Escribe Pilar Barbas, dirigenta de la Juventud de Izquierda Socialista y Estudiante UNA (Universidad Nacional de las Artes)

Del 3 al 9 de julio se llevó a cabo en todo el país el Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa (Entra), una iniciativa enmarcada en la lucha contra el decreto 345, que busca desmantelar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

El organismo fue creado en 1997 por la Ley 24.800, tras años de debate y militancia. Su objetivo es fomentar la producción escénica con un enfoque federal. Cuenta con un directorio integrado por representantes de todas las provincias y es autárquico, lo que significa que son los propios teatristas quienes deciden cómo distribuir los fondos para sostener salas y proyectos en todo el territorio.

El decreto 345 apunta a disolver este esquema: elimina el consejo, le quita la autarquía y transfiere la gestión a la Secretaría de Cultura, es decir, al gobierno nacional. Se trata de un nuevo ataque en una avanzada sistemática contra la cultura pública, como ya ocurrió con el Incaa.

Frente a esto, se organizó una enorme respuesta colectiva. Más de 380 funciones a la gorra en todo el país mostraron la potencia del teatro como herramienta de expresión y acceso, y permitieron que miles de personas participaran de una experiencia artística. El teatro es identidad, memoria y resistencia. Lo fue en los momentos más oscuros de nuestra historia, y hoy vuelve a ser un lugar de encuentro y lucha.

El Entra cerró el 9 de julio con asambleas simultáneas en distintas ciudades. Allí se resolvió apoyar la movilización del 17 en defensa del Garrahan y la salud pública, y convocar una jornada federal de artistas el día que el Congreso debata la derogación del decreto. También se votó realizar una nueva edición del encuentro, esta vez ampliado a todos los sectores culturales.

La defensa del Instituto es parte de una causa más amplia: sostener y fortalecer la cultura nacional. Si logramos frenar este ataque, estaremos mejor preparados para enfrentar los que vendrán. En esa pelea estamos.

Escribe Atilio Salusso

Pastorcito milagroso

“Teníamos 100 mil pesos que se transformaron en 100 mil dólares”, dijo el pastor chaqueño Jorge Ledesma, a quien fue a bendecir Javier Milei en un evento donde los fieles pagaron entre 25 mil y 100 mil pesos. El pastor será investigado (¡andá a saber!) por lavado de dinero.
“Yo soy creyente, pero nunca se me transformaron los 300 mil pesos que cobro en dólares”, dijo un jubilado. Ledesma también tendrá que justificar el anillo de plástico de una seguidora que, según él, las fuerzas del cielo transformaron en diamante. Y el templo, emplazado en plena capital, que alberga a 15 mil personas (al mejor estilo Luna Park o Movistar Arena), y que habría costado 50 palos verdes.

Valijera x 10

Otro escándalo estalló en estos días con una tal Laura Arrieta, única pasajera que arribó en febrero de este año en un avión privado a Aeroparque con 10 valijas sin declarar ni escanear. No venían llenas de ositos de peluche, precisamente. Se sospecha que transportaban dólares para la campaña de Javier Milei o material de inteligencia ilegal para espiar y perseguir opositores.

El dueño del avión es Leonardo Scatturice, quien, junto a Arrieta, forma parte de la Conferencia Política de Acción Conservadora, que canaliza el vínculo entre Milei y Donald Trump. A esto hay que sumarle la megaestafa con la cripto-Libra y las cenas en Puerto Madero a 25 mil dólares el cubierto para financiar a los fachos libertarios. Lo que ellos llaman la “batalla cultural”.

Corte pedófila

“La Corte Suprema sobreseyó a un cura pedófilo. ‘Nos mató’, dicen las víctimas”. Ese fue el título de la terrorífica noticia publicada por Clarín el 6 de julio. El cura abusador se llama José Ilaraz, tiene 66 años y estaba condenado a 25 años de prisión por pedofilia. Pero mientras cumplía la condena, la Corte lo salvó argumentando que los delitos prescribieron.

“¿Cómo puede ser que los jueces de la Corte hayan priorizado la prescripción por encima del irreparable daño que hizo con cien menores?”, expresaron las víctimas. “Era nuestro guía, astuto, persuasivo, sigiloso, y buscaba a sus presas más vulnerables. Y nosotros éramos muy vulnerables”.
En diciembre de 2024, el papa Francisco había exonerado. Sin embargo, las víctimas sostienen: “Bergoglio se equivocó, actuó muy tarde, lo protegió hasta donde pudo y, cuando estaba acorralado, lo exoneró”.
 

