Otra vez tenemos una misión del FMI en la Argentina. Vienen a controlar que Macri y los gobernadores estén cumpliendo con el ajuste. Pero también a plantear sus exigencias para el futuro próximo: bajar salarios, ir contra los convenios colectivos de trabajo, aumentar la edad jubilatoria y reducir los haberes de nuestros abuelos.

Escribe José Castillo

El jefe de la misión del FMI, Roberto Cardarelli, junto con el representante del Fondo en la Argentina, Trevor Alleyne (ya instalado en forma permanente en Buenos Aires), iniciaron una nueva “auditoría” de la economía de nuestro país. Lo hacen previamente a autorizar el nuevo giro de fondos, esta vez por 10.700 millones de dólares, que es parte del préstamo negociado por el gobierno de Macri en el acuerdo del año pasado. Como Macri y los gobernadores (y diputados y senadores que votaron el presupuesto 2019 que contiene el megaajuste de este año) fueron “buenos alumnos del Fondo” y cumplieron a rajatabla sus exigencias, lo más probable es que los funcionarios del organismo internacional le pongan un “aprobado” y permitan que se gire la nueva cuota.
Varias reflexiones nos debemos de esta visita: la primera es que los dólares que nos enviará el Fondo en marzo no serán dinero fresco que se podrá utilizar para salud, educación o trabajo. Estarán, tal como la totalidad de los 57.100 millones del acuerdo, destinados exclusivamente a garantizar el pago a los acreedores externos.

Además, la visita deja claro, otra vez, quién es el verdadero “ministro de Economía” de la Argentina. Hemos entregado el poder de decisión a ese organismo, que funciona, nunca lo olvidemos, a partir de las directivas políticas explícitas de las grandes potencias imperialistas, en particular los Estados Unidos. Sus economistas vienen, les “toman prueba” a los funcionarios del gobierno y les dicen qué hay hacer no solo a ellos, sino a los propios dirigentes de la oposición peronista que aceptan reunirse y rendirles pleitesía (ver pág. 5).
Pero el Fondo no solo quiere que se cumpla con el ajuste de déficit cero votado en el presupuesto, con sus secuelas de reducción casi total de la obra pública, desfinanciamiento de la educación y la salud, salarios que queden por debajo de la inflación y aumento de la recesión y el desempleo. Vienen por más. Por las llamadas “reformas estructurales”: monetaria y fiscal, laboral y previsional.

La primera consiste en reducir más aún los impuestos a las grandes empresas y a los ricos y, a la vez, establecer una nueva carta orgánica para el Banco Central para que ya no pueda financiar al Estado. En concreto, quitar recursos al Estado nacional (y a los provinciales) para que tengan así que reducir más aún los presupuestos de salud, educación, obra pública o los planes sociales.

La segunda es la llamada “reforma laboral”. Se trata, lisa y llanamente, de liquidar las conquistas históricas que los trabajadores consiguieron con décadas de luchas, ir a un sistema “flexible” donde sea más barato o directamente gratis despedir, y los trabajadores ya no tengan ningún derecho (algunos sueñan con la generalización de los sistemas de superexplotación tipo Rappi o Glovo).

Y la tercera es la reforma previsional, que consiste en aumentar la edad jubilatoria, liquidar los regímenes especiales (como el docente), bajar el monto con que se jubila una persona en comparación con el salario en actividad y no reajustar los haberes por la inflación. Todo con el objetivo a mediano plazo de volver a crear un sistema de jubilación privada como el que nos estafó durante la década del ´90.

Si el “presente” del acuerdo con el FMI es de ajuste, el futuro, como vemos, será peor aún. No hay salida para el pueblo trabajador si no rompemos con el Fondo y su plan de hambre. Aquellos que dicen que la salida es “reunirse el año que viene con el FMI y renegociar el acuerdo” saben perfectamente que nunca el Fondo va a aceptar otra cosa que planes de hambre y ajuste: ¡hay 60 años de experiencia al respecto en la Argentina y en el mundo! Ahí nomás, cerca en el tiempo, tenemos las consecuencias de diez años de planes del FMI sobre la economía griega, hoy sumida en el desastre, el desempleo y la miseria creciente. Por eso desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda insistimos: el único “recibimiento” que se merece el FMI es el repudio del pueblo argentino. Hay que repudiar este plan de ajuste, producto del pacto FMI-Macri-gobernadores, y oponerle otro programa económico, obrero y popular, que empiece por dejar de pagar inmediatamente la usuraria deuda externa y ponga todos esos recursos al servicio de resolver las urgentes necesidades de salario, trabajo, educación, salud y vivienda.

