Escribe Daniel Báez

Los casos de muertes y aprietes a manos de la policía de Manzur y el ministro de (in)Seguridad Maley se repiten.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le envió una carta al gobernador Juan Manzur para transmitirle la “preocupación por los graves hechos de violencia institucional protagonizados por la policía de Tucumán” y “la falta de respuesta política para abordar este problema” (La Nota, Tucumán, 17/7/20).

Para el CELS, el asesinato de Espinoza “constituye uno de los casos de violencia policial extrema más graves que se registraron a nivel nacional en los últimos años”. El 14 de julio, la familia denunció la liberación de Álvaro González, uno de los civiles involucrados en su desaparición, y exige que la Justicia actúe con rapidez e independencia del poder político.

Los policías implicados en el caso, Claudio Zelaya y Eduardo González Rojas, “fueron señalados por haber participado en otro hecho que aún está impune, golpear a un joven, Alan Andrada, en la comisaría de la ciudad de Simoca en octubre de 2018. Andrada falleció días después producto de una hemorragia por los golpes recibidos”.

La carta también hace referencia al caso de Roxana Monteros, quien denunció el 17 de junio pasado haber sido atacada a golpes y sufrido violencia sexual por parte de los efectivos que protagonizaron el allanamiento violento en su domicilio.

“Una semana después, el 24 de junio, la policía mató por asfixia a Walter Ceferino Nadal”, agrega. La investigación está estancada, ni el estudio anatomopatológico que esclarecerá el hecho fue realizado, denunció la familia.

En estos días se conoció la denuncia por apremios ilegales y golpiza realizados a un abogado en Concepción por parte del comisario y efectivos de la delegación policial de esa localidad del interior provincial.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, exigimos el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de todos estos casos y la renuncia inmediata del ministro Maley.

Escribe Daniel Báez

Los cuatro policías de la localidad chaqueña de Fontana, que desde el 9 de junio estaban detenidos con prisión domiciliaria por haber atacado a la familia qom Fernández-Saravia el 31 de mayo, quedaron en libertad. En el contexto del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, con el racismo en la agenda pública internacional, los medios de comunicación porteños dieron espacio a los hechos de Fontana. Sin embargo, la jueza de Garantías Rosalía Zózzoli hizo lugar a la presentación de los abogados defensores y los liberó. El caso mereció numerosos repudios. Los policías continúan imputados pero permanecerán en libertad. La comunidad qom advirtió sobre el riesgo que implica para ellos.

El vicepresidente del Comité contra la Tortura, Egidio García, denunció que “la liberación de los policías se da en un contexto de persecución racial y complicidad judicial”.

El caso de la violencia institucional contra los pueblos originarios es sistémico, qom, wichí, o mapuches sufren la violencia de la policía y los empresarios amparados por los gobiernos provinciales y el doble discurso del gobierno nacional.

Exigimos el cese de la represión sobre los pueblos originarios y los trabajadores y sectores populares. Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos.

La foto del 9 de julio, en el acto del Día de la Independencia, es muy ilustrativa y fuerte. El presidente Fernández aparece “rodeado” por lo más representativo de las patronales. Ahí estaban Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio; Eduardo Eurnekian, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Néstor Szczech, de la Cámara Argentina de la Construcción, y Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural Argentina. Y en un extremo de la foto el burócrata sindical de la CGT Héctor Daer. Días después tuvimos otra imagen reveladora, la del presidente con los dirigentes de Cambiemos “bajando el nivel de confrontación política”, como tituló el diario La Nación el 14 de julio.

Crece entonces el debate entre muchos compañeros que votaron al Frente de Todos “contra el ajuste hambreador de Macri” y que, aun manteniendo expectativas en el gobierno peronista, empiezan a ver estas contradicciones. ¿Para qué se reunió Fernández con los más importantes empresarios de la Argentina y con los dirigentes de Juntos por el Cambio? ¿En qué quedó todo el discurso sobre la expropiación de Vicentin y la “soberanía alimentaria”? ¿Y el impuesto a la riqueza?

