No por repetida la noticia deja de ser preocupante, la pandemia sigue a pleno. Los casos de contagios ya se cuentan de a 8.000 por día, los muertos también son récord. En varias provincias también se observa el crecimiento, o la reaparición, de casos. En Jujuy la situación ya está totalmente desbordada. Frente a esta realidad, del lado del gobierno nacional peronista de Alberto Fernández, de los provinciales del mismo signo político, o de aquellos manejados por la oposición patronal de Juntos por el Cambio, se sigue con el planteo de “abrir más actividades”, a la medida de los reclamos de los negocios empresarios, y se carga la culpa de los contagios sobre la “irresponsabilidad personal”. Se invisibiliza así la realidad, los millones que tienen que salir todos los días a trabajar sin que las empresas garanticen los protocolos sanitarios, o aquellos que deben romper la cuarentena para “ganarse el peso” como sea ante la imposibilidad de vivir con los 10.000 pesos bimensuales del IFE.

El otro hecho del que se habla por estas horas se refiere a los dichos del ex presidente peronista Eduardo Duhalde en el programa Animales sueltos del pasado lunes. Allí Duhalde sostuvo que el año próximo no va a haber elecciones y predijo un “golpe de Estado”. Evidentemente, se trata de una afirmación totalmente desubicada, una locura, algo que no está planteado en la realidad. Y que desde ya repudiamos. Pero, a la vez, no vemos que haya ningún tipo de avance de la militarización ni que se fortalezca “la derecha”. Por supuesto que Duhalde se refirió a algo que sí existe, el miedo de las patronales y sus políticos ante la profundización de la crisis, la marginación y el hambre de los sectores populares. Así, el ex presidente afirmó: “Se va a generar un clima peor al ‘que se vayan todos’, porque vamos a un escenario evidentemente peor que el 2001, ya que puede terminar en una especie de guerra civil”. Y, frente a esto, planteó la necesidad de la “unidad nacional”. Duhalde ve una dinámica que avanza, más allá de que en este momento no nos encontremos en un pico de luchas obreras y populares, que va a suceder con el incremento de la miseria, el hambre, los despidos y las bajas salariales. Por eso insiste con su fórmula, la misma que puso en práctica en 2002, cuando fue presidente tras la rebelión del Argentinazo, unir al oficialismo y la oposición patronal con la burocracia sindical y la Iglesia. Recordemos que el objetivo en aquel momento era frenar el repudio total a los políticos patronales y reconstruir, de alguna forma, el régimen político y el “orden” necesario para que sigan reproduciéndose las ganancias empresarias. Duhalde ahora critica al gobierno por la reforma judicial, y al mismo tiempo dice defenderlo. Pero es una defensa “locoide”. A pesar de que Duhalde se ha reunido varias veces en el último tiempo, y que incluso lo ha hecho la semana pasada con el gobernador Kicillof justamente para analizar la situación social del conurbano, el propio gobierno ahora sale a repudiar fuertemente los planteos del ex presidente. Los dichos de Duhalde son, en conclusión, un reflejo de la  crisis del peronismo y del régimen político en su conjunto.

