Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El 20 de marzo se inició la cuarentena en la Argentina. Durante varias de las semanas iniciales todas las tardes se homenajeaba al personal de la salud aplaudiendo desde los balcones. Seis meses después no hubo más “aplausazos”, pero sí palazos. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires agredió a bastonazos en la cabeza a una delegación de enfermeras que intentaba presentar un petitorio en la Legislatura porteña para que se las reconociera como profesionales de la salud. ¿Qué pasó en estos 180 días? Simplemente que los trabajadores de la salud se cansaron de sostener con su salud, sus muertos y su extenuación la lucha contra la pandemia y dijeron “así no seguimos”.

Una jornada de lucha autoconvocada

El 21 de septiembre comenzó la primavera y también es el Día de la Sanidad, motivo por el cual enfermeras y enfermeros eligieron esta fecha para autoconvocarse y realizar una gran jornada nacional de lucha. En todas las provincias, la enfermería fue el motor y el alma de una multitudinaria protesta que sumó también a gran parte del resto de los integrantes de los equipos de salud. En Buenos Aires, miles marcharon desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo. La pacífica concentración tuvo un epílogo cruento cuando la policía del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de Cambiemos, secundada por un grupo de matones de civil, la emprendió a los palazos contra las enfermeras. Policía, dicho sea de paso, que no hace todavía un año dejó con la cabeza sangrando a médicos residentes que también reclamaban frente a la Legislatura.

La pandemia ha golpeado duramente a todo el personal de salud, pero más a la enfermería, que aporta la mitad de los contagiados del equipo de salud y más de la mitad de sus muertos. Obligada al pluriempleo por los bajos salarios, agotada por la sobreexigencia de la pandemia dada la ausencia de incorporaciones de nuevos trabajadores, maltratada por los gobiernos peronistas, radicales y de Cambiemos, así como también por las patronales de los sanatorios privados que no reconocen el carácter profesional de su desempeño; abandonada por los sindicatos del ramo, ya sea de la CGT como de las CTA, finalmente, la enfermería dijo ¡basta! y salió a la calle a hacer sonar sus reclamos.

Una pandemia que no deja de extenderse

Alberto Fernández y los gobernadores peronistas, radicales y de Cambiemos practican el doble discurso, aconsejan a la población cuidarse mientras ellos aflojan las medidas de contención de la circulación del virus. La pandemia, entonces, no cesa de extenderse, hubo más de 150.000 casos en los últimos catorce días, con lo cual el acumulado de contagios confirmados se incrementó en ese corto lapso 35%, un verdadero récord.

Gran parte de este incremento se debe a la expansión del virus en el interior del país, de donde surgen hoy en día la mitad de los contagios. Santa Fe, Mendoza, Salta y Neuquén son las principales provincias afectadas por la epidemia. En el AMBA hay indicios de que la curva de contagios comenzó a estabilizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que no aumentan los contagios diarios, pero no bajan, se siguen produciendo a un número todavía muy elevado. Maliciosamente, tanto Larreta, de Cambiemos, como Kicillof, del Frente de Todos, omiten decir esto último para generar la ilusión de un alivio en la pandemia y poder continuar con el levantamiento de la cuarentena cuando, en realidad, sigue creciendo el número de contagiados y, lo que es peor, el de las muertes.

La lucha de los trabajadores de la salud es también por la salud pública

La lucha salarial de los trabajadores de la salud de Misiones sacó a la luz hasta dónde puede llegar la destrucción de la salud pública cuando se aplican las recetas del Banco Mundial y el FMI. La mayor parte del presupuesto de salud provincial va a manos de una gerenciadora privada y la parte menor se distribuye entre todos los hospitales y los centros de atención primaria de la provincia, que son los que atienden a la mayoría de la población. Entregado por la conducción de ATE y UPCN, el personal de salud ha perdido conquistas históricas, como la estabilidad que ha sido sustituida por distintas modalidades de relación laboral, todas precarias, y han llegado a salarios de miseria. Por eso, los trabajadores se han autoconvocado por fuera de los gremios y sostienen una lucha salarial.