Escribe Juliana García, hija de desaparecidos, activista por los derechos humanos y militante de Izquierda Socialista/FIT Unidad 

Desde la casa de las Abuelas de Plaza de Mayo, en el predio de la ex ESMA, celebramos este último encuentro. El nieto 140, que es el hijo de Graciela Romero y Raúl Metz, detenidos desaparecidos, que fueron secuestrados en Neuquén y estuvieron en el centro clandestino de detención La Escuelita de Bahía Blanca. Sabíamos por testimonios de una ex detenida que estuvo con Graciela, que el bebé había nacido el 17 de abril de 1977 y que era varón. Teníamos datos valiosos y desde hace mucho tiempo estábamos detrás de este caso. Adriana, su hermana, lo buscó siempre muy activamente.
La restitución de un nieto que fue apropiado en la última dictadura es una noticia que nos llena de alegría y que nos da fuerza en este momento en que la lucha por los derechos humanos está tan vapuleada. Es doblemente gratificante, sobre todo cuando nos gobierna Milei, que no solo es negacionista sino que reivindica la dictadura. Así que en este contexto seguir encontrando nietos y nietas es algo maravilloso y que nos indica que tenemos que seguir buscándolos, que es por ahí el camino.

Nos llena de felicidad y de alegría la restitución de la identidad de un nuevo nieto. Lo festejamos porque es un golpe al plan sistemático de exterminio que llevaron adelante los militares, que incluía no solo el asesinato de una generación de luchadores, sino también borrar la identidad de sus hijos e hijas. Son más de 300 las niñas y niños que fueron apropiados durante la última dictadura genocida y que aún debemos encontrar. Por eso seguiremos  buscando y seguiremos luchando contra este gobierno ultraderechista de Milei y Villarruel, que no quieren que encontremos a los nietos y nietas. Por eso, desmantelan el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Conadi y la Secretaría de Derechos Humanos para que dejemos de buscar pero no lo lograrán. Seguiremos adelante con nuestra lucha, la de las Abuelas, la de los organismos de Derechos Humanos y la de miles que todos los 24 de marzo nos movilizamos por Memoria, Verdad y Justicia. 

Este martes 8 de julio se desarrollaron proyectos de Ley por la defensa del Garrahan y por una Ley de financiamiento universitario en comisiones del Congreso Nacional.

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Un tribunal yanqui dictó un auténtico fallo “pirata” contra YPF. Prácticamente obliga a nuestro país a entregar nuestra empresa petrolera a un fondo buitre británico que nunca tuvo ninguna relación con ella. Hay que repudiar este fallo y exigir la estatización total de YPF y todo el negocio petrolero.

Escandalosamente, la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York acaba de fallar a favor del Fondo británico Burford, condenando al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares más intereses (2,5 millones de dólares por día) y exigiendo que nuestro país entregue inmediatamente el 51% de las acciones de YPF como parte de pago.

El gobierno de Milei, hipócritamente, dice que todo es producto del desastre de la política reestatizadora llevada adelante en 2012 por Cristina Fernández y su ministro de Economía Axel Kicillof, cuando hoy La Libertad Avanza es la principal entregadora de todos los recursos (el petróleo entre ellos) para el saqueo a favor de los grupos monopólicos. Claro que esto no libera de responsabilidad al peronismo kirchnerista. Por eso tenemos que reconstruir la historia con mucha precisión.

La mayor entrega de las privatizaciones de los ´90: YPF a Repsol

La española Repsol terminó quedándose con la totalidad de YPF, en un proceso privatizador llevado adelante por el menemismo que culminó en 1999, tras varios pasos escandalosos previos, como el apoyo fundamental del entonces gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner. Repsol se encargó de extraer todo el petróleo que pudo entre 1999 y 2011, enviando las ganancias a su casa matriz, descapitalizando la empresa y achicando las reservas año tras año, hasta llegar a su virtual agotamiento. El kirchnerismo no hizo absolutamente nada en todos esos años y recién avanzó con la reestatización (parcial, como veremos) cuando la propia Repsol demostró intenciones de retirarse de la empresa en 2012.

Eskenazi y el Grupo Petersen

En el año 2008, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner promovió la entrada en el capital de YPF-Repsol de uno de sus empresarios amigos, la familia Eskenazi (del Grupo Petersen, propietario del Banco de Santa Cruz). Eskenazi no puso un peso: “pagó” por el 25% de las acciones de la empresa con un préstamo de un grupo de bancos europeos, a los que les iba a devolver la plata con las propias ganancias de la empresa. El gobierno kirchnerista justificó todo esto argumentando que era parte de una “argentinización” de YPF.

