Escribe Diego Martínez

Con la excusa del 9 de julio se llevó adelante el “banderazo por la independencia”. Mediante convocatorias minoritarias, sectores reaccionarios se concentraron en el Obelisco, en el barrio de Belgrano, en Olivos y en algunas ciudades de Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Los manifestantes marcharon en “defensa de la propiedad privada”, “contra el comunismo”, “contra la cuarentena” y en “favor de la libertad de prensa”, y en el Obelisco porteño atacaron un móvil de C5N al grito de “van a empezar a tener miedo hijos de puta”, así como también a distintos periodistas que quisieron frenar la agresión, uno de los cuales sufrió graves lesiones en medio de estos hechos repudiables.

Aunque se dijo que fue “autoconvocada”, en el Obelisco estuvieron presentes personajes de la derecha más rancia como José Luis Espert y dirigentes de PRO que habían fogoneado el banderazo. El polémico Fernando Iglesias, quien quiso justificar los ataques a los periodistas y se tuvo que retractar, difundió enérgicamente la convocatoria por las redes sociales, Patricia Bullrich celebró la manifestación una vez finalizada y Macri tuiteó “¡Libres!” junto a imágenes de la marcha. La convocatoria fue acompañada por la consigna #Macrivuelve en las redes sociales y se difundió junto a un video de una entrevista a Macri en la que hablaba en defensa de la propiedad privada.

El macrismo alentó el “banderazo” para quebrar aún más la ya flexibilizada cuarentena al servicio de sus empresarios amigos e insistir en su “defensa de la propiedad privada”, a pesar de que el propio gobierno ya había dado marcha atrás con la expropiación de Vicentin. 

¿La derecha frena al gobierno?

La política de Macri y PRO es repudiable. Parece no haberles bastado haber aplicado un ajuste brutal contra los trabajadores al servicio de las multinacionales y sus empresarios locales amigos durante cuatro años y van por más. Ahora, las expresiones como el “banderazo” del 9 de julio son minoritarias. Pero el gobierno las aprovecha y usa para agitar que “se viene la derecha” y que por eso hay que apoyar al Frente de Todos a como dé lugar. Utiliza este argumento para encubrir el hecho de que no resuelve los grandes problemas sociales que hay en el país. Pero si no  los soluciona no es por el “avance de la derecha”, sino porque sigue privilegiando beneficiar a los grandes empresarios, que son la “verdadera” derecha. Aunque lo quiera encubrir con un discurso progresista, el gobierno está llevando adelante un plan de ajuste junto con las multinacionales, los grandes empresarios y con la complicidad de la burocracia sindical.

Como muestra, recordemos que en el mismo momento en que se realizaba el “banderazo” Alberto Fernández se reunía en la Quinta de Olivos con el presidente de la Sociedad Rural, los popes de la UIA, la Bolsa de Comercio, la Asociación de Bancos y Eduardo Eurnekian. En ese encuentro Fernández llamó a dejar atrás el odio y la división y a encolumnarse detrás de la unidad nacional. Ya teniendo casi finiquitado el acuerdo con los bonistas busca prepararse para pactar con el FMI avanzando en un ajuste que ya está en curso con el recorte a las jubilaciones, el aguinaldo en cuotas, la rebaja de los salarios y los despidos y las suspensiones que no cesan. Ese es el “pacto social” que prepara el gobierno junto con las patronales y la burocracia sindical.

El gobierno nos quiere engañar, podemos enfrentar a los de arriba

Es evidente que el gobierno no tiene la intención de tomar medidas que afecten los intereses de los grandes empresarios que se enriquecieron durante todos estos años a costa de la miseria del pueblo trabajador. Dijo que no se iba a arrodillar ante el FMI y los bonistas y que iba a pagar recién dentro de tres años, cuando el país salga de la crisis y tenga crecimiento económico, pero acordó empezar a pagar el año próximo con la crisis económica del coronavirus aún a cuestas y abonando 15.000 millones de dólares más que lo propuesto en la oferta inicial. Ahora también dice que lo de Vicentin fue una “equivocación” y que es “muy respetuoso de la propiedad privada” (Clarín,13/7). La política del gobierno es seguir beneficiando a los grandes empresarios.

Frente a esta realidad, el peronismo kirchnerista intenta confundir a honestos trabajadores que aún tienen expectativas en su gobierno y creen que Fernández puede tomar medidas distintas de las de Macri y mejorar su nivel de vida. Para camuflar su política de ajuste dicen que la relación de fuerzas “no da” para tomar decisiones que irritan demasiado a los empresarios y que lo “inteligente” es acordar con ellos. Esto implica, en lo concreto, más ajuste para el pueblo trabajador y nuevos beneficios para los empresarios.

