Se dio a conocer el video donde el intendente del Frente de Todos de José C. Paz, Mario Ishii, increpa a un grupo de choferes de ambulancias del municipio que reclamaban por su situación laboral.
Muchos medios de comunicación se han escandalizado por los dichos de Ishii, cuando dijo que él los “cubre cuando llevan falopa en las ambulancias”. Y hasta un fiscal lo llamó a declarar.
El gobierno provincial de Kicillof salió en defensa del intendente con el absurdo argumento de que “fue sacado de contexto”.
Este hecho no hace más que confirmar los vínculos del poder político, policial y judicial con los narcos y demás empresarios de actividades clandestinas, como el juego, la prostitución o los desarmaderos.

Pero lo que ninguno cuestionó, y la dirigencia sindical de la CGT ni mencionó, son las tremendas condiciones laborales de los choferes de ambulancias del municipio y las respuestas “negreras” que les dio Ishii.
Ishii se quejó de haber tenido que viajar kilómetros para asistir a la asamblea que hacían los choferes frente a la  intendencia. ¡Claro, él vive en un country en Pilar, lejos del populoso municipio de José C. Paz!
Luego les dijo que no iba a aceptar que hagan asambleas o piquetes y que “al que no le gusta el trabajo, se puede ir”. “Después no vengan a pedirme trabajo, como siempre”, remató.
Les aclaró que él solo iba a darles “60.000 pesos por ambulancia, para dos trabajadores, veinticuatro horas por día, los treinta días del mes”. O sea, que a cada chofer y a su acompañante les daba 30.000 pesos por mes, sin francos ni descansos. Porque mientras uno maneja, el otro debe acompañar y después hacen el cambio. O sea, trabajo semiesclavo por 30.000 pesos, sin francos, veinticuatro horas por día. ¿Y el convenio laboral? ¿Y el sindicato? 

Así se maneja Ishii, como patrón de estancia, al igual que todos los “barones del conurbano bonaerense”. Por eso desde el gobierno provincial y el peronismo todos salieron a apoyarlo.
Desde Izquierda Socialista repudiamos el trato de Ishii hacia los trabajadores municipales y choferes de ambulancias y exigimos que pasen todos a planta permanente ya, trabajando bajo convenio, que cobren un salario digno, con ocho horas de trabajo y los francos correspondientes. Que se nombren todos los choferes y trabajadores municipales que sean necesarios para enfrentar la pandemia. Que la crisis la paguen los grandes empresarios, no los trabajadores y el pueblo.

Izquierda Socialista FIT Unidad, José C. Paz

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad 

A 86 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, Alberto Fernández se comunicó con su madre, Cristina. Para que el presidente mostrara interés en una nueva desaparición forzada, la familia y los abogados debieron mover cielo y tierra en la provincia de Buenos Aires buscando pruebas, peleándose con el fiscal puesto por el Estado y denunciando el encubrimiento de la bonaerense para conseguir, recién a los 45 días de la desaparición, que la Justicia les tome la denuncia. Afrontando maniobras mediáticas y, junto a los organismos de derechos humanos independientes, la izquierda y algunos pocos periodistas comprometidos, lograron instalar el tema en la opinión pública.

En su llamado, el presidente habría afirmado: “Seré severo si advierto responsabilidad del Estado”. Se ve que entre tantas reuniones con gobernadores, empresarios y burócratas sindicales el presidente no viene siguiendo el caso.

El viernes pasado se hicieron las pericias en los patrulleros de la comisaría de las localidades de Teniente Origone y Mayor Buratovich. Un perro del perito convocado por la familia de Facundo, Marcos Herrero, encontró rastros en una camioneta, contradiciendo así todo el discurso de la bonaerense y del ministro Sergio Berni. A su vez, la mamá y un abogado pidieron la remoción del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, un funcionario que defendía genocidas. El Estado podría interceder al servicio de este reclamo a través del Ministerio Público Fiscal. La Policía Federal, llevada por Berni y Sabina Frederic, viene actuando en connivencia con la bonaerense y filtra información a los medios locales con el objetivo de desviar la investigación. La Federal, además, plantó una testigo preparada por la bonaerense que dijo que había llevado a Facundo a Bahía Blanca, días después negó todo.

El gobierno tiene responsabilidad política en la escalada que se desató en todo el país en el marco de la cuarentena, con 71 asesinatos en manos de las fuerzas “de seguridad”, y desapariciones forzadas como la de Luis Espinoza, en Tucumán, y ahora la de Facundo Castro. El empoderamiento de las fuerzas represivas jamás se da sin un correlato en el aumento de la violencia contra el pueblo trabajador. Pero también es responsable el gobierno de que la investigación no avance a la velocidad necesaria, dilatando las medidas concretas que exigen la mamá de Facundo y sus abogados.