La expropiación

Recién en 2012 el gobierno de Cristina Fernández expropió a Repsol. Las bravuconadas del entonces ministro de Economía Axel Kicillof (“No vamos a pagar un peso”), pronto quedaron en la nada. A pesar del desastre que había hecho Repsol con YPF y de los miles de millones de dólares que ya se había llevado, recibió del gobierno argentino otros 5.000 millones de dólares. Sin embargo, la nueva YPF, con participación mayoritaria del Estado no cambió su forma jurídica, siguió siendo formalmente una sociedad anónima. A partir de ahí desarrolló nuevos negocios con privados, comenzando con el acuerdo secreto con Chevrón que dio inicio a la explotación vía fracking en Vaca Muerta, y siguiendo con innumerables acuerdos con los otros pulpos del mundo privado del petróleo.

De Eskenazi al fondo Burford Capital

El Grupo Petersen de Eskenazi había quedado “afuera” de la reestatización: siguió teniendo sus acciones y su participación minoritaria en la ahora YPF de mayoría estatal. Pero en un momento no pudo seguir pagando el préstamo a los bancos europeos que se le había dado para comprar las acciones de YPF-Repsol, pidió su quiebra en España e increíblemente le inició juicio al Estado argentino porque este no le había comprado sus acciones de YPF. Pero como no tenía dinero ni siquiera para pagar los abogados para ese juicio, le “vendió” la causa al fondo británico Burford Capital, que nunca había tenido absolutamente nada que ver con YPF. A este fondo buitre es al que la jueza yanqui Preska declara “ganador” y le otorga un monto que es ¡tres veces lo que Argentina le pagó en su momento a Repsol! Más aún, pide que ya mismo nuestro país le entregue a esos buitres el 51% de las acciones de YPF, o sea el control de la empresa. Un auténtico escándalo, más aún, un acto de piratería.

¿Quiénes son los responsables de todo esto?

Por supuesto, no se puede esconder la responsabilidad del peronismo kirchnerista: en la mismísima privatización menemista, en hacer entrar a su amigo el empresario Eskenazi en el capital de la empresa, en la demora de años en proceder a la reestatización y en haberlo hecho manteniendo la figura de YPF S.A. (o sea legalmente como si fuera una empresa privada, sometida a los tribunales internacionales).

Pero el gobierno ultraderechista de Milei, aliado incondicional del saqueo de nuestras riquezas y en particular del imperialismo yanqui, es el peor abogado que podemos tener para resolver esto. YPF es el caso más escandaloso de una ya larga saga de juicios. Por eso hay una pregunta que no se puede esquivar: ¿por qué un tribunal norteamericano es el qué decide sobre el futuro de una empresa argentina con participación estatal mayoritaria como YPF? No es la primera vez que pasa, ya vimos algo similar entre el final del gobierno de Cristina y el comienzo del de Macri (2013-2016) con las exigencias de los fondos buitres, que terminaron cobrando escandalosamente miles de millones de dólares fruto de juicios de usura. Durante el gobierno de Menem, en la década del ´90, se firmaron decenas de TBI (tratados bilaterales de inversión) por los que se fijaba la jurisdicción ante cualquier controversia legal en el CIADI (tribunales del Banco Mundial) o directamente ante las cortes de Nueva York o Londres. Se emitieron cientos de millones de dólares de nuevos bonos de deuda externa con esas cláusulas, en todos los gobiernos posteriores sin excepción (De La Rua, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, Macri, Alberto Fernández y ahora Milei). El Estado argentino viene perdiendo sistemáticamente todos los juicios llevados adelante en esos tribunales.

¿Cuál es la salida?

Bulford no tiene ninguna intención de hacerse cargo de YPF. Lo que busca es un “acuerdo” que transforme el fallo a su favor de 16.000 millones de dólares más intereses en bonos de la deuda externa argentina a favor de este buitre especulador.
Lo que hay que hacer está clarísimo. Repudiar este fallo es parte del hecho más amplio de negarse a seguir pagando la totalidad de los montos de esa deuda odiosa, usurera, ilegal, ilegítima e impagable, que nació con la dictadura genocida y que creció en decenas de capítulos protagonizados por distintos gobiernos, como el que ahora protagoniza el estudio Bulford. Al mismo tiempo hay que repudiar también los TBI, retirarse del tribunal de controversias del Ciadi y rechazar cualquier juicio que pretenda llevarse adelante en juzgados fuera del país.

Con respecto al propio sector energético, la salida es una YPF 100% estatal, que concentre todo el negocio petrolero de nuestro país (rescindiendo las concesiones que se han otorgado a otros monopolios extranjeros o nacionales), que funcione gestionada por sus propios trabajadores y técnicos, concentrando todo el negocio del sector, incluyendo la prospección, extracción, transporte, refinado y comercialización. Y que todos y cada uno de sus procesos los realice respetando el ambiente, en común acuerdo con las comunidades locales donde se encuentran los yacimientos.