Mientras tanto, Alberto Fernández siguió con la costumbre de hacer un anuncio que “cae simpático” cada semana. Esta vez fue la declaración como “servicio público” de la telefonía, la televisión por cable e internet y el congelamiento de sus tarifas hasta fin de año. Evidentemente, esto último es un paliativo, pero no resuelve ni de lejos el problema de los millones que siguen sin acceder a la conectividad. Mientras tanto, en los últimos meses se dejaron correr los aumentos de estos servicios que les permitieron, y les permiten, ganar millonadas a estas empresas, todos monopolios transnacionales como Telefónica, Telecom y Claro, o grandes grupos nacionales como Clarín. Empresas que ya están amenazando con que “se van a frenar las inversiones” y “se verá deteriorada la calidad del servicio”. Demostrando que, si se quiere terminar de una vez con los privilegios de estos monopolios y garantizar de verdad el acceso a telefonía, el cable e internet para todos, la única salida pasa por la reestatización de estas empresas bajo control de sus trabajadores.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad planteamos que, ante toda esta realidad, el desastre sanitario y el aumento de la miseria, los despidos y la pulverización de salarios y jubilaciones, es más necesario que nunca un programa de emergencia ante la crisis. Hay que implementar ya mismo un impuesto a las grandes riquezas. Y tenemos que dejar de pagar inmediatamente la deuda externa y romper con el FMI para así poder otorgar un ingreso mensual de 30.000 pesos a toda familia que lo necesite, poner en marcha todo el equipamiento sanitario, en personal y recursos, para atender la pandemia del Covid-19 y resolver todas las urgentes demandas del pueblo trabajador. Mientras seguimos luchando día a día contra el ajuste, proponemos esta salida. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

En referencia con la pandemia, tanto el gobierno peronista como la oposición patronal de Cambiemos quieren instalar la idea de que “lo peor ya pasó”. Responden así a la presión de la patronal, que busca poner en marcha el aparato productivo, a riesgo aún de prolongar los sufrimientos y la pérdida de vidas que ocasiona la pandemia que nos aqueja. La televisión, las radios y la prensa difunden diariamente mensajes inequívocos de que se pueden levantar las medidas de aislamiento. La responsabilidad pasa ahora a la población. “Las reuniones familiares son las que producen los contagios”, repiten con absoluta falsedad tanto oficialistas como opositores, ocultando que la aglomeración en los lugares de trabajo, en los transportes, centuplica la circulación viral.

Una población crispada por el aislamiento y apremiada por la necesidad de procurarse el sustento, recibió aliviada la semana que pasó la noticia sobre una vacuna inminente. Hábilmente presentada por los “comunicadores”, contribuyó al proceso de vuelta al trabajo que quiere la patronal y a aflojar las prevenciones frente a una pandemia que no cesa. Una vacuna inminente, que no es vacuna –faltan las pruebas de la fase 3, que establecerían si puede servir o no– ni tampoco es inminente porque podría estar a mediados del año próximo. Detrás de estas promesas, de lejana concreción, la fea cara de la realidad aparece en forma de números que dicen que la pandemia no mengua, por el contrario, se extiende a otras regiones del interior del país, como lo muestra el artículo sobre Jujuy en este periódico digital.

La fea cara de la realidad, en cifras

En nuestro país, al momento de escribir estas líneas, hay 350.000 casos confirmados y 7.400 decesos. La tasa de infectados cada 100.000 habitantes es, sorprendentemente, mayor que la de Italia. Pero incomparablemente menor que la de los Estados Unidos, Brasil, Chile y otros países que se negaron al aislamiento, lo cual confirma lo correcto que es adoptar la cuarentena para disminuir la circulación del virus. Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud nacional, a mediados de mayo la proporción de los casos del AMBA respecto del total del país era de 90 a 93 por ciento. Sin embargo, en la última semana la proporción de casos del AMBA había caído a 82%, pero no porque bajaran los casos, sino por el aumento en el resto del país. El AMBA parece haberse estabilizado en una meseta, pero a valores muy altos de casos diarios, mientras crece en el interior. Si descartamos a CABA y la provincia de Buenos Aires, cinco provincias ya han alcanzado tasas superiores a 100 de casos confirmados cada 100.000 habitantes: Chaco (270), Río Negro (207), Tierra del Fuego (193), Jujuy (180) y Neuquén (154).

