Escribe Diego Martínez

El tema de la semana giró en torno de las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires. Desde algunos medios de comunicación se presentó la cuestión como un hecho ligado exclusivamente al accionar de barrabravas y punteros políticos. Más abajo en este artículo repudiamos el accionar de quienes lucran con la desesperación de la gente que no tiene acceso a una vivienda digna, pero queremos ser claros con un planteo, si se dan las tomas de tierras es por la terrible miseria a la que están sometidas millones de personas en el país. Es esa miseria lo que las obliga a tomar posesión de un un terreno para construir casillas ultraprecarias, con lonas, madera y tirantes. Mientras tanto, la única respuesta que ofrece el gobierno es la represión. Como manifestaron algunos de los ocupantes: “La falta de viviendas no se resuelve con balas”.

Como consecuencia del ajuste que aplican el gobierno nacional y los gobiernos provinciales estamos atravesando una gravísima crisis social. Se calcula que, entre trabajadores formales e informales, cerca de 1.300.000 perdieron su trabajo en los últimos seis meses, y la labor de los cuentapropistas se fue a pique. La demanda de changas es mucho menor. En este contexto, muchas parejas jóvenes con chicos ya no pueden pagar la pieza que alquilaban. A esto hay que sumarle el hacinamiento en los barrios populares, en terrenos donde hay familias ensambladas con dos o tres viviendas en una sola parcela, cuando no viven todos juntos en una sola casa. Esta situación se agrava por la pandemia, en la que también se multiplican los casos de violencia familiar.

Este contexto es el caldo de cultivo que empuja a muchos habitantes de barrios populares, principalmente jóvenes familias, a tomar terrenos, quedando en algunos casos a merced de barrabravas, punteros políticos y narcos que les “venden” o “alquilan” un terreno, aprovechándose su desesperación, para hacer negocios.

Las tomas de tierras reflejan el grave déficit habitacional que hay en el país, 3,5 millones de familias no tienen acceso a una vivienda adecuada y cuatro millones de personas viven en  4.400 villas miseria a lo largo y ancho del país. Según datos del Observatorio Social de la UCA, cuatro de cada diez viviendas en el país son precarias, y tres de cada diez no tienen servicios sanitarios en condiciones. Se trata de un problema que permanece a lo largo de los años y al que ningún gobierno patronal da solución.

Peleas en las alturas que no resuelven el problema de fondo

A raíz de las tomas de terrenos se abrieron distintas peleas en el interior del peronismo. Berni, el ministro de Seguridad bonaerense, acusó al Movimiento Evita de incentivar las tomas, a lo que el Chino Navarro, referente del Evita y funcionario del gobierno, refutó enfáticamente, a la vez que llamó a resolver las tomas con “diálogo” .

La ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, por su parte, pasó de relativizar tibiamente el carácter delictivo de las tomas a hacer una defensa a ultranza de la propiedad privada en consonancia con los discursos de los intendentes del conurbano y del propio Axel Kicillof.

Más allá de las idas y venidas de los distintos sectores del gobierno peronista, la respuesta oficial fue contundente. Berni condujo la represión y el desalojo violento de los ocupantes de las tierras, respaldado explícitamente por Kicillof y avalado por Alberto Fernández. Este accionar se suma a la muerte de  Rodolfo Orellana, militante de la CTEP que fue asesinado por la policía en 2018 cuando reclamaba unos terrenos en Villa Celina, La Matanza, comandada por la entonces intendenta peronista Verónica Magario.

El peronismo no sólo reprime a quienes desesperadamente buscan una solución a su problema habitacional, sino que lejos está de resolver la cuestión de fondo de la vivienda. Hace décadas que gobierna la provincia de Buenos Aires y la mayoría de los municipios del conurbano bonaerense, y este problema se agrava de la mano del crecimiento de la pobreza y la inacción de los distintos gobiernos. La cantidad de villas en el conurbano bonaerense trepó de 345 en 2001, a 1.134 en 2016 (Clarín, 6/9/2020). Los planes de vivienda impulsados en esos años fueron absolutamente insuficientes y la urbanización de las villas prácticamente no existió, es por eso que las ocupaciones de terrenos se multiplicaron también en los años en los que gobernó el peronismo kirchnerista. Lo mismo había sucedido con el peronismo menemista y en los ’80. Las tomas no son un fenómeno nuevo, llevan décadas. Muchos barrios del conurbano bonaerense y distintos pueblos a lo largo y ancho del país, algunos hoy urbanizados, fueron construidos a partir de las tomas. Frente a la histórica falta de respuesta de los distintos gobiernos patronales al problema de la vivienda los vecinos tomaron la solución en sus manos, ocuparon tierras, en su mayoría fiscales, y luego pelearon por la iluminación, las cloacas y, en algunos casos, por el asfaltado de calles.