Mientras todos los anuncios “progresistas” se hundieron en el mar del doble discurso, la realidad, lamentablemente, es que el gobierno peronista está negociando con las patronales la profundización del ajuste. Con más de 300.000 despidos, salarios cayendo hasta 25% en términos nominales, aguinaldos en cuotas o no pagados, una IFE de 10.000 pesos y hambre creciente en las barriadas populares, hoy la crisis ya la está pagando el pueblo trabajador con un fortísimo ajuste. Pero pretenden una profundización de todo esto. Cada vez suena con más fuerza que esta cuota del IFE será “la última”. Y tanto las patronales como el gobierno insisten en que no hay “ningún espacio” para la reapertura de paritarias. En las empresas gestionadas por el Estado (estatales como Aerolíneas y Austral, o semipúblicas como YPF) se anuncian reducciones salariales y de personal.

Del otro lado, a la lista de beneficios que ya reciben las patronales (nóminas de sueldos pagados por el Estado, subsidios, préstamos a tasas preferenciales, etcétera) se le suma el anuncio de una moratoria impositiva. Ya no será, como se dijo al principio, “para aliviar a las pymes”. Por el contrario, podrán ingresar las grandes empresas. En concreto, ya no solo no habrá impuesto a la riqueza, sino que las más importantes patronales del país serán “perdonadas” por los impuestos vigentes que no están pagando. Sumemos que el gobierno retrocedió definitivamente con Vicentin (“Yo me equivoqué con el tema Vicentin”, dijo en una entrevista a la FM Radio La Patriada, 13/7). La expropiación quedó archivada.

Y tenemos que agregar, además, que el presidente, por enésima vez, les aseguró a los empresarios que está dispuesto, como sea, a cerrar el acuerdo con los pulpos acreedores. Negociación en la que el gobierno peronista ya cedió 15.000 millones de dólares más respecto de la primera oferta.

Y todo sucede, nunca lo olvidemos, mientras seguimos en el pico de la pandemia del coronavirus. Increíblemente, en medio de las peores cifras de contagios y ocupación de camas, el “consenso” entre los gobiernos de la Nación, de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires se encamina hacia “una mayor apertura”. En línea con lo que exigen las patronales, en los próximos días tendremos miles de industrias y comercios abiertos con más trabajadores sometidos al riesgo del contagio. Tal como dicen los ferroviarios del Sarmiento, que denuncian que no se respeta el distanciamiento social en los trenes, poniendo en peligro a los pasajeros y a los propios trabajadores ante la posibilidad de la multiplicación de contagios. Como le acaba de suceder a nuestra compañera delegada y diputada nacional electa Mónica Schlotthauer, a quien le dio positivo el test de coronavirus, como a otros ciento ochenta ferroviarios.

Mientras tanto, a pesar de la complicidad de las patronales y el gobierno, se sale a dar pelea. Así lo hacen los compañeros de Austral y de Latam, cuyos técnicos frenaron los aviones que la patronal se quería llevar del país. Los de la industria lechera. También los de UTA en Córdoba, que fueron ferozmente reprimidos. Los choferes de Bariloche. Los enfermeros del Posadas, y los trabajadores de la salud en general, que siguen luchando contra la precariedad mientras le hacen frente a la pandemia del coronavirus.

