La desaparición de Facundo Castro Astudillo ha conmocionado al país. Cada vez surgen más elementos que demuestran la responsabilidad de la policía bonaerense y del gobierno, tanto en el hecho en sí como en su posterior encubrimiento. Vergonzosamente, en una copia burda de lo que hace unos años hacía Patricia Bullrich para defender a la Gendarmería, hoy desde el gobierno peronista y sus periodistas afines se hace correr la hipótesis de que se trató de un “accidente”. Repudiamos estas maniobras, apoyamos la lucha y las denuncias de la madre de Facundo y nos seguiremos movilizando exigiendo castigo a los culpables.

Mientras tanto, la pandemia sigue su curso ascendente. Los casos se siguen contando de a miles y el tan temido colapso del sistema de salud ya empieza a llegar a algunas ciudades. Tal es el caso de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, donde los médicos ya se ven obligados a elegir a quién le dan asistencia respiratoria y a quién no. La apertura de actividades, justo en el momento de mayor número de contagios, mostró su irresponsabilidad y peligrosidad, incluso en aquellos lugares donde más se suponía que se podía hacer con todos los cuidados, estalló la burbuja sanitaria del equipo profesional de Boca Juniors, con catorce jugadores contagiados.

En otro orden de cosas, sigue la crisis política en las alturas, en una pelea totalmente alejada de las reales preocupaciones populares. Entre el gobierno peronista y la oposición patronal de Juntos por el Cambio continúan peleándose por la reforma judicial. Se trata de una disputa por ver quién maneja los jueces, cruzado con la búsqueda de impunidad para las causas de corrupción de unos y otros. Ahora esto llevó a una crisis por el funcionamiento virtual, o no, del Congreso. Pero no debemos confundirnos, en los temas fundamentales todos los políticos patronales están de acuerdo: pagar la deuda externa, ir a un nuevo acuerdo con el FMI y subsidiar a los empresarios. En síntesis, hacer que la crisis la paguen los trabajadores.

El gobierno peronista de Alberto Fernández, desde la semana pasada, trató de recuperar la iniciativa política. Lo hizo con la presentación, injustificablemente tardía, del tantas veces anunciado “impuesto a la riqueza”, que ni de lejos está a la altura de las necesidades de la emergencia. Casi la mitad del destino de los fondos no irá a resolver ningún problema relacionado con la pandemia –ni sanitario ni social–, sino a subsidiar a los empresarios. Además, y para hacer una mínima comparación con el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad, se podría recaudar cinco veces más que con el del gobierno. Esto es así porque no incluye a las empresas –sólo está dirigido a las personas– y el monto a pagar por la riqueza de cada millonario es mínimo. 

Pero sin duda, la mayor puesta en escena se realizó este lunes en la Casa Rosada. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández, con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, festejaron el cierre de la renegociación de la deuda externa con los pulpos acreedores privados. Un festejo compartido no solo por los presentes en esa reunión, aplaudieron toda la oposición patronal, el conjunto de los empresarios y los economistas del establishment. Más aún, también felicitaron el acuerdo el FMI, el Papa y los jefes de gobierno de las principales potencias del mundo.

Lo decimos una y mil veces, los únicos que no tienen nada para festejar son los trabajadores y los sectores populares. Primero y principal porque no es cierto que nos hayamos sacado de encima la carga de la deuda. Ya en julio del año próximo tendremos que empezar a pagar a esos buitres, la quita de capital es casi inexistente y ni qué hablar de los vencimientos a partir de 2024, una montaña enorme, tan impagable como la actual. Pero, y principalmente, porque todavía falta la renegociación más importante, la de la deuda con el FMI. Al ajuste actual se le sumará uno mayor el año próximo.

Expliquémonos. Aunque el gobierno del Frente de Todos lo disfrace con discursos progresistas, o vendiendo que se vienen “las 60 medidas para reactivar”, la realidad es que hay un ajuste en curso que está cayendo sobre las espaldas de los trabajadores. La inmensa mayoría no ha tenido aumento alguno mientras los precios de los productos de primera necesidad siguen subiendo. Muchos incluso han visto reducidos sus sueldos 25%, gracias a la complicidad de la burocracia de la CGT. A esto tenemos que sumarle los 700.000 suspendidos, que cobran porciones aún menores de sus ingresos habituales. Y los más de 300.000 despedidos. Aclarando que todos estos números son solo de los trabajadores en blanco, por lo que habría que sumar un número mayor aún de aquellos que están en negro. También siguen perdiendo todos los jubilados, sin excepción, desde la suspensión de la fórmula de reajuste a partir de diciembre pasado. Por contrapartida, los millones de cuentapropistas, monotributistas y aquellos que viven de changas tienen que arreglárselas con el absolutamente insuficiente IFE, de 10.000 pesos por familia, cada dos meses.

