La pelea por el aborto legal lleva décadas en nuestro país. Este 28S nos encuentra en el marco de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica y social que pusieron al descubierto las consecuencias de vivir bajo la explotación capitalista y la opresión patriarcal con el crecimiento de la miseria, la pobreza, la destrucción de la naturaleza y las consecuencias de la privatización del sistema de salud, que pesan especialmente sobre las mujeres y niñxs.

Los gobiernos capitalistas, independientemente de su signo político (sean los autodenominados “nacionales y populares” o los más abiertamente reaccionarios), junto con los empresarios y multinacionales, están descargando con ajuste sobre las y los trabajadores las consecuencias de una bancarrota que no generamos. En particular, las mujeres y la comunidad LGTBI sufrimos los despidos, ataques al salario y los trabajos más precarios. Vivimos un agravamiento de las violencias al interior de los hogares y en los lugares de trabajo. Las cuarentenas sin medidas de protección, nos han expuesto a más violencia machista, abusos sexuales y embarazos no deseados, mientras los gobiernos mantienen el aborto clandestino y el vaciamiento de los sistemas de salud, negando nuestros derechos y poniendo en riesgo nuestras vidas. 

Por eso el movimiento de mujeres y de la comunidad LGTBI tiene la tarea de seguir impulsando las luchas contra la violencia de género, la brecha salarial, por el aborto legal y por todos nuestros derechos.

En nuestro país la grave crisis social tiene un capítulo especial en la falta de vivienda, que se expresa en las extendidas tomas de tierras, donde las mujeres son protagonistas, peleando por un lugar donde vivir junto a sus familias -muchas veces huyendo de parejas violentas-, y enfrentando la represión y amenazas de desalojo de los gobiernos nacional y locales. Muchas de ellas ni siquiera han podido cobrar los míseros 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia Ante esto, las autoridades de los ministerios de género, mujeres y diversidad nacional y provincial han respondido a su desesperado llamado a frenar el desalojo, con nueva fecha para el 1° de Octubre. Los gobiernos no actúan en soledad, lo hacen con la complicidad de las burocracias sindicales que no han hecho nada por las miles de mujeres trabajadoras precarizadas que luchan por un pedazo de tierra -como lo estamos viendo en la Provincia de Buenos Aires en González Catán y Guernica, así como en Jujuy, Neuquén y tantos otros lugares del país.  

En la Argentina, el gobierno nacional asumió diciendo que estaba a favor del aborto y prometiendo avanzar en la legalización. Pero Fernández en vez de apoyar el proyecto de la Campaña Nacional por el derecho al aborto, que defendió el movimiento de mujeres en las calles, prometió en la apertura de las sesiones legislativas en marzo pasado, que “en diez días” presentaría un proyecto alternativo que jamás presentó. Las declaraciones de Fernández envalentonaron a los sectores reaccionarios, como vimos en Tucumán, Jujuy, Formosa y Corrientes. Mujeres y disidencias presas o criminalizadas, niñas obligadas a parir, protocolos que habilitan la objeción de conciencia institucional, como en CABA.

Después de tan enorme gesto, el Papa salió a apoyar la renegociación de la deuda y las Iglesias evangelistas y sus expresiones más reaccionarias nucleadas en ACIERA -alineadas con la derecha bolsonarista y los golpistas en Bolivia, líderes de la ofensiva contra la denominada “ideología de género” en todo el continente- siguieron avanzando en protagonismo e intervención en distintos ámbitos del Estado. Todo, por supuesto, con financiamiento directo e indirecto por parte de las distintas administraciones.

Para garantizar nuestros derechos hace falta romper esa alianza histórica, separar a la Iglesia del Estado, cesar con toda modalidad de financiamiento a las iglesias, poner fin a la impunidad y el encubrimiento a los curas abusadores bajo amparo estatal (como ocurre con el cura y capellán de gendarmería Raúl Sidders, entre otros), y terminar con  las cesiones inmobiliarias, aportes y todos los subsidios, incluidos los de la educación confesional.

