Escribe Claudio Funes

El proyecto de impuesto a la riqueza del peronismo viene “flojo de papeles” desde el inicio. Con una alícuota bajísima, solo afectaba a los patrimonios personales y no a las superganancias de las empresas, por lo que todas las multinacionales que operan en el país quedarían fuera del pago del tributo.

Pero ahora se conocieron más detalles, solo harán el pago por única vez las personas físicas y sucesiones indivisas con domicilio legal en el país. Con esto quedan eximidos supermillonarios argentinos como Alejandro Bulgheroni (Panamerican Energy), Hugo Sigman (laboratorios Sigman) y Marcos Galperín (Mercado Libre), con domicilios en el exterior.  

Para favorecer a los capitalistas se modificó además la fecha de la declaración jurada a partir de la cual se cobrará el impuesto. No será al 31/12/19, como estaba previsto, sino a la fecha de la promulgación de la ley, lo que les permitirá hacer maniobras para reducir su exposición patrimonial.

Esto no es todo, el presidente Fernández invitó a Olivos, para anunciarles más beneficios, a las grandes patronales. Entre otros, a Miguel Acevedo (UIA), Roberto Urquía (Aceitera General Deheza), Luis Betnaza (Grupo Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Fate y Aluar). No satisfechos con los anuncios del presidente, cuestionaron el impuesto a la riqueza. Consideran que “discrimina a empresarios locales y beneficia a las multinacionales”. Por supuesto que su propuesta no es cobrarle también a los extranjeros. Ellos también quieren ser eximidos. El lobby continúa y no sería raro que lo que se termine aprobando, o después reglamentando, les permita a estas patronales salvarse de tener que realizar cualquier pago sustantivo.

 Frente al doble discurso del gobierno con el impuesto a la riqueza, el Frente de Izquierda Unidad propone cobrar el impuesto no solo a algunos millonarios, sino también a empresas, bancos y multinacionales que se vienen enriqueciendo hace décadas.

Como la industria farmacéutica, con Bayer, Pfizer, Abbot y Merck Sharp & Dohm, que en 2019 facturó 59.764,2 millones de pesos, 70,7% más que en 2018. O Telecom, que durante el primer trimestre de 2020 alcanzó una utilidad 39,5% mayor que el año anterior pese al congelamiento de tarifas. O los bancos, que en 2019,  mientras el PBI descendió 2,2%, obtuvieron una utilidad neta 51% más grande que en 2018. Entre ellos están los extranjeros Citibank, HSBC, ICBC o Santander, además de los locales Galicia y Macro.

Con nuestra propuesta se podrán recaudar 15.000 millones de dólares, cinco veces más que los 3.000 millones que propone el gobierno,  y se cobrará anualmente y no “por única vez” como propone el proyecto oficialista. Junto con el no pago de la deuda externa, se podría impulsar un plan económico obrero y popular que comience a dar soluciones a las necesidades del pueblo trabajador.

 
Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El día anterior a que se postergue otra vez el desalojo en Guernica fuimos a llevar nuevamente la solidaridad de nuestro partido. Lo mismo hizo nuestra compañera delegada ferroviaria y diputada nacional Mónica Schlotthauer. Y se aprestan otros dirigentes y compañeras y compañeros de Izquierda Socialista.

Junto con la militancia de Izquierda Socialista de la zona sur de la provincia de Buenos Aires recorrimos ese necesario pedazo de tierra que miles de familias le han ganado al negocio inmobiliario, a los traficantes del sector que gozan de impunidad, a la intendenta peronista Blanca Cantero, que viene fogoneando el desalojo junto con la Justicia, y al gobierno de Kicillof, que se la pasa hablando de los que menos tienen pero no le da solución a los vecinos. Al contrario, el gobierno fue a prometer 40.000 pesos y a hacerles firmar un acta con “reubicaciones” que, sabemos después, nunca se concretan. Y a hacer campaña contra la izquierda diciendo que hay vecinos que no están dispuestos al diálogo y que son violentos, cuando son los propios vecinos quienes reclaman una verdadera mesa de diálogo y que se les resuelva el problema, no que se hable de represión y desalojo.