Pero lo peor está por venir, el acuerdo con el FMI exigirá un ajuste mucho mayor. Así lo reconoció el propio ministro de Economía Martín Guzmán en el evento del lunes pasado. Lo dijo técnicamente, seguramente a propósito para que el pueblo trabajador no lo entendiera, mientras el establishment y los funcionarios del FMI tomaban nota. El gobierno se propone reducir a 4,5% del PBI el déficit fiscal de 2021, desde el 8% actual. Lo bajamos a tierra para que se comprenda, “bajar el déficit” quiere decir achicar el gasto público. Guzmán está diciendo que van a hacer un ajuste de 1,4 billones de pesos (14.000 millones de dólares). Eso es casi el doble de toda la ayuda social, IFE incluido, gastada durante la pandemia. Ese es el ajuste que ofrece el gobierno al Fondo para comenzar la negociación. Sabiendo que el FMI, encima, va a exigir que se le sume el compromiso de realizar una reforma previsional (léase mayor ajuste todavía sobre los jubilados actuales y futuros) y otra laboral, donde se quiere avanzar más a fondo aún con la flexibilización y el ataque a los convenios colectivos. 

Como lo demuestran los trabajadores de Latam, los docentes de varias provincias, los textiles de Río Grande en Tierra del Fuego, los choferes de Rosario, las compañeras y compañeros del gremio de pasteleros, los trabajadores de prensa de varios medios, no se deja pasar el ajuste sin luchar. Aunque aisladas por la más absoluta tregua de la burocracia, tanto de la CGT como de las CTA, los trabajadores siguen dando pelea. Por eso resulta fundamental brindarles todo el apoyo y ayudar a su coordinación, como lo estamos haciendo desde el Plenario del Sindicalismo Combativo.

Pero además, frente a un gobierno que nos invita a “festejar” el acuerdo con los pulpos acreedores y que ahora nos quiere vender la posibilidad de un pacto “progresista” con el Fondo Monetario, resulta más importante que nunca postular un programa alternativo, de emergencia, que priorice realmente los problemas generados por las dos pandemias, la sanitaria y la social. Comenzando por el cobro de un impuesto a las grandes riquezas, tal como lo planteamos en nuestro proyecto del Frente de Izquierda Unidad. Y, por sobre todo, dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI para poner todos los recursos al servicio de atender las más urgentes necesidades populares. Ese es el programa que levantamos desde el Frente de Izquierda Unidad. Te invitamos a apoyarlo y a luchar con nosotros para imponerlo.

Escribe Martín Fú

Este miércoles se dará a conocer el resultado oficial de la autopsia del cuerpo encontrado en las cercanías de Bahía Blanca que, según trascendidos, incluyendo opiniones de la propia madre, tiene serias posibilidades de tratarse de Facundo.

El mismo día que comenzó la autopsia, el pasado martes, Cristina Castro fue recibida por el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos. Posteriormente a la reunión, la madre de Facundo declaró que se tocaron varios temas pero, aclaró, “busco que me den respuestas”. En el mismo sentido, afirmó, “prefiero hechos, no palabras”, frente a promesas y supuestas preocupaciones del presidente por esclarecer la desaparición de Facundo.

El jueves, en la reunión con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Cristina Castro le pidió personalmente la renuncia del ministro de Seguridad, Sergio Berni, a lo que el gobernador solo atinó a contestar “le voy a pedir que no hable más”(Página/12, 28/8). Los abogados de la querella le solicitaron a Kicillof que brinde protección a los testigos de la causa, que son seguidos y amedrentados por la policía bonaerense, y que entregue un listado con el seguimiento de los patrulleros y las modulaciones (comunicaciones) entre los vehículos policiales. Kicillof le prometió a la madre de Facundo volcar más efectivos en la calle, a lo que Cristina Castro contestó, en una entrevista posterior, “más policías son más chicos asesinados”. Cristina afirmó, en sintonía con lo que le exigió al presidente, “no vengo a hacer amigos, vine a buscar respuestas, no promesas o palmadas en la espalda”.