El sostenido bloqueo a la implementación de la educación sexual, que bloquea el reclamo la juventud, forma parte de la alianza con el oscurantismo clerical, que sirve a los efectos de reforzar una regimentación social a través de la educación en principios pre-científicos y prejuicios religiosos sobre la sexualidad y el rol de las mujeres y las personas LGTTBI.

Con la excusa de la pandemia, el gobierno de Fernández dijo que la legalización del aborto no era prioridad hasta que termine la emergencia sanitaria. Si el argumento habla de no saturar el sistema de salud, desde el inicio del  aislamiento obligatorio se efectuaron cerca de 28 mil internaciones que ocupan Unidades de Terapia Intensiva para atender a mujeres con secuelas graves por la interrupción de un embarazo en condiciones de extrema precariedad e insalubridad, situación evitable con el aborto legalizado. Es falso que la legalización “estrese” al sistema de salud. Por el contrario, permitiría liberar recursos para concentrarlos en el combate a la pandemia. En realidad, el aborto legal sólo “estresa” a las iglesias. 

Este contexto afecta particularmente a las mujeres y personas gestantes que quieren acceder al derecho a decidir sobre sus cuerpos, arrojándolas a realizarse abortos en condiciones inseguras, mientras crece la criminalización de las personas que quieren abortar. Por eso el FITU exige la centralización de todo el sistema de salud (público, privado, de las obras sociales y universidades nacionales), bajo control de los trabajadores y profesionales de la salud, único; y un impuesto a las grandes rentas y fortunas (que abarque a la gran propiedad de la tierra, a las ganancias bancarias y viviendas ociosas) y el no pago de la deuda externa.

Mientras el Congreso se reúne y vota leyes contra las y los trabajadores y sectores populares, como la negociación del pago de la fraudulenta deuda externa, el proyecto de la Campaña corre peligro de perder estado parlamentario si este año no se pone en discusión. Al mismo tiempo que se sigue cajoneando el tratamiento de este derecho en el parlamento nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta dicta una reglamentación restrictiva de la adhesión al protocolo ILE que sólo los legisladores del FIT-U han impugnado políticamente y en sede judicial.

La integración al gobierno de referentes y organizaciones del movimiento de mujeres y LGTBI sólo ha servido para que en nombre del “feminismo” y de nuestras luchas, brinden un apoyo ruinoso al pago de una deuda colonial y se justifique la negativa a nuestros derechos más elementales y a nuestros reclamos históricos. 

Este 28S llamamos a las mujeres, personas gestantes, trabajadoras, a seguir movilizadas y organizadas por el aborto legal, la separación de la iglesia y el Estado, por la aplicación de la educación sexual laica, científica y respetuosa de las identidades de género y sexuales, con perspectiva de género, contra los femicidios, porque la crisis la paguen los capitalistas -tal como lo resolvimos, en un debate con más de 50 organizaciones, en la Conferencia Latinoamericana y de los EEUU convocada por el FIT-U.

Necesitamos seguir impulsando un movimiento de mujeres y LGTBI independiente de todos los gobiernos, las iglesias e instituciones del Estado. Un movimiento que pelee junto a las familias sin techo, junto a les trabajadores de la salud, les docentes y el conjunto de los sectores de trabajadores en lucha, nos marcan el camino. Esa es la alianza poderosa a las que le temen los empresarios y sus gobiernos, esa es la alianza que nosotras nos jugamos a fortalecer, para darles un mensaje claro a quienes quieren descargar la crisis sobre nosotras. Nuestras vidas no pueden esperar, el aborto tiene que ser ley. ¡Aprobación inmediata del Proyecto de la Campaña nacional por el derecho al aborto!

Este 28S volvemos a reclamar:

¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir!

¡Separación de la iglesia y el estado!

¡Ni una Menos sin vivienda! ¡No al desalojo en Guernica!