Lo que se palpa en Guernica son familias que se han quedado sin nada. Víctimas de las políticas de los gobiernos de turno que no les garantizan un techo. Los sociólogos empiezan a llamarlos “nuevos pobres”. O los pobres de segunda o tercera generación, es decir, trabajadores, mujeres y jóvenes que ya venían teniendo a sus padres viviendo en la pobreza.

En Guernica se sienten la desesperación y la valentía a la vez de gente que resiste el desalojo y las campañas difamatorias y las acusaciones de que son usurpadores y violentos. Son personas que se quedaron sin trabajo, perdieron la changa, no pudieron pagar más el alquiler de una pieza o vivían hacinadas con otros familiares y vieron la oportunidad de mudarse a pesar de tener que vivir debajo de un naylon.

La campaña de que son ilegales y que quieren vivir de las prebendas del Estado está fuera de la realidad. Es más, hasta medios patronales que vinieron haciendo esa campaña han tenido que poner obligadamente la foto de Guernica cuando se publicaron las cifras de los nuevos pobres.

“Vinieron a hacer promesas que después no cumplen. Si nos vamos de acá, ¿adónde vamos a ir?”, nos dijo una mamá junto a su esposo, hijas y nietas. ¿Por qué si en la provincia de Buenos Aires sobra tierra y la Argentina es muy extensa no hay un pedazo de tierra para vivir? Si no hay respuesta del gobierno, la gente lo resuelve tomando el problema en sus manos.

“¿Alguien cree que nos gusta estar acá en el medio del barro, tener que ir a buscar agua a la ruta, no tener luz, dormir en un colchón y con frío, o comiendo de una olla popular? Nosotros queremos pagar, no queremos que nos regalen nada, pero necesitamos un techo”. Más cuando quienes alegan ser los verdaderos dueños no tienen ningún título de propiedad. En concreto, son tierras abandonadas hace décadas.

La propia intendenta peronista dijo en una reunión con los abogados de los vecinos que lo que le interesa es defender los dieciocho countries de la zona, no las 2.500 familias que no tienen techo.

Cuando en horas de la noche se supo que se postergaba el desalojo hasta el 15 de octubre hubo algarabía y festejo. Se había ganado un nuevo round. Se dio otro gran paso adelante. Es lo que dijeron las y los delegados de esa recuperación de tierras y de las organizaciones que apoyan en un comunicado muy alentador. Y la convicción es clara: “Si nos sacan vamos a volver”.

Son los ocupantes quienes tienen una propuesta para solucionar el grave problema, lotear los terrenos para que puedan construir su vivienda. Que sea el Estado el que se haga cargo. Lo mismo hizo el Frente de Izquierda presentando un proyecto en la Legislatura bonaerense. ¿No habla el Frente de Todos de un “nuevo rol del Estado”? Que lo ponga en práctica entonces. Pero pasa que el Estado gobernado por Kicillof y Alberto Fernández está para salvar a los grandes empresarios, al negocio inmobiliario, al agronegocio y al FMI, no a los más vulnerables. Y si de “vulnerables” se trata, ¿no son precisamente estas familias sus caras más visibles?

La organización en Guernica es admirable. Se han designado delegados por sector, hay reuniones informativas y resolutivas para decidir de conjunto. La información se socializa al instante y crece la solidaridad. Se hace comida con donaciones de vecinos y organizaciones sociales, sindicales y políticas solidarias. Y hay una vanguardia de luchadoras y luchadores que llevan adelante esta enorme pelea, son voceros en las conferencias de prensa en el Obelisco y planifican cada detalle para fortalecer el día a día de su reclamo.

Todo esto es lo que ha generado que el gobierno y la Justicia hayan tenido que retroceder nuevamente con el desalojo. Pero seguramente van a insistir. Y hay que estar alertas.

Hay que recordar que muchos barrios populares se han constituido de esta manera, por iniciativa de los propios vecinos, no por los gobiernos de turno, peleándola hasta el final.  

Este nuevo round que se ha ganado hay que  consolidarlo con solidaridad y apoyo a todas las acciones que decidan para que puedan triunfar. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad vamos a seguir aportando nuestro granito de arena para lograrlo.