Frente al actual ajuste, y al aún mayor que se viene, desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo seguimos insistiendo. La crisis la tienen que pagar las patronales, los millonarios, los banqueros, los usureros de la deuda externa, no los trabajadores. Es necesario establecer de una vez por todas un impuesto a las grandes riquezas, como propone el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad. Y hay que dejar inmediatamente de pagar la ilegal, usuraria y fraudulenta deuda externa. Ahí está el dinero para implementar un fondo de emergencia que permita atender las necesidades más urgentes, tanto sanitarias producto de la pandemia, como las sociales, dando trabajo, salarios dignos y comida para todos los que lo necesiten.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Mientras la crisis económica castiga a los hogares, este fin de semana la pandemia superó la barrera de los 100.000 contagios y llegó a la cifra de casi 2.000 muertos. No cabe ninguna duda de que no ha disminuido. Seguimos subiendo por una cuesta cuya cumbre, después de la cual empezaría el descenso, todavía no está a la vista. El gobierno peronista de Alberto Fernández sigue responsabilizando a los trabajadores, mientras el aumento de la circulación, y por ende los contagios, es un producto de la crisis de la apertura de industrias y comercios autorizados por el propio gobierno y de la desesperación de millones de sectores populares que salen a “changuear” al no tener cómo conseguir los recursos más elementales para vivir. 

Las camas de terapia intensiva (UTI) se mantienen ocupadas en un 60% promedio, pero ya hay hospitales y sanatorios privados importantes saturados o con ocupación superior al 80 por ciento. Los refugios y hoteles para aislar a los pacientes con trastornos menos graves ya empezaron a llenarse. Este verdadero drama humanitario se torna trágico al comprobar que gran parte de estos contagios y decesos podrían haberse evitado si se hubiesen tomado todas las medidas necesarias para contener la epidemia, como venimos denunciando desde estas páginas.

Los trabajadores de la salud ya han aportado más de seis mil contagiados y más de veinte fallecidos

Los contagios y muertes de los trabajadores de la salud pusieron al descubierto que los bajos salarios empujaron a la mayoría de ellos al poliempleo. Tanto en el ámbito estatal como en el privado se está alzando el clamor por la apertura de paritarias. Es que la situación aprieta, una enfermera tucumana gana 36.000 pesos y un médico 44.000 pesos. La provincia de Buenos Aires no paga mejor, 46.000 pesos para el médico ingresante. En Córdoba, los médicos residentes municipales llevan dos meses sin cobrar. El bono de 20.000 pesos no ha sido cobrado en muchas jurisdicciones del país y, mediante interpretaciones arbitrarias, no se hace extensivo a las salas periféricas, centros asistenciales y la totalidad del personal de los establecimientos.

Entramos en una etapa en la que se aproxima la saturación y, quizás, el desborde del sistema de salud. En este escenario, el recurso humano pasa a ser cada vez más necesario. Por ejemplo, la tecnología de respiradores recién incorporados –muchas veces de manera precaria– requiere de personal en número suficiente y con la capacitación necesaria para manejarlos. Aumentar las camas de UTI sin reconocer que los trabajadores que brindan atención a diario son insuficientes y están mal remunerados no fortalece el funcionamiento del sistema ni garantiza los derechos de los pacientes.

Reclamos en CABA y provincia de Buenos Aires

Kicillof, el gobernador peronista de Buenos Aires, anunció con gran resonancia mediática la “desprecarización” de miles de trabajadores de la administración pública bonaerense. En los hospitales de la provincia de Buenos Aires, resultado de una lucha de años sostenida por Cicop, no hay personal profesional contratado como monotributista. Además, desde la paritaria de 2016 no pueden ingresar precarios. Todo debe hacerse de acuerdo con las normas de la carrera profesional. En la última paritaria se acordó la normalización del remanente de becarios y otros compromisos. Ninguno ha sido cumplido. Firmaron acuerdos para incumplirlos y negarle al personal de salud su derecho básico a percibir un sueldo adecuado en medio de una pandemia.

Larreta, el macrista jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se niega a reforzar el sistema de salud como se necesita. Por ejemplo, es necesario reemplazar a los trabajadores que deben realizar aislamiento, EPP entregados en calidad y cantidad suficientes, licencias para los grupos de riesgo y recomposición salarial. Pero contrata enfermeras en forma precaria por 38.000 pesos mensuales y firmó la resolución 499, del 12 de junio, que aumenta la carga horaria semanal de enfermería.