Frente de Izquierda y de les trabajadores - Unidad

El gobierno peronista de Alberto Fernández lleva nueve meses de gestión, seis en medio de la pandemia. Período suficientemente extenso para ver quién ganó y quién perdió. Los pulpos acreedores de la deuda externa se llevaron 4.500 millones de dólares en efectivo. Y luego tuvieron una más que favorable, para sus intereses, renegociación de la deuda. A las patronales el gobierno les financia el 50% de los salarios que deberían pagar, mientras tienen vía libre para despedir y suspender.  Los bancos siguen obteniendo superganancias. Del otro lado, los salarios y las jubilaciones siguen perdiendo frente a la suba de precios y millones se ven obligados a sobrevivir con los 10.000 pesos por bimestre del IFE. Ahora la inflación se prepara a pegar un nuevo salto después de la suba de las naftas y la devaluación del peso de la semana pasada. La presentación del presupuesto nacional 2021 nos indica que, sobre este ajuste, el gobierno se prepara para implementar uno mayor aún, según le exige el Fondo Monetario Internacional, con el que ya ha iniciado negociaciones. El balance es claro, ganaron los usureros de la deuda, los banqueros y las patronales; perdió el pueblo trabajador. Frente a esta realidad, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda decimos que es urgente la implementación de otro plan económico, obrero y popular, que dé vuelta las prioridades y pase a atender las urgentes necesidades del pueblo trabajador. 

Mientras en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios y en las familias las preocupaciones se centran en cómo enfrentar la pandemia sanitaria del coronavirus y la otra pandemia, la de sus consecuencias sociales, en “las alturas de la política” la discusión y los intereses van por otro lado, totalmente ajenos a las preocupaciones populares. Así, tenemos la pelea entre Alberto Fernández y Larreta por los fondos de la coparticipación, o por cómo “diferenciarse” ante las medidas de la cuarentena. La vicepresidenta Cristina Fernández, por su parte, tiene como principal preocupación la remoción de los tres jueces que llevan adelante las causas por corrupción en su contra. Del otro lado, la oposición patronal de Juntos por el Cambio sigue fogoneando las “marchas por la república”, pequeñas, minoritarias y reaccionarias. Que, como contrapartida, le sirven a los periodistas de los medios oficialistas para agitar “contra la derecha” y denunciar fantasmales “desestabilizaciones”. Digamos de pasada, como explicamos más abajo, que esto también es aprovechado por la burocracia sindical como excusa para llamar a apoyar al gobierno mientras no mueve un dedo por los aumentos salariales.

Frente a todo esto, la vida real sigue por otro rumbo. La pandemia continúa con todo, con sus lamentables informes diarios de contagiados y fallecidos. Ahora volcándose con fuerza sobre el interior del país. Los trabajadores de la salud, que están en la primera línea de esta batalla, que han visto morir a muchos de sus compañeros por el virus, que siguen cobrando salarios de miseria, “recibieron” algo por primera vez, palos. Esa fue la respuesta de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de Larreta frente a las trabajadoras y los trabajadores de enfermería que reclamaban lo elemental, ser reconocidos como profesionales.

La toma de tierras en Guernica desnuda la realidad de la pobreza profunda, de la marginación de millones que, en estos meses, perdieron hasta sus humildes lugares donde vivían. En invierno, bajo la lluvia, las precarias construcciones son una denuncia viva de las cuatro millones de viviendas que constituyen el déficit habitacional de nuestro país. La respuesta del gobierno nacional y del de la provincia de Buenos Aires, tras haberse garantizado la presencia policial con los aumentos que le otorgaron a la fuerza, es la represión. La firmeza de la resistencia de los ocupantes, la solidaridad del sindicalismo combativo y la izquierda y las denuncias de lo que se venía lograron que, momentáneamente, el gobierno y el juez interviniente tuvieran que dar marcha atrás y parar el desalojo esta semana. Un importante avance parcial al que habrá que seguir cimentando con la movilización en los próximos días.

