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Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Desde la conformación de la Comisión Investigadora por la cripto estafa en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional y sus aliados han buscado, con diversas maniobras, impedir que avance la investigación, obstruyendo la definición de la presidencia, lo que podría destrabarse en los próximos días. De ser así, la comisión podría emitir un dictamen en base a las investigaciones que periodistas y especialistas en criptomonedas han expuesto. Ese dictamen podría incluso utilizarse en un juicio político o en la investigación judicial. Milei, Karina y los mercenarios financieros que fueron parte de la estafa no quieren que en el medio de la campaña electoral sigan saliendo a la luz nuevos hechos que golpeen al gobiern y reafirmen lo que fue evidente desde el 14 de febrero: entre “estúpido o corrupto”, el presidente es lo segundo. 

Las diversas investigaciones periodísticas han marcado que Hayden Davis, creador de la cripto $Libra, fue llevado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy a Karina y Javier Milei. Davis visitó Argentina en seis oportunidades. El 30 de enero se documentó la primera reunión oficial, luego de la cual Davis transfirió 500.000 dólares a Novelli, quién abrió una caja de seguridad en el Banco Galicia. La segunda transferencia se hizo minutos antes de que Terrones Godoy y Novelli recibieron el dinero el 4 de febrero, y la tercera, se hizo el 13 de enero antes del lanzamiento de Libra. El 17 de febrero Novelli fue a retirar el dinero. 

La estafa fue armada y planificada, desde Davis, Novelli y Terrones junto con Karina y Milei. El cripto experto Fernando Molina (especialista en blockchain) ha sido contundente en la red social X en mostrar que hubo estafa. Las mentiras de que “no sabía nada”, que “actuó por cuenta propia” o que “era un negocio privado  para fomentar a las pymes” caen por sí mismas ante los hechos. Milei estuvo en la planificación previa, la impulsó y la promocionó usando la investidura presidencial junto a Karina, que recaudó la ganancia, y los usureros financieros Novelli y Terrones Godoy, que se hicieron parte del aparato del Estado para la usura y para atacar al pueblo trabajador. 

Desde Izquierda Socialista estamos por que avance el dictamen de la comisión investigadora y también hemos pedido el juicio político para Milei. También somos claros, que no podemos confiar en un Congreso cuyas diputadas y diputados han sido cómplices del gobierno. Exigimos que avance la investigación y que se termine con la impunidad de Milei estafador.  

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad 

Los 24 gobernadores presentaron dos proyectos que ponen en discusión fondos para las provincias. Se trata de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto al Combustible, que piden que vayan automáticamente a las provincias. Los ATN son recursos equivalentes al 1% de la masa coparticipable, creados por la Ley 23.548 para atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales. Plata que todos los gobiernos nacionales manejaron de manera discrecional, utilizándolos como caja para gobernadores aliados. En 2024 el presidente Javier Milei ejecutó sólo el 7,3% y en el primer semestre del 2025 el 20,2%. Dinero que fue directo a pagar la deuda y para la especulación financiera. En el caso del Impuesto al Combustible, el proyecto dispone de esos fondos para la coparticipación, pero en ninguno de los casos queda claro a dónde irán los fondos. 

Ahora bien, los mandatarios provinciales han sido cómplices de garantizar la gobernabilidad nacional y, recién ahora en un año electoral, están obligados a desmarcarse. Los gobernadores, desde todos los partidos patronales, los oficialistas como Jorge Macri y Alfredo Cornejo o los que fueron abiertamente funcionales como Maximiliano Pullaro, Claudio Vidal, Raúl Jalil, Carlos Sadir o Martín Llayora (que ahora se presentan en un frente electoral) o lo que son opositores como Kicillof, aplicaron el ajuste en sus provincias, lo que se puede ver reflejado en el salario de docentes, trabajadores de la salud y estatales. 