Este jueves 30 se cumplen tres meses de la desaparición. A las 11 vamos a marchar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia por la aparición con vida de Facundo en una jornada que se replicará en todo el país. Las acciones tendrán epicentro en Pedro Luro, pueblo del cual Facundo salió el 30 de abril.

En los últimos días, desde la fiscalía a cargo de José Bringas, a través de medios de comunicación, se involucró con amenazas dirigidas al viceintendente Daniel Passerini, a la Concejala electa Cintia Frencia y a la banca del Frente de Izquierda Unidad que ocupa Laura Vilches y que por acuerdo de rotación asumirá la mencionada en 2021. Se trata de una operación político-judicial en la cual la Fiscalía, a cargo del Dr. José Bringas, se coloca al servicio de gobiernos ajustadores y represivos. Pretenden reforzar la escalada represiva que comenzó con la cuarentena y fue recrudeciendo. En momentos en que se desarrollan luchas populares por el salario, las condiciones de trabajo, las  jubilaciones, la tierra y la vivienda, el gobierno de Schiaretti-Llaryora muestra los dientes y despliega sus armas represivas contra el pueblo en general y contra nuestro Frente por haber estado en la lucha, junto a los reclamos populares. Esta operación es una maniobra distractiva para correr el eje de las luchas mencionadas, pero particularmente cuando el ejecutivo municipal descarga su ataque contra los y las trabajadoras municipales.
Rechazamos categóricamente las falsas acusaciones sobre nuestro involucramiento con conductas que son totalmente ajenas a los métodos del Frente de Izquierda Unidad y que hemos rechazado, inclusive, a través de nuestra banca en el Concejo, en la sesión de fecha 17 de julio del corriente año.
Desde las pantallas de televisión se repitió una y otra vez que el caso estaba casi esclarecido, que se habría identificado a los supuestos tres responsables, y que las imputaciones estaban a punto de efectivizarse. Pero sólo se dio el nombre de nuestra compañera, y cuando nos presentamos ante la fiscalía, se nos dijo que la causa estaba bajo secreto de sumario y que no había imputación. Sin embargo, en la prensa se afirmaba que se esperaban resultados de pericias telefónicas para demostrar la supuesta relación con el caso.
Varios días después, no hay resultados de pericias, ni una sola prueba, ni tampoco imputación. No hay absolutamente nada que involucre a nuestra compañera Cintia Frencia, y a nuestra fuerza política.  Sin embargo, desde el gobierno municipal, en boca del viceintendente, Daniel Passerini, afirmaron: “hay una presunción importante y creo que a toda la sociedad, nos tiene que dar tranquilidad de que no hay impunidad en esta cuestión y de que el trabajo de la fiscalía y de la policía está sobre una pista importante. Estos hechos reflejan prácticas violentas, totalmente repudiables, de un sector muy pequeño de nuestra sociedad”.
Que el fiscal haya hecho trascender información extraoficialmente, en una causa que aún está bajo secreto de sumario y sin siquiera haber notificado fehacientemente a las partes involucradas, es lisa y llanamente un delito. Esto podría habilitar el Jury de Enjuiciamiento para la destitución del Fiscal Bringas (en la legislatura) por incumplimiento de sus deberes como funcionario público. A pesar de las inconsistencias de las acusaciones y la ausencia absoluta de pruebas, el armado liderado por el fiscal Bringas ya ha sentenciado públicamente al Frente de Izquierda Unidad y Cintia Frencia, con el perjuicio que ello conlleva.
 El caso reviste una gravedad extrema, porque muestra hasta dónde el poder judicial está al servicio del gobierno provincial y municipal, y de todos quienes gobernaron la provincia.
En este marco, las organizaciones sindicales, de las mujeres y disidencias, políticas y sociales, van expresando su rechazo a las falsas acusaciones en contra de la Concejala del FIT-U. En ese sentido, ya se han pronunciado la asamblea ni una menos, la CTA Córdoba, el sindicato de municipales de Jesús María, la AGD UBA, el cuerpo de delegadxs del INTI, los Sutebas recuperados, entre los primeros pronunciamientos.
Es preciso reivindicar la trayectoria intachable del Frente de Izquierda al servicio de la defensa incondicional de los trabajadores y las causas populares, que no vamos a abandonar ante el escenario de profundización del ajuste. Por todo lo planteado, hacemos sentir el rechazo a este atropello, puesto que la operación en curso es una expresión de la política represiva al servicio del ajuste. Llamamos al conjunto del pueblo trabajador, a las organizaciones populares a adherir al pedido de rechazo ante esta operación orquestada por poderes del Estado. Derrotar la maniobra represiva resulta de primer orden para defender el derecho a luchar por todos los reclamos pendientes, y para que la crisis la paguen los capitalistas.

Frente de Izquierda Unidad

PO, PTS, Izquierda Socialista, MST

En el peor momento de la pandemia, con los más altos números de contagios en el AMBA, con rebrotes en otras provincias y con la mayor cantidad de muertes diarias, el gobierno de Alberto Fernández ha avanzado con la flexibilización de la cuarentena. Por si quedaba alguna duda, ya ni siquiera hay amagues de “diferencias” entre los gobernantes del Frente de Todos y los de Cambiemos. La foto incluyó al peronista gobernador bonaerense Axel Kicillof, al porteño de Cambiemos Horacio Rodríguez Larreta y, por si quedaba alguna duda, al radical jujeño Gerardo Morales.

¿Por qué se abre todo justo ahora, exponiendo a millones al contagio y generando el serio riesgo de terminar en un colapso sanitario? La causa central es que tenemos un gobierno de doble discurso, un gobierno peronista que dice una cosa y en la realidad termina gobernando para los de arriba, pactando con las multinacionales, los bancos, el “campo” (como le dijo Fernández al Financial Times, en realidad deberíamos decir los grandes monopolios agroexportadores) y que deja correr los despidos y la rebaja salarial.

Lo que sucede ahora es que se abre todo, mucho más incluso que en las semanas anteriores, haciéndose eco de las presiones de las patronales de la industria y el comercio, que vienen insistiendo sistemáticamente en que “lo importante es la economía”, con total desprecio de los riesgos del contagio entre los trabajadores. Ya antes de la actual flexibilización, en la provincia de Buenos Aires estaba funcionando el 70% de la industria. Ahora, prácticamente, se abrió todo. Millones de personas tendrán que trasladarse del conurbano bonaerense a la Capital, con el consabido riesgo de tener que viajar en el transporte público, que ya está comprobado que es una de las fuentes principales de contagio. Cínicamente, los gobiernos peronistas de Fernández y Kicillof y el de PRO de Larreta, cargan la culpa del posible aumento de los contagios sobre los propios trabajadores, llamando a la “responsabilidad ciudadana”.

Pero hay otra causa que obligó al gobierno a la flexibilización. La realidad es que se estaba empezando a dar de hecho. En un amplio espacio de los sectores populares y la clase media comenzaron a primar el cansancio y la desesperación. No se trata, como machacan algunos periodistas, de permitir a las personas que corran por los parques o no. La cuestión es mucho más dramática, millones se ven obligados a salir por la necesidad de ganarse el peso para llevar comida a su casa. Trabajadores cuentapropistas, pequeños comerciantes, vendedores o profesionales independientes “ya salieron a trabajar”, estando su actividad habilitada o no, porque no les quedaba otra. Porque es imposible que un grupo familiar se arregle con los 10.000 pesos del IFE (que además se termina cobrando bimestralmente). Y porque se sumaron miles que pasaron a engrosar la cifra de desocupados en estos meses.

La contrapartida de todo esto es que, mientras la crisis sigue pegando, y cada vez más fuerte, sobre la clase trabajadora y los demás sectores populares, las grandes patronales continúan “recolectando” más y más privilegios. Tenemos los despidos en Latam, 25% de rebaja salarial en innumerables gremios (vía el acuerdo burocracia-patronales-gobierno), el intento de profundizar la flexibilización a los trabajadores petroleros, la “legalización” de la super flexibilización de los repartidores de las aplicaciones como Glovo o Rappi, la falta de respuesta a los choferes de la UTA que están en lucha en el interior del país o el ajuste sobre los aeronáuticos de Austral que siguen con sus caravanas, por citar solo algunos ejemplos.

Se favorece también a los empresarios con la ya larga serie de subsidios, créditos a tasas privilegiadas y reducciones de cargas patronales, se suma el compromiso del gobierno para garantizar “un cuarto mes” de ATP (asistencia al trabajo y la producción) por la que el Estado le financia a las patronales un monto de entre uno y dos salarios mínimos de su nómina salarial. Recordemos que la excusa para semejante regalo era que, al mismo tiempo, las empresas se comprometían a no despedir ni suspender, compromiso que se ha violado flagrantemente: casi 300.000 puestos de trabajo en blanco se han perdido desde el comienzo de la cuarentena. A esto se suma el anuncio del gobierno peronista de una moratoria impositiva donde, con la excusa de que se trata de una ayuda para las pymes, se les terminará perdonando el pago de impuestos a las más grandes empresas, nacionales y extranjeras, que operan en nuestro país.

Por si todo esto fuera poco, la última novedad es que, a pesar de que el gobierno les había ofrecido a los pulpos internacionales una renegociación de deuda totalmente favorable para ellos, estos, con el buitre mayor BlackRock a la cabeza, se dan el lujo de “rechazarla” y exigir más aún. Una nueva demostración, por si todavía hacía falta alguna, de que no hay renegociación “progresista” alguna de la deuda externa.

Estamos yendo por un camino en el que vamos a tener que convivir con la pandemia sin recursos, en medio de una profundización de la crisis social y económica. Y con un horizonte en el futuro inmediato, donde incluso, vía los pagos de deuda, se nos va a exigir un ajuste mayor aún. Más que nunca vuelve a estar planteado quién pagará esta crisis, si los trabajadores o las grandes patronales, los bancos y los acreedores externos. Desde Izquierda Socialista insistimos que tenemos que seguir enfrentando esta situación, como las protestas de los aeronáuticos de Latam y de Austral, o los choferes de Córdoba que consiguieron reclamos importantes. 

Frente a una pandemia que no ha terminado tenemos que ir a una cuarentena sin hambre, despidos ni rebajas salariales. Para eso hace falta plata, que existe. Está en manos de los multimillonarios argentinos que pueblan la lista de la revista Forbes, como Paolo Rocca, Bulgheroni o Galperín, en las superganancias de los bancos y las multinacionales que operan en la Argentina. Con nombres que todos conocemos: Santander, HSBC, Citibank, las automotrices Toyota, Volkswagen, Ford, los monopolios cerealeros como Bunge, Cargill o ADM, o los grandes laboratorios que obtienen millonadas gracias a los precios carísimos de los remedios. Es urgente la implementación de un impuesto a las grandes riquezas, como el que presentó en el Congreso el Frente de Izquierda Unidad. Y, junto con dejar de pagar la deuda externa, tendremos los recursos para poner en marcha un programa de emergencia que resuelva las más urgentes necesidades de salud, comida, salario y trabajo.

Escribe Guido Poletti

El martes se realizó una nueva reunión “virtual” entre los principales burócratas de la CGT y los más importantes representantes de las patronales. Por la CGT participaron sus dos cosecretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Antonio Caló​ (UOM). La representación empresaria fue nutrida,  estuvieron el titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) Jaime Campos, y los empresarios Luis A. Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Organización Techint), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Carlos Miguens (Grupo Miguens). Marcos Galperín​ (Mercado Libre), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Cristiano Rattazzi (Fiat Argentina), Federico Braun (La Anónima), Alberto Grimoldi (Grimoldi), Enrique Cristofani (Santander), Eduardo Elsztain (IRSA), Marcelo Argüelles (Sidus), Alberto Hojman (BGH), Jorge Aufiero (Medicus), Norberto Morita (Southern Cross Group), David Lacroze (Grupo Lacroze), Jorge Ferioli (San Jorge Emprendimientos), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group), María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud) y Luis Perez Companc (Grupo Perez Companc).

¿Para qué fue esta reunión? ¿Acaso los dirigentes sindicales plantearon terminar con la ola de despidos y suspensiones? ¿Exigieron que se pague el aguinaldo en tiempo y forma en una sola cuota? ¿Demandaron que se abrieran las paritarias ante salarios, no solo congelados ad eternum, sino incluso con rebajas de hasta 25 por ciento?

Nada de eso se escuchó en la reunión. Todo giró alrededor de “coincidencias en la necesidad de reducir la presión tributaria” de las empresas (ya que hace años que no se escucha siquiera el reclamo de eliminar el impuesto al salario). Lo que se plantea, en definitiva, es un apoyo a la moratoria impositiva, un regalo para las grandes patronales. 

También hubo otras “coincidencias”, con respecto a la negociación de la deuda afirmaron que “se aspira a resultados positivos en las negociaciones con los acreedores”, haciendo un llamamiento a que la Argentina “evite el default”. ¡El mismo día en que los principales pulpos acreedores exigían más aún al gobierno en la negociación de la deuda! 

La conclusión de conjunto es que el país debe “abrirse al mundo y ser más competitivo, con menores costos y mayores exportaciones”. ¿Acaso no saben los burócratas cegetistas que para estos grandes empresarios “menores costos” significan salarios más bajos y flexibilización laboral, la única manera que ellos entienden de que podemos ser “competitivos” exportando? 

En síntesis, la burocracia de la CGT profundiza su alianza con lo más concentrado y explotador de los grandes grupos empresarios, ya no solo dejando pasar el ajuste, sino incluso haciéndole el coro a los argumentos más reaccionarios de este bloque patronal. Por eso, desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo seguiremos peleando contra el ajuste y por una nueva dirección combativa y democrática de la clase trabajadora.