La velocidad con que el gobierno respondió al reclamo policial de la provincia de Buenos Aires primero, y la devaluación, la suba de combustibles y la aceleración de la inflación inmediatamente después, pusieron más al orden del día que nunca el reclamo de un aumento salarial de emergencia y de la reapertura de las paritarias. Lamentablemente, los burócratas de la CGT y las CTA siguen llevando adelante la política del gobierno. Como se está viendo en los casos de la UOM o Comercio, se quiere arreglar la pulverización de los salarios con algunas sumas fijas, pateando cualquier discusión sobre recomposición salarial de lo perdido para el año próximo. La máxima preocupación de la CGT es conseguir un aumento de los descuentos salariales para las obras sociales, o ver si organizan un acto de apoyo al gobierno para el 17 de octubre.

¿Cómo enfrentar toda esta realidad? Luchando, movilizándose, apoyando todas las luchas en curso y brindándoles solidaridad y coordinación para que triunfen. Porque si se lucha se puede ganar, como acaban de demostrar los docentes de Misiones, que obtuvieron un importante aumento salarial, o los trabajadores del Sutna, que lograron un 37% en su paritaria. En esta dirección, la semana que terminó tuvimos la jornada del sindicalismo combativo, la marcha en defensa de la toma de Guernica y la movilización de los trabajadores de la salud. Este es el camino para pararle la mano al ajuste del gobierno de Fernández y el FMI.

A esto tenemos que agregarle otras luchas que se abren paso en el mundo, a pesar del coronavirus. Así, el próximo 25 también en nuestro país nos movilizaremos en el marco de la Jornada Mundial por el Clima. Y el 28, el movimiento de mujeres volverá a decir presente exigiendo el aborto legal, vergonzosamente cajoneado por el gobierno de Alberto Fernández.

Mientras damos todas estas peleas, es fundamental que también postulemos políticamente, como decíamos al principio, que sí hay otra salida. Un programa económico diferente, obrero y popular, que arranca de un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos que la canasta familiar (calculada en 72.000 pesos por los trabajadores de ATE-Indec), por un IFE de 40.000 pesos, por plata para atender la emergencia en salud (empezando por los sueldos de sus propios trabajadores), entre otras medidas urgentes. Todo financiado con la plata que existe, solo que está en manos de los multimillonarios y las grandes empresas, o destinada al FMI y los pulpos acreedores. Hay que sacarla de ahí imponiendo un impuesto de verdad a las grandes riquezas y suspendiendo el pago de la deuda externa. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad te invitamos a sumarte a luchar por este programa.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno acaba de imponer un impuestazo de 35% sobre el valor del dólar ahorro. El objetivo es limitar, o directamente impedir, la compra mensual de 200 dólares a que apelaban muchos trabajadores o sectores de clase media baja para no seguir perdiendo poder adquisitivo. Esta medida llevó a que el dólar alcance los 130 pesos, lo que significa una nueva devaluación, con la consiguiente consecuencia de suba de precios de los productos de primera necesidad (más inflación) y una nueva pérdida en los salarios, las jubilaciones y los planes sociales que acrecentarán la pobreza y la miseria.

A su vez, la disposición prohíbe directamente adquirir esos dólares a quienes son beneficiarios de programas sociales (IFE y AUH), tengan préstamos hipotecarios UVA y a cientos de miles de monotributistas, entre otros. El gobierno dice que esta medida va contra los especuladores. ¿Son especuladores quienes cobran una asignación por hijo o un miserable IFE de 5.000 pesos mensuales? Es una barbaridad. La única verdad es que es otro manotazo de ahogado para reservar los dólares y seguir pagando la deuda externa, cumplir con el FMI y subsidiar a las patronales. 

También está la restricción de la divisa para la cancelación del 60% de las deudas privadas de las grandes empresas, las que tendrán que usar dólares propios. Esto ya generó críticas del sector empresario, que se vale del Estado como garante para sus propios negocios. Es decir que plata hay, solo que este gobierno la usa para salvar a los capitalistas.

