El presidente Javier Milei vetó el aumento a las y los jubilados y la reapertura de la moratoria previsional. Del mismo modo, también vetó la declaración de la emergencia en discapacidad. Se repite así lo que ya había hecho el año pasado, también con las jubilaciones, y en ese caso, con el aumento del presupuesto universitario.
El martes pasado, el gobierno demostró hasta dónde es capaz de llegar con tal de cumplir con sus compromisos de ajuste prometidos al FMI, cuando directamente salió a reprimir una manifestación de protesta de personas con discapacidad. Un salto en la crueldad que superó incluso lo que ya estamos acostumbrándonos a ver todos los miércoles contra las y los jubilados, quienes los apoyan y hasta los periodistas que cubren esas marchas.
Desde Izquierda Socialista, con nuestros diputados Juan Carlos Giordano y Mercedes de Mendieta, y con el conjunto del Frente de Izquierda Unidad, llamamos a repudiar los vetos de Milei, tanto en las calles como en las sesiones parlamentarias que se intenten convocar con ese objetivo.
Al mismo tiempo, apoyar la declaración de emergencia para el Hospital Garrahan y las partidas para las universidades. Porque es vergonzoso que el gobierno sostenga que “no hay plata” y, al mismo tiempo, les reduzca las retenciones a las grandes patronales del campo, a los monopolios agroexportadores y pague la usurera deuda externa. Como esta misma semana, en la que, mientras festeja la entrada de 2 mil millones de dólares que destinarán a sostener la bicicleta financiera y la fuga de capitales, se pagan 830 millones al mismo FMI.
Sabemos que impedir el veto exclusivamente desde los números de diputados y diputadas que se puedan juntar en el Congreso es difícil. El gobierno de Milei ya ha demostrado su capacidad de cooptación, vía gobernadores, bloques o sub-bloques que priorizan “la gobernabilidad”. Todo dependerá de la potencia de la movilización en las calles y del resultado de las luchas en curso. Por eso aún es repudiable y ya escandaloso el pacto de la CGT con el gobierno, que ahora busca lavarse la cara con una marcha a San Cayetano. De ahí que tengamos que seguir exigiendo la ruptura de ese pacto y la convocatoria a un nuevo paro nacional, de 36 horas, para enfrentar el plan motosierra.
Mientras tanto, se acercan las elecciones en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza, que se devoró al PRO, muestra su programa (ajuste y represión) bajo la figura emblemática de su candidato principal, el comisario Maximiliano Bondarenko. El peronismo, unificado tras su nueva sigla Fuerza Patria, presenta a los desprestigiados dirigentes de siempre, mientras busca vender que Buenos Aires está “blindada” frente al ajuste de Milei. Falso, como pueden dar testimonio los propios docentes de la provincia, ajustados por Axel Kicillof. No son la solución para enfrentar la motosierra. En el medio quedó también Somos Buenos Aires, el rejunte de los que se quedaron afuera de los acuerdos de una u otra lista.
Un panorama similar ocurre frente al cierre de las listas para las elecciones nacionales de octubre, con un oficialismo que se come al PRO, sin dejarle ni candidatos expectantes ni siquiera el uso de la sigla; y un peronismo que busca recoger la bronca con el voto opositor. También aparece una “tercera opción”, de la mano de los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Salta, Santa Cruz y Jujuy. Tan inútil para enfrentar al gobierno ultraderechista que ni siquiera pueden garantizar votar en contra de los vetos que mencionamos más arriba.
Por todo esto, hay que fortalecer más que nunca la única alternativa real para el pueblo trabajador: el Frente de Izquierda Unidad. Una alianza que se planta ante el ajuste, se opone al plan motosierra en el Congreso, está en las calles en todas las luchas y tiene un verdadero programa alternativo, que se sintetiza en la denuncia de que, efectivamente, ¡plata hay! No debe ir para el FMI, sino para salario, trabajo, jubilados, salud, educación y el resto de las necesidades populares.
Hoy, ese fortalecimiento del FIT Unidad pasa por votarlo: primero en la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre; y después en todo el país, en octubre. También en anotarse como fiscal, en discutir y pelear el voto entre familiares, compañeras y compañeros de trabajo, amigos o vecinos. En síntesis, participar activamente en esta campaña que ya comenzó. A eso te invitamos.