Por un plan habitacional de emergencia y el acceso a una vivienda digna para todas y todos

Resulta vergonzoso que en un país como la Argentina, el séptimo en extensión de tierra de todo el mundo, con una densidad poblacional –habitantes por kilómetro cuadrado– bajísima, haya millones de personas que no tengan acceso a un terreno. Mientras 12,5 millones de hectáreas están en manos de millonarios extranjeros y una minoría terrateniente, equivalente al 1% de la población, posee el 33% de las tierras del país, y los gobiernos de todos los signos políticos favorecen los negociados inmobiliarios, el derecho a la vivienda, consagrado por la Constitución Nacional en su famoso artículo 14 bis, le es negado a millones.

Desde Izquierda Socialista, repudiamos la represión de Berni y el gobierno nacional, y exigimos una solución inmediata al problema habitacional con la implementación de un plan de emergencia basado en primer lugar  en la utilización de espacios que oficien como albergues comunitarios para garantizar el techo y el abrigo de las miles de personas que hoy duermen a la intemperie en una casilla y luego en la confiscación de tierras y viviendas ociosas de millonarios y la cesión de tierras fiscales junto a la entrega de subsidios para la compra de materiales de construcción.

De fondo peleamos por la implementación de un plan de viviendas que solucione el drama habitacional de tres millones y medio de familias. Este plan debe llevarse a cabo sobre la base del no pago de la deuda externa y el cobro de un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como el que propone el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Claudio Funes

El presidente Alberto Fernández, junto con Kicillof, la ministra Frederic, el cómplice de la bonaerense Sergio Berni y veinticuatro intendentes del conurbano bonaerense lanzaron el denominado Programa de Fortalecimiento de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires. El programa contempla un giro inicial de 10.000 millones de pesos, de un total de 37.000 millones, para la compra de 2.300 patrulleros, equipamiento, armas, cámaras de seguridad, centros de monitoreo y botones antipánico.

A su vez, la Nación sumará 4.000 gendarmes a los 6.000 que ya están en la provincia de Buenos Aires, y Kicillof dispondrá de unos 2.500 millones de pesos para el equipamiento adicional de la bonaerense y la incorporación de 10.000 policías más a sus filas, la que totalizará 104.000 efectivos. Un verdadero ejército. ¿Así se combate la inseguridad? Sabemos que muchos trabajadores y los sectores populares pueden creer que con más policías o gendarmes se puede frenar, aunque sea en parte, a la delincuencia, pero está demostrado que no.  

Lo dicen hasta los mismos expertos. Claudio Stampalija, doctor en Ciencias Penales y Criminología que nada tiene que ver con la izquierda, dice al respecto, preguntado sobre las medidas del gobierno: “Siempre en materia de seguridad se siguen aplicando las mismas recetas que nunca funcionaron y que descansan en la utilización protagónica del sistema penal, más policías, patrulleros, jueces, cárceles. Ya la criminología ha señalado que el delito es un problema social y comunitario y si alguien cree que eso se puede resolver solo con la policía, la Justicia y la cárcel hay algo que no funciona. […] los factores de riesgo que generan, alimentan y retroalimentan (el delito) son la exclusión social, el desempleo, la deserción escolar, la cultura de la violencia general, intrafamiliar y de género; el consumo de alcohol y de drogas, y, por último, la falta de visión de futuro, de sentido de la vida en los más jóvenes” (Clarín, 7/9). A esto habría que agregar que entre las causas de la inseguridad y la violencia está la complicidad de la policía y la Gendarmería en las actividades ilícitas de las que lucran y fomentan.

El gobierno acrecienta el aparato represivo como último recurso ante el crecimiento del hambre, la pobreza y la marginalidad social, que es el caldo de cultivo de la violencia y la inseguridad. Si no hay trabajo, salud, educación y millones se quedan sin futuro, la inseguridad se va a agravar. El propio Berni reconoce que la mayoría de los nuevos delitos en el conurbano son llevados a cabo por personas que nunca habían delinquido. Quiere decir que el hambre y la miseria empujan a millones a la violencia callejera. Pero en vez de combatir esos males, Berni, Kicillof y Fernández apelan a poner más policías y patrulleros para una bonaerense que a lo único que se ha dedicado en plena pandemia es al gatillo fácil, a desaparecer a Facundo Castro y a seguir usufructuando y comandando las zonas liberadas con las mafias del delito y el narcotráfico. 

