Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Crece la pandemia en nuestro país y aumentan las muertes originadas por las complicaciones del Covid-19, que ya suman más de 1.600 al momento de escribir esta nota. Sube también la cantidad de pacientes que requieren atención en unidades de terapia intensiva (UTI).

Entramos en una situación crítica de camas

En nuestro país, después de años de desinversión y ajuste de los gobiernos peronistas, radicales y de Cambiemos, hay una degradación del sistema público. Mientras la OMS aconseja ocho camas cada mil habitantes, la Argentina posee 4,5 que se distribuyen muy desigualmente. Mientras la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 7,1, la provincia tiene 5,5, pero La Matanza solo una cama cada mil habitantes. La provincia de Buenos Aires cuenta con 4.856 camas en unidades de terapia intensiva (UTI), algo más de 2.400 ocupadas, unas trescientas por complicaciones ocasionadas por el coronavirus. Estas cifras globales de toda la provincia no dan una idea de la realidad que se vive en el conurbano, donde se concentra más del 95% de los contagios de Covid-19 que informa el gobierno peronista de Kicillof. El último reporte oficial obtenido este fin de semana indica que había seis municipios que colmaron sus lugares en UTI (La Matanza, Quilmes, Lanús, José C. Paz, Moreno y Escobar) en el norte, oeste y sur del Gran Buenos Aires.

En la Capital Federal hay 2.000 camas de UTI (400 públicas y 1.600 privadas). El informe de principios de semana de Larreta de Cambiemos mostraba que había 263 internados en UTI, de los cuales 202 están con asistencia mecánica respiratoria (ARM). La estadística muestra que solo la mitad de las camas están ocupadas. Aunque, a través de comunicaciones en las redes sociales, los trabajadores de algunos hospitales denuncian las UTI colmadas. Mientras en la CABA los hospitales públicos se saturan, las camas privadas, que son cuatro veces más, son manejadas discrecionalmente por las empresas propietarias de sanatorios y clínicas. Por su parte, el subsistema privado en la provincia, que representa casi el 40% de la oferta de camas, está compuesto por 190 clínicas y sanatorios y, como en CABA, no existe el menor control estatal sobre su utilización.

Buenos negocios con plata del Estado

Mientras se van llenando las camas y escasean los insumos, hay quienes han descubierto que la pandemia es una gran oportunidad para buenos negocios. Las empresas sanatoriales, y sobre todo las más poderosas, se han acogido al subsidio pactado con el gobierno de Fernández y la burocracia sindical peronista por el cual el Estado paga el 50% de los sueldos de sus empleados y también a la posibilidad de reducir 25% los salarios. Son las mismas patronales que retacean los elementos de protección personal a sus trabajadores y ocultan el número de contagiados y afectados entre su personal. También escamotean las camas que servirían para descomprimir el sistema estatal.

El gran negocio de estos empresarios es la venta de insumos sanitarios al Estado, que no deja de crecer, gracias a los desmesurados sobreprecios. Un cálculo publicado en el diario La Nación del 5/7, establece en 72 millones de pesos el monto que el Estado viene pagando de más. Por ejemplo, para los barbijos N95 la Sindicatura General de la Nación (Sigen) calculó un precio testigo de 298 pesos, el gobierno de Fernández pagó 755 y el de Larreta en CABA 3.000 por barbijo quirúrgico. El ministro de salud Ginés González García compró 334.000 mamelucos con sobreprecio, las cofias protectoras costaron 77% más. Y los barbijos tricapa se pagaron un 20% por arriba del precio fijado por la Sigen.

Las únicas dos fábricas locales de respiradores, Tecme y Leistung, vendieron al Estado más de 3.500 unidades. Cabe destacar que en este caso hubo una tímida acción del gobierno nacional del Frente de Todos que, para evitar la exportación de la producción y el consiguiente déficit del recurso para el país, intervino las empresas hasta fines de julio, cuando podrán volver a exportar. No obstante la restricción, ambas compañías embolsaron la friolera de 2.760 millones de pesos.

Qué pasó en Irlanda

Precisamente, para evitar situaciones como las que nos tocan vivir, el gobierno de la República de Irlanda anunció el 24 de marzo la nacionalización transitoria de los sanatorios privados mientras dure la pandemia. Los empresarios aceptaron la medida que pone bajo gestión estatal dos mil camas, nueve laboratorios bioquímicos y varios miles de trabajadores de la salud. En este país de casi cinco millones de habitantes, los contagiados por el Covid-19 habían sobrepasado la barrera de los mil casos, entre los cuales se encontraba el 25% de los trabajadores de la salud.