El problema del recurso humano en salud

Las estadísticas muestran que nuestro país tiene una tasa de defunciones por Covid-19 sensiblemente más baja que los países mencionados. Dicen algunos expertos que eso se debe al aislamiento temprano, y es posible que así sea. Pero, en muy importante parte, se debe al enorme esfuerzo que realizan los trabajadores de la salud en deficientes condiciones de seguridad, con jornadas prolongadas, que llevaron a que muchos se infectaran y otros pagaran con su vida. Las estadísticas del Ministerio de Salud del 12 de agosto marcan 18.410 trabajadores infectados. De ellos, el 65% son mujeres. El total de fallecidos alcanza a sesenta, veintidós mayores de 60 años y treinta y ocho son menores. De los sesenta fallecidos, treinta y nueve (65%) registraron comorbilidades asociadas, ocho presentaban hipertensión arterial, tres no tenían comorbilidades, pero eran mayores de 60 años, y sobre los diez restantes no se registran referencias. Este dato, ominosamente tardío, da la razón a quienes, como Cicop en la provincia de Buenos Aires, reclamaban el licenciamiento de los mayores de 60, o de los que tenían comorbilidad. Tanto el gobierno peronista de Kicillof, como el de Cambiemos de Larreta y la patronal sanatorial se negaron tenazmente a dichas licencias, siendo responsables políticos de esas muertes evitables.

Las medidas siguen planteadas

El presidente dijo que “otra cosa no se podía hacer”. Nosotros sostenemos que sí, que otras cosas se podían y se pueden hacer, cuidar a los trabajadores de la salud otorgando las licencias preventivas al personal de riesgo y testeando masivamente al resto, llenando las vacantes con nuevas designaciones, dando un aumento salarial de emergencia. Para mantener la cuarentena, subsidiar a los trabajadores con 30.000 pesos para que puedan cumplir el aislamiento. Concentrar todo el sistema de salud para garantizar el libre acceso de la población y dejar de subsidiar al sistema privado, como viene haciendo Kicillof. Finalmente, financiar todas estas medidas con un impuesto a las grandes fortunas y dejando de pagar la deuda externa.

Escribe Fernanda Giriborne

La situación en Jujuy es apremiante. Aunque la provincia permaneció casi dos meses sin casos, el rebrote de mediados de junio dejó al sistema de salud colapsado. Hospitales y centros de salud se encuentran sin terapias intensivas y rechazan pacientes.

La explosión sanitaria que los jujeños atravesamos hoy en la pandemia del Covid-19 no es casual. Tiene su explicación en el desfinanciamiento de la salud pública, que si bien es de larga data, se agravó en los últimos años a partir del proceso de privatización puesto en marcha por el ministro de Salud Gustavo Bouhid, con su Plan Estratégico de Salud. En este marco, y con una curva de contagios que parece imparable, el gobernador Gerardo Morales prioriza las ganancias de sus socios y amigos y liberó una gran cantidad de actividades económicas fomentando la circulación.

El brutal incremento de contagios hoy ubica a Jujuy entre las tres provincias con mayor cantidad de positivos, detrás de Buenos Aires y CABA. La cuarentena es un saludo a la bandera, no protege a la gran mayoría de la población. El sistema de salud está colapsado, y aunque el gobierno diga que las camas de terapia intensiva están en un 93%, la realidad es que no hay cupo para internación y la gente que pide derivación a hospitales es ignorada.

El Estado incurre en el abandono de personas por la saturación del sistema de salud. Los cementerios tampoco dan abasto. Muchas personas que presentan síntomas y que son tomadas como positivas, porque ya no se testea, se encuentran aisladas en sus hogares sin acceso a atención médica alguna.

Resulta imposible comunicarse con el Comité Operativo de Emergencia (COE) por teléfono o videollamada. El SAME tampoco responde las llamadas. Hay personas que mueren tratando de llegar por sus propios medios a hospitales y otras fallecen en sus casas. En departamentos como Ledesma y San Pedro esta situación se agrava y se ve, por las denuncias de medios locales y redes sociales, el colapso absoluto.

La liberación de actividades económicas en pleno rebrote y la falta de un plan sanitario (el único que implementa el gobierno es la represión) hicieron que los contagios ya pasaron de la “primera línea de exposición” (personal de salud y seguridad), a los trabajadores del sector privado. 