Esta lucha de los misioneros, que es parte del descontento generalizado del personal de salud en todo el país, fue antecedente inmediato de la gran movilización nacional del 21S. Como la de la provincia mesopotámica, esta movilización se hizo al margen de los sindicatos tradicionales que han entregado sistemáticamente a sus representados. Es necesario continuar realizando asambleas en los lugares de trabajo, creando instancias de coordinación locales y nacionales para darle batalla a los planes de ajuste de Alberto Fernández y de los gobernadores peronistas, radicales y de Cambiemos. Por aumento de salarios, por más medidas de protección personal, por licencias a los trabajadores en riesgo y testeos masivos. Lucha que deberá extenderse a la exigencia de un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.

Escribe Diego Martínez

Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández se reunieron el viernes pasado para delinear los trazos de la continuidad de la cuarentena. Coinciden en “no romper el diálogo”, pero esta vez no hubo conferencia de prensa conjunta. Sigue la disputa por los fondos entre la Nación y la CABA. Rodríguez Larreta, de Cambiemos, hizo una presentación en la Corte Suprema, aunque en realidad confesó que busca llegar a un acuerdo sobre este tema con el presidente. El gobierno peronista, por su parte, le dio continuidad a la disputa por intermedio de las declaraciones de su ministro del Interior, Wado de Pedro, quien afirmó: “Si este decreto es inconstitucional, entonces también lo fue el que firmó Mauricio Macri a poco de asumir, que casi triplicó arbitrariamente los fondos que recibía el gobierno porteño de Cambiemos con el supuesto objeto de sostener el traspaso de la Policía Federal a la ciudad” (Página/12, 12/9/2020).

Más allá de esta disputa entre los dos partidos patronales, lo cierto es que el problema de fondo es otro. 

¿El problema es la mala distribución del presupuesto?

El gobierno del Frente de Todos viene planteando que su postura refleja un acto de “federalismo y justicia social”. Le estaría quitando fondos al distrito más rico del país para “favorecer a la mayoría de los argentinos”. Se trata de una simple mentira. Los fondos que el gobierno sacó de la Ciudad no fueron utilizados para fortalecer al sistema de salud en todo el país frente a la pandemia ni para impulsar la construcción de viviendas populares frente al enorme déficit habitacional que se evidencia en la Argentina, sino que fueron destinados a financiar el aumento salarial que le otorgó a la policía bonaerense y que le niega al personal de salud, a los estatales y los docentes. Esta pelea “en las alturas” no es para para dar repuestas a las enormes necesidades populares que existen en el país de conjunto. No se trata de enfrentar a una provincia con otra ni de reeditar viejas disputas entre unitarios y federales. Hay provincias más pobres que otras, pero las necesidades del pueblo trabajador existen en todos lados, inclusive en la CABA, donde hay decenas de villas miseria y asentamientos. El gobierno peronista habla de “equilibrar” la situación repartiendo mejor el presupuesto, pero ese equilibrio no es para que todos vivamos mejor sino al revés.

La miseria que sufren amplios sectores de trabajadores y sectores populares es la consecuencia de la implementación de un modelo económico capitalista que beneficia a las multinacionales, los bancos, las grandes empresas nacionales y el FMI. En lo que va del año, según cifras oficiales, se destinaron más de 4.500 millones de dólares para el pago de deuda externa, más del doble de lo asignado para salud. En los próximos días se tratará el presupuesto 2021 en el Congreso y, tal como denunciamos de forma extensa en otro artículo de esta edición de El Socialista, se prevé bajar el déficit fiscal a 4,5%, siendo que este año el déficit será del 8 por ciento. Para llegar a esa meta el gobierno tiene que aplicar un enorme ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores y los sectores populares.