Llamamos a los trabajadores a reflexionar sobre todo esto. Para nosotros la conclusión es que la salida es construir juntos una alternativa distinta de la de PRO, la UCR, el peronismo y la centroizquierda, hoy diluida en el gobierno. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad luchamos por cambios de fondo, medidas que realmente afecten los intereses de los grandes capitalistas y beneficien al pueblo trabajador para tener una vida digna. Por un gobierno de los trabajadores que termine con el hambre y la explotación.

Escribe Adolfo Santos

A pesar de que formalmente están “prohibidos” los despidos y las suspensiones, estos avanzan en todas partes. Ya se han registrado más de 300.000, con la vista gorda del propio ministerio de Trabajo. Peor aún, el propio gobierno los lleva adelante ahí donde tiene responsabilidades de gestión. Así, el gobierno decidió la desaparición de Austral, que en adelante será absorbida por Aerolíneas Argentinas. Y, al mismo tiempo, abrió una lista de retiros voluntarios para achicar YPF.

En una carta dirigida a sus 13.000 funcionarios, el titular de las dos líneas aéreas estatales, Pablo Ceriani, que ya participó de la gestión peronista kirchnerista en épocas de Mariano Recalde, anunció la fusión con el objetivo de “ahorrar 100 millones de dólares al año”. Es claro que ese “ahorro” saldrá de la reducción salarial provocada por los despidos y del aumento de la productividad que la empresa habría acordado con el sindicato de los técnicos aeronáuticos (APTA), que encabeza Ricardo Cirielli. Según el proyecto, denominado “modelo Lufthansa”, porque fue copiado de la empresa alemana, además de atender las aeronaves de la propia empresa, realizarán el mantenimiento y reparación de aeronaves de terceros por lo cual deberán aumentar los ritmos de producción.  

La carta de Ceriani deja claro que el gobierno pretende descargar la crisis de la pandemia sobre los trabajadores: “La crisis mundial provocada por el coronavirus ha impactado de lleno en la industria aerocomercial” […] “Sin ingresos, muchas aerolíneas en la región y en el mundo están aplicando planes de ajuste salvaje para no desaparecer” […] “El esfuerzo que el Estado nacional realiza para sostener la compañía está al borde de ser imposible”. Es inaceptable que un gobierno que les cede a los usureros de la deuda, amenace a los 1.700 trabajadores de Austral declarando que le va a resultar imposible mantener los puestos de trabajo.

En YPF, por su parte, el encargado de aplicar el torniquete es Guillermo Nielsen, también ligado a los gobiernos peronistas kirchneristas. Por primera vez en más de veinte años, el lunes 6 de julio, YPF abrió un plan de retiros voluntarios. Hay que remontarse a la época de Menem para encontrar una medida parecida a la que se quiere aplicar ahora. Según el comunicado, “es un paso más… para sanear las operaciones, en un contexto de crisis que golpeó de lleno a la industria hidrocarburífera”. Se olvida de decir que uno de los grandes deudores de la empresa es el propio Estado nacional, que le paga a los fondos buitres pero no a YPF, que resuelve su crisis despidiendo trabajadores.

Este ataque no es nuevo. En mayo YPF ya había anunciado una reducción salarial de entre 10% y 25% según la función del trabajador. Ahora, el retiro voluntario, que muchas veces se transforma en obligatorio por la presión de los jefes, ofrece un monto equivalente al doble de la indemnización, algunas pequeñas ventajas en la base del cálculo y la continuidad del plan médico por tres años. ¡Nada! Cualquiera sabe que la crisis económica durará bastante tiempo y la posibilidad de conseguir empleo será escasa y precaria.

Por ahora, la federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh) que preside Antonio Cassia ha dicho que no avala este procedimiento porque serían despidos encubiertos. Sin embargo, considera que el programa abona “una tentadora indemnización, pero pagadera en treinta y seis cuotas”. ¿Significa que si el pago fuera al contado sería aceptable? No podemos confiar en el rechazo inicial de la burocracia sindical. Como dijo un petrolero: “Este señor Antonio Cassia fue el mismo que en la época de Menem nos dijo quédense tranquilos que aquí no tocan a ningún compañero y nos acabaron echando por dos mangos y varios fallecieron y no alcanzaron a cobrar las acciones que nos prometieron”.

Desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad denunciamos estos planes de ajuste, despidos y retiros voluntarios. Exigimos que ninguna empresa despida, suspenda o rebaje los salarios. Si hay plata para los usureros de la deuda que se disponga de recursos para proteger los puestos de trabajo. Exigimos que los gremios aeronáuticos y el Supeh, junto a la CGT, dejen de ser cómplices de la aplicación de estas políticas de ajuste, rechacen el plan del gobierno peronista y convoquen a sus bases para discutir medidas de fuerza e impedir su aplicación.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández quiere convencernos de que, una vez terminada la actual renegociación de la deuda con los pulpos, quedará resuelto “definitivamente” el problema de la deuda externa. Simplemente tendremos unos vencimientos perfectamente “sustentables” y fáciles de pagar en el futuro. 

Pero no es esto lo que sucederá. En la actual negociación lo que se discute son más de 60.000 millones de dólares en bonos donde cualquier conflicto se terminará discutiendo en el juzgado del Segundo Distrito Sur de Nueva York. El mismo donde, hasta hace pocos años, estaba el temible juez Thomas Griesa, el que siempre fallaba contra la Argentina y le daba la razón a los fondos buitres y, a partir de lo cual, el macrismo, con el apoyo del peronismo, terminó pagando 10.500 millones de dólares a principios de 2016.

Hoy, ya retirado Griesa, ese juzgado está a cargo de Loretta Preska. La nueva jueza le hace honor a su predecesor. Acaba de decidir que la Argentina tiene que pagar 224,2 millones de dólares a bonistas que no entraron en los canjes 2005 y 2010 y no estaban contemplados en el pago a los buitres efectuado en 2016. Se trata de deudas por bonos emitidos entre 1997 y 2001.

Con razón algún compañero puede preguntarse ¿pero no se había pagado todo cuando se canceló esa deuda con los buitres? Y acá está la sorpresa, no. Así, el fondo buitre Attestor Master Value cobrará 67,9 millones de dólares y Trinity Investment, 156,3 millones de dólares. 

Pero eso no es lo peor. Quedan otros acreedores, buitres que todavía están “pendientes” para cobrar. Los abogados del estudio yanqui Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representan a la Argentina, le pidieron a la jueza que “acelere el listado de bonistas que aún tienen en su poder bonos en default 2001”. ¿Cuántos y quiénes son? No se sabe. Algunos dicen que se trata de 300 millones de dólares, otros de 800. Sebastián Maril, director de Fin.Guru, asegura que puede llegar a 3.000 millones. Increíblemente, el escrito presentado por los abogados que representan a la Argentina dice que están dispuestos a pagar para demostrar “respeto por las leyes norteamericanas y a la investidura de la magistrada” (Ámbito Financiero, 9/7).

Y aun cuando paguemos todo eso, no terminarán ahí los juicios contra nuestro país que tiene en sus manos la jueza Preska. El fondo buitre Burford le reclama a la Argentina un monto indeterminado de un mínimo de 3.000 millones de dólares y un máximo de 12.000 por la estatización de YPF. ¿Qué tiene que ver ese buitre con YPF? La historia es increíble, cuando se produjo la estatización en 2012, el Grupo Petersen (de Eskenazi, que ingresó gratis en YPF de la mano de su amigo Néstor Kirchner) le reclamó al mismo gobierno peronista kirchnerista una “indemnización” por la estatización. Y lo hizo en los tribunales de Nueva York. En 2015 Petersen quebró y le vendió la deuda al fondo buitre Burford, que ahora reclama que se le pague ante la jueza Preska.  

La jueza también tiene en sus manos otro juicio contra nuestro país. El del fondo buitre Aurelius, que reclama cobrar el cupón PBI de 2014, que no se pagó porque la Argentina ese año creció menos de 3,2 por ciento. Pero Aurelius alega que ese PBI estuvo “mal medido” y que entonces le toca cobrar, por supuesto, con intereses y punitorios. 

Dejamos todo en manos de “William Boo”

Hace décadas, hubo un exitoso programa de lucha en la televisión argentina que se llamaba Titanes en el Ring. Allí las peleas eran en realidad un show donde había “buenos y malos”. Lo mismo sucedía con los árbitros. El peor se llamaba William Boo, que dejaba “hacer” y ganar siempre a los malos. 