Una política sumamente peligrosa, justo cuando se agravan  problemas estructurales como el de la vivienda. Las ocupaciones de porciones de tierra para poder tener un techo por parte de los desalojados y los que quedaron sin trabajo es una expresión de la tremenda crisis de la que se aprovechan los punteros, los abogados truchos y los matones. 

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, dijo que “la desigualdad genera condiciones para la delincuencia, pero no se puede generalizar. Hay delitos que cometen los dueños de la Argentina y esos delitos llevan a la marginalidad y a la exclusión. Por eso hacen falta más patrulleros”. O sea, la intendenta intenta posar de progre hablando de los delitos de los dueños de la Argentina, como los de Techint, que dejaron a 1.450 trabajadores en la calle en complicidad con su propio gobierno, para luego decir… ¡que la salida pasa por poner más patrulleros! Y habla como si el peronismo nunca hubiera gobernado la provincia de Buenos Aires. De los 37 años desde la recuperación de la “democracia”, 27 años fueron gobernados por el peronismo. Esto demuestra una vez más que estamos ante un gobierno de doble discurso, que mientras habla de los más vulnerables avanza con el ajuste y más mano dura. 

Más policía bonaerense en las calles, junto con gendarmes que fueron adiestrados por Patricia Bullrich, significará más inseguridad, no menos. No hay negocios ligados al “gran delito”, como el narcotráfico, la trata de personas o los desarmaderos, donde no estén involucrados la Gendarmería o los comisarios. 

Rechazamos la política de mano dura de Alberto Fernández, Kicillof, Berni y los intendentes. Y decimos que para terminar con la inseguridad hay que combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad social, terminar con el mayor aparato represivo de las mal llamadas “fuerzas de seguridad”, elegir al comisario con el voto popular y fomentar la autoorganización y la movilización vecinal para disuadir el delito.

Escribe Adolfo Santos

En El Socialista de la semana anterior analizamos el proyecto del gobierno peronista para gravar la riqueza. La conclusión es que, además de insuficiente, deja por fuera a las grandes empresas, con lo que se pierde la posibilidad de incrementar la recaudación, y muchos empresarios, que hacen pingües negocios en la Argentina, pero que tienen sus domicilios fiscales en el exterior, tampoco van a aportar un peso a ese fondo.

Queda claro por qué los diputados oficialistas y de la oposición patronal se negaron de plano a tratar el proyecto presentado por el FIT-Unidad. Es evidente que no querían ir a fondo contra los grandes intereses económicos. Por eso prepararon una propuesta mínima, “que no le va a cambiar la vida a nadie”, como dijo uno de sus autores, y que solo va a recaudar 3.000 millones de dólares, menos de un quinto de lo que propone el FIT-Unidad. Decir esto no es para establecer una mera relación competitiva, sino que responde a definir de qué forma se pueden resolver, de verdad, los graves problemas de los sectores más vulnerables.

Restringir el “aporte solidario” a las personas físicas, dejando por fuera las empresas, reduce las posibilidades del fondo. Es un desastre que en medio de una situación de emergencia empresas como Techint o Mercado Libre, que han visto aumentar exponencialmente sus ganancias en estos meses, no aporten. Ni los bancos, ni las multinacionales, ni las petroleras, ni las cadenas de farmacias y supermercados, ni las empresas del agronegocio. Es inaceptable que el gobierno peronista les exija sacrificios a los trabajadores mediante reducciones salariales y exima a las grandes empresas de aportar para “morigerar los efectos de la pandemia”, como reza el texto oficial.

Pero es peor. El proyecto del Frente de Todos deja otra puerta abierta para que se escapen los millonarios. Como dice Carlos Heller, uno de sus autores: “El aporte alcanza a las personas físicas por sus activos declarados en el país y en el extranjero al 31 de diciembre de 2019, y que superen los 200 millones de pesos” (La Nación, 8/9). Significa que es para los que declararon bienes personales ante la AFIP. Los ricos que “extranjerizaron” sus domicilios fiscales para pagar menos impuestos quedarán libres de aportar. Es el caso de Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre; de Hugo Sigman, del Grupo Insud, elegido por el gobierno para fabricar la vacuna contra el Covid19, pero que no va a aportar un solo peso para ayudar a las víctimas de la pandemia, o del petrolero “argentino extranjero” Alejandro Bulgheroni, uno de los dueños de Pan American Energy y Axion, entre tantos otros.