El sábado 3 de octubre delegados del ferrocarril Sarmiento, entre los que estaban la diputada nacional electa de Izquierda Socialista/FIT Unidad Mónica Schlotthauer y José Sebriano, junto con una delegación de Izquierda Socialista Sur se movilizaron a la toma en Guernica para llevar la solidaridad del cuerpo de delegados ferroviario y de nuestro partido. El Socialista tuvo la oportunidad de entrevistar a dos delegadas de manzana, Melisa y Johana, que nos hablaron sobre su situación.

–¿Cómo llegaron a la toma?

M– Estoy desde el primer día en la toma, llegué hasta acá porque sufrí violencia de género, abandoné mi casa y vine por una vivienda digna. Soy delegada del barrio San Martín, nos eligieron los vecinos. Cada manzana del barrio tiene su delegado, para poder organizarnos mejor con las donaciones y la representación para con el afuera.

J– Acá me trajo la necesidad, luego de la pandemia yo me quedé sin trabajo y no pude pagar más el alquiler. Estoy por necesidad porque no tengo dónde vivir. Soy delegada de manzana del barrio 20 de Junio.

–¿Qué respuesta tuvieron de las autoridades?

M– El municipio desde un principio se lavó las manos, la señora intendenta Blanca Cantero dijo que si cada uno se presentaba individualmente nos iba a solucionar nuestro problema, pero es mentira, porque antes de venir a la toma yo fui a la municipalidad a preguntar por un terreno, pregunté si me daban a pagar o cómo se manejaban, ya que yo estaba en la calle con mis cuatro chicos luego de sufrir violencia de género. Su respuesta fue que ahí no se daban ni se regalaban terrenos, luego me cerraron la puerta en la cara.

Desde el gobierno provincial nos ofrecieron promesas de plata y materiales de construcción, cosa que no sabemos si van a cumplir, acá hay mucha gente que no se va porque no tiene dónde ir. La oferta es un tipo de alojamiento del gobierno en donde podés estar de noche y de día quedás a tu suerte en la calle. Ellos dicen que se comprometen, pero el miedo nuestro es que no cumplan, no hay nada que diga que van a cumplir, ya que un contrato se puede romper.

J– La respuesta que tuvimos fue un hostigamiento continuo, nos ofrecen cosas que no cumplen. Por ejemplo, en mi caso me llamaron para que me acerque a Guernica, al municipio, para llegar a un acuerdo. Me ofrecían ir a un parador de 18 a 6 y durante el transcurso del día estar en la calle con mis hijos. Eso no lo puedo aceptar, no quiero volver a la calle con mis hijos, acá en la toma hay gente que realmente necesita una solución. Yo estoy con mis tres hijos y la vamos a seguir luchando para obtener un pedazo de tierra para ellos. Y, ojo, yo no quiero que me regalen nada, estamos totalmente de acuerdo en que nos den a pagar un pedazo de tierra, para el día de mañana construir nosotros con nuestro sudor una casa para nuestros hijos.

–¿Por qué el gobierno postergó la resolución de la toma?

M– Para seguir hostigando a la gente, para seguir llamándonos por teléfono y mandándonos mensajes, para seguir comprando a la gente y debilitar la toma. Quieren seguir estirando el desalojo, pero acá hay mucha gente que está firme y no se va a ir.

J– Nosotros estuvimos viendo que es porque realmente esto no tiene dueño, no hay papeles que acrediten posesión de ninguno de los terrenos en la toma. No sé por qué dan tantas vueltas y nos tratan así, lo prorrogan para tal fecha y luego para otra y, aun los que estamos acá luchando por una vivienda digna, no tenemos respuesta de la municipalidad de Blanca Cantero ni del gobierno provincial de Axel Kicillof.

El sábado 3 de octubre, integrantes del cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento, entre los que estaba nuestra compañera diputada Mónica Schlotthauer, junto con compañeros de Izquierda Socialista Sur, fueron a la toma de Guernica para llevar su solidaridad y coordinar una próxima donación de alimentos.

Recorrieron la zona y pudieron hablar con delegadas de los cuatro barrios –20 de Junio, San Martín, La Lucha y La Unión–, que informaron sobre los insumos que están necesitando, a lo que los delegados del Sarmiento e Izquierda Socialista se comprometieron a hacerles llegar. También conversaron sobre la organización de la toma y cómo afrontan las distintas dificultades que se les imponen. “Acá hay muchas mujeres que escaparon del martirio de la violencia de género, ante la ausencia de respuesta del Estado nos organizamos para tener un techo donde vivir con nuestros hijos, lejos de la violencia”, comentó una delegada del barrio 20 de Junio.