La mayoría de los gobernadores fueron parte del Pacto de Mayo, creyendo que podían negociar dinero a cambio de votos a leyes como fue el caso de la Ley Bases y el paquete fiscal. Los mismos que no movieron un dedo ante los recortes de las transferencias para obra pública o del Fonid. Sin su colaboración (radicales, PRO, peronistas o de partidos provinciales) y de sus legisladores y legisladores, no se explica cómo el gobierno de Milei, que tiene amplia minoría en el Congreso, promulgara vetos o la ratificación del DNU para avanzar en una nueva estafa con el FMI por 20.000 millones de dólares. De ahí salieron los 87 “héroes” que comieron el “asadito” luego de sacarle una migaja a las y los jubilados. 

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad hemos planteado que es correcto que esa plata vaya a las provincias, pero que no podemos darle un cheque en blanco a los gobernadores, sino que tiene que ir a satisfacer las necesidades populares. En el caso de los ATN hemos planteado que ese 1% vaya para salarios de las y los docentes, trabajadores de la salud y municipales y lo que va a la Nación a las universidades y el Garrahan. En el caso del Impuesto al Combustible que busca coparticiparse, se destine a los fines que ya tenía: plan de viviendas, obras de infraestructura hídrica y a Vialidad Nacional para las rutas y caminos nacionales, que hoy son un verdadero Cromañón en potencia. Y que ese dinero sea controlado por las y los trabajadores y no por los gobernadores para que la plata vaya a dónde tiene que ir: al pueblo trabajador de las provincias.

Escribe Reynaldo Saccone, expresidente de la Cicop

Hay cien muertos por fentanilo contaminado de los cuales el juez federal Ernesto Kreplak ha certificado hasta ahora 87. En estos días el Instituto Malbrán determinará la cifra de víctimas precisa. Hasta ahora prácticamente duplica las víctimas fatales de la masacre de Once del 2012 y solo es superada por los 194 muertos producidos por el incendio de Cromañón en 2004.

Este medicamento similar a la morfina se usa solamente en ambiente hospitalario y generalmente en áreas cerradas. Su producción es limitada y no se vende en farmacias, lo que debiera facilitar una estrecha vigilancia por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas (Anmat), el organismo encargado de velar por la calidad de medicamentos, alimentos y otros productos de uso médico e higiene.

En los primeros días de diciembre de 2024, la Anmat inspeccionó los laboratorios productores: HLB Pharma en San Isidro y titular de la marca; y el Laboratorio Ramallo, donde realmente se fraccionaba la droga en pésimas condiciones que los inspectores catalogaron como “deficiencias críticas mayores”. Irresponsablemente la Anmat no incautó el lote y el 18 del mismo mes la partida cuestionada salió a la venta y se distribuyó durante casi seis meses. Hubo que esperar las 18 víctimas del Hospital Italiano de La Plata (nueve de las cuales murieron) para que, finalmente, el 13 de mayo se ordenara el retiro de productos y se presentara la denuncia penal. Córdoba y Rosario, en realidad, se habían adelantado por varias semanas a suspender la distribución y aislar los lotes contaminados.

Resultado de una política criminal y empresarios inescrupulosos

No fue fatalidad ni accidente. Podría haberse previsto y evitado si hubiera funcionado correctamente la Anmat. Pero esta no cumplió su rol por la combinación de dos aspectos de la política del gobierno ultraderechista. Por un lado, la acción de la motosierra que disminuyó su personal (quedaron diez inspectores para atender 300 laboratorios). Por el otro la desregulación, que no es otra cosa que permitir a las grandes empresas rebajar la calidad de su producción o, directamente, adulterarla (como en este caso) para aumentar sus ganancias.

Un tercer protagonista es Ariel García Furfaro. Sin antecedentes en el rubro (aunque estuvo preso entre 2002 y 2005 por lesiones graves), compró un laboratorio en el sur de Rosario que explotó en 2016 y destruyó casas vecinas. Al año siguiente, abonó la compra de un segundo laboratorio con once cheques sin fondos, operación por la cual aún está judicializado. (La Nación, 28/5/2025). La compra en 2017 de HLB Pharma también lo envolvió en un proceso judicial por el cual pesa sobre él una inhibición general de bienes (La Nación, 28/5/2025). Resulta obvio que este empresario solo puede operar gracias a que posee fluidos contactos en los sucesivos gobiernos incluido el actual, desde donde parece que le han soltado de la mano.