Cuando los casos comenzaron a dispararse de manera irremediable en julio, claramente se identificaban unos pocos focos de contagio, confirmando que la circulación del virus sucedía principalmente en los lugares de trabajo. Por ejemplo, cuando la minera multinacional Exar alcanzó los doscientos casos, solo esta empresa contaba con el 20% del total de positivos de la provincia. Otro tanto se concentraba en personal de salud y otro en el de seguridad. Lamentablemente, el desinterés por la salud de los trabajadores hizo que las empresas y el Estado no tomaran las medidas necesarias para frenar la propagación del virus.

A pesar de esta incontrastable evidencia, el gobernador Gerardo Morales, de Cambiemos, y el COE, literalmente se lavan las manos y acusan al pueblo trabajador por no hacer “lo necesario” para no contagiarse. Han decretado, para las cámaras de televisión, la etapa de la “responsabilidad social individual”, y con ello trasladaron todas las culpas a las personas, las “juntadas” con amigos y los días festivos.

Estos argumentos no son exclusivos del mandatario jujeño, ya que el gobierno peronista de Alberto Fernández sostiene también que los contagios no se generan en los trabajos sino en las reuniones sociales y los asados. Cuando los casos parecen no encontrar su pico en la CABA y el AMBA y empiezan a aparecer rebrotes en distintas provincias del país, el gobierno demuestra no estar dispuesto a hacer algo mejor que culpar a la gente y lavarle la cara a los empresarios.

En Jujuy, la minería y el azúcar, baluartes económicos, continuaron funcionando con normalidad a pesar de los reiterados reclamos y denuncias de casos positivos entre sus trabajadores y por el incumplimiento de los protocolos. Estas patronales explotadoras se negaron a bajar el ritmo de producción o la cantidad de operarios para evitar los contagios. La minera Exar acumuló no menos de 260 contagios, hasta donde informaron, y la azucarera Ledesma, de la familia Blaquier, acumula 343 casos y doce fallecidos.

El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail) denuncia que la empresa se ha convertido en un foco de contagio para toda la comunidad. Por ello reclaman la realización masiva de testeos a los trabajadores, cambios en el departamento de medicina laboral, el control estricto de los protocolos, el licenciamiento de los empleados mayores de 60 años y el respeto del salario de los trabajadores que se encuentran en aislamiento. Por supuesto, la patronal sigue sin cumplir con estos reclamos.

El gobernador Gerardo Morales permite que las patronales no cumplan con los protocolos, lo que termina generando estas muertes, absolutamente evitables. El presidente Fernández, por su parte, tampoco los sanciona, y hay que decir que en las múltiples oportunidades en las que se ha referido a la realidad de nuestra provincia ni siquiera menciona a los Blaquier. Antes con la dictadura, y hoy con la pandemia, se perpetúa la impunidad.

En síntesis, ni el gobernador radical Morales ni el presidente peronista Alberto Fernández ofrecen política alguna para resolver la crisis sanitaria y social. 

Escribe Adolfo Santos

Como si no hubiera gravísimos problemas sociales y económicos para resolver, el gobierno peronista está colocando gran parte de sus esfuerzos en el debate sobre la reforma judicial. Según el gobierno la ley sería un avance en la democratización del sistema judicial, ampliando la justicia federal y creando nuevos juzgados y cargos. De ninguna manera estos cambios implican una mayor democratización. Implican avanzar en una justicia maniatada al gobierno y garantizar la impunidad de Cristina y algunos de sus funcionarios. Por eso el apuro del gobierno que cuenta con los votos necesarios para que el proyecto sea aprobado en senadores, pero no en diputados, donde busca obtener los votos necesarios repartiendo con los gobernadores los nuevos cargos judiciales que el proyecto supone en las provincias. La propia vicepresidenta entró en escena para acelerar los trámites de un proyecto que hasta creó un “consejo de notables” para asesorar al congreso. “Notables” como Carlos Beraldi, hombre de confianza y abogado de la vicepresidenta en las causas en que está imputada. El peronismo kirchnerista también actúa para remover jueces contrarios en las causas en las que está imputada con el fin de poner jueces afines.