El ministro de Salud, Ginés González García, amagó con una medida similar para llevar adelante en el país. Pero rápidamente retrocedió tras la reacción de la patronal sanatorial, de los seguros de salud y la desautorización del presidente Alberto Fernández. Así se alejó la posibilidad de poner un poco de orden en el combate contra la pandemia.

Es necesario concentrar los recursos para garantizar la atención para todos

El ejemplo de Irlanda muestra que es posible y necesario centralizar el sistema de salud para derrotar la pandemia. Para eso se necesita una decisión política que vaya en esa dirección, no se trata solo de una cuestión de epidemiólogos. En primer lugar, como venimos diciendo, es necesario centralizar el sistema  de salud privado y estatal, estableciendo una conducción única para aprovechar todos los recursos del país. En segundo lugar, es necesario que se nacionalicen los recursos indispensables, que todas las camas pasen a ser administradas por la autoridad sanitaria para garantizar el acceso de toda la población, sin distinciones. En tercer lugar, se debe proteger al personal de salud que es imprescindible para llegar con la atención necesaria. En cuarto lugar, sostener el aislamiento subsidiando a los trabajadores contratados, cuentapropistas y desocupados. Finalmente, se debe crear un fondo proveniente de un impuesto especial a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa para que la crisis no la paguen los trabajadores, sino los capitalistas. En la lucha lo lograremos.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández presentó una nueva propuesta de renegociación de la porción de la deuda externa bajo legislación extranjera. Le regala a los especuladores internacionales 15.000 millones de dólares más que en la versión inicial y se empezaría a pagar en 2021. El establishment económico aplaude lo que no es más que un nuevo capítulo de entrega en la infinita historia del saqueo de la deuda.

Finalmente, tras largas idas y venidas, el ministro Martín Guzmán presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos, la nueva propuesta de renegociación de deuda externa bajo legislación extranjera.

Si tuviéramos que definirla en pocas palabras, diríamos que es a medida de los buitres. Vamos a recordar la historia de esta renegociación.

En abril pasado el gobierno hizo su primera propuesta. Ya esa oferta les dejaba interesantes ganancias a los acreedores y estaba muy lejos de lo declamado por Alberto Fernández de “no pagar con el hambre de los jubilados”. Después de abonar 4.500 millones de dólares de vencimientos desde su asunción, la propuesta de abril ofrecía pagar 39 dólares por cada valor nominal de 100. Era un gran negocio para los acreedores si tenemos en cuenta que esos bonos de deuda estaban cotizando a menos de 20 en ese momento.

Por supuesto, los grandes fondos de inversión tenedores de la deuda (encabezados por el gigante de las finanzas BlackRock), envalentonados ante la afirmación repetida varias veces por el propio Alberto Fernández de que “no se iba a entrar en default”, salieron con todo a chantajear reclamando mucho más. Eso es lo que han conseguido ahora, aunque sigan presionando por más.

Analicemos entonces la nueva propuesta. En promedio, se ofrece pagar 53,5 por cada 100 de valor nominal, casi exactamente lo mismo que reclaman los bonistas. Claro que eso es solo un número teórico. La quita de capital, que en la oferta de abril ya era bajísima, de 5,2%, ahora se reduce casi a cero, será solo de 1,9 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que el acreedor que conserve el bono de deuda hasta su vencimiento cobrará 98 dólares de cada 100.

En la oferta de abril se hablaba que la “gran quita” se daba en los intereses, que bajaban de 7% a 2,3 por ciento. Ahora se les reconocerá a los pulpos acreedores mucho más, un interés promedio de 3,07 por ciento.

Hay otro ítem escandaloso, el llamado “período de gracia”. El gobierno de los Fernández había asumido diciendo que iba a negociar con los acreedores un acuerdo que permitiera llevar adelante un programa económico de “redistribución de la riqueza” y que para ello necesitaba no pagar nada durante cuatro años. Ya en la propuesta de abril el tiempo en que no se pagaba nada se redujo a tres años. Ahora, directamente, se plantea comenzar a pagar el año próximo. ¡Vamos a estar todavía en medio de las consecuencias de la pandemia y con vencimientos con los pulpos acreedores!