El gobierno justifica el nuevo cepo diciendo que es para “poner límite a la sangría de reservas internacionales”. Pero decir que un trabajador, un beneficiario de un plan social o un monotributista están provocando una “sangría” de dólares es una aberración absoluta. Como hemos dicho en un comunicado al conocerse la noticia, “la sangría se produce por los 4.500 millones de dólares que el gobierno pagó de deuda externa desde que asumió y la fuga de capitales que sigue permitiendo”. Los grandes ganadores son los bancos y los especuladores de verdad, como los bonistas que recibieron una mejora de pago de 15.000 millones de dólares, o el FMI, a quien se le va a pagar una deuda de 50.000 millones de dólares que el pueblo no vio.

Faltan dólares, ¿quién se los lleva?

Que el problema no es el “dólar ahorro” no solo lo decimos desde la izquierda, sino hasta funcionarios del propio gobierno. Un informe de Claudio Lozano (director del Banco Nación y miembro del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas) desmitifica la campaña de que “faltan dólares”, diciendo: “Si hay algo que no se puede decir hoy es que Argentina transita un momento de escasez de dólares. Quien no tiene dólares hoy es el Banco Central”. Y afirma: “Argentina tiene dólares, ya que terminó 2019 con un saldo comercial de unos 15.900 millones de dólares, y el de este año se proyecta cercano a los 17.000 millones. Pero ocurre que los dólares que la Argentina acumuló en 2019 se fueron en concepto de pagos de deuda y fuga de capitales” (Página/12, 18/9). Y agrega que por el denominado “dólar ahorro” solo salieron entre enero y julio de este año 1.826 millones de dólares, mientras que el saldo comercial favorable de Argentina es de 9.563 millones de dólares, pero solo ingresaron 2.865 millones de dólares menos por la no liquidación de los mismos dólares por parte de los exportadores. Es decir, se los quedaron ellos.

El texto asevera que “la otra gran causa del consumo de divisas ha sido el pago de deuda por intereses y capital, tanto pública como privada. Entre enero y julio se fueron 4.789 millones de dólares por intereses y se canceló capital por 4.276 millones. Es decir, 9.065 millones de dólares se los llevó el endeudamiento”. Conclusión, el problema no es el dólar ahorro, es la aspiradora de dólares por deuda pública y privada (9.065 millones de dólares) y la no liquidación de los exportadores (3.267 millones de dólares). Por estos conceptos se fueron 12.332 millones de dólares, por la “fuga del dólar ahorro” apenas 1.826 millones.

A esto tenemos que agregar la tremenda evasión de dólares en las maniobras del comercio exterior donde un puñado de monopolios transnacionales tienen el dominio absoluto de nuestras exportaciones, y las enormes bicicletas de los bancos, los grandes ganadores con este gobierno.

Que el gobierno use esta medida para decir que está atacando a los especuladores y que de esta manera privilegia “el trabajo y la producción” es una gran mentira, como parte de su acostumbrado doble discurso. Dice esto mientras sigue subsidiando a las patronales con el pago de la ATP (50% del salario por parte del Estado), el agronegocio y rebajando salarios.

Esta devaluación es un mayor ajuste para el pueblo trabajador. Desde Izquierda Socialista decimos que hay que castigar a los verdaderos especuladores, cortándoles el chorro del festival de dólares a los bancos, los exportadores, los bonistas de la deuda, los fondos de inversión, las multinacionales y el FMI. Y a todos los que se valen del gobierno y usan las maniobras que les permiten evadir, especular, fomentar devaluaciones y la fuga de capitales en una completa impunidad.

