Escribe Adolfo Santos

En esta cuarentena la inflación se ha convertido en un nuevo enemigo a ser enfrentado. Con salarios prácticamente congelados, familias enteras recibiendo un salario mínimo y otras dependiendo de ayudas del gobierno que muchas veces ni llegan, el aumento de precios de los productos básicos se hace insoportable.

En marzo la inflación fue de 3,3%, llegando a 7,8% en el trimestre y acumulando 48,8% con respecto a marzo del año pasado. Son datos oficiales, aunque todos sabemos, cuando llegamos a las góndolas, que la realidad es mucho más grave. En los dos primeros meses del año el gobierno hacía alarde de que la inflación venía “a la baja” (frente a los números astronómicos del año anterior con el gobierno de Macri). Igualmente, los artículos de primera necesidad, aun en ese entonces, siguieron subiendo. Pero ahora el incremento se aceleró con todo, hay analistas que ya anuncian un índice cercano a 60% para este año. Una verdadera bomba de relojería.

¿Por qué se desboca la inflación justo en medio de la cuarentena? Más allá de explicaciones técnicas de los economistas del establishment (todas ellas falsas, ya que aluden a la relación entre la emisión monetaria con “la oferta y la demanda”), la explicación es mucho más terrenal: los grandes grupos monopólicos de la alimentación (Arcor, Molinos, empresas lácteas como Danone o La Serenísima), de productos de limpieza o tocador (Procter&Gamble, Unilever), de agua y bebidas (Coca, Pepsi) junto con las cadenas de hipermercados (Carrefour, Coto, Día, La Anónima) aumentan abusivamente y a su voluntad los precios. Hasta ahora el gobierno no ha actuado con el rigor necesario para proteger a los consumidores y castigar a los inescrupulosos.

Es inadmisible que en medio de esta grave crisis los empresarios se aprovechen para aumentar sus ganancias. El gobierno debe de inmediato castigar con la ley de Abastecimiento ejemplarmente a los que no respetan los precios máximos establecidos y divulgando sus nombres para que todos sepan quiénes realmente provocan la inflación. Hay que establecer mecanismos de fuertes multas, clausuras y confiscar las mercaderías de los que violen los precios máximos establecidos, distribuyendo esos productos de forma gratuita a los sectores más necesitados. 

Escribe José Castillo

Los bancos privados que operan en el país vienen siendo los privilegiados de siempre. “Se la llevan en pala”, llegó a decir la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una frase célebre. Es que ganan siempre, haya o no crisis, la economía crezca o se hunda. El año pasado, por citar solo un ejemplo, las ganancias de los bancos en conjunto se duplicaron con respecto al año anterior mientras la economía se hundía, crecían la pobreza, los despidos y la inflación. Así, el banco Galicia reportaba ganancias por 42.515 millones de pesos, Macro 40.800, Patagonia 18.211 y Supervielle 4.261 millones. Y hasta acá estamos hablando de los bancos con dueños argentinos, Eduardo Escasany (Galicia), Jorge Brito (Macro), Julio Patricio Supervielle (Supervielle), Stuart Milne y González Moreno (Patagonia, aunque cedieron parte de la propiedad al Banco do Brasil). A ellos hay que sumarle los bancos extranjeros que operan (y esquilman) al pueblo trabajador argentino: los españoles Santander y BBVA-Francés, el chino ICBC, el británico-chino HSBC y el norteamericano Citibank (que si bien vendió su banca minorista al Santander sigue operando para empresas), que no informan sus superganancias en nuestro país.

Todos ellos cometen los mil y un abusos. Cobran tasas abusivas por financiar las tarjetas de crédito (con un costo financiero total que llega a 120%), le descuentan los cheques o le cobran por descubierto al trabajador independiente, al remisero o al quiosquero con tasas también astronómicas. Y siguen sin otorgar los créditos a los que, supuestamente según el gobierno, están obligados. La excusa es pedirle al pequeño ahorrista los mil y un requisitos hasta hacerle imposible el acceso a ese beneficio. Los miles de millones de pesos que el Banco Central les “liberó” en medio de la pandemia a los bancos para que los utilicen en esos préstamos, o bien se los están otorgando con exclusividad a su clientela de grandes empresas, o bien directamente los están utilizando ellos mismos para operaciones de compra de dólares en los mercados exclusivos (los llamados MEP o contado con liqui), provocando en estas últimas semanas que el valor de la divisa pase los 100 pesos.

Y como se visualizó en las semanas anteriores, la inmensa mayoría de los bancos privados, entre ellos todos los extranjeros, se niegan absolutamente a cumplir rol social alguno con algo tan básico como pagar jubilaciones o asignaciones universales. Los bancos estatales (Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires) terminan siendo los que las pagan en todas sus sucursales, los que están presentes en barrios o pueblos donde muchas veces son la única ventanilla para cobrar algo o el único cajero automático y los únicos que cumplen en otorgar los créditos que tanto se anuncian rimbombantemente.

Por eso, en esta emergencia, los bancos privados (nacionales y extranjeros) deben estar, sin duda, entre aquellas empresas que deben pagar un impuesto especial de 10% de sus ganancias (por sobre lo que tributan habitualmente).

Porque esta coyuntura pone una vez más a la vista los privilegios que vienen gozando desde la época de la dictadura militar. Vergonzosamente, la actividad sigue regida por la Ley de Entidades Financieras dictada por Martínez de Hoz y Videla en 1977, no derogada por ninguno de los gobiernos posteriores. Terminar con esta legislación, nacionalizando la banca, es lo que desde siempre venimos proponiendo desde la izquierda, para que así el conjunto del ahorro popular pueda volcarse a resolver las más urgentes necesidades de salario, trabajo, educación, salud y vivienda. 