El ministro de Salud, Mario Lugones, por ser responsable de la Anmat, Federico Sturzenegger por desregular y aflojar los controles, el “exitoso” empresario Furfaro y los funcionarios directamente implicados deben ser investigados y condenados por haber causado esta tremenda tragedia.

Por un sistema de salud único, estatal, gratuito y de excelencia para todos, controlado por sus trabajadores y usuarios

En recientes reuniones de la Cámara de Comercio Argentina Norteamericana, Sturzenegger ha reafirmado su decisión de quitar regulaciones y obligaciones a las empresas. Lugones, por su parte, volvió a anunciar la intención del Gobierno nacional de acabar con la idea de que la salud es un derecho y lograr que cada uno pague de su bolsillo su atención; repitió que el Estado no tiene que hacerse cargo de la salud pública. Las muertes del fentanilo han mostrado hacia dónde llevan estas ideas demenciales.

Así el reclamo de los familiares de las víctimas, como la lucha que vienen librando las y los trabajadores del Garrahan nos muestran el camino para frenar el avance del gobierno y de los empresarios sobre los derechos de la clase trabajadora y el pueblo. Solo con la lucha vamos a conservar y mejorar la salud pública. Desde Izquierda Socialista y el FITU llamamos a la más amplia unidad de acción para defender el derecho a la salud de las y los trabajadores y a derrotar los planes entreguistas del gobierno ultraderechista y sus aliados. Luchemos por resolver el desastre sanitario actual generado tanto por los distintos gobiernos peronistas como los de signo liberal. Por un sistema de salud único, estatal, gratuito y de excelencia para todos, controlado por sus trabajadores y usuarios.

Escribe Diego Saavedra, delegado de la Junta Interna de ATE y candidato a diputado nacional por Izquierda Socialista en el FIT Unidad

Después de la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica en Diputados, la lucha del Garrahan sigue más fuerte que nunca. Las asambleas del conjunto del hospital ratificaron la predisposición para ir hasta el final en la pelea por aumento salarial y para frenar el desfinanciamiento.

Después de tres meses de una histórica lucha que comenzó con un paro por tiempo indeterminado de las y los residentes y que luego se trasladó al conjunto de trabajadoras y trabajadores, el Garrahan está lejos de aflojar. Pese a los aprietes y a las campañas de calumnias del gobierno ultraderechista de Javier Milei y sus usinas “desinformativas”, la pelea se sostiene sobre dos pilares que se encuentran cada vez más sólidos. El primero es la predisposición a la lucha, que es ratificado en cada una de las multitudinarias asambleas. El segundo es el inmenso apoyo popular que se ha convertido en una causa nacional, como se hace visible en cada acción que se convoca y que hace pocos días fue medido por una de las principales encuestadoras del país.

La consultora Zuban Córdoba indicó que más del 80% de los encuestados apoya el reclamo. Un enorme respaldo al Garrahan y a sus trabajadores que se ha convertido en un símbolo de la defensa de la salud pública frente a las políticas de ajuste del gobierno.

La votación del proyecto de Ley de Emergencia Pediátrica en la Cámara de Diputados es sin lugar a dudas una conquista directa de la lucha. Nadie puede confundirse al respecto. Los 159 votos favorables, uno de los números más altos de un proyecto contra el ajuste, son consecuencia de innumerables jornadas de paro, masivas movilizaciones y festivales. Y si existe una posibilidad de que el Senado le dé en las próximas semanas una sanción definitiva es por la perseverancia en la pelea y por el enorme apoyo social. 