Hay otro detalle que queremos destacar, el particular trato que se le dará a los bonos que vienen de los canjes kirchneristas de 2005 y 2010. Estos bonos no tendrán quita de capital y, en algunos casos (como el bono denominado Discount), recibirán 61,8 por cada 100. Agreguemos que todos esos bonistas conservarán el derecho de ir a juicio contra la Argentina en condiciones mucho más ventajosas que con los bonos emitidos en el período macrista.

Los que aplauden

Apenas conocida la propuesta del gobierno argentino llovieron los aplausos del establishment.

Rápidamente, los fondos Gramercy Funds Management y Fintech Advisory Inc. dijeron que “aceptaban la propuesta”, mientras el ex CEO del fondo de inversión Pimco Mohamed El-Erian publicaba el 6 de julio una nota elogiosa en el Financial Times planteando que se trataba de una “sólida oportunidad de anclar una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana en la historia de los mercados emergentes”.

También llegaron los aplausos locales. A los del conjunto de las patronales se sumaron los del ex ministro de Finanzas de Macri Luis Caputo, e incluso los de Domingo Cavallo, que salió de su letargo para afirmar: “Espero que se llegue a un acuerdo con la deuda. En definitiva, es una buena propuesta”. Los especuladores, que hablan por sus ganancias, también se expresaron. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, y en particular en los bancos, subieron 40% en un día. 

Una historia de nunca acabar

Todos estos regalos a los pulpos acreedores no son los únicos. El gobierno acaba de anunciar, en el mismo momento en que hizo la presentación ante la SEC, que enviará al Congreso un proyecto para reestructurar la deuda bajo legislación local con “el mismo trato”. Precisemos, se trata de otros bonos, también a pagar en moneda extranjera, por 46.000 millones de dólares, de los cuales al menos 15.000 están también en manos de fondos de inversión internacionales (en este caso el tenedor mayoritario es el fondo Pimco).

Inmediatamente, tendrá que comenzar además la renegociación de la deuda con el FMI (44.000 millones de dólares), con vencimientos mayoritarios en 2022 y 2023. El Fondo, por más que el gobierno busque ahora disfrazarlo de “progresista”, fue clarísimo, no hay quita que valga, se deberá abonar el ciento por ciento de la deuda y, si se quiere correr los plazos de vencimiento, habrá que firmar un nuevo acuerdo “de facilidades extendidas” por medio del cual el gobierno argentino se comprometa a un ajuste estructural que incluya las reformas laboral y previsional.

“Sustentabilidad” versus no pago

La tesis del ministro Guzmán, avalada por el FMI, era que la Argentina tenía un problema de “sustentabilidad” de su deuda externa. Traducido, que no existía ninguna posibilidad que pudiera hacer frente a los próximos vencimientos. Por eso proponían una renegociación con una quita de al menos 50% y dejar de pagar durante cuatro años (“de gracia”), tras lo cual, argumentaban, la economía argentina podría hipotéticamente crecer y recuperarse para “volver a pagar”. Todos estos supuestos eran anteriores a que la crisis de nuestra economía, y del mundo, empeorara cualitativamente con el estallido del coronavirus. Este planteo era utópico y reaccionario, ya que lo único que hacía era patear para adelante y agrandar la bola de nieve del endeudamiento. 

Ahora, con los nuevos términos, todo es peor aún. Sin embargo, increíblemente, el ministro Guzmán insiste en que esta nueva propuesta es “sustentable” y que se abre un horizonte de crecimiento. Lo  que sucederá es todo lo contrario. Ahora, con la nueva propuesta argentina, se desnuda más aún que si seguimos pagando continuaremos hundiéndonos cada día más. Lo que se está planteando es totalmente “insustentable”. En concreto, la deuda externa es absolutamente impagable. Este acuerdo lo único que va a hacer es obligar a cumplir con un nuevo y más feroz plan de ajuste y aun así, en pocos años, estaremos otra vez ante una nueva crisis de deuda. Y por si todo esto fuera poco, no hay certeza de que algunos pulpos acreedores (entre ellos, nada más ni nada menos que BlackRock) no acuerden, queden afuera de este canje y vayan a juicio en Nueva York para transformarse en los “fondos buitres” de los años por venir.