Escribe Diego Martínez

La pobreza sigue creciendo en el país a un ritmo alarmante. No se trata de un fenómeno nuevo. Durante 2019 se sumaron 2,2 millones de pobres (datos Indec). El crecimiento se siguió manifestando durante el primer trimestre de 2020, tras la asunción de Alberto Fernández a la presidencia. Es la expresión de las políticas de ajuste, los pagos al FMI y los beneficios a las grandes empresas que vienen aplicando los sucesivos gobiernos en detrimento del bienestar de los trabajadores y los sectores populares.

Nuevos pobres

Los datos oficiales de diciembre de 2019 dicen que en la Argentina hay 35,5% de pobreza, pero ese dato quedó totalmente desactualizado. Desde que se desató la crisis del coronavirus se calcula que entre 4 y 5 millones de trabajadores que están en negro o haciendo changas dejaron de percibir ingresos (datos Clarín, 19/4/2020). Muchos se encuentran en situación de pobreza y varios en situación de indigencia. Por primera vez en su vida piden la ayuda del Estado para poder subsistir. Además, muchas de las personas que venían recibiendo planes sociales complementaban sus ingresos con changas o algún emprendimiento familiar, que ahora no pueden realizar. Los “viejos” pobres están a su vez más empobrecidos. Para paliar esta situación el gobierno dispuso de un bono de 10.000 pesos a cobrar por única vez que resulta totalmente insuficiente para una familia y que muchos cobrarán recién después del 5 de mayo. De los 12 millones que se inscribieron para recibir el ingreso familiar de emergencia (IFE), 4 millones fueron rechazados, la gran mayoría de ellos por problemas burocráticos, quedando totalmente a la deriva. Aunque es un monto insuficiente, nosotros reclamamos que sea de 30.000 pesos, hay que otorgárselo a todo aquel que lo necesite.

Comida para todos y todas

La situación en los barrios es alarmante. El principal drama es la falta de comida. La asistencia alimentaria que dan el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipios es totalmente insuficiente. En los municipios ya no responden a nuevas solicitudes de comida, las organizaciones sociales denuncian que reciben menos alimentos que los que les corresponden, las escuelas reciben bolsones en una cantidad mucho menor que su matrícula y en varias provincias no se deposita el dinero correspondiente en la tarjeta alimentaria. Los que tienen la suerte de recibir un bolsón obtienen muy pocos artículos que a los dos o tres días se acaban. Frente a esta situación muchos vecinos en los barrios deciden solidariamente dar de comer en sus casas, poniéndose en riesgo de contagio al hacerlo sin los elementos y las condiciones de protección correspondientes. Lamentable. Es el gobierno nacional el que tiene que asegurar la comida para todos los que la necesiten. 

Para garantizar la comida en todos los barrios del país y un verdadero ingreso familiar de emergencia que se cobre mensualmente, que lo cobre cada miembro del matrimonio, y no solo uno de ellos, y que alcance la suma de 30.000 pesos, es necesario implementar un fondo de emergencia de forma inmediata. Hay que utilizar los 4.500 millones de dólares que están predestinados al pago de deuda externa a estos fines, así  como también aplicar un impuesto a los grandes empresarios y a las multinacionales, como propone el proyecto de ley del Frente de Izquierda Unidad ¡Que la crisis la paguen los ricos, las grandes empresas y los bancos, no los trabajadores y el pueblo!

Escribe Doris Mansilla

En el Ministerio de Desarrollo Social se viene peleando por salarios y pase a planta luego de meses de no cobrar (algunos casos desde julio de 2019) y pérdida de empleo activo por cierre de programas en un vaciamiento del servicio esencial que prestan estos trabajadores que están en la primera línea, batallando sin recursos institucionales y de protección personal y de seguridad con el sector más golpeado de la sociedad. La función que lleva a cabo este ministerio es esencial, trabaja directamente con la pobreza y sus problemáticas y necesita de políticas públicas eficaces y presupuesto.

La provincia no se queda atrás en el doble discurso. El descaro del ministro de Desarrollo Social, Yedlin, de lanzar un programa “solidario” de cuidado familiar de emergencia para que más de ochenta pequeños de hasta 5 años puedan ser alojados “en viviendas dignas” es muestra de ello. ¿Y los hogares de la provincia, ministro Yedlin? ¿O será que el vaciamiento y la falta de pago del personal los transformó en “no dignos”? El gobierno de Manzur hace de las políticas una puesta en escena digna de Cien años de soledad, desfinanciando los sectores más sensibles, salud y desarrollo social, y reforzando el aparato represivo.

Los conducciones de los gremios callan y dejan correr y actúan solo ante cualquier atisbo de organización. En eso están ATE y UPCN por igual. Desde Izquierda Socialista llamamos a organizarnos desde abajo para frenar este ajuste brutal.

Aunque la pandemia es un hecho novedoso, que nos obliga a dar respuestas a situaciones inéditas por la gravedad sanitaria que vivimos, estas las debemos elaborar en el marco de los mismos criterios sindicales con los que nos manejabamos antes. Porque el rol del imperialismo, las patronales, el gobierno y la burocracia sindical, no ha cambiado. Hay agrupaciones político-sindicales docentes que, frente al coronavirus, se confunden y pierden estos criterios, presionados por un lado por el sano sentimiento de solidaridad social con el que la docencia en general y la izquierda en particular siempre nos hemos movido. Pero, por otro, terminan cediendo al “voluntariado” al que apelan el gobierno y la burocracia. No han advertido las maniobras que los diferentes gobiernos han implementado contra la docencia y la educación pública.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, coordinador nacional de Docentes en Marcha

Como sindicalismo docente combativo debemos defender el salario, los derechos laborales y la escuela pública, denunciando a los gobiernos