En distintas entrevistas en los medios, posteriores a las reuniones con Fernández y Kicillof, Cristina Castro, junto con los abogados Leando Aparicio y Luciano Peretto, describieron el fuerte encubrimiento que se lleva adelante por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la mecánica de los falsos testigos –la mayor parte policías de Bahía Blanca– y cómo el ministro Berni no solo encubre, sino que opera fuertemente a favor de la impunidad, creando pistas y testimonios inexistentes para que la verdad no aparezca.

Cristina Castro siguió apuntando al secretario de Seguridad bonaerense al afirmar que “Berni tiene muchos chicos desaparecidos, chicos que entran a una comisaría y aparecen suicidados, chicos que salen a las calles y en un retén policial los acribillan”. Para la agencia Télam, a la salida de la reunión con Kicillof, Cristina reforzó la teoría de la responsabilidad de la bonaerense considerando que, aunque Berni “pinte a la policía como carmelitas descalzas, son ellos los que tienen que dar respuestas”. También apuntó a los periodistas que venden carne podrida y que los medios reproducen. El lunes tuvo un cruce al aire en C5N, donde desmintió a Pablo Duggan y Paulo Kablan, pidiéndoles a ambos que “dejen de mentir e inventar noticias”, acusándolos de ser funcionales a Berni y a los medios de Bahía Blanca, La Brújula y La Nueva, que hace meses operan abiertamente en pos del encubrimiento policial haciendo circular noticias falsas. 

Un dato se conoció en la última semana. Un patrullero se desvió de su zona de cuadrícula hasta el sector donde el 15 de agosto pescadores encontraron el cuerpo que está siendo periciado y se detuvo en el lugar por un lapso de treinta y cinco minutos. Esto ocurrió el 8 de mayo, el móvil fue ubicado por el sistema de geolocalización (GPS) que tienen los vehículos de la bonaerense. Berni rápidamente salió a intentar desprestigiar la prueba, argumentando que se trataría de una falla en el sistema, a pesar de que se procedió al secuestro del vehículo y el libro de guardia de la dependencia a la que pertenece. Otra prueba más que incrimina a la nefasta policía bonaerense al mando de Berni.

El jueves 27, la militancia de Izquierda Socialista acompañó a Cristina en el acto y movilización convocados por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en el marco de la VI Marcha contra el Gatillo Fácil en Plaza de Mayo. Cristina Castro saludó la jornada haciendo uso de la palabra y remarcando que el dolor la hermanaba con los padres y familiares de otras víctimas del gatillo fácil y la violencia institucional: “Tengo miedo que nos sigan matando a nuestros jóvenes, nos sigan desapareciendo a nuestros pibes. Son asesinos y están comandados por Sergio Berni. No me voy a callar hasta que tengan a todos y cada uno de los responsables tras las rejas. Habíamos dicho nunca más, y cuando dijimos nunca más era en serio. Si tenemos que salir a la calle lo vamos a hacer. ¡Nunca más!”

Desde Izquierda Socialista seguimos denunciando y movilizados contra el encubrimiento y la impunidad de los gobiernos que continúan manteniendo y reforzando el aparato represivo, desapareciendo jóvenes y trabajadores. Es necesario sumar al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, una comisión investigadora independiente para llegar a la verdad, que debería estar integrada por organismos de derechos humanos independientes de los gobiernos, profesionales idóneos, organizaciones sociales y políticas, junto con personalidades destacadas e intachables para saber qué hicieron con Facundo.

Exigimos la renuncia de Berni y seguimos afirmando que la bonaerense y el gobierno son responsables. ¡Castigo a todos los culpables!

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El aislamiento social obligatorio está quedando reducido al cese de la actividad escolar y a algunas restricciones más en algunos sectores laborales. La presión constante de la patronal por la vuelta a la producción está logrando su objetivo. Tanto desde el gobierno peronista de Alberto Fernández como desde la oposición patronal de Juntos por el Cambio se esgrimen dos argumentos principales, que la pandemia entró en una meseta y, la otra, que la gente está cansada. Sin embargo, la meseta no existe y, efectivamente, “la gente” se cansó, pero porque no ve soluciones y necesita trabajar.