Todo esto es un auténtico saqueo. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad no nos cansamos de repetirlo. La totalidad de la deuda externa es ilegítima porque nació con la dictadura genocida, e ilegal porque se incrementó sumando intereses tras intereses pese a haberse pagado ya varias veces. Es fraudulenta, como lo demostró en su fallo el juez Ballesteros en el año 2000. La única salida es dejar inmediatamente de pagarla para así volcar todos esos fondos a un auténtico programa de emergencia, obrero y popular, que atienda las más urgentes necesidades populares. 

Escribe Guido Poletti

Mientras la pandemia se sigue extendiendo crecen el desempleo, las suspensiones y las bajas salariales. Con los 10.000 pesos del IFE por grupo familiar (que en la práctica tiene que durar dos meses) es imposible siquiera comprar los alimentos indispensables. Encima hay seis millones de personas que claramente lo necesitan y no lo reciben. Por el lado sanitario, cada día hay más señales de que la ocupación de camas de terapia intensiva se acerca peligrosamente al punto del colapso. Frente a esto se impone una única realidad, que el gobierno ponga urgentemente más plata. 

Esa plata existe. Está en las grandes riquezas de los multimillonarios y en las superganancias de las principales corporaciones. Hagamos un recorrido para saber de quiénes estamos hablando. 

Paolo Rocca es el hombre que encabeza la lista de multimillonarios argentinos que publica la revista Forbes, con una fortuna de 3.300 millones de dólares. Es el dueño de Techint, el principal grupo económico transnacionalizado del país, con una facturación anual superior a los 200.000 millones de pesos. Sus dos empresas insignias son Ternium y Tenaris. Rocca no se hizo multimillonario “trabajando”, saltó al lugar que tiene cuando se aprovechó de la privatización de Somisa, la gran empresa estatal del acero. Para mostrar un ejemplo de su “sensibilidad social”, Rocca fue quien, ya iniciada la pandemia, promovió el despido de miles de trabajadores de sus obras en construcción. 

Alejandro Bulgheroni está segundo en la lista, con 2.700 millones de dólares de patrimonio. Es el dueño de Panamerican Energy, la principal empresa petrolera y gasífera privada del país, con una facturación de 150.000 millones de pesos. Socio de los pulpos petroleros británicos de British Petroleum y de las nuevas empresas petroleras chinas. También es uno de los principales beneficiados con los subsidios que, tanto kirchneristas como macristas, le regalaron al sector para que avance con el saqueo y la depredación ambiental en Vaca Muerta. 

Tercero en la lista de Forbes figura Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre. Probablemente, si la revista hoy rehiciera el listado, este empresario aparecería primero. Es que su empresa es una de las que más ha crecido en medio de la pandemia, superando en su incremento a gigantes como Amazon. Hoy cotiza arriba de los 50.000 millones de dólares, el más alto valor bursátil que ninguna compañía argentina alcanzó alguna vez. Galperín, el empresario “favorito” de Macri y gran propagandista a favor de la flexibilización laboral, se beneficia todos los días con la ley para las “empresas del conocimiento”, que le garantiza subsidios y exenciones impositivas. 

Luego viene Alberto Roemmers, dueño de los laboratorios del mismo nombre, con 2.300 millones de dólares de fortuna. Junto con Bagó, son los dos grandes monopolios farmacéuticos nacionales. Cada vez que vamos a la farmacia y nos espantamos con el precio de un medicamento tenemos una altísima probabilidad de que quien nos esquilma sea la empresa del señor Bagó. 

Gregorio Perez Companc es el quinto hombre de nuestra lista, con 1.700 millones de dólares de riqueza. Goyo, como se lo conoce, es uno de los grandes monopolistas de la alimentación, con Molinos Río de la Plata. Pero su historia es muy anterior, hace un par de años vendió su empresa de energía a Petrobras. Perez Companc es uno de aquellos grupos económicos “históricos” que creció durante la dictadura militar y se benefició cuando Cavallo en 1982 le “estatizó” su deuda externa, que pasamos a deber todos los argentinos. 

Con estos personajes ya tendríamos más que suficiente. ¿Alguien tiene alguna duda de que no deberían hacer un “esfuerzo” y poner parte de su riqueza al servicio de ayudar en la pandemia?

Pero podríamos, a título ilustrativo, sumar algunos más. Al Grupo Clarín, por ejemplo, con una facturación anual cercana a los 190.000 millones de pesos. O Arcor, el otro gigante monopólico de los alimentos propiedad de otro multimillonario, Luis Pagani. 

