Escribe José Castillo

Una jueza yanqui dio a conocer una sentencia por la que nuestro país fue condenado a abonar 16 mil millones de dólares y a entregar como “parte de pago” acciones de YPF. Un fallo colonial escandaloso. 

El lunes 30 de junio, la jueza de Nueva York Loretta Preska determinó que el 51% de las acciones de YPF debían ser entregadas al fondo Burford Capital. Inmediatamente, otros fondos buitres que están en juicio contra la Argentina, aprovecharon la volteada y también pidieron que se les pagara con acciones de la petrolera estatal.

La jueza fijó el monto actual del fallo a favor de Burford en 16 mil millones de dólares (más un agregado de intereses que siguen corriendo a razón de 2,5 millones de dólares por día). El monto es tan absurdo que trascendió que Burford está dispuesto a negociar llevándose “sólo” 5 mil millones de dólares en efectivo. O un monto un poco mayor en bonos de la deuda externa argentina. En síntesis: estaría contento con pasar a ser un acreedor “privilegiado” de nuestra deuda externa.

Increíblemente, el actual presidente de YPF, Horacio Martín, colocado allí por Javier Milei y a su vez directivo de Techint, afirmó: “la jueza falló a favor de YPF”, aduciendo que como el juicio fue contra el Estado argentino, no afecta a la empresa. Debería haber aclarado que al que no afecta es a Techint, o a los intereses entreguistas del presidente ultraderechista. Por el contrario, a estos el fallo les cae como gran excusa para avanzar con la privatización y entrega de la petrolera estatal.

Los buitres que rondan a YPF

Milei cuestiona su reestatización. De eso “culpa” a Cristina Fernández y a Axel Kicillof. Nosotros, desde Izquierda Socialista estuvimos y estamos a favor de la reestatización, así como denunciamos al propio peronismo kirchnerista por haber dejado pasar el tiempo hasta 2012 para recién entonces llevarla adelante. Bajo la excusa de una presunta “argentinización” hizo entrar a la empresa al Grupo Petersen. Y que, cuando se produjo la reestatización, en vez de recrear lo que debía ser la YPF Sociedad del Estado, se mantuvo YPF S.A., con el estado como accionista mayoritario, pero con un 49% en manos privadas.

Ese 49% de las acciones de YPF cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. Hay fondos de inversión que adquirieron cantidades importantes de esas acciones y aspiran a poder influir y eventualmente tener mayoría en el directorio de la empresa. Estos buitres que están “a la caza” son VR Advisory Services, Mirae Assets Global Investment, Duquesne Family Office LLC y NWI Management LP.

Claro que uno de los que está agazapado es la propia transnacional española Repsol, la misma que vació a YPF en su momento y se fue llevándose 5 mil millones de dólares en bonos de deuda (que luego se valorizaron hasta ser 10 mil), a pesar de los dichos del entonces ministro de Economía de Cristina, Axel (“no les vamos a pagar un peso”). Sucede que cuando, en 2008 y a pedido del propio Néstor Kirchner, entró al 25% del capital de la empresa el Grupo Petersen (con la familia Eskenazi a la cabeza, dueña del Banco de Santa Cruz), lo hizo sin poner un peso. “Pagó” con un préstamo otorgado por un pool de bancos europeos y la propia Repsol, que iba a ser cancelado con las ganancias de YPF. Pero luego de 2012, YPF dejó de pagar dividendos y el Grupo Petersen no tuvo como seguir cancelando los préstamos y fue a la quiebra. Las acciones del grupo se vendieron para pagar parte de la deuda con los bancos. Al mismo tiempo se vendió el “derecho a litigar” contra YPF al grupo Burford por 15 millones de dólares (nótese el negocio, 15 millones contra los 16.100 que dictaminó la jueza Preska que deben cobrar).

La deuda pendiente del Grupo Petersen, o sea lo que le pagaría el fondo Burford si cobrara el juicio, asciende a 1.147 millones de dólares. El principal acreedor, que cobraría de manos de Petersen es nada más ni nada menos que la propia Repsol, siguiéndole el Banco Credit Suisse International, BNP Paribas, Goldman Sachs, Natixis, HSBC y Merrill Lynch. Todos nombres conocidos de buitres acreedores de nuestro país, que aspiran a quedarse con “pedazos” de la petrolera o en su defecto con bonos de deuda externa argentina. 

Está en juego la principal empresa de la Argentina y un jugador decisivo en el negocio de Vaca Muerta, con un nivel de reservas calculada en 548 millones de barriles de petróleo y 2.688 billones de pies cúbicos, lo que da un total de casi 1.100 billones de barriles (el 30% del total de las reservas desarrolladas y no desarrolladas del país). Además,YPF domina también el negocio de la refinación con más del 50% de la capacidad total del país, a través de las refinerías de La Plata, Luján de Cuyo y Plaza Huincul. En la comercialización también es el número uno del país, con el 31,9% del total de las estaciones de servicio. En lo que respecta al gas, el 28,7% de toda la producción de gas de 2024 surgió de yacimientos que gestiona YPF, con centro en Vaca Muerta.

El gobierno ultraderechista de Milei, el Grupo Techint a través de Tecpetrol (que ha colonizado la presidencia de YPF) y todos los buitres que hemos citado más arriba son los que están al acecho para, con la figura de “abrir el capital de la petrolera” quedarse con la mayoría de la empresa y controlando su directorio, utilizarla para el saqueo del gas y petróleo de nuestro país. 

Por una YPF 100% estatal

Hay que repudiar el fallo de la jueza Preska. ¡Ninguna negociación! Ni un dólar, ni una acción, deben salir del país en este concepto. Al mismo tiempo debe quedar clara una lección: la actual YPF S.A. está indemne ante estas maniobras. Hay que estatizar el 100% de la empresa, a la vez que se deben rescindir todos los contratos de concesión con las otras petroleras que operan en el país. Es tiempo de reconstruir una gran empresa estatal, gestionada por sus propios trabajadores y técnicos, integrada desde la prospección, la extracción, el refinamiento y la comercialización. Que, a la vez, realice toda su actividad en común acuerdo con las comunidades locales donde se deban realizar estas actividades.