No hay meseta y sigue la curva ascendente

Los datos de agosto son claros, no hay ninguna meseta a nivel de todo el país. La curva de contagios continúa ascendiendo a un ritmo distinto por regiones, más lento en CABA, fuerte en la provincia de Buenos Aires y, ahora, más rápido en el resto del país, especialmente en Jujuy. La meseta no existe, ni siquiera en la CABA. Si tomamos la cantidad de nuevos casos cada 100.000 habitantes en cada una de las últimas ocho semanas vemos que la CABA subió de 229 a 302 casos/100.000 habitantes, Jujuy de 39 a 236, provincia de Buenos Aires de 78 a 233, mientras que la media de todo el país fue de 49 a 146.

En Jujuy, la pandemia está produciendo un verdadero desastre sanitario. Como dijimos en el periódico digital de la semana pasada, la patronal del Ingenio Ledesma reconoció que se diagnosticaron nada menos que 393 casos positivos de Covid-19. Semanas antes, en la minera Exar se hicieron hisopados masivos y se descubrió que, de 800 trabajadores, 200 portaban el nuevo coronavirus. No es de extrañar, entonces, que Ledesma sea la localidad del país con mayor mortalidad por Covid-19 (4,3%), seguida por El Carmen, también jujeña, con 4,2%, y San Fernando, en Chaco, 4,1%. El doble de las localidades del AMBA que, incluyendo CABA, rondan el 2 por ciento.

¿Qué pasó con la cuarentena?

La cuarentena está en extinción por dos razones. Una, como hemos dicho, es la presión patronal que el gobierno convalida. La otra es la necesidad de procurarse el sustento para la gran mayoría de la población, sin soluciones a la vista para la pandemia.

Un sector de la clase trabajadora puede hacer trabajo a distancia sin salir de su casa, otro pequeño sector de trabajadores en blanco puede recibir un salario para quedarse. Pero la gran mayoría, el resto de los trabajadores formales, los cuentapropistas, los informales y tantos otros no pueden sostener el aislamiento. Tampoco podemos hablar de aislamiento cuando viven varios en poco espacio, que es la realidad de la vivienda obrera. Por eso, contra lo que dicen el gobierno peronista y la oposición patronal de Juntos por el Cambio, nosotros decimos que la gente está cansada porque no se ven soluciones y los trabajadores necesitan comer, aun a riesgo de contagiarse.

El coronavirus castiga a la clase trabajadora

Tomando los números que muestra el boletín epidemiológico de la CABA, tenemos que los barrios populares de la zona sur tienen tasas de contagiados cada 100.000 habitantes dos o tres veces mayores que los de la zona norte, donde vive una población más acomodada. La diferencia es muy grande entre las dos puntas de la tabla, Villa Soldati tiene una tasa de 7.166 mientras que Núñez registra solo 1.295, siempre cada 100.000 habitantes.

Por otra parte, los trabajadores de la salud siguen sufriendo bajas. La provincia de Buenos Aires registra, al 24 de agosto, que 11.928 trabajadores de la salud, o sea uno de cada cinco, estaba contagiado. Fallecieron 46, de los cuales 31 tenían al menos una enfermedad asociada y 12 eran mayores de 60 años. Muchas de esas muertes se habrían podido evitar si el gobierno peronista de Kicillof hubiera aceptado el reclamo de los gremios de la salud de licenciar a los mayores de 60 años y a quienes tuvieran una comorbilidad. Reflejando el creciente descontento nacional de los trabajadores de la salud, la dirección del hospital Garrahan se ha visto obligada a reconocer la cifra de 364 contagiados entre el personal, de los que el 80% son enfermeras, residentes, médicos de planta, técnicos y de otras profesiones.

El sistema de salud entra y sale de la saturación

“El interior está muy mal, con casi todas las camas ocupadas. Además, no tienen personal suficiente”, declaró Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). (La Nación, 29/8). Por su parte, la jefa de Terapia Intensiva del hospital San Martín de La Plata, Elisa Estenssoro, reconoció que “si seguimos de esta forma vamos a llegar al colapso del sistema de salud y muchos pacientes se van a quedar sin camas… hace tres o cuatro semanas que estamos al 90% y 100% de ocupación” (BAENegocios, 31/8).