Escribe José Castillo

La frase de la ministra de Desarrollo Social “abre el paraguas” sobre los datos que se vienen: a fin de marzo se conocerá el nuevo número de pobreza. Es un secreto a voces que, producto del brutal ajuste que están llevando adelante tanto Macri como los gobernadores para cumplir con el acuerdo con el FMI, la cantidad de pobres ha crecido en forma impresionante.

Números extraoficiales, de diversas instituciones que se dedican a medir la situación social, ya hablan de entre dos millones y medio y tres millones de nuevos pobres, lo que implica que el actual porcentaje oficial subiría desde 25,6% hasta aproximadamente 33%. Los datos serán peor aún para las franjas de niñez y adolescencia, donde se llegaría a casi un 50% de pobreza en esos sectores.

Pero la afirmación de la ministra Stanley resulta indignante cuando explica por qué se da ese incremento de la pobreza. Sería el impacto de la inflación y de “algunas medidas económicas”. ¿Medidas económicas ejecutadas por quién? nos preguntamos.
Señora ministra: usted y su gobierno, aunque no quieran hacerse cargo, son los responsables de esos números desastrosos, del aumento de la marginación y la miseria en que han hundido a millones de trabajadores argentinos. Esas son las consecuencias de sus políticas y su sometimiento a los dictados del FMI.

Escribe José Castillo

El día anterior al del anuncio del Indec el presidente Macri aseguró que “la inflación ya estaba bajando”. El cachetazo de la realidad llegó a las pocas horas: 2,9% en enero, superior a la de diciembre (2,6%). Y esto sucede en un mes (enero) donde normalmente la inflación debería resultar menor que la del mes previo, ya que diciembre contiene los aumentos de las fiestas.

El número resulta peor aún si vemos que los alimentos subieron 3%. Todo esto da una suba interanual récord: 49,3%, la más alta desde 1991. Y, lo más grave, es que esta tendencia no se detendrá en febrero, que trae los nuevos tarifazos en el transporte, aumentos en peajes, prepagas y educación y un nuevo incremento en los alimentos (en los primeros quince días ya subieron otro 2,8%) dando un nuevo mazazo al bolsillo popular y empeorando, sin duda, las canastas de pobreza e indigencia. Salarios, jubilaciones y planes sociales van quedando cada día más atrás frente a esta astronómica suba de precios.

Escribe José Castillo

El viernes 15, la organización Unión de Trabajadores de la Tierra, que agrupa a productores rurales de agricultura familiar que venden frutas y verduras, se disponía a realizar un nuevo “verdurazo”. Consiste, en una forma de protesta frente a la crisis, en la instalación de una feria donde venden sus productos precios populares, a la vez que visibilizan su situación.

Esta vez el gobierno de Larreta lanzó una feroz represión que impidió montar los puestos en Plaza Constitución con gases, balas de goma y gas pimienta, para luego incautar la mercadería. La expresión más dramática, que muestra la foto, se dio cuando numerosas personas que se habían acercado a comprar en la feria se lanzaron casi desesperadas a agarrar las verduras que los policías desparramaban por el suelo. Toda una postal del hambre y la miseria a que nos somete este plan de ajuste.
El próximo 27 anuncian un nuevo “verdurazo” en Plaza de Mayo.

El jueves 14 de febrero nuestro compañero Jorge Ávila se presentó en los tribunales federales de La Plata para testimoniar en la causa que investiga la responsabilidad de la empresa Propulsora Siderúrgica (hoy Siderar) en la desaparición y asesinato de trabajadores antes y después del golpe de Estado de 1976. Jorge trabajó en la fábrica ensenadense desde el año 1969 hasta el día del golpe.

Era militante del PST y delegado. Durante tres horas relató la situación que se vivía en la planta desde el “Rodrigazo”, a mediados de 1975, hasta la noche del golpe de Estado. Su testimonio, con mucha precisión, puntualizó sobre las amenazas que recibían los activistas y apuntó contra el conocimiento que tenía la empresa de la familia Rocca del golpe venidero. La causa está aún en etapa de investigación. La lucha por justicia para los 30.000 detenidosdesaparecidos y asesinados continúa.