Que la deuda argentina se tenga que dirimir siempre en los tribunales yanquis (más aún, siempre en el mismo) es exactamente lo mismo. Griesa y Preska son William Boo. Ya sabemos, sus fallos siempre van a ser, por definición, a favor de los buitres y contra nuestro país. 

La deuda externa es una bola de nieve 

Todo lo anterior está directamente relacionado con la actual negociación. El gobierno de Alberto Fernández ya le cedió 15.000 millones de dólares más a los pulpos acreedores desde que lanzó la primera propuesta. La quita de capital es prácticamente cero, se acepta abonar el doble de intereses que en la propuesta original y se empezará a pagar a partir de 2021, y no con “tres años de gracia” como se decía antes. 

Sin embargo, puede darse que, aun después de ceder todo esto, queden bonistas que no acuerden y quieran más. Y vayan a juicio con Preska. Entre ellos hasta puede estar BlackRock, el fondo más poderoso del mundo. ¿Nos imaginamos cómo terminará este reclamo?

Recapitulemos. Por todo esto decimos que la deuda externa argentina es una estafa permanente y que no hay salida si seguimos pagando. Vamos a terminar pagando una fortuna a estos bonistas tras la reestructuración. Y luego seguirá lo que “arreglemos” en la renegociación con los bonistas bajo legislación local. Y después vendrá la discusión de cómo pagamos los 49.000 millones que le “debemos” al FMI.

Y cuando termine todo eso todavía faltarán las deudas provinciales. Y el Club de París. Y, aun cuando paguemos todos estos vencimientos seguiremos siendo declarados “deudores” por la jueza Preska que nos exigirá todo lo que explicamos más arriba. Más lo que reclamarán en el futuro los nuevos buitres. Y así hasta el infinito. 

Por eso insistimos. La única salida es repudiar de una vez la totalidad de esta deuda externa, que es ilegal, ilegítima e inmoral. Que no tiene “sustentabilidad” que valga. Sin vueltas, hay que dejar de pagarla y poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe Guido Poletti

Ante cualquier conflicto jurídico, la mayoría de la deuda externa argentina se decide en los tribunales de países imperialistas. Mayormente, en Nueva York que, como sabemos, siempre termina fallando a favor de los pulpos acreedores. 

En la actual renegociación de la deuda hay dos grupos de bonos. Y la realidad es que los que vienen de la época del peronismo kirchnerista (canjes 2005 y 2010) tienen condiciones más favorables para los acreedores que los que se emitieron durante la presidencia de Macri. 

Pasamos a explicarlo. Los bonos “kirchneristas” tienen una cláusula que establece que, en caso de renegociación, para que esta sea aprobada se requiere la aceptación del 85% del total de la deuda en cuestión y del 66% de cada bono a renegociar. Obviamente, como estos números son muy elevados, resulta fácil que uno o varios fondos buitres compren una parte de esos bonos y así impidan que se alcancen esos porcentajes. Esto los avala inmediatamente para “ir a juicio” en los tribunales de Nueva York y exigir el pago del ciento por ciento de la deuda más intereses punitorios.

Los bonos emitidos durante la presidencia de Macri establecen que, en caso de renegociación, bastará que el 66% del total y el 50% de cada bono acuerden una propuesta para que pase a ser aprobada. De hecho, el país deudor (la Argentina, en nuestro caso) está en mejores condiciones frente a los buitres en estos bonos que en los anteriores. Dejémoslo claro, en ambos casos se dirimen en los tribunales yanquis y en los dos las cartas legales están “marcadas” a favor de los buitres. Digamos simplemente que si los bonos emitidos por Macri son “Guatemala”, los de la era kirchnerista eran “Guatepeor”.

Todo esto ya estaba claro para los especialistas, pero ahora se hizo público masivamente a partir de una declaración firmada por Joseph Stiglitz junto a otros setenta economistas e intelectuales. El premio Nobel de Economía y amigo del ministro Guzmán, defendiendo la actual negociación, acusa a fondos como BlackRock de pretender “reemplazar las CAC -cláusulas de acción colectiva- con arreglos más antiguos, que podrían conducir  nuevamente a la depredación de los fondos buitres” (Proyect Syndicate, 9/7).

Sucede que esos “arreglos más antiguos” son los que habían negociado Néstor y Cristina Kirchner en 2005 y 2010. 

Es evidente entonces que no “nos habíamos desendeudado”, como decía el viejo doble discurso K. Ni tampoco “le habíamos doblado el brazo a los acreedores”. Tanto es así, que hasta las condiciones legales de dicha deuda terminaron resultando más favorables a los buitres que las de Macri.