No es ese el proyecto que necesita la grave emergencia. Además de insuficiente, el proyecto de los peronistas Carlos Heller y Máximo Kirchner destina una parte importante para las pymes y las inversiones en petróleo y gas. El proyecto del FIT-Unidad, que propone recaudar cinco veces más, es claro, lo recaudado debe destinarse a resolver los graves problemas generados por la pandemia. Para que todos los que necesiten, por imposición de la cuarentena, reciban un salario de emergencia de 30.000 pesos. Que se destine para contratar los 2.500 profesionales de la salud que faltan en la provincia de Buenos Aires y los que sean necesarios en el resto del país. Para que se adquieran los insumos necesarios para abastecer los hospitales, se mejoren los salarios de los sacrificados trabajadores de la salud en todos sus niveles y para que se distribuyan alimentos suficientes para que nadie se vea obligado a exponer su salud por falta de comida en la mesa. 

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Una jornada de protesta global se prepara hacia fines de septiembre. La convocatoria, que nace de los nuevos movimientos ambientales juveniles surgidos en Europa en los últimos años, va a tener nuevamente una réplica en nuestro país, donde venimos de las jornadas del 25A y el 31A contra las políticas antiecológicas del gobierno del Frente de Todos.

En 2019 ya tuvimos en nuestro país adhesiones masivas a estas convocatorias, donde decenas de miles fueron parte de los millones que se movilizaron en todo el mundo. Esta vez, el llamamiento que realiza la agrupación Fridays for Future (Viernes por el Futuro) señala: “El 25 de septiembre va a ser el primer día de acción global del año. Los próximos meses y años serán cruciales para garantizar un camino seguro por debajo del aumento de un 1.5° de la temperatura global, el objetivo planteado en los Acuerdos de París. Si queremos minimizar el riesgo de disparar una cadena irreversible de reacciones más allá del control humano, necesitamos actuar ahora. Por todo esto, es vital que la crisis climática no quede olvidada a la sombra del coronavirus, sino que se la considere con la máxima prioridad”.

Un señalamiento de máxima importancia, si tenemos en cuenta que las políticas que desplegaron los gobiernos, desde los Estados Unidos hasta China, buscan una respuesta a la crisis económica sobre la base de combinar un ajuste a las condiciones de vida del pueblo trabajador con un masivo desembolso de billonarias sumas para subsidiar y apuntalar a las multinacionales responsables de las desmesuradas emisiones de gases de efecto invernadero, e incluso levantar controles ambientales a actividades como el fracking.

El capítulo argentino de la huelga global

El gobierno de Alberto Fernández no escapa a esta lógica recién expuesta. La brutal crisis económica y social que lleva años, y que la pandemia vino a agravar, no fue un punto de inflexión para proponerse superar las políticas que nos trajeron hasta acá, sino que, por el contrario, el gobierno definió profundizarlas, y con un destaque entre ellas de las que se relacionan con la propia depredación ambiental. 

Como venimos señalando desde estas páginas, el gobierno asumió el compromiso con los bonistas –y próximamente hará lo propio con el FMI– de pagar la deuda, por un lado, comprometiendo un mayor ajuste del Estado, y por otro potenciando la depredación de los bienes naturales del país en función de generar dólares para cumplir con estos chupasangres del capital financiero internacional. Acá debemos ubicar el acuerdo con China para instalar las megafábricas de cerdos, que los gobernadores de provincias como Santiago del Estero y Chaco han salido en estos días a defender a capa y espada después de que el repudio nacional haya hecho demorar la firma del pacto. También acá se enmarca el acuerdo del gobierno con el Consejo Agroindustrial Argentino para potenciar las ganancias de los dueños del campo en la próxima década con su Plan 2020-2030. Asimismo, tenemos que ubicar las trabas que está sufriendo el avance de cualquier tipo de ley de protección de los humedales mientras siguen ardiendo, y también que sigan impunes estos crímenes ambientales, los incendios en las sierras de Córdoba y las llamas que cubrieron doce provincias devastando casi 200.000 hectáreas.

Incluso, en esta combinación entre pandemia, crisis social y contaminación ambiental, podemos ubicar que dentro del miserable “aporte solidario” de las grandes fortunas el gobierno destinó un 25% de lo recaudado al fomento de la búsqueda de más combustibles no convencionales. Un monto superior al 20% que se podría utilizar para fortalecer el sistema de salud. Alberto tenía razón cuando dijo que la pandemia desnuda a cada cual tal cual es. Las prioridades de su gobierno están expuestas a la vista de todos.

Sigamos avanzando unidos por el camino del 25A

La semana pasada se realizó una reunión nacional del colectivo de organizaciones políticas, agrupaciones ambientales y por los derechos de los animales que convocamos a la acción del 25A en todo el país. Hicimos un balance muy positivo de la jornada que se expresó en un comunicado que comenzamos a difundir ratificando nuestros reclamos y proponiéndonos seguir trabajando en común para preparar una gran jornada el 25S.