Es hora de imponer salidas efectivas

Mientras algunas proyecciones muestran escenarios sombríos, tanto desde el gobierno peronista como de la oposición de Juntos por el Cambio se pone el acento en la responsabilidad individual como solución para evitar el contagio y no arriesgarse a una infección para la que no hay remedio ni vacuna. De esta manera se empuja a los trabajadores al riesgo de salud y aun a la muerte.

No se trata de decir si la cuarentena sirvió. La cuarentena sola no alcanza. Deben añadirse otras medidas. Es necesario cortar drásticamente la circulación del virus y para eso tomar las medidas de aislamiento. Hay que garantizar ese aislamiento asignando un salario de 30.000 pesos a cada trabajador para que pueda quedarse en su casa. Debe encararse una ofensiva para salir a buscar los focos del virus mediante testeos dirigidos, identificar los portadores sanos o no, garantizar su cuarentena y realizar su seguimiento. Finalmente, se debe concentrar todos los recursos del sistema de salud, tanto público como privado, y proteger al personal de salud evitando la sobrecarga laboral y el riesgo de contagio.

Son decisiones políticas que deben ir acompañadas de medidas que permitan financiarlas con la creación de un fondo que permita luchar contra la pandemia, un impuesto a las grandes fortunas (tal como lo plantea el proyecto del FIT Unidad) y dejar de pagar la deuda externa.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno acaba de enviar una nota al Fondo Monetario para entablar negociaciones y firmar un nuevo acuerdo para pagar. Desde allí surge la primera pregunta, ¿por qué pagar esa deuda que nos endosó Macri en un pacto espurio con el FMI?

Alberto Fernández había dicho: “El FMI y Macri son responsables por la catástrofe social”. ¿En qué quedamos entonces? Si esa plata fue para financiar la bicicleta financiera, como dice el propio gobierno, ¿por qué el pueblo trabajador tiene que pagar una deuda que no se destinó para aumentar salarios, jubilaciones, a trabajo o a reactivar la economía?

Se trata de la friolera de 50.000 millones de dólares que la Argentina tendrá que hacer frente hasta 2024. Como es imposible pagar en ese plazo habrá que entablar otro acuerdo. El gobierno habla de las bondades del FMI, el brazo financiero y explotador de los usureros internacionales, el imperialismo norteamericano y la Unión Europea que estuvo detrás de todas las dictaduras que se dieron en el país. Trata de disfrazar al lobo de oveja. Dice que esta vez el FMI va a comprender la delicada situación en la que está la Argentina y que, por lo tanto, no impondrá ajustes estructurales. Para Izquierda Socialista y el FIT Unidad se trata de otro pacto colonial de sometimiento y saqueo al servicio de seguir poniendo al país como factoría para pagar con más ajuste una deuda usurera.

El gobierno nos quiere vender a un FMI bueno que no impondrá nuevos ajustes. Y dice que a partir del nuevo acuerdo a firmar se va a lograr una senda despejada que permitirá crecimiento económico y la mar en coche. Pero eso es una verdadera mentira. Miremos Ecuador. El gobierno de ese país acaba de pactar un nuevo acuerdo con el Fondo a cambio de políticas antipopulares. “Las autoridades se comprometen a tomar medidas tempranas para mejorar las finanzas públicas. Esto incluye reducir el gasto relacionado con la crisis el próximo año e implementar un paquete de reforma fiscal que incluye una moderación del gasto corriente y de capital, una reforma tributaria inteligente e integral, y una mejor gobernanza del gasto público”, declararon desde el FMI (Infobae, 28/8). Es decir, un mayor ajuste en un país desquiciado por el hambre y el Covid. Lo hace después de que, también por exigencia del Fondo Monetario, en 2019 el gobierno de Lenin Moreno impuso una suba sideral al precio de los combustibles que provocó una rebelión que la frenó.

Hay otro camino

¿Sólo queda arrodillarse ante el FMI? Claro que no. Están dadas todas las condiciones para que, ante la crisis capitalista más aguda de todos los tiempos, en plena pandemia y el crecimiento del hambre y la pobreza, la Argentina tome una medida soberana y ejemplificadora para liberarse, dejar de pagar y atender en forma urgente los males sociales. Pero el peronismo de Alberto Fernández está haciendo lo contrario. Y en eso hay pleno acuerdo entre el presidente y Cristina Fernández, quien le dio la orden de “aflojar” para arreglar con los bonistas. Todo con el aval de Macri, Cambiemos y la UCR.