En CABA la lucha de los trabajadores de la salud es doble. Deben enfrentar no solo al gobierno de Cambiemos, sino a la burocracia peronista del Sutecba y a la conducción de la Asociación de Médicos Municipales y su apéndice, la Federación de Profesionales, que tienen un sólido pacto con el gobierno y ahogan todo intento de resistencia. Los agrupamientos gremiales independientes son todavía muy minoritarios, aunque van creciendo debido a las luchas de los últimos años.

Hay que centralizar el sistema de salud para enfrentar la pandemia

Como venimos diciendo, es necesario centralizar el sistema de salud bajo un solo mando, no una mera coordinación de jurisdicciones. Es necesario poner todas las instalaciones sanitarias –sean públicas o privadas– al servicio de la lucha contra la pandemia en el camino a un sistema único estatal de salud. Las camas de UTI, que se han convertido en un insumo crítico, deben ser administradas centralmente por el Estado. El análisis PCR del material de hisopado se ha constituido en un cuello de botella –hay demoras de cinco días–, entonces los laboratorios bioquímicos deben estatizarse bajo control de los trabajadores.

El pueblo viene cumpliendo seriamente la cuarentena, algo que significa tremendas privaciones para los trabajadores en negro y los cuentapropistas. El gobierno debe sostener este esfuerzo subsidiando a los trabajadores para que puedan quedarse en su casa. Para esto debe crearse un fondo de emergencia integrado por un impuesto especial a los grandes grupos económicos y el no pago de la deuda externa. La epidemiología, como ciencia, ha dado todo lo que podía dar. La pandemia ahora se resuelve en el campo de la política y estas son las medidas que el gobierno debe tomar.

Escribe José Castillo

Se suele escuchar de parte de referentes políticos de la oposición de Juntos por el Cambio, dirigentes patronales o economistas del establishment que el problema del gobierno de Alberto Fernández es que “no tiene un plan económico”. Más aún, todos acuerdan en que “lo fundamental es arreglar con los acreedores y pagar la deuda”. Pero insisten en que, una vez terminado ese momento de negociación, el gobierno peronista debe poner en marcha dicho “plan”.

Esto puede confundir a muchos compañeros. ¿Existe o no un plan económico del gobierno? Si existe, ¿es sustancialmente distinto del de Macri? ¿Y del de Cristina? ¿Qué es exactamente lo que reclaman los políticos patronales opositores?

Hay un plan en curso

Vamos por partes. Es mentira que “no hay un plan económico”. Este plan existe y se está ejecutando. Más allá del doble discurso progresista, cuando vamos a los hechos, se trata, sintéticamente, de ajustar a los trabajadores y demás sectores populares, sostener las ganancias de los empresarios y garantizar los pagos de la deuda externa. 

A los jubilados les anularon los incrementos de marzo y junio, que fueron reemplazados por “aumentos por decreto”, donde finalmente todos terminaron perdiendo. Los trabajadores activos tienen todas las paritarias suspendidas, por lo que no recuperan lo perdido en 2020. Y a esto se le suma que muchos sectores, tras el acuerdo entre la UIA, la burocracia de la CGT y el gobierno, verán reducidos sus salarios 25 por ciento. 

Agreguemos la oleada de despidos (300.000 aproximadamente) y suspensiones con trabajadores cobrando el 50%, o aún menos, de sus sueldos. 

Los que se quedaron sin ingresos por la cuarentena apenas si tienen como compensación el miserable IFE de 10.000 pesos por grupo familiar. 

Del otro lado tenemos a los empresarios. Para ellos sí hay subsidios, préstamos a tasa cero y nóminas salariales pagadas por el Estado. Y a esto hay que sumarle los pagos  de deuda externa: el gobierno de Fernández, apenas asumió, apartó 4.500 millones de dólares de las reservas y los fue utilizando en estos meses para ir cubriendo distintos vencimientos. 