El proyecto incluye una cláusula de actualización salarial como mínimo a los niveles de noviembre de 2023 y una serie de medidas en torno a los fondos que garanticen el correcto funcionamiento. De aprobarse se habrá dado un gran paso contra la motosierra y el enorme deterioro salarial que ya ha producido que renuncien más de 250 profesionales vitales para el funcionamiento cotidiano. Pero de ninguna manera habrá terminado la lucha.

Para lograr los objetivos centrales, salarios dignos y el freno al desfinanciamiento, la pelea se tiene que profundizar y se debe confluir con otros sectores en lucha. Así ha sido resuelto por las asambleas, con la propuesta del 28 de agosto como fecha tentativa para una gran movilización unitaria que coincida con otros sectores contra la motosierra de Milei como la ciencia, la cultura y la universidad.

Desde Salud y Estatales en Marcha, integrantes de la corriente sindical A Luchar, creemos que hoy más que nunca hay que hacer los máximos esfuerzos para que triunfe el Garrahan. Así lo expresamos en el reciente Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo del pasado 16 de agosto. Es imprescindible que fortalezcamos esta emblemática lucha mientras exigimos a las conducciones sindicales como ATE, CTA, Cicop y Fesprosa, medidas efectivas de apoyo verdaderamente organizadas, y no meras declaraciones para cumplir. Como dijo nuestra diputada Mercedes de Mendieta en su discurso en el Congreso el 6 de agosto: “Hoy defender al Garrahan no es una opción, es una obligación”.

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con Milei bajaron los salarios y se pulverizaron las jubilaciones, creció el desempleo, se desfinanció al extremo la salud, la educación, la obra pública, la ciencia y la técnica. Se atacó la universidad pública, los derechos de las mujeres y disidencias y a las personas con discapacidades. Por si todo esto fuera poco, ya el año pasado vetó un incremento al presupuesto universitario y otro a los jubilados. Este año esto se repitió, otra vez con un veto a las y los jubilados y ahora agregando otro a las personas con discapacidad. Y promete avanzar con otros contra el Garrahan y de nuevo contra las universidades. El presidente ultraderechista amenaza con quitarle los derechos conquistados por décadas por la clase trabajadora, avanzando con la flexibilización laboral y con terminar de liquidar al régimen previsional, aumentando la edad jubilatoria y eliminando regímenes especiales como el docente. Por si todo esto fuera poco, ante cualquier reclamo la respuesta es la represión, de la mano del protocolo de la ministra Bullrich.

La crueldad del gobierno no tiene límites. Ellos mismos aseguran que “gozan” con cada medida de ajuste que anuncian y llevan adelante. Su slogan favorito es “no hay plata”. Consigna que no corre cuando hay que pagar la usurera, ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa, cuando le dan super-tasas a los bancos y especuladores para sostener la bicicleta financiera o cuando se le bajan los impuestos (retenciones) a los monopolios agroexportadores. Tampoco hay problemas de plata cuando se le prometen todo tipo de exenciones y privilegios a las transnacionales que vienen a saquear nuestras riquezas utilizando los privilegios del RIGI, llevándose nuestro gas, petróleo, oro, cobre o litio, dejando además un desastre ambiental en su camino.

Por todo esto crece la bronca popular. Y ahora, con las elecciones a la vista, como la del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, las encuestas demuestran que cae la imagen de Milei. Crece, entonces, el sentimiento de que no hay que votar a La Libertad Avanza, porque sabemos que si se fortalece, irá contra nuestros derechos, sembrando más hambre y miseria. Su primer candidato en la sección más grande y popular de la provincia, la Tercera, nos muestra el perfil de a dónde va el gobierno: el ex comisario Bondarenko, ícono de la “maldita policía”, que promete más represión contra todo el que proteste, así como gatillo fácil y ataque a los jóvenes en los barrios populares.

¡La abstención no sirve!