A tal punto es usurera la deuda que el Fondo estaría dispuesto a prestar plata al gobierno para que el gobierno le pague… ¡al propio FMI! ¿Se puede imaginar algo más desopilante? De esa manera van a decir que el gobierno está logrando algo inédito, que el FMI se volvió más humano y que todo se encamina a un final feliz. El propio emisario argentino ante el FMI, Sergio Chodos, lo desmiente: “En algún momento hay que ir a un sendero de equilibrio fiscal”. ¿Qué quiere decir? Menos gasto social y más pagos de deuda.

Ya se habla de una reforma impositiva para recaudar más por exigencia del propio FMI, incluso subiendo el impuesto al salario (Ganancias) y a los monotributistas. “La reforma tributaria es una de las exigencias del Fondo Monetario […] las recetas son duras y las de siempre” (Clarín, 28/8). ¿Cuáles serán esas exigencias? Menos jubilaciones (el gobierno ya empezó a aplicarlo con subas por debajo de la inflación, cambio de la movilidad y aumento de la edad jubilatoria, como quieren hacer con los pilotos de Aerolíneas, llevándola a 70 años), más flexibilización laboral (con acuerdo de la CGT y los movimientos sociales), más devaluación y subsidios para las patronales.

Viendo que no le será fácil al Frente de Todos a pesar de lo que intenta transmitir, dice que cifra esperanzas en un posible cambio de gobierno en las próximas elecciones en los Estados Unidos que le sea más beneficioso, como si el demócrata Obama cuando gobernó se hubiera preocupado por el Tercer Mundo y no por los lobos de Wall Street para los que gobernó.

Con el doble discurso que acostumbra el peronismo gobernante diciendo que está con los que menos tienen se prepara para volver a pactar con el FMI. Es decir que mientras el Macri de la llamada derecha neoliberal nos endeudó por décadas, el gobierno “nacional y popular” es ahora el que paga. Lo mismo hizo el peronismo kirchnerista en 2003 cuando asumió, reanudando los pagos de la deuda que el Argentinazo había repudiado. En ese momento Néstor y Cristina Kirchner dijeron que con el pago de contado al FMI y el canje que implementaron el país se iba a desendeudar y a liberar. Nada de eso pasó. Ahora se vuelve a repetir la historia.

El FMI es mala palabra desde su creación, en la década del ’40 del siglo pasado. Por eso el viejo peronismo no se sometió a sus dictados. Tuvo que venir la revolución fusiladora del ’55 para que la Argentina se endeudara bajo sus exigencias y los distintos gobiernos aplicaran ajuste tras ajuste contra los trabajadores. Alberto Fernández no será la excepción.

Repudiamos el nuevo pacto con el FMI, llamamos a desconocer la totalidad de la deuda por ilegítima y fraudulenta, decimos que hay que romper los lazos económicos y políticos que nos atan al imperialismo y que hay que poner todo ese dinero para combatir el flagelo de las pandemias que castigan al pueblo trabajador. Unirnos en un frente de países latinoamericanos para no pagar, rumbo a la segunda independencia.

Escribe José Castillo

Finalmente, el viernes pasado, tras una demora injustificable de casi cinco meses, el gobierno de Alberto Fernández presentó el proyecto de “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Mientras tanto, el único que efectivamente estaba desde que comenzó la pandemia en el Congreso era el del Frente de Izquierda Unidad.

Ahora corresponde comparar ambas iniciativas. El propuesto por el gobierno peronista plantea gravar con una alícuota, de 2% hasta 3,5%, a las personas que posean bienes en el país por un monto igual o superior a 200 millones de pesos. La tasa máxima de 3,5% será la que pagarán aquellos que tengan un patrimonio de 3.000 millones de pesos. Si se tiene un monto superior, se abonarán 88,5 millones de pesos más 3,5% sobre el excedente. En el caso de que los bienes estén declarados en el exterior, las alícuotas suben desde 3% a 5,25%, salvo que entre los sesenta días de publicada la ley se los repatrie, en cuyo caso el monto a pagar se reducirá, tributando igual que los bienes registrados localmente. El gobierno de Alberto Fernández estima que, de este modo, logrará recaudar “por única vez” un monto cercano a los 3.000 millones de dólares.