Escribe Claudio Funes

En torno de las obras y servicios públicos hubo con Macri y con el peronismo kirchnerista una enorme corrupción. Empresas como Odebrecht de Brasil, Techint de Argentina, IBM de Estados Unidos, Shell de Gran Bretaña y Holanda y hasta empresarios, como Calcaterra o Báez, pagaron coimas a funcionarios del gobierno de turno para ganar licitaciones o directamente hacerse cargo de obras, yacimientos o servicios públicos.

Hay una larga lista de ex funcionarios y empresarios  corruptos que salieron de prisión. Roberto Baratta, mano derecha de Julio de Vido, y los ex dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, entre otros.

Las excarcelaciones del ex vicepresidente Amado Boudou y el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y la posiblemente próxima de Lázaro Báez, por su significación política, son las más resonantes y las que han causado gran indignación entre el pueblo trabajador y los sectores populares.

El 6 de abril el Tribunal Oral Federal 4 resolvió otorgar prisión domiciliaria a Amado Boudou en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Un mensaje del papa Francisco habría influido en la suerte de Boudou, dijeron fuentes judiciales. “En las cárceles donde hay superpoblación se corre el peligro de que esta pandemia termine en una grave calamidad –escribió el Papa en su cuenta de Twitter– #Oremos juntos por los responsables, por quienes deben tomar decisiones, para que encuentren un modo justo y creativo de resolver este problema” (Infobae 6/4/20).

Al ex compañero en la presidencia de Cristina Kirchner, durante el período 2011-2015 se lo condenó, por el caso Ciccone, a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, más multa e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.

Hoy cumple prisión domiciliaria en un loft construido en el edificio de una antigua hilandería de Barracas, considerado patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires. 

Con vista hacia una plaza interna con cascada y espejos de agua, el complejo cuenta con todos los servicios, gimnasio, pileta, sauna y seguridad las veinticuatro horas. También tiene una calle interna que permite el acceso hasta la puerta de cada loft en los tres niveles del edificio.

Pero Boudou no simplemente fue premiado con la prisión domiciliaria. Agradece, con el rosario bendecido que le regaló el Papa en sus manos, que el procurador del Tesoro, Carlos Zannini,  haya emitido un dictamen favorable para que pueda acceder a una pensión vitalicia, cercana a 400.000 pesos mensuales, por haber sido vicepresidente. Una burla más al pueblo trabajador y a los jubilados.

Julio de Vido, por su parte, fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por ser partícipe necesario del delito de fraude a la administración pública en el mantenimiento del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros. Esto significa que para los jueces solo fue responsable por el mal uso de los recursos públicos que la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) recibió del Estado y porque no controló a la empresa.

En aquel entonces ya había sido favorecido por un fallo de la justicia patronal que no lo consideró responsable de estrago culposo por la muerte de 52 personas y más de 700 heridos.

Con varias causas de corrupción en su contra, la Justicia decidió, en un trámite exprés, otorgarle un nuevo beneficio, la prisión domiciliaria.

Desde el 13 diciembre de 2019 Julio de Vido lleva una bucólica vida en su espléndida chacra ubicada en Zárate. Valuada en 750.000 dólares, posee una vivienda de 300 metros cuadrados enclavada en un espacio verde de 5 hectáreas. Una afrenta a las víctimas de Once y a sus familiares.

La justicia patronal se viste con los ropajes del poder político de turno. Es tan corrupta como él. Siempre fue así. Es que la corrupción es parte estructural del sistema capitalista. 

Amado Boudou y Julio de Vido hoy están disfrutando de sus propiedades y bienes obtenidos con el robo al Estado y el pueblo argentino. Todos al servicio de Néstor Kirchner, primero, y de Cristina, después.

La corrupción de los gobernantes, tanto de kichneristas como de macristas, repercute y mucho en la vida del pueblo trabajador y los sectores populares. Nos deja sin escuelas, sin salud pública, sin vivienda, sin agua, sin cloacas, sin luz y sin pavimento. Además mata, como ocurrió en la estación Once el 22 de febrero de 2012.

Desde Izquierda Socialista decimos que los funcionarios y empresarios corruptos tienen que estar en la cárcel. Por esto es que sostenemos que en los casos de corrupción se invierta la carga de la prueba y tengan que ser los funcionarios los que demuestren su inocencia y, en el caso de que no lo hagan, que vayan presos y se les incauten sus bienes.