Compartimos sus primeros párrafos para concluir esta nota.

“La acción en las calles, con respeto al protocolo de seguridad sanitaria por Covid-19:

Primero. Arrojó un balance ampliamente positivo por haber logrado una jornada de protesta unificada en todo el país; construido incipientes lazos de coordinación a nivel nacional que seguirán ampliándose y solidificando, y porque fuimos parte fundamental del rechazo masivo que hizo dilatar la firma del acuerdo porcino con China, que busca importar a nuestro país las fábricas de nuevas pandemias.

Segundo. Ratificó nuestros reclamos centrales en contra del plan del Consejo Agroindustrial Argentino de más agronegocio, industrialización animal (expresada en este caso en el acuerdo por las megafábricas con China) y destrucción ambiental (desmontes, quemas, contaminación, etc.). Denunció que este modelo extractivista, al servicio de la ganancia empresarial y el pago de la deuda, hoy impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, solo genera más crisis social y es el que nos ha sumergido en la actual emergencia sanitaria, alimentaria, ecológica y climática. Exhortó al poder político a abrir métodos vinculantes que permitan la participación ciudadana en la toma de decisiones”.

¡Sigamos avanzando en la coordinación y preparemos una gran jornada de protesta para el 25S!

Escriben Euge y Agxs por Isadora y Diversidad de Izquierda Socialista

El gobierno nacional sancionó por decreto el cupo laboral travesti trans en toda la administración pública nacional, un reclamo histórico de la comunidad travesti trans. Desde Izquierda Socialista Diversidad e Isadora acompañamos esta pelea y celebramos este triunfo de nuestras luchas advirtiendo que debemos ir a fondo por su cumplimiento y por verdaderas políticas de inclusión y contra la violencia trava-trans.

A lo largo de los años, desde Izquierda Socialista, junto a la comunidad de la diversidad sexual y de género, impulsamos con la lucha en las calles el reclamo por la inclusión laboral travesti trans. ¿Qué significa el cupo sancionado? Que al menos el 1% de los cargos del Estado nacional deben ser cubiertos por personas travestis, transexuales y transgénero.

La exclusión de los espacios de trabajo por la discriminación existente hace que se encuentren en una situación económica realmente precaria, la mayoría no logra acceder a un techo y gran parte de la comunidad travesti trans está en situación de prostitución para subsistir, lo que les expone a situaciones de violencia, infecciones de transmisión sexual, estigmatización social y persecución policial. Esto, sumado a los crímenes de odio, hace que la expectativa de vida de travestis y trans en la Argentina sea de 35 años.

Como parte del Frente de Izquierda Unidad, desde las bancas de Izquierda Socialista hemos presentado e impulsado distintos proyectos de cupo travesti trans en todas las legislaturas como un aporte más al reclamo callejero que impulsamos para terminar con la discriminación y exclusión en el mercado laboral. Muestra de ello fue el proyecto de ley de cupo femenino y travesti-trans para todo el transporte nacional, público y privado de carga y pasajeros, que presentó en 2019 nuestra compañera Mónica Schlotthauer en el Congreso Nacional, que tiene estado parlamentario y podría votarse ahora mismo si hubiera voluntad política de hacerlo por parte de los partidos patronales, y de esta manera hacer extensivo el cupo para otras actividades. Sin embargo, peronistas, radicales, kirchneristas y macristas miran para otro lado.

¿Cómo seguimos la pelea?

Una vez reglamentado el DNU, tenemos importantes peleas por delante. Las experiencias provinciales de cupo travesti trans –el caso más emblemático es el de la provincia de Buenos Aires con la ley Diana Sacayán– o la ley nacional de identidad de género son muestra de que, aunque se haya aprobado la ley, para su correcta e inmediata implementación hay que seguir batallando. Somos conscientes de que será necesario seguir luchando por su efectiva implementación, sin impedimentos burocráticos o contratos basura que precarizan a miles de estatales.

También es urgente que este cupo sea acompañado de políticas públicas de inclusión y formación con presupuesto efectivo sobre la base del no pago de la deuda externa, como el cumplimiento de la ley de identidad de género, de educación sexual integral y que sean acompañadas por políticas para prevenir la violencia, los travesticidios, transfemicidios y demás crímenes de odio que sufre la comunidad de conjunto. Desde Izquierda Socialista Diversidad e Isadora, como parte del Frente de Izquierda Unidad, continuamos dando la pelea por todos nuestros derechos.