Decir que los problemas de la economía se generan porque “faltan dólares” es para tapar que los billetes verdes están, pero se los llevan ellos. Para evitarlo, es necesario nacionalizar la banca (para terminar con la actual especulación cambiaria y tomar el control de todo el dinero circulante en beneficio del pueblo trabajador) y el comercio exterior (para que sea el Estado quien decida y maneje las exportaciones y las importaciones) y de ese modo librarnos de que los dólares se los apropien multinacionales del sector, una parte esencial del mecanismo por el cual se llevan nuestras riquezas. Y, fundamentalmente, dejar de pagar una deuda usurera e ilegítima para que los dólares se queden en el país y se inviertan en un plan económico obrero y popular que reactive la economía.

Escribe Adolfo Santos

La situación económica y social está cada día más insoportable para la clase trabajadora y los sectores populares. A la pérdida del empleo, las suspensiones, los salarios congelados y a las limitaciones de los cuentapropistas para realizar servicios, se suma una inflación altísima. Pese a la baja del consumo provocada por la creciente pobreza, en agosto alcanzó 2,7%, lo que pronostica una inflación anual mayor a 40 por ciento. Eso en el mejor de los casos, porque la devaluación del peso y la suba de los combustibles presagian nuevos aumentos. Son números superiores a los previstos por el gobierno peronista, cuya principal preocupación no es atender esta situación desesperante, sino las exigencias de los usureros internacionales, como está haciendo ahora con el FMI.

Mientras los sectores populares se hunden en la miseria, con ingresos cada vez más distantes del real costo de vida, no se vislumbran medidas del gobierno para resolver esta tragedia. La pandemia contribuye, pero la crisis económica viene de antes y el actual gobierno del Frente de Todos no ha hecho nada sustancialmente diferente del anterior para resolverla. La tarea central ha sido atender las demandas de los grandes empresarios y hacer buena letra con los acreedores de la deuda. No solo no castigaron a las empresas que despidieron o suspendieron trabajadores, sino que les otorgaron beneficios impositivos, congelaron las paritarias y las ayudaron a pagar los salarios. Y ahora esperan las nuevas órdenes del FMI. Ese es el verdadero programa económico del gobierno.

Mientras tanto, los que sufren las calamidades que genera la pandemia son los trabajadores y los sectores “más vulnerables” por esta crisis. A ellos, el gobierno de Alberto Fernández no les dedicó tiempo ni esfuerzos. El escenario en las periferias de las grandes ciudades es desolador, el mayor ejemplo de eso es el Gran Buenos Aires, un territorio gobernado durante décadas por el  peronismo en sus distintas variantes, donde la miseria crece de forma exponencial. Los datos ofrecidos por la UCA (Universidad Católica Argentina) son alarmantes: el 10,3% de los argentinos es indigente, el 14% pasa hambre, el 44,7% es pobre y la cifra escala dramáticamente a 62,9% cuando se trata de niños. Pero estos números no son sólo estadísticas, son personas que no tienen ninguna perspectiva porque este gobierno no les ofrece salida alguna.

Así no se puede vivir. ¡Aumento general de salario ya!

Es imposible seguir viviendo con salarios mínimos y jubilaciones inferiores a los 20.000 pesos, mucho menos con un IFE de 10.000, cobrado cada dos meses. Según el último informe de la comisión interna de ATE/Indec, “un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijxs (de 6 y 9 años) necesitó, en agosto de 2020, 72.707,40 pesos para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de 23.835,50 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 48.871,90 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos”. Y aclara: “Las canastas utilizadas para este ejercicio son las llamadas canastas de consumos mínimos”. No implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable, por eso mismo ningún trabajador debería ganar menos que ese valor.