Sabemos que muchas compañeras y compañeros, que repudian a Milei, asqueados de las promesas no cumplidas y los actos de corrupción de todos los políticos patronales, están diciendo que no piensan ir a votar. Esa tendencia ya se expresó en las elecciones previas en varias provincias y en la de mayo en CABA. Los comprendemos, más aún, compartimos su repudio, pero les decimos que no ir a votar no sirve como castigo. Porque la abstención no se cuenta a la hora de repartir los cargos, haciendo subir incluso el porcentaje de los políticos patronales. ¡Tendrán más bancas para seguir ajustándonos!

¿Por qué el peronismo no es la solución?

El peronismo, bajo la sigla de Fuerza Patria, se presenta como la principal oposición patronal y hace campaña diciendo que “hay que frenar a Milei”. Kicillof, Máximo Kirchner, Massa y Grabois no son ninguna solución para el pueblo trabajador, la juventud, las mujeres y disidencias. Porque el peronismo viene gobernando la provincia de Buenos Aires desde hace 34 años, y en el conurbano bonaerense nunca desapareció el hambre, la miseria, las escuelas y hospitales en situación de desastre, los barrios populares olvidados, la marginación y la violencia. Kicillof nos quiere hacer creer que tiene “alambrada” la provincia contra el ajuste de Milei, pero él mismo ajusta, pagando salarios de pobreza, por ejemplo a las y los docentes. Lo mismo vale para los intendentes, alguno de los cuales siguen siendo los viejos “barones del conurbano”, que ahora encabezan las listas de concejales, como el caso más escandaloso, el del jefe de gobierno de La Matanza, Fernando Espinoza, con denuncias de abuso sexual.

Pero además no podemos olvidarnos que el último gobierno, de Alberto, Cristina y Massa, fue un desastre para el pueblo trabajador, que fue hambreado por un feroz ajuste para cumplir con las exigencias del FMI. Justamente por eso hubo un sector de la clase trabajadora que, equivocadamente, buscó castigarlos votando a Milei.

Ya durante el gobierno de Milei el peronismo, a través de los burócratas sindicales de la CGT dejó correr el ajuste y la motosierra de Milei, con un verdadero pacto para que el gobierno nacional pudiera hacer pasar sus recortes. Incluso en el propio Congreso, el peronismo tuvo sucesivas “fugas” de diputados y senadores que le permitió a Milei avanzar con sus leyes, sostener sus decretos de necesidad y urgencia o mantener los vetos de los que hablamos más arriba.

Apoyá y votá al Frente de Izquierda Unidad

Todo lo que explicamos nos lleva a una única conclusión: la salida para el pueblo trabajador, los jóvenes, las mujeres y disidencias, lo que le sirve a todas y todos los que están luchando contra el ajuste y la motosierra de Milei es votar al Frente de Izquierda Unidad. Porqué es necesario tener más bancas que garanticen luchar por salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, y a favor de la salud, la educación, la vivienda, la ciencia y técnica y cada uno de los reclamos populares.

Porque el FIT Unidad fue y es la única fuerza que está en las calles, acompañando incondicionalmente todas y cada una de las luchas. Sus diputadas y diputados denunciaron todas y cada una de las medidas de Milei en el Congreso, siendo el único bloque que siempre se opuso rotundamente a cada uno de los planteos del oficialismo. Y el Frente de Izquierda, por último, es la única fuerza que opone un claro programa alternativo, obrero y popular, que arranca por dejar de  pagar la deuda externa y romper con el FMI, para poner todos los recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Por eso llamamos a votar al FIT Unidad en toda la provincia. En la Tercera Sección Electoral votá a Nicolás del Caño y Mónica Schlotthauer. En la Primera a Romina del Plá y Cristian Duarte. Y en el resto de las secciones también a todos los candidatos del Frente de Izquierda. Acercate a participar de la campaña, vení a nuestras reuniones, anótate como fiscal y ayudanos compartiendo nuestra propuesta con compañeras y compañeros de trabajo, estudio, vecinos, y familiares. 

Nicolás Del Caño y Mónica Schlotthauer

Romina del Pla y Cristian Duarte