Escribe Pablo Almeida

Este año, varias provincias y la Ciudad de Buenos Aires desdoblaron sus elecciones legislativas respondiendo a especulaciones e intereses de los distintos gobernadores. En todas ellas, la abstención electoral ha crecido a niveles que no se habían registrado nunca desde la vuelta de la democracia en 1983.
Luego de que apenas el 53,4% del padrón concurrió a las urnas en CABA mucho se teorizó al respecto. Desde nuestra mirada, el primer elemento que aparece es que, lejos de ser una simple “apatía electoral”, el crecimiento de la abstención expresa una crisis política profunda: la desconfianza a los partidos patronales. No es una anomalía momentánea. Los altos niveles de abstención y voto en blanco o nulo marcan una crisis del régimen político.
Aunque entendemos el justificado descontento de esos millones de votantes, creemos que el canal de la abstención termina siendo funcional a quienes gobiernan, en este caso Javier Milei. No deja una expresión clara de que es lo que se rechaza. La abstención como fenómeno general diluye sus motivos concretos. No expresa con claridad el rechazo a la motosierra al servicio del FMI o la bronca por la recurrente represión a las y los jubilados, por poner solamente dos ejemplos.  
Al abstenerse un porcentaje alto de quienes están habilitados para votar, sube la representación de los partidos patronales que gobiernan. 
Precisamente, aquellos a los que se quiere castigar. Retomando el ejemplo de las elecciones en CABA: al votar cerca de la mitad del padrón, se benefició ampliamente la lista de La Libertad Avanza, encabezada por Manuel Adorni, que obtuvo once bancas (el 36% de las que se ponían en juego) pese a haber sido votado por apenas el 15% del padrón. Es decir, se fortaleció la representación parlamentaria de quienes quieren avanzar con una motosierra sobre los derechos del pueblo trabajador.
Sólo el voto al Frente de Izquierda Unidad expresa con claridad el rechazo a las políticas de hambre y represión del gobierno, al mismo tiempo que fortalece una representación parlamentaria que las enfrenta decididamente y que sirve de caja de resonancia de las luchas que el pueblo trabajador da en las calles.

El primer candidato a diputado provincial por la Tercera Sección Electoral de las listas de Javier Milei es Maximiliano Bondarenko, un excomisario de la “maldita” Policía Bonaerense, conocida por regentear el juego clandestino, la droga, la prostitución, los desarmaderos de autos robados y las zonas liberadas para los piratas del asfalto.
Este excomisario no es nuevo en la política bonaerense: es un típico tránsfuga que pasó por el PRO, luego se incorporó al radicalismo en el sector de Facundo Manes y, finalmente, dio otro salto para aterrizar en La Libertad Avanza. Es un símbolo claro de cómo piensa ejecutar el ajuste de la motosierra: con palos y represión.

Escribe José Castillo

El dólar subió un 15% durante julio, rozando los 1.400 pesos. Algo que ya venía trasladándose a los precios: un nuevo mazazo a los salarios y las jubilaciones, siendo millones los que no llegan a fin de mes.

Contradiciendo todos los vaticinios del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, el dólar se disparó en las últimas semanas y se instaló cómodamente en la banda entre 1.350 y 1.400 pesos. En el pasado quedaron las afirmaciones de Milei de febrero de este año (“el dólar se va a caer como un piano y llegará a 600 pesos”) o las de Caputo de abril (“va a bajar a 1.000 pesos, y recién ahí vamos a comprar y a acumular reservas”). Nada de eso sucedió. Cuando el dólar empezó a subir, las reacciones del gobierno pasaron de “no pasa nada, flota, como sube va a bajar” a otras del tipo “la culpa es del riesgo Kuka”, o “de Victoria Villarruel”, o incluso del economista yanqui Joseph Stiglitz, que habrían “conspirado” y provocado la suba. Pero lo más importante que afirmaban desde el gobierno era que el alza del dólar no se trasladaba a precios.
Ahora se vio que era una mentira total. Empezó agosto y la devaluación del mes pasado (que en total fue de casi el 15%) ya empieza a impactar en los precios de los productos de consumo masivo. Por supuesto, quienes dieron la voz de largada para la suba fueron las grandes multinacionales de la alimentación (Mondelez, Bunge, Arcor) y de los productos de limpieza (Johnson & Johnson, Procter & Gamble), que ya enviaron listas de precios mayoristas con incrementos de entre 5 y 9%. También aumentaron los combustibles. Se suman, como en otros meses, nuevos incrementos de las tarifas de gas, electricidad, agua o transporte. En los próximos días esos aumentos llegarán a las góndolas, pegando un nuevo golpe a los ya pulverizados salarios y jubilaciones.
Las y los trabajadores perdieron mucho en 2024. Ni que hablar de las y los jubilados. Pero este año, además, todos los meses (sin excepción) los aumentos de salarios quedaron por debajo de la suba de precios. Incluso en mayo y junio, los meses en los que el índice de precios al consumidor (IPC) subió menos (1,5% y 1,6% respectivamente), los convenios colectivos quedaron por debajo. Ahora, con el salto de los precios de los productos de consumo masivo en las góndolas, el golpe al bolsillo se sentirá más aún. Todo esto se nota en la caída vertical del consumo, y en que la tan mentada reactivación “en V” que el gobierno prometía hace un año quedó en la nada.
Durante los últimos meses, muchas familias trabajadoras compraron productos esenciales pagando en cuotas con tarjetas de crédito y se endeudaron hasta más no poder. Ahora, con el aumento de las tasas de interés hasta valores de usura (financiarse con tarjeta supera el 100% anual), son cada vez más quienes no pueden pagarlas y entran en mora, lo que hunde más todavía el consumo, sumiendo a millones en el hambre y la miseria.
Frente a esta realidad, se torna cada día más escandalosa la tregua de la CGT, cuando lo que hace falta es un nuevo paro general, de 36 horas, para enfrentar en general el plan motosierra de Milei y, en particular, lo que tratamos en este artículo: un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy calculada por los trabajadores de ATE-Indec en 1.870.000 pesos.

Escribe José Castillo

El FMI finalmente decidió hacer la vista gorda con el no cumplimiento de la meta de reservas exigida cuando se firmó el acuerdo con el gobierno de Javier Milei. Demostrando que se trata de un organismo financiero que sigue explícitamente los dictados del gobierno del imperialismo yanqui, el Fondo no solo “aprobó” la primera revisión del acuerdo con Argentina, sino que giró al gobierno de Milei 2 mil millones de dólares (en concreto, generó que para nuestro país se incremente aún más la deuda con el organismo) para que con ella se financie la estabilidad ficticia, una inflación que supuestamente no sube “tanto”, por lo menos hasta las elecciones de octubre. Se materializa así lo que dijo la titular del organismo, Kristalina Georgieva, hace un par de meses, cuando desembozadamente exigió que se votara por Milei, amenazando con represalias si así no sucedía. 
Esos 2 mil millones de dólares que entraron al país no irán, ni un centavo, a salud, educación, jubilaciones, discapacidad ni nada parecido. De entrada, 830 millones se fueron, tal como llegaron, para pagarle al propio Fondo por intereses de la deuda. El resto le servirá al gobierno de Milei para intentar “aguantar” al dólar por debajo de los 1.400 pesos, mediante la venta de divisas si hay amagos de corrida cambiaria. En concreto, facilitará la fuga de capitales de los pulpos especuladores. 

El Fondo exige “reformas estructurales”
Pero lo más escandaloso es la hoja de ruta de exigencias del FMI para el futuro inmediato pos-electoral. Sin eufemismos, reclama explícitamente avanzar con la flexibilización laboral y la quita total de los derechos conquistados por la clase trabajadora durante décadas. Al mismo tiempo, también plantea que, “a más tardar” en 2026, se presente el proyecto de “una reforma jubilatoria profunda”, que aumente la edad de acceso al sistema y elimine los regímenes especiales, de los cuales el más importante es el docente. A esto se suma la exigencia de lo que llaman “reforma fiscal”; en concreto, reducir los impuestos a los ricos y a las grandes empresas, incrementar las exenciones con regímenes como el RIGI, mientras, por contrapartida, continúan existiendo los gravámenes al consumo, como el IVA y el impuesto al salario. Una reforma que, además, tiene el objetivo de desfinanciar a las provincias, hoy responsables de prácticamente la totalidad de la educación primaria y secundaria y de una parte sustancial del gasto en salud pública.
En síntesis, no tenemos futuro con el FMI y la continuidad de los pagos de deuda externa, cuyos vencimientos crecerán astronómicamente en 2026 y 2027. La única salida, como explicamos repetidamente desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad, pasa por dejar inmediatamente de pagarla, romper con el Fondo y poner todos esos recursos al servicio de resolver los más urgentes problemas populares.