El peronismo lleva gobernando veinticuatro de los últimos treinta años el país y la desigualdad social siguió agravándose. El problema de fondo no fue la mala distribución de recursos entre las provincias, sino la política aplicada por estos gobiernos patronales, sean peronisas, radicales y de PRO, que nunca cambiaron la estructura económica impuesta en el país por el imperialismo yanqui y que se profundizó con la última dictadura militar de 1976. Esta estructura está basada en el saqueo del país de la mano de las multinacionales y en la concentración de grandes grupos capitalistas nacionales que se adecuaron a los planes imperialistas. En las últimas décadas gobernaron distintas variantes del peronismo, con distintos discursos y matices entre sí, pero ninguno de estos gobiernos, incluido el peronismo kirchnerista, cuestionó la estructura económica impuesta a sangre y fuego con la represión de los militares y la complicidad de radicales y peronistas. Los grandes ganadores de este modelo económico capitalista que se apropian de la riqueza generada por los trabajadores son los bancos, las empresas agroexportadoras y los grupos concentrados, que quedan, de la industria nacional.

El gobierno usa su doble discurso para confundir a los trabajadores y sectores populares queriéndoles hacer creer que el principal problema es que hay una desigual distribución del presupuesto por culpa de la “derecha” y que entonces debemos apoyar al gobierno del Frente de Todos, que pelea contra este sector para lograr una distribución más “equilibrada”. Pero en realidad el centro del problema es que el gobierno peronista fija prioridades que nada tienen que ver con resolver las urgentes necesidades del pueblo trabajador y sí con los intereses de los grandes empresarios y las multinacionales.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad proponemos un modelo económico totalmente opuesto, al servicio de los trabajadores y no de los grandes empresarios. Para acabar con la miseria y las grandes necesidades sociales y enfrentar la pandemia, hay que romper los lazos que nos atan al FMI y el imperialismo, dejando de pagar la ilegal, ilegítima e inmoral deuda externa. Así como también imponer un verdadero impuesto a las grandes fortunas, medidas a tomar mientras seguimos la pelea estratégica por un gobierno de los trabajadores y una Argentina y un mundo socialistas.

Escribe Claudio Funes

Al cierre de esta edición, el juez Rizzo de Cañuelas postergó el desalojo con el que se venía amenazando a los pobladores de la toma de tierras de Guernica. Un importante avance parcial, producto de la fuerza de la lucha, la movilización y la solidaridad que rodeó a la toma.

Pero se trata apenas de una postergación. Y no debemos confundirnos: tenemos que seguir organizados y movilizados en estos días. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando: las tierras tomadas en Guernica, Presidente Perón, provincia de Buenos Aires, han constituido uno de los asentamientos más importantes del país, que reúne a más de 2.500 familias.

Más de quinientos efectivos de la policía bonaerense, la misma que acaba de protagonizar una protesta por reclamos salariales, están aprestados para participar del operativo, que ahora se postergó por apenas unos días. Para los integrantes de esta fuerza  la pobreza del otro es delito.

A cambio de resolver las dificultades que tienen el pueblo trabajador y los sectores populares para acceder a una vivienda, el gobierno peronista responde con la mano dura de Berni a la cabeza de un impresionante operativo represivo. Los gobiernos del Frente de Todos de Alberto Fernández y Axel Kicillof no ofrecen soluciones de fondo.

Según el registro del Ministerio de Seguridad, en Buenos Aires hay cinco intentos de tomas de tierras cada semana.

Si bien el fenómeno es histórico en la provincia gobernada por Kicillof, tomó una nueva dimensión en la cuarentena por un mayor incremento de la pobreza.

Las imágenes de la ocupación de tierras en Guernica son desgarradoras. Hombres, mujeres y niños viven en carpas y chozas construidas con desechos en medio de la nada.