Tanto interés existe en la reforma judicial, que desde el Instituto Patria, que responde al peronismo kirchnerista, salieron a cobrarle con dureza a la ministra de Justicia Marcela Losardo la poca aplicación de la funcionaria en la defensa del proyecto. ¡Imaginen todo ese esfuerzo colocado al servicio de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras! Por ejemplo, para aplicar un impuesto a las grandes fortunas, resolver los graves problemas de la salud pública o enfrentar a las patronales que suspenden, despiden o cierran empresas tranquilamente.

No nos sorprende. Todos los gobiernos patronales tratan de controlar la Justicia, no para hacerla imparcial y transparente, sino para garantizar su impunidad. La oposición del macrismo a la reforma no tiene que ver con que este quiere avanzar hacia una justicia independiente, sino que responde a pujas de poder por el control del sistema judicial. Cuando Macri era presidente nombró jueces leales que le permitieron zafar de las 214 causas que tenía al comenzar su gobierno. Ahora lo mismo hace Alberto Fernandez. Impulsa una  reforma, que le permitirá controlar el Consejo de la Magistratura, que es el que nombra y remueve jueces o amplía su número para tenerlos de aliados. Muchas veces esos mismos jueces juegan para uno u otro gobierno patronal a fin de protegerse de denuncias y mantener sus privilegios, como hacía el tristemente célebre Norberto Oyarbide.

Una Justicia al servicio de los ricos y poderosos

Nada de lo que se está debatiendo en relación con esta reforma es para favorecer a los trabajadores y los sectores populares. Por eso nos oponemos al proyecto presentado por el gobierno. En este sistema capitalista, la Justicia es un instrumento al servicio de los grandes empresarios. Basta ver cómo actúa con Vicentin, protegiendo a una patronal que estafó a millares de pequeños productores sin sufrir puniciones. Tampoco hizo nada frente al vaciamiento de Latam, que pretende dejar 1.700 trabajadores en la calle, como no se inmutó cuando la multinacional Techint despidió a 1.450 obreros de la construcción en plena pandemia, o cuando la Defensoría de la Tercera Edad denunció el robo a los jubilados.

Pero cuando se trata de denuncias contra los trabajadores, la Justicia actúa con celeridad. Hasta movilizó a Interpol para buscar a Sebastián Romero por protestar contra el robo jubilatorio perpetrado por el gobierno de Macri. Lo mismo hicieron con el Pollo Sobrero cuando Anibal Fernández, sin ninguna prueba, lo acusó de quemar trenes y fue encarcelado. Permanentemente la Justicia moviliza tropas para reprimir las protestas, como hicieron con los trabajadores del frigorífico Penta o los mineros de Andacollo. Solo se consigue avanzar sobre la Justicia cuando es presionada por una poderosa movilización, como la que protagonizaron las mujeres en favor de sus derechos.

Por eso también repudiamos a las manifestaciones de la oposición patronal que, de forma hipócrita, se oponen a esta reforma. Ellos son parte de los que sostienen este sistema judicial injusto, corrupto y desigual. Esta Justicia es la Justicia de los peronistas, de los radicales y de PRO. Un sistema ordenado para castigar al pueblo pobre y trabajador y proteger a los grandes empresarios y a los que se alternan en el poder. Las protestas de la oposición patronal de derecha son una postura falsa. No son para mejorar la justicia, responden a una disputa en las alturas por el control del Poder Judicial. Es por eso que el gobierno negocia con los gobernadores el reparto de los nuevos cargos judiciales que se crearían con la reforma. Por eso afirmamos que ni las propuestas del gobierno ni de la oposición patronal son para mejorarlo, sino para colocarlo a su servicio.