Estos estudios demuestran que las pérdidas salariales son enormes. Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad venimos reclamando un aumento de emergencia para recomponer el salario y que ninguna familia quede por debajo de la canasta mínima calculada por ATE Indec. Rechazamos los acuerdos salariales a la baja que varios sectores de la burocracia sindical vienen firmando a espaldas de los trabajadores. La dirigencia de la Unión Obrera Metalúrgica acaba de firmar un acuerdo por una suma fija no remunerada de 6.000 pesos durante seis meses. Además de ser muy inferior a la inflación, significa que no va a incidir sobre el aguinaldo ni sobre las vacaciones. Pero además, este acuerdo, rechazado por algunos sectores de base del gremio, contempla que las empresas en crisis se adecuen a los términos pactados, por lo que algunas ni siquiera van a pagar eso. Lo mismo acontece en el gremio mercantil, que acordó una suma fija de 5.000 pesos para los próximos seis meses. Coto, Carrefour y Disco, agradecidos con el burócrata Cavalieri.

Estos mismos sindicalistas traidores son los que, en vez de organizar la lucha, apoyan el acuerdo del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner con los bonistas de la deuda externa y las negociaciones con el FMI. Saben que esos acuerdos se pagan con el hambre y la miseria del pueblo trabajador. No hay ninguna posibilidad de salir de esta crisis, agravada por la pandemia, sin romper con el sistema financiero y el mecanismo de saqueo que representa la deuda externa. Exigimos un aumento general de salarios que cubra la canasta mínima y un IFE de 40.000 pesos. Para eso hay que suspender de inmediato los pagos de la deuda externa y aprobar el proyecto de impuesto a las grandes fortunas presentado por el FIT-Unidad, que permitiría recaudar más de 15.000 millones de dólares.

Escribe José Castillo

El gobierno peronista de Alberto Fernández ha presentado su proyecto de presupuesto nacional 2021. Si bien, como todos los años, la denominada “ley de leyes” no es otra cosa que un gigantesco dibujo, este año tiene una importancia particular, fue revisado línea por línea por el FMI, como primer paso para la renegociación de la deuda con el organismo internacional.

El número más importante es el que ya había adelantado el ministro de Economía Martín Guzmán, la reducción del déficit fiscal del año próximo a 4,5% del PBI, desde el 8% de este año. Es importante que se entienda, y baje a tierra, de qué se está hablando: ese número “mágico” es exactamente el tributo al FMI. El gobierno de Fernández le garantiza al Fondo que reducirá el año próximo sus gastos en 1,6 billones de pesos (unos 16.000 millones de dólares). Este es, exactamente, el tamaño del ajuste, que será el más grande desde 2002.

Los “supuestos” del presupuesto

Una parte del presupuesto consiste en una serie de pronósticos, que siempre se calculan en forma optimista y normalmente no se cumplen. Por eso resulta importante resaltar que el propio gobierno reconoce que la economía caerá este año 12,1% y que el año próximo la recuperación sólo alcanzará al 5,5 por ciento. Como sucede siempre, lo más probable es que el crecimiento efectivo sea menor aún. Pero la pregunta es por qué se presupuesta un crecimiento tan débil. La respuesta es simple, el dinero que debería ir a reactivar la economía se va a destinar a pagar los vencimientos de deuda de 2021 y a generar los ahorros necesarios para los mayores vencimientos de los años siguientes.

Por supuesto, hay otros números que son más increíbles aún, como la proyección de que la inflación bajará el año próximo a 29% anual o que el dólar terminará el año que  viene en 102,4 pesos. Estos supuestos que, rápidamente serán sobrepasados por la realidad, son los que se utilizarán para discutir “recomposiciones” salariales con estatales, docentes y trabajadores de la salud el año próximo.

Los detalles del ajuste

Podríamos resumirlo en un solo número: la desaparición del 100% de los fondos dedicados a la pandemia. Las planillas del presupuesto 2021 plantean la total desaparición del IFE y las demás partidas que surgieron en el marco de la cuarentena del coronavirus. 

Pero no solo en los gastos sociales. Aun asumiendo el más que dudoso dato de que la inflación 2021 será de 29%, se recorta el presupuesto de salud 9,4 por ciento. Principalmente, por la eliminación de la partida especial destinada al Covid-19.