¿Cómo se explica esto? Según la Secretaría de Vivienda de la Nación, el déficit habitacional del país alcanza a casi 4 millones de familias, casi un tercio de la población argentina. Esta cifra incluye tanto al déficit cuantitativo (nueva vivienda), como al cualitativo (viviendas que no cuentan con requisitos básicos, como falta de servicios, calidad de materiales, hacinamiento, etcétera). Desglosando esta cifra, se estima que se necesitan construir 1,5 millones de viviendas.

Los gobiernos patronales agravaron el problema habitacional

Surge de estos datos que los distintos gobiernos patronales, radicales, peronistas o de PRO, han dejado de lado la decisión de resolver este gravísimo déficit.

El proyecto de presupuesto del gobierno del Frente de  Todos para el año 2021 es un claro ejemplo de lo que manifestamos. Destina a vivienda 151.525 millones de pesos, mientras que a pagos de vencimiento  de deuda van 665 mil millones: ¡más de cuatro veces más!

Se calcula que desde 2000 en adelante se vienen construyendo 210.000 hogares por año, de los cuales 35.000 tienen graves problemas habitacionales. Estamos hablando de cientos de miles de personas que deben resolver su problema de vivienda.

A este fenómeno debemos agregar que muchos trabajadores, del interior o de países vecinos, llegan al AMBA en busca de trabajo, y si bien es posible que lo consigan, será en condiciones de precariedad, informalidad y con sueldos magros. Con salarios por debajo de la línea de pobreza es imposible acceder a una vivienda digna.

En el AMBA, que posee una superficie de 13.285 kilómetros cuadrados (menos del 0,5% de la superficie del territorio nacional), reside el 37% de la población total del país, más de quince millones de personas. Esta megalópolis, una de las más extensas del mundo, es la segunda región más pobre de la Argentina después del Noroeste, aunque genera el 48% del PBI nacional. No es una paradoja, es la expresión del capitalismo en un país semicolonial. Esta es la verdadera grieta.

Son estas condiciones materiales existentes, promovidas por los distintos gobiernos patronales de turno que, potenciadas por la pandemia, desembocaron en la desesperada  toma de tierras en Guernica.

Guernica pone al desnudo la profunda crisis económica y social, y la habitacional en particular, que padecen los trabajadores y los sectores populares empobrecidos que ya no pueden pagar un alquiler o que huyen del hacinamiento para no ser víctimas del coronavirus.

El gobierno del Frente de Todos no da soluciones

No hay internas en el gobierno peronista respecto de la política hacia la ocupación, por eso Sergio Berni y Sabrina Frederic, ministra de Seguridad nacional, coinciden en este punto con la oposición patronal y los grandes medios como La Nación, Clarín, Crónica e Infobae, que llevan adelante una furibunda campaña por el desalojo.

Pero detrás de la repudiable expulsión de albañiles, costureras, peones, changarines, trabajadores de la salud, de maestranza, personal de seguridad privada, obreras y obreros que trabajan en precarios establecimientos en negro hay poderosos intereses económicos. El principal instigador es el grupo inversor El Bellaco (la denominación no es coincidencia), que proyecta expandir el Club & Country San Cirano, un lujoso emprendimiento inmobiliario que se desarrolla en 365 hectáreas y que contempla la construcción de cinco barrios privados en tierras abandonadas por décadas y sobre las que nadie puede acreditar un título de dominio.

En todos sus niveles, el gobierno que levanta la bandera de los derechos humanos está por la defensa del negocio inmobiliario. Blanca Cantero, intendenta peronista de General Perón, y esposa de Carlos Acuña, el burócrata de la CGT, cierra filas y manifiesta con cinismo: “No hay nada que negociar porque hay una orden de desalojo” […] “Es un drama complejo y hay que decirlo con todas las letras: las tomas son ilegales, sea un lote del Estado o de un privado” […] "Hay que trabajar con la falta de vivienda pero, para eso, hay que darle tiempo al Estado". ¡Caradura, hace veintisiete años que el peronismo gobierna la provincia!