Tenemos también a los gigantes de la comercialización, los grandes hipermercados, en manos de multinacionales extranjeras como Walmart y Carrefour, o de grupos económicos locales, como Coto y La Anónima. 

Y no podemos olvidarnos de los banqueros locales, como Escasany (Grupo Financiero Galicia), o Brito (Banco Macro), o de los extranjeros Santander Río, City, HSBC o ICBC, el sector que obtuvo mayores ganancias, haya o no crisis, en todos los gobiernos del siglo XXI. Digamos de pasada que el gran accionista minoritario, tanto del Banco Galicia como del Macro, es nada más ni nada menos que el gran pulpo acreedor de la Argentina BlackRock.

Agreguemos en nuestro recorrido de las grandes riquezas al “amigo de todos los gobiernos” (macristas o peronistas), Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía. Y, finalmente, a los grandes monopolios agroexportadores: las yanquis ADM, Bunge y Cargill, la europea Dreyfuss, la china Cofco y las locales Aceitera General Deheza y la ya citada Molinos. 

Con este pequeño recorrido queda más que ilustrado “dónde está la plata”. Por eso insistimos en que la solución está en aplicar ya mismo un impuesto a las grandes riquezas. Ese tributo que el gobierno peronista de Alberto Fernández “amagó” con implementar hace más de noventa días y en la realidad ni siquiera presentó un proyecto en el Congreso en una muestra obscena de doble discurso. Pero, sin embargo, en el Congreso hay un proyecto para gravar a los ricos. El único existente, el que presentó el Frente de Izquierda Unidad. Si se aprobara se podrían recaudar 20.000 millones de dólares. Ese dinero, más lo que podríamos sumar con la suspensión de los pagos de la deuda externa, alcanza y sobra para generar un fondo de emergencia que permita cubrir lo necesario tanto en términos sanitarios como sociales. Todo lo que se necesita para salud, comida, ingresos para el que hoy no los tiene, créditos para los pequeños comerciantes, etcétera. Hay que exigir que se trate y se apruebe. Para que la crisis no la paguemos los trabajadores, sino los grandes capitalistas. 

Escribe Guido Poletti

Hace una semana trascendió la reunión en la que participaron el jefe de la bancada de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner; el presidente de esa Cámara, Sergio Massa; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y un grupo de lo más granado del empresariado. El encuentro, que incluyó una cena en la casa de San Isidro del dueño del Banco Macro, Jorge Brito, contó con la presencia, además del dueño de casa, de Marcos Bulgheroni, de Panamerican Energy; Marcelo Mindlin, de Pampa Energía; el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y el empresario de la construcción Hugo Dragonetti.

Luego, los empresarios dejaron trascender que se fueron “encantados” con Máximo Kirchner, que les garantizó que se arreglará con los acreedores y pagará puntualmente la deuda externa y que está abierto a toda la “agenda” de demandas de las patronales, con rebajas o pagos en cuotas de salarios, flexibilizaciones a los convenios de trabajo, o subas de precios. Obviamente, como vemos, todo en contra de los trabajadores.

Días después, Hugo Dragonetti resultó positivo en un análisis de Covid-19. La moraleja de esta anécdota es clara: altos funcionarios del gobierno peronista junto con la flor y nata del empresariado se reunieron a “confraternizar”, rompiendo el protocolo de aislamiento, con el objetivo de hablar de sus ganancias en medio de la cuarentena, y encima terminaron todos como personas en riesgo de contagio. Una auténtica vergüenza.

Escribe Adolfo Santos

Las denuncias de espionaje por parte de los servicios de inteligencia del gobierno Macri son graves. Decenas de documentos demuestran que desde la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) se espiaban las actividades de políticos, sindicalistas, dirigentes sociales y de derechos humanos. Sin duda, los responsables de esas actividades ilegales deben ser juzgados y responsabilizados, comenzando por su jefe político,  el ex presidente Mauricio Macri.

Sin embargo, la actitud de espanto e indignación de la dirigencia peronista al conocerse la noticia es hipócrita. Todos los gobiernos, peronistas, radicales y Macristas, espían y han espiado a sus opositores para monitorear sus movimientos, perseguirlos, chantajearlos e intimidarlos. Es un mecanismo siniestro utilizado por los gobernantes que, mediante infiltración, escuchas ilegales, pruebas falsas, o interceptación de mensajes digitales violan la privacidad de las personas y organizaciones para obtener información que utilizan contra sus opositores.