Las cárceles están llenas de presos por pequeñas causas, como el caso emblemático del joven cordobés Jorge Ariel Wayar, condenado a cinco años de prisión en 1997 por “robar un peso”. Sin embargo, es difícil explicar que Carlos Menem, condenado por la venta ilegal de armas de guerra, que luego derivó en el juicio por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, con un saldo de siete muertos, no solo goce de libertad, sino que ocupe el cargo de senador con todos los privilegios.

La izquierda tiene una propuesta para la Justicia

El único cambio de fondo en la Justicia para colocarla a favor de los trabajadores sería posible con un gobierno obrero y popular. Mientras tanto luchamos por cambios inmediatos. Los jueces no pueden continuar siendo elegidos por la UCR, PRO, el peronismo y los grandes empresarios. Deben ser elegidos por el voto popular, con revocación de mandato, cuando se aparten de la imparcialidad o cometan ilícitos. Tampoco el cargo de juez puede ser vitalicio, ni puede tener sueldos millonarios o beneficios que otros sectores de trabajadores no gozan, tanto a nivel jubilatorio como impositivo. Hay que implementar juicios por jurados, que ya son parte de la Constitución, para que sea la propia comunidad la que juzgue la culpabilidad o inocencia de los delitos denunciados. De esta forma también se reducen los márgenes de ilícitos, coimas y recursos leguleyos que son utilizados para condenar a los trabajadores y los sectores populares.

 Escribe José Castillo

¿Se puede llamar “ajuste” a la política que está llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández? Esta duda, que la puede tener algún compañero de trabajo, estudio o vecino, se basa en que bajo este gobierno hay algunas medidas paliativas, como el IFE, o esta semana el anuncio del congelamiento de tarifas para la telefonía, el cable o internet. Sin embargo, seguramente este mismo compañero reconocerá el crecimiento de la miseria, el hambre, la desocupación o las bajas salariales. El gobierno insiste: “nosotros no hacemos ajuste”, o “ajuste es lo que realizaba Macri”. Es algo que aparece todos los días en el discurso del actual gobierno y sus periodistas amigos.

Sin embargo, tal como explicaremos a continuación, sí hay un ajuste en curso. Que no es menor, que se realiza con el acuerdo y la complicidad de las burocracias sindicales de todo pelaje (CGT y las CTA). Y se viene uno peor aún, ya esbozado por el gobierno, y que se agudizará cuando se cruce con las exigencias que va a plantear el Fondo Monetario Internacional en la negociación que se abrirá en lo inmediato.

El ajuste actual

Este año ya llevamos más de 15% de inflación oficial. Pero si miramos los productos que componen la canasta familiar es mucho más. Y se acelerará en los próximos días con el aumento de los combustibles.

Los jubilados vienen perdiendo feo. Todos, incluso los de la mínima, ya cobraron menos que lo que les hubiera tocado si se respetaba el índice de aumento derogado por el gobierno apenas asumió. Los trabajadores también ven sus salarios pulverizados, como explicamos más abajo. Y para el resto solo quedó la IFE, con los 10.000 pesos por familia que se cobraron tres veces en seis meses. Lo que, como todo el mundo sabe, no alcanza ni para empezar a cubrir la canasta de alimentos. 

Algún compañero podrá preguntarse ¿pero el gobierno de Fernández acaso no lleva gastado este año un montón de plata? Sí, en subsidios a las patronales. Las subvenciones este año ya acumulan 2,2 billones de pesos, la mayoría para el sector energético, léase para los monopolios gasíferos y petroleros y para el resto de las privatizadas. A esto tenemos que sumarle los salarios que paga el Estado a las empresas con la promesa de que no despidan ni suspendan, cosa que, como sabemos, no cumplen en lo más mínimo.