Alberto Fernández y Axel Kicillof son más de lo mismo. No ofrecen solución alguna a los reclamos del pueblo trabajador, solo amedrentan y meten miedo. Y Sergio Massa va en esa línea cuando propone quitarles el IFE y la AUH a los que tomen terrenos. El gobierno peronista no va a hacer otra cosa, solo tiene como prioridad el pago a los bonistas y al FMI.

Desde Izquierda Socialista repudiamos cualquier intento de desalojo y la represión a los ocupantes de los terrenos. Exigimos una solución inmediata al problema habitacional en un país donde más del 90% de su población se concentra en zonas urbanas. Es necesario implementar un plan de emergencia utilizando espacios que garanticen techo y cobijo a las miles de personas que están en situación de calle o habitan en casillas. Hay que confiscar viviendas y tierras ociosas de millonarios y entregar subsidios a los trabajadores y los sectores populares para que puedan construir. Y, como salida de fondo, proponemos un plan nacional de construcción de viviendas para terminar con el desamparo de millones de familias, financiado con el cobro de un impuesto a la riqueza de los grandes capitalistas, los bancos y las multinacionales y con el no pago de la deuda externa, tal como lo planteamos desde el FIT Unidad.

Este martes se llevó a cabo en el Obelisco una conferencia de prensa con representantes de las organizaciones que actúan en Guernica, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, personalidades como Norman Briski y referentes de la izquierda, entre ellos nuestro compañero Juan Carlos Giordano. El doctor Soares, de la Gremial de Abogados que actúa en la defensa de los vecinos de Guernica, señaló: “Nosotros apelamos el desalojo porque en el expediente judicial no hay dueños de esas tierras, no hay titulares de dominio que ejerzan la propiedad de ese inmueble, estamos hablando de predios vacíos durante décadas. Los que se presentaron fueron dos o tres vecinos y, por supuesto, la principal empresa inmobiliaria del lugar, sin ninguna documentación que acredite no sólo la titularidad (que sería imposible), sino tampoco algún tipo de dominio sobre el inmueble, que podría tener animales, sembrados, depósitos, nada. Era un terreno vacío ocupado sin despojar a nadie, sin echar a nadie y sin ejercer ningún tipo de violencia sobre ese inmueble. Y con esa truchada de un tipo que dice “me lo dio la Iglesia para cuidarlo y como pasaron treinta años es mío”, otro que dice “el dueño de esto era mi patrón, yo me quedé y soy el dueño porque el patrón me dijo que cuando se vaya iba a ser el dueño”, pretenden el desalojo. El Bellaco S.A., la principal empresa, lo único que acompañó fue un plano por internet que hasta lo hace un nenito de cinco años. Con esos elementos armaron la causa entre las grandes inmobiliarias y la intendencia de la zona. Y cuando se dio la primera mesa de diálogo, la intendenta dijo: “La prioridad son los dieciocho countries que rodean a este predio”. No lo podíamos creer. Lo segundo que dijo fue: “Cuando llegué a la intendencia de Guernica eché a todos los fiscales porque respondían a la administración anterior y puse a los míos”. La usurpación se configura solo si yo despojo a alguien de un bien o me meto en un bien del cual una persona reclama que es suyo, no es este el caso.

Escribe Gastón Godoy

La empresa Glovo, una multinacional catalana dedicada al delivery, dejará de operar en la Argentina. Los trabajadores de la app se enteraron por un mensaje que les envió la empresa algunas horas antes de que la noticia estuviera en los medios, lo que generó mucha bronca e indignación. Glovo le vendió sus operaciones de América latina a otra multinacional, la alemana Delivery Hero, dueña de Pedidos Ya, por un monto que alcanza los 272 millones de dólares. 