Schlotthauer, al final del recorrido, señaló: “Miles de familias son empujadas a vivir en condiciones precarias, entre ellas muchas madres solteras, y a ocupar un pedazo de tierra. No al desalojo de Guernica, viviendas dignas ya para quienes las necesiten”.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop 

Como venimos denunciando hace meses, el gobierno peronista de Alberto Fernández y los gobernadores peronistas, radicales y de Cambiemos utilizaron el aislamiento como único método para combatir la pandemia. Pero la cuarentena, para que fuera eficaz, debía ir acompañada por una activa búsqueda y rastreo del virus y los contagios, y al mismo tiempo por el sostén económico de quienes resultaban aislados para evitar el contagio. Para tener una idea de la gravedad de la inacción oficial basta saber que la Organización Mundial de la Salud estableció que una población está bien testeada cuando, de cien testeados, solo cinco son positivos. Si son más quiere decir que no se testeó la suficiente cantidad de personas. Pues bien, en el Gran Buenos Aires hay cincuenta positivos cada cien testeados y en la CABA treinta y cinco cada cien. Increíblemente lejos de lo que recomienda la OMS.

En nuestro país acaban de cumplirse doscientos días de una cuarentena que fue quedando reducida al asueto escolar y la limitación de algunas actividades. El casi total levantamiento de las restricciones contrasta agudamente con la realidad de la pandemia, que no cesa de expandirse y está muy lejos de iniciar su descenso. Las cifras son categóricas y no bajan de 10.000 casos nuevos por día, correspondiendo ahora a Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Salta y Jujuy aportar más de la mitad de los casos. El sistema de salud se satura en todo el país y aparecen avisos en los diarios de tirada nacional que piden personal de salud para las provincias.

No hubo testeos previos que se aproximarán a los requerimientos de la OMS para aflojar la cuarentena. A los tres meses de iniciado el aislamiento comenzaron a levantarse las restricciones que, obviamente, llevaron a que la curva de contagios empezará a subir, y con ella, la cantidad de muertes que, desde entonces, se duplica cada veinticinco días. Para “disimular” las cifras aterradoras y seguir aflojando la cuarentena se escamotea el número de muertos, como los 3.500 subregistrados en la provincia de Buenos Aires y los nuevos que empezaron a aparecer en CABA y en el resto del país si se llega a utilizar un método más fiel de conteo que cruce las estadísticas hospitalarias con los datos del Registro de las Personas. Al mismo tiempo, desde el gobierno se deja caer la responsabilidad de la prevención en cada persona y se abandonan las medidas de salud pública.

La pandemia del nuevo coronavirus, iniciada en China en diciembre de 2019, ha superado la barrera de los 35 millones de contagios confirmados y se ha cobrado la vida de más de un millón de personas en todo el mundo, la mitad fue aportada por la suma de decesos de siete países del continente americano: Estados Unidos y Brasil, con la mayor cantidad, seguidos por México, Colombia, Perú, Chile y la Argentina. La responsabilidad de este luctuoso resultado es de los gobiernos patronales de distintos colores políticos que se niegan a invertir en métodos generalizados de rastreo epidemiológico y a apoyar económicamente de manera adecuada a la población aislada. En especial,  Trump y Bolsonaro, con su criminal y anticientífica política negacionista de la pandemia.  

La vacuna aún no tiene certezas en el tiempo y se sigue experimentando con diferentes tratamientos sin que ninguno haya conseguido, hasta ahora, ser suficientemente eficaz para ser aprobado clínicamente con el necesario rigor científico. Los gobiernos exhiben presuntos éxitos para enmascarar la inacción sanitaria y el levantamiento de la cuarentena.

Desde nuestro partido seguimos insistiendo en mantener el aislamiento, testear en forma intensiva a la población para identificar la circulación del virus y los focos de contagio y centralizar el sistema de salud público y privado para garantizar la atención del pueblo trabajador. Cuidar al personal de salud y sostener a los trabajadores aislados con un IFE de 40.000 pesos mensuales. Para financiar estas medidas es necesario aplicar un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como lo plantea el FIT Unidad, y dejar de pagar la deuda externa.