El ajuste que se viene

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), en un informe con la firma de su presidente, Miguel Pesce, explica que, una vez terminada la pandemia, lo primero que hay que hacer es “achicar el déficit” eliminando todos los gastos sociales que se generaron en la pandemia. A esto se agrega que están dejando correr la suba del dólar que, ya sabemos, termina en más inflación y pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Ahora se viene el proyecto de presupuesto 2021. No importa el doble discurso con el que se lo va a dibujar. En las planillas “reales” tendrá que demostrar que se avanza en achicar el déficit fiscal, y por lo tanto el gasto social, porque esa será la carta de presentación para la negociación con el FMI, que sobre esa base exigirá un ajuste mayor aún.

La traición de la burocracia sindical

Todo esto está sucediendo con la absoluta complicidad de la burocracia sindical, tanto de la CGT como de las CTA. Con el argumento de “no perder” puestos de trabajo se acepta que los salarios sigan retrocediendo. En lo que va del año apenas se firmaron veintitrés acuerdos salariales, con incrementos que oscilan entre el 23% y el 30% en cuotas. O sea, no cubren ni de lejos lo que se lleva perdido entre el año pasado y este.

Mientras tanto, el 81% de los trabajadores privados sigue cobrando igual que el año pasado, lo mismo que los estatales, que siguen con la paritaria suspendida. O menos aún, ya que en muchos gremios la burocracia habilitó rebajas del 25 por ciento.

Y la excusa de “defender los puestos de trabajo” es una mentira total: ya se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formales en estos meses. Que son infinitamente más, se calcula que un millón, si sumamos los informales.

La conclusión: hay que salir a enfrentarlo y oponer un programa alternativo de emergencia

Hay que salir ya mismo a luchar contra el ajuste. Pelear contra las rebajas salariales, exigir que se reabran las paritarias, por un salario igual a la canasta familiar y para que ningún compañero se quede sin trabajo. Frente a la complicidad e inacción de la burocracia hace falta una nueva dirección sindical, democrática y combativa, como la que venimos construyendo desde el Plenario del Sindicalismo Combativo.

Pero a esto hay que sumarle la pelea política, por un plan económico de emergencia ante las dos pandemias.

¡Hay que bajar el gasto público, dicen a coro desde el gobierno peronista de Fernández y la oposición de Juntos por el Cambio, con Lavagna acompañando.Bajemos entonces los subsidios a las grandes empresas, los bancos y las privatizadas, respondemos nosotros. Y, por sobre todo, suspendamos los pagos de la deuda, el mayor “rubro” de ese gasto. Y pongamos un impuesto a las grandes fortunas, tal como el del proyecto que presentó en el Congreso el Frente de Izquierda. Así sobraría plata, por ejemplo, para dar un subsidio real, de 30.000 pesos por mes, a cada familia que lo necesite, en vez del miserable IFE actual.

Los dólares de las reservas del Banco Central no alcanzan, dicen los economistas del gobierno. ¡Por supuesto! Y cada vez van a alcanzar menos, si se dedican a pagar la deuda, a garantizarles las superganancias de los bancos, o a financiar la fuga de los pulpos especuladores. Qué hacemos entonces. ¿Se devalúa y se pulverizan aún más los salarios y las jubilaciones? O se toma el toro por las astas, se deja de pagar la deuda externa, se rompe con el FMI y se vuelca toda esa plata para las más urgentes necesidades populares. De nuevo, con el proyecto presentado por nuestra diputada de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer, que plantea dejar inmediatamente de pagar la deuda, cortamos el problema de “la falta de dólares”. Y tendremos fondos para resolver tanto la crisis sanitaria, como la emergencia social.

En síntesis, frente al ajuste del actual gobierno, disfrazado detrás de palabras bonitas y sostenido con la complicidad de las burocracias sindicales, hay que luchar para que no se imponga, como hacemos desde el sindicalismo combativo, y postular un programa alternativo de emergencia que ataque las dos pandemias, la sanitaria y la social, tal como planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.