El gobierno “vende” un aumento del presupuesto educativo de 21% en términos reales. Claro que no dice que esto se calcula desde apenas el 1,3% del PBI, lejos, lejísimos, de los propios objetivos de la vieja ley de educación, que plantea que el mínimo debe ser 6 por ciento. Sin embargo, no debemos confundirnos, la educación inicial, primaria y secundaria dependen de las provincias, sobre las que se aplica el ajuste vía la reducción de las transferencias. La única responsabilidad directa del Ministerio de Educación, el financiamiento de las universidades, muestra un presupuesto “congelado” con respecto al presente año, lo que, inflación mediante, implica un fortísimo ajuste en términos reales.

El otro rubro que se quiere mostrar como “creciendo”, ciencia y tecnología (8,8% sobre la inflación proyectada), sin embargo sigue estando 37% por debajo de lo mínimo para recuperar el feroz ajuste que se efectuó desde 2015, con investigadores que perdieron hasta 50% de sus salarios.

Un rubro a destacar es que se reducen los subsidios a las privatizadas. ¿Es señal de menores privilegios para estas patronales? Al contrario, como está explicitado en el propio mensaje oficial que acompaña al presupuesto será reemplazado con la bandera de largada para toda una serie de tarifazos en los servicios de luz y gas.

Los pagos de deuda

El gobierno nos vendió que, con la renegociación de la deuda externa con los bonistas privados, el problema estaba resuelto. No es eso lo que muestra el proyecto de presupuesto 2021. Aun asumiendo que se renegocia y patea para adelante el total de la deuda con el FMI y el Club de París, para el año que viene estarán destinados 665.000 millones de pesos a pagos de vencimientos de deuda. Poniéndolo en perspectiva de comparación, es mucho más que todo lo que se destinará a Educación (492.000 millones), Salud (383.000 millones), Vivienda (151.000 millones), o Ciencia y Técnica (95.000 millones). Como viene sucediendo todos los años, con todos los gobiernos, sin excepción, otra vez los pagos a los usureros serán la partida más importante de nuestro presupuesto, llegando, en este caso, a 1,5% del PBI. 

¿Un presupuesto con “perspectiva de género”?

El gobierno dice que, por primera vez, se presentará un presupuesto “con perspectiva de género”. Cualquiera podría pensar que, a partir de esto, se visibilizarían las enormes necesidades pendientes para las mujeres y diversidades sexo-genéricas y, entonces, empezarían a aparecer los fondos para resolverlo. En nuestro caso, la pregunta concreta es ¿habrá mayores fondos para atender violencia de género o combatir la trata? ¿Se construirán más refugios para las mujeres que los necesiten?

Lamentablemente no es así. Por el contrario, acá nos encontramos frente al sumun del doble discurso. En una manipulación escandalosa, se afirma que el 15% del total de los recursos presupuestarios estará destinado a las mujeres y las diversidades, con un monto de 1,3 billones de pesos. Pero en realidad, lo único que se hace es un “maquillaje contable”. Se suman las partidas del IFE, la AUH e incluso las jubilaciones y luego se dice que, como la mayoría de quienes las perciben son mujeres, todo ese dinero estaría ya gastado en “perspectiva de género”. La realidad, en cambio, es que el único proyecto concreto que se plantea es el denominado Programa Acompañar, absolutamente insuficiente, por el que se destina un monto de 16.875 pesos por seis meses a personas en riesgo de situaciones de violencia de género,

Hace falta otro programa económico

El gobierno de Fernández puso arriba de la mesa su programa para 2021. Es el que le exige el FMI, y su prioridad es clarísima, priorizar a los acreedores por delante de las necesidades populares.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo rechazamos y repudiamos. Y decimos que tenemos que oponerle otro programa, obrero y popular, donde se prioricen las urgentes carencias en términos de salud, educación, vivienda, trabajo y salario, financiado con un verdadero impuesto a las grandes riquezas y con la suspensión inmediata de todo pago en concepto de deuda externa y la ruptura con el FMI.