡Plata para refugios y políticas habitacionales, no para el FMI!

Escribe José Castillo

Una jueza yanqui dio a conocer una sentencia por la que nuestro país fue condenado a abonar 16 mil millones de dólares y a entregar como “parte de pago” acciones de YPF. Un fallo colonial escandaloso. 

El lunes 30 de junio, la jueza de Nueva York Loretta Preska determinó que el 51% de las acciones de YPF debían ser entregadas al fondo Burford Capital. Inmediatamente, otros fondos buitres que están en juicio contra la Argentina, aprovecharon la volteada y también pidieron que se les pagara con acciones de la petrolera estatal.

La jueza fijó el monto actual del fallo a favor de Burford en 16 mil millones de dólares (más un agregado de intereses que siguen corriendo a razón de 2,5 millones de dólares por día). El monto es tan absurdo que trascendió que Burford está dispuesto a negociar llevándose “sólo” 5 mil millones de dólares en efectivo. O un monto un poco mayor en bonos de la deuda externa argentina. En síntesis: estaría contento con pasar a ser un acreedor “privilegiado” de nuestra deuda externa.

Increíblemente, el actual presidente de YPF, Horacio Martín, colocado allí por Javier Milei y a su vez directivo de Techint, afirmó: “la jueza falló a favor de YPF”, aduciendo que como el juicio fue contra el Estado argentino, no afecta a la empresa. Debería haber aclarado que al que no afecta es a Techint, o a los intereses entreguistas del presidente ultraderechista. Por el contrario, a estos el fallo les cae como gran excusa para avanzar con la privatización y entrega de la petrolera estatal.

Los buitres que rondan a YPF

Milei cuestiona su reestatización. De eso “culpa” a Cristina Fernández y a Axel Kicillof. Nosotros, desde Izquierda Socialista estuvimos y estamos a favor de la reestatización, así como denunciamos al propio peronismo kirchnerista por haber dejado pasar el tiempo hasta 2012 para recién entonces llevarla adelante. Bajo la excusa de una presunta “argentinización” hizo entrar a la empresa al Grupo Petersen. Y que, cuando se produjo la reestatización, en vez de recrear lo que debía ser la YPF Sociedad del Estado, se mantuvo YPF S.A., con el estado como accionista mayoritario, pero con un 49% en manos privadas.

Ese 49% de las acciones de YPF cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. Hay fondos de inversión que adquirieron cantidades importantes de esas acciones y aspiran a poder influir y eventualmente tener mayoría en el directorio de la empresa. Estos buitres que están “a la caza” son VR Advisory Services, Mirae Assets Global Investment, Duquesne Family Office LLC y NWI Management LP.

Claro que uno de los que está agazapado es la propia transnacional española Repsol, la misma que vació a YPF en su momento y se fue llevándose 5 mil millones de dólares en bonos de deuda (que luego se valorizaron hasta ser 10 mil), a pesar de los dichos del entonces ministro de Economía de Cristina, Axel (“no les vamos a pagar un peso”). Sucede que cuando, en 2008 y a pedido del propio Néstor Kirchner, entró al 25% del capital de la empresa el Grupo Petersen (con la familia Eskenazi a la cabeza, dueña del Banco de Santa Cruz), lo hizo sin poner un peso. “Pagó” con un préstamo otorgado por un pool de bancos europeos y la propia Repsol, que iba a ser cancelado con las ganancias de YPF. Pero luego de 2012, YPF dejó de pagar dividendos y el Grupo Petersen no tuvo como seguir cancelando los préstamos y fue a la quiebra. Las acciones del grupo se vendieron para pagar parte de la deuda con los bancos. Al mismo tiempo se vendió el “derecho a litigar” contra YPF al grupo Burford por 15 millones de dólares (nótese el negocio, 15 millones contra los 16.100 que dictaminó la jueza Preska que deben cobrar).

La deuda pendiente del Grupo Petersen, o sea lo que le pagaría el fondo Burford si cobrara el juicio, asciende a 1.147 millones de dólares. El principal acreedor, que cobraría de manos de Petersen es nada más ni nada menos que la propia Repsol, siguiéndole el Banco Credit Suisse International, BNP Paribas, Goldman Sachs, Natixis, HSBC y Merrill Lynch. Todos nombres conocidos de buitres acreedores de nuestro país, que aspiran a quedarse con “pedazos” de la petrolera o en su defecto con bonos de deuda externa argentina. 

Está en juego la principal empresa de la Argentina y un jugador decisivo en el negocio de Vaca Muerta, con un nivel de reservas calculada en 548 millones de barriles de petróleo y 2.688 billones de pies cúbicos, lo que da un total de casi 1.100 billones de barriles (el 30% del total de las reservas desarrolladas y no desarrolladas del país). Además,YPF domina también el negocio de la refinación con más del 50% de la capacidad total del país, a través de las refinerías de La Plata, Luján de Cuyo y Plaza Huincul. En la comercialización también es el número uno del país, con el 31,9% del total de las estaciones de servicio. En lo que respecta al gas, el 28,7% de toda la producción de gas de 2024 surgió de yacimientos que gestiona YPF, con centro en Vaca Muerta.

El gobierno ultraderechista de Milei, el Grupo Techint a través de Tecpetrol (que ha colonizado la presidencia de YPF) y todos los buitres que hemos citado más arriba son los que están al acecho para, con la figura de “abrir el capital de la petrolera” quedarse con la mayoría de la empresa y controlando su directorio, utilizarla para el saqueo del gas y petróleo de nuestro país. 

Por una YPF 100% estatal

Hay que repudiar el fallo de la jueza Preska. ¡Ninguna negociación! Ni un dólar, ni una acción, deben salir del país en este concepto. Al mismo tiempo debe quedar clara una lección: la actual YPF S.A. está indemne ante estas maniobras. Hay que estatizar el 100% de la empresa, a la vez que se deben rescindir todos los contratos de concesión con las otras petroleras que operan en el país. Es tiempo de reconstruir una gran empresa estatal, gestionada por sus propios trabajadores y técnicos, integrada desde la prospección, la extracción, el refinamiento y la comercialización. Que, a la vez, realice toda su actividad en común acuerdo con las comunidades locales donde se deban realizar estas actividades.