Tanto en el monto, como en el universo alcanzado, resalta la superioridad del proyecto que hemos presentado desde el Frente de Izquierda Unidad. Primero y principal, porque el del gobierno, increíblemente, solo se dirige a “las personas” y no a las empresas. ¿Cuál es la justificación para que Mercado Libre, cuyo valor se triplicó desde el comienzo de la pandemia, quede exenta de este impuesto? ¿Y los bancos, que siguen obteniendo superganancias, en gran parte por la tasa de Leliq que les regala el propio Banco Central? ¿Y el patrimonio de las transnacionales, como las petroleras o los monopolios agroexportadores, cuyos dueños obviamente no residen en el país? ¿Quedarán totalmente eximidos? Nuestro proyecto, en cambio, se dirige a las grandes fortunas, ya sea que estén registradas contablemente en los patrimonios personales o en los de las grandes empresas.  

La segunda cuestión es el monto de la alícuota. Nosotros proponemos un impuesto extraordinario serio, a la altura de la emergencia. Donde, en promedio, se grave fundamentalmente a los grandes multimillonarios de la Argentina y a las ganancias de los más grandes grupos económicos. Yendo más al detalle, el proyecto presentado por el Frente de Izquierda propone gravar a los millonarios con mayor riqueza del país con alícuotas progresivas, que parten de 5% y llegan hasta 15 por ciento. Planteamos además que las grandes empresas, cuyas ganancias superan los 65 millones de pesos en el último período, paguen una tasa adicional progresiva de entre 10% y 20% por sobre lo que les corresponde por impuesto a las ganancias. Que los bancos abonen un 20% extra sobre sus ganancias de los últimos doce meses. A ellos le sumamos una multa para los evasores con cuentas detectadas en el exterior, y gravar también la gran propiedad de la tierra y las viviendas ociosas más caras. De esta forma se podrán recaudar, en promedio, 15.000 millones de dólares. ¡Cinco veces más que en el proyecto del Frente de Todos!

Es que lo que está en discusión es quién se ve de verdad afectado por la crisis, si el pueblo trabajador, como ha sido hasta ahora, o los multimillonarios. El proyecto oficialista no les hace cosquillas, como lo reconoció su propio autor, Carlos Heller, al afirmar que “a ellos no les cambiará la vida” (Clarín, 7/4). Los cincuenta argentinos más ricos acumulan una fortuna de casi 50.000 millones de dólares. ¿Eso es todo lo que pueden aportar Paolo Rocca, Galperín, Bulgheroni, Roemmers o Perez Companc? Nuestro planteo es el opuesto, que de verdad sean las grandes riquezas las que paguen la crisis.

El destino de los fondos

La otra gran diferencia radica en que se hará con lo recaudado. El proyecto oficialista plantea que solo una parte irá a asistencia sanitaria y a atender las necesidades sociales. Increíblemente, el 25% se asigna a la financiación de “programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina e YPF”. Traducido, ¡a subsidios que terminan en manos de los pulpos monopólicos del gas y el petróleo, los mismos que están saqueando Vaca Muerta! Otro 20% figura como destinado a subsidios para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Esto esconde una trampa, bajo esta figura legal la AFIP incluye empresas que facturan hasta 2.600 millones de pesos anuales, pudiendo calificar entonces para este subsidio algunas filiales de multinacionales.

Nuevamente, el proyecto del Frente de Izquierda no da lugar a ninguna de estas trampas. Plantea con claridad que lo recaudado debe ir a resolver la crisis generada por el coronavirus. Así, apunta a que todos los que lo necesiten puedan cobrar un ingreso de emergencia de 30.000 pesos por mes. A que el dinero se destine, por ejemplo, para que se contraten los 2.500 trabajadores de la salud que faltan en la provincia de Buenos Aires, y otros tantos miles en el resto de las provincias. A que se compren todos los insumos para que los hospitales cuenten con los recursos necesarios, incluyendo la instalación completa de nuevos establecimientos y unidades de terapia intensiva. A que se mejoren sustancialmente los salarios de los trabajadores de la salud y a que se distribuyan alimentos suficientes para que nadie pase necesidades y se sienta presionado a romper la cuarentena.

En síntesis, la emergencia exige gravar a las grandes riquezas. Sin dudas, la herramienta que realmente lo lleva a cabo es el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad.