Escribe Mariano Barba

Desde el gobierno nacional se ataca permanentemente a las organizaciones de la Unidad Piquetera, porque son las que lo enfrentan y denuncian. En cambio, otras organizaciones, como el Movimiento Evita liderado por Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro son aliadas de Alberto Fernández; lo mismo que la CTEP dirigida por Juan Grabois y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) conducida por Juan Carlos Alderete del PCR. Varios de esos dirigentes son funcionarios del gobierno. El más destacado e influyente de los oficialistas es Pérsico, actual Secretario de Economía Social, integrado al ministerio de Desarrollo Social, y que coordina la distribución del programa Potenciar Trabajo. Con un presupuesto asignado para el 2022 de 243.000 millones de pesos destinado a 1.271.215 titulares activos.

Tanto Pérsico como el ministro Juan Zabaleta ratificaron en varias oportunidades que la inscripción al Potenciar Trabajo “no se abre”. Ese es uno de los principales reclamos de la Unidad Piquetera, que exige la “universalización” de este programa social “para todas y todos los que lo necesiten”.

Pero no están solos en el ataque a los piqueteros. Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, a través del diputado Gerardo Millman, proponen una ley contra las protestas en la vía pública con prisión de hasta dos años para los dirigentes que estén al frente de las manifestaciones de los desocupados. También, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego del acampe de marzo le solicitó al gobierno nacional que quite los planes para los que cortan las calles e interrumpen la circulación. Por su lado, Javier Milei, por intermedio del diputado Ramiro Marra lanzó el Movimiento Anti Piquetero Argentino (MAPA) amenazando enfrentar en las calles las acciones de los piqueteros.

Todos estos sectores apoyan los recortes que intenta poner el gobierno y apuntalan el ajuste de Alberto Fernández, más allá de las diferencias que puedan expresar en el terreno político. Lo concreto es que apoyan el acuerdo con el FMI y plantean imponerlo como de lugar.

Repudiamos el achique que pretende el gobierno sobre los planes y las partidas de alimentos y el ataque sistemático de todos los partidos patronales al derecho a la protesta y los movimientos sociales.
                                        
                                               

Escribe Mariano Barba

Con su habitual doble discurso Cristina Kirchner descalificó a los movimientos sociales oficialistas ligados a Alberto Fernández y de paso a los que dirige la izquierda.
Este ataque es parte de la crisis política del Frente de Todos.
Cristina, al criticar la “tercerización de los planes sociales” en realidad pretende que lo manejen sus aliados los intendentes del conurbano.
No le interesa crear trabajo genuino ni solucionar los males provocados del ajuste que aplica el gobierno del cual ella es parte .

Escribe Claudio Funes

Una decisión de la Justicia otorga el beneficio de prisión domiciliaria a tres represores condenados por delitos de lesa humanidad. Se trata del genocida Miguel Osvaldo Etchecolaz, ex comisario y jefe de la policía bonaerense, que tiene nueve condenas a prisión perpetua en causas por torturas, secuestros y asesinatos. Así lo determinó la Sala II de la Cámara Federal de Casación integrada por los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma. Los otros dos genocidas también beneficiados son: el militar retirado Mario Ocampo, sentenciado a prisión perpetua por ser hallado responsable de secuestros, tormentos y homicidios y el exjefe de Contrainteligencia del Batallón 601, Luis Ángel Firpo.

Casación además convalidó que se le aplique la ley más benigna, que en la práctica es la disminución de la condena que debe cumplir, al jefe del grupo de tareas de la ESMA, Jorge “Tigre” Acosta, que el año pasado sumó una condena a 24 años por delitos de violencia sexual.

Este proceder de la justicia patronal no es novedoso. Siete de cada diez genocidas hoy tienen prisión domiciliaria. Parece ser, en realidad es, que los jueces tienen distinta vara para otorgar beneficios a los presos comunes y a los condenados por delitos de lesa humanidad.

Estas decisiones de la Justicia no hacen más que reforzar la impunidad, no solo de los genocidas, sino de todos aquellos que desde el poder le roban al pueblo trabajador y sectores populares con enormes actos de corrupción y persiguen a las y los luchadores. Ya el gobierno de Larreta utilizó miles de cámaras para espiar a dirigentes políticos, como Macri utilizó a la AFI y Cristina con el Proyecto X. La justicia patronal siempre estará al servicio de los poderosos mientras gobiernen los partidos patronales.

Hacemos nuestro el repudio a la resolución de la Cámara por parte los organismos de derechos humanos y junto con ellos continuamos reclamando el desmantelamiento de todo el aparato represivo, no a la prisión domiciliaria, juicio y castigo, con cárcel común y efectiva a todos los genocidas.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El 5,1% de inflación en mayo significa que los empresarios inescrupulosos como Braun de La Anónima y tantos otros siguen remarcando bajo la completa impunidad del gobierno peronista del Frente de Todos.

Que siga aumentando la carne, la leche, el pan, las verduras y demás artículos de primera necesidad es una barbaridad. Encima el gobierno va a autorizar nuevas subas en los precios cuidados y va a achicar la lista. Precios cuidados que ni están en las góndolas, porque hay desabastecimiento. ¿Hay castigo para los culpables? Claro que no. ¿Dónde quedó la “guerra contra la inflación”? En nada.