La empresa, con ganancias multimillonarias, se va del país y deja a más de tres mil repartidores y setenta administrativos sin trabajo. La “solución” que brinda Glovo a sus repartidores es que tendrán “preferencia” a la hora de anotarse para pasar a Pedidos Ya. Una burla total.

Glovo aumentó tres veces el costo del servicio durante la cuarentena, pero eso no se trasladó al monto que perciben los repartidores. Inclusive, con el incremento de la cantidad de pedidos llegaron a cobrar menos. 

Y ahora vende sus operaciones de Latinoamérica (Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana) porque en estos países no es líder del mercado, aunque sus ganancias fueran monstruosas producto de la miseria que pagan a sus trabajadores. La Argentina se ubica en el top 5 de países de Glovo a nivel mundial, y Buenos Aires era la sede de operaciones para esta región.

Para El Socialista, entrevistamos a Fernando, trabajador de Glovo y Pedidos Ya.

–¿Cuál es tu situación actual siendo trabajador de Glovo? ¿Qué les dijo la empresa?

–Nos dice que Glovo Latinoamérica fue vendida a Pedidos Ya. El comunicado no es claro, porque dice que “en las próximas semanas” dejarán de operar, pero no da precisión. En los medios dicen que Glovo se va en octubre. La empresa dice que, si querés, podés inscribirte y pasar a trabajar a Pedidos Ya, pero no hay ningún resarcimiento. En teoría, tendríamos prioridad para ingresar a Pedidos Ya (quienes ya no son parte), pero el único “beneficio” es un ítem del formulario que pregunta si estabas en Glovo. Al final del mensaje confirman que no hay ningún vínculo laboral.

–¿Cómo eran las condiciones laborales?

–Malas. Tenías que comprar tu mochila, te obligan a hacerlo. La empresa te da un cargador externo y un portacelular, que me duró dos semanas. Si querés campera, casco y demás accesorios tenés que comprarlos, accesorios que valen casi 2.000 pesos. Aun así, Glovo pagaba más que las otras aplicaciones, sobre todo porque abonaba el tiempo de espera (algo que Pedidos Ya y Rappi no pagan). El valor del viaje, además de la espera, depende de la distancia, se rigen por multiplicadores. Si te roban la bicicleta, como me pasó a mí, ninguna empresa te reconoce nada, ni siquiera una pinchadura de rueda.  

–Por lo que decís, no tienen seguridad de mantener el trabajo y las condiciones son peores.

–Primero, porque no hay garantías de que te vayan a contratar de inmediato. Otra cuestión es que las comisiones de Pedidos Ya son bastante inferiores, los turnos son más restrictivos y hay zonas de logueo específicas, a veces te obligan a ir a trabajar a lugares muy lejanos de donde vivís. A mí me pasó tener que ir de San Telmo, donde vivo, hasta Núñez. Eso implica un viaje largo, tiempo extenso y el cansancio grande, que obviamente no se contempla. En Pedidos Ya, calculo que voy a ganar el 30% menos de lo que ganaba en Glovo, al menos por un par de meses, hasta que pueda estar “bien considerado” nuevamente por los algoritmos de la aplicación. Pero mis gastos no bajan 30 por ciento.

Además, para trabajar utilizás paquetes de datos del celular, que no van a bajar de precio, y que la empresa no se hace cargo. O sea que nuestros costos van a ser más difíciles de afrontar.

 –¿Cómo se están organizando?

–En las redes sociales se dice que va a haber un nuevo paro internacional, pero todavía está trabado. Los compañeros están preocupados porque quieren saber cuánto va a tardar en hacerse ese supuesto traspaso, esa es la mayor incertidumbre. Y aunque sean incorporados, no saben si van a cobrar lo mismo. 

Si no fuera una actividad lucrativa no se vendería por 272 millones de dólares, y eso que aquí la empresa no es líder. Nos estamos organizando para seguir luchando y reclamando por nuestros derechos.