Algún compañero podrá preguntarse ¿cómo se condice esto con los grandilocuentes discursos de Alberto Fernández en los que nos prometió “prohibición de los despidos”, “impuestos a los ricos”, “soberanía alimentaria expropiando Vicentin” y, en general, “priorizar a los jubilados y trabajadores antes que a los acreedores externos”. A esto nos referimos exactamente cuando decimos “doble discurso”. Y, en este aspecto, se parece también a otro “plan económico”, el que ejecutó Cristina Kirchner hasta 2015.

Los despidos están formalmente “prohibidos”, pero centenares de miles de compañeros perdieron sus puestos de trabajo, increíblemente con el aval del mismísimo Ministerio de Trabajo. El “impuesto a los ricos” fue anunciado por Alberto Fernández hace más de cien días y sin embargo ni siquiera presentaron el proyecto en el Congreso. La “expropiación de Vicentin” duró menos de una semana, ya está totalmente archivada. Y sobre la deuda externa ya ni siquiera disimulan, dicen a quien lo quiera escuchar que han cedido millones de dólares y que están jugados a cerrar la negociación y empezar a pagar los próximos vencimientos en 2021.

¿Cuál es, entonces, el plan que reclama el establishment?

Ciertamente, van por más. Las patronales nacionales y extranjeras, el propio FMI, el imperialismo, insisten con lo mismo que, desde siempre, vienen planteando. Lo que le exigían a Macri, y ahora a Fernández. Que para garantizar la continuidad de las superganancias empresarias y para que existan los fondos para pagar los millonarios vencimientos futuros de deuda hay que avanzar en lo que ellos llaman “reformas estructurales”. Estas son: la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma fiscal. Traducido, liquidar definitivamente las jubilaciones, reventar del todo los convenios colectivos y la propia Ley de Contrato de Trabajo pasando a un sistema ultraflexibilizado, donde todo el mundo trabaje como hoy se hace en Vaca Muerta, o como lo hacen los repartidores de Rappi o Glovo y ajustar más aún en educación, salud y planes sociales.

¿Se implementará semejante programa? En una reciente entrevista el ministro Martín Guzmán dijo, ante representantes del FMI y el Banco Mundial, que él está “abierto” a discutir reformas estructurales. La burocracia de la CGT, en reuniones con las cámaras patronales, también ha sostenido que la “modernización” de las relaciones laborales (así las llaman) es una idea interesante y que no hay que “cerrarse” a debatirlas. En los próximos meses comenzará la renegociación de la deuda con el FMI, que insistirá en que su contrapartida a acordar con la Argentina será que el gobierno se comprometa a poner en marcha dichas reformas. Y todos van a poner como excusa que se debe avanzar en ese sentido por la “situación de emergencia” en que va a quedar el país cuando se acabe la pandemia. 

Por otro plan económico, para atender a la emergencia

Como siempre, el único “límite” al ajuste lo pondrán los trabajadores con sus luchas. Por eso tenemos que pelear ahora mismo contra los despidos y las suspensiones, contra las rebajas salariales y contra los intentos de flexibilización usando a la cuarentena como excusa. Del mismo modo que, como ya pasó en el pasado, tendremos que salir a luchar con todo si se intenta avanzar con las reformas “estructurales” citadas.

Porque, efectivamente, hace falta un nuevo plan económico. Pero es el opuesto, tanto al que se está ejecutando como el que reclaman las patronales. Lo que hace falta es un plan de emergencia que ataque las dos pandemias. Donde la plata salga de un impuesto a las grandes riquezas y del no pago de la deuda externa. Para que todo ese dinero vaya directamente a resolver tanto la emergencia sanitaria como las más urgentes necesidades de trabajo, salario y comida para el pueblo trabajador.