Gustavo Arribas, jefe de la AFI macrista, y su lugarteniente, Jorge “El Turco” Saez, ex integrante del Servicio Penitenciario y de la Policía de la Ciudad, realizaron infinidad de operativos ilegales. Dirigentes políticos de la oposición, peronistas y de izquierda, sindicalistas, religiosos, presos ligados al kirchnerismo y hasta dirigentes de PRO y la propia hermana del ex presidente fueron espiados. Vigilaron los conflictos sociales e infiltraron huelgas y manifestaciones para generar provocaciones e intentar derrotarlas. A pesar de las pruebas, de los veintidós implicados, solo el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, continúa detenido. El juez Juan Pablo Auge determinó prisiones domiciliarias para el resto, lo que demuestra la banalización de este tipo de delito.

El Proyecto X y los gobiernos peronistas

Decimos que la actitud de espanto de la dirigencia peronista es hipócrita porque durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el espionaje funcionó a pleno. Desde Gendarmería Nacional montaron el Proyecto X, que alcanzó notoriedad bajo el comando de César Milani, un represor de la dictadura militar que fue ascendido a jefe del Ejército en pleno gobierno de Cristina Kirchner. Ya en 2007, Milani había sido puesto al frente de la Subdirección de Inteligencia del Ejército a pesar de la oposición sistemática de organismos de derechos humanos. No por casualidad uno de los principales objetivos del Proyecto X fue perseguir el activismo político y sindical de la izquierda.

El espionaje K no fue más benigno o democrático que el espionaje M. Milani, como ahora Arribas, fue denunciado en varias oportunidades por espiar a políticos opositores, periodistas, activistas de derechos humanos y sindicales. A pesar de eso, recibía altas partidas presupuestarias para realizar actividades de inteligencia. En varios procesos quedó demostrada la participación de Gendarmería en actividades de infiltración y espionaje de organizaciones populares para obtener datos, nombres, teléfonos, direcciones y vinculaciones. Todos recuerdan los gendarmes infiltrados durante el conflicto de Kraft.

Otra perla del peronismo kirchnerista fue la irracional acusación del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, contra nuestro compañero Rubén “Pollo” Sobrero. Para acallar las voces de protesta de los delegados del Sarmiento, Fernández armó una causa y los mandó a detener por quemar formaciones del ferrocarril. Fue tan burda la acusación que provocó una gran movilización y, ante la falta de evidencias, el juez cerró el caso. En este gobierno peronista de Alberto Fernández también han surgido denuncias. La más grave es por el espionaje realizado a los mineros de Andacollo, en conflicto con la empresa Southern Trident Explorations. El informe del Centro de Reunión de Información Neuquén muestra que Gendarmería trabajó al servicio de una multinacional contra los trabajadores.

Alberto Fernández está montando su proyecto de inteligencia. Con el sugestivo nombre de “ciberpatrullaje”, fue presentado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. De inmediato, tanto el protocolo, que entre otras cosas va a espiar todo lo que publicamos en las redes, como el propio ministerio, ahora defendido por la ex ministra Patricia Bullrich,  recibieron críticas de organismos de derechos humanos. La entidad Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), que integran el CELS, la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, emitió un comunicado donde explicita que “las actividades de inteligencia masiva están prohibidas”, aún cuando giren “sobre el ámbito público”.

Los encontronazos entre macristas y kirchneristas no son para defender un servicio de inteligencia mejor. La AFI, bajo los K, los M y ahora con el nuevo gobierno peronista de Alberto Fernández, es igualmente nociva. La pelea por arriba desatada por las denuncias es más un juego de acusaciones para embarrar la cancha de todos por igual frente a las numerosas causas judiciales que enfrentan los principales actores políticos. Para acabar con la impunidad del espionaje hay que hacer un cambio de fondo. Exigimos la investigación de todas las denuncias, la disolución del corrupto aparato represivo, de todos los servicios de inteligencia donde se enquistan personajes siniestros que han actuado a la sombra de los diferentes gobiernos y la apertura de todos los archivos desde la época de la dictadura. Lamentablemente, no es ese el rumbo que está tomando el gobierno de Alberto Fernández.