¿Quiénes son los remarcadores? Arcor, La Serenísima, Danone, Ledesma, Unilever, Molinos, Mondelez, los hipermercados, frigoríficos y demás capitalistas de la cadena de producción y distribución. Son los que fijan los precios al valor dólar mientras pagan salarios en pesos devaluados. El gobierno no los combate porque también es cómplice de la inflación, cuando aumenta los combustibles de YPF, autoriza las subas en las prepagas o fija nuevas subas en las tarifas. Un proceso inflacionario que licúa los salarios y jubilaciones para recaudar para el FMI.

Hay que imponer precios máximos y a los grandes empresarios que no cumplan se les tiene que incautar la mercadería que acaparan, clausurarles sus establecimientos y hasta meterlos preso como dice la propia Ley de Abastecimiento, que nunca se cumple. Y lo fundamental es exigir a la CGT que rompa el pacto con el gobierno y llame a luchar para que los salarios y jubilaciones alcancen el valor de la canasta familiar, en vez de firmar paritarias a la baja y en cómodas cuotas.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

La noticia estremeció a millones. Por lo que dijo y por la impunidad de la que goza el empresario y delincuente de guante blanco Federico Braun, presidente de la cadena de supermercados La Anónima. Ante la pregunta sobre qué hace ante la inflación Braun dijo entre risas: “¿Qué hace La Anónima? Remarca precios todos los días". Fue durante el foro de AEA (Asociación Empresaria Argentina), donde también estuvieron Coto, Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Magnetto (Clarín), entre otros.
Braun ya había dicho que se había beneficiado con la hiperinflación de Alfonsín: “Para nosotros la inflación fue un momento muy positivo. Para un supermercado que paga a los 60 días y vende al contado, yo decía ‘no era un rey, era un emperador’. Nuestro balance en el 86, 87, 88 fue espectacular”. Familia con una vieja historia de explotación y genocidio. Los Braun junto a los Menéndez crearon en 1908 lo que actualmente es La Anónima, con 159 sucursales en 80 ciudades. Familias pertenecientes a la Sociedad Rural llegando a tener 1.376.160 hectáreas en la Patagonia con el exterminio de pueblos originarios. Capitalistas a los que el “libertario” neofacista Milei reivindica como “benefactores de la humanidad”.
Escuchar este sincericidio de un explotador semejante mientras crece el hambre y la pobreza con una inflación del 80% y que aún no esté preso, es solo por la impunidad de la que vienen gozando bajo todos los gobiernos. Son los que alegan que tienen que aumentar los precios culpa de la guerra en Ucrania, cuando el propio Braun confesó que lo viene haciendo desde siempre.
Da indignación escucharlos decir que la inflación es un problema “multicausal”. A la inflación la generan estos grupos empresarios que manejan el monopolio de los alimentos y los suben cuando quieren, igual que Arcor, Molinos Río de La Plata, los hipermercados, La Serenísima, Ledesma, etcétera. Los cuales después llevan sus ganancias a los paraísos fiscales. Son los que fijan los precios al valor dólar mientras pagan salarios miserables en pesos.

¡Precios máximos y castigo a los remarcadores!

¿Qué hace el gobierno ante esto? Los funcionarios de Alberto Fernández dijeron que las declaraciones de Braun fueron “desafortunadas”. O sea, que Braun siga robando pero que no lo diga en público. Patético, de un presidente que habló de “guerra contra la inflación”. Cristina lo llamó “ladrónima”. ¿Pero qué propone la ex presidenta contra Braun? No se le escuchó decir nada. Complicidad.
El actual gobierno peronista del Frente de Todos (como el anterior de Macri) es socio de los monopolios formadores de precios. Si ni siquiera hace nada ante el desabastecimiento del 65% de los productos que integran Precios Cuidados, que encima ahora el gobierno les autorizará nuevas subas. ¿Así se combate la inflación? Parece un chiste.
El gobierno no solo no combate la inflación sino que es cómplice, cuando aumenta los combustibles de YPF, autoriza las subas en las pre pagas o con los nuevos tarifazos. Comparte el proceso inflacionario porque licúa los salarios y las jubilaciones, lo que le permite pagar menos salarios a docentes, estatales, en Salud, a jubiladas y jubilados, para recaudar para el FMI.
Se dice que los controles de precios siempre fracasaron. Mentira. Nunca se aplicaron. ¡Basta de impunidad para los que suben los precios de los alimentos mientras baja el consumo de la leche, la carne y las verduras! El gobierno dice que la Ley de Abastecimiento no se va a aplicar porque es un “recurso de última instancia”. Quiere decir que tiene las herramientas para combatir la inflación pero no la decisión política. Esta ley que está desde hace décadas permite imponer precios máximos -accesibles a las mayorías- y si los empresarios no cumplen o desabastecen se les tiene que incautar las mercaderías, productos y alimentos bajo apercibimiento de clausurarles sus establecimientos y hasta meterlos preso. Además hay que nacionalizar el comercio exterior, donde se van nuestros alimentos y se hacen grandes negociados, comercio exterior manejado por las multinacionales Cargill, Bunge, Dreyfuss y otras.
¿Braun no debería estar preso? Claro que sí. A confesión de parte relevo de prueba. ¿Algunos de estos mercenarios que lucran con los precios fue a la cárcel alguna vez? No. Esto se tiene que acabar. Mientras llamamos a seguir luchando por un aumento inmediato de salarios y jubilaciones al valor de la canasta familiar con el ejemplo del triunfo que acaban de protagonizar los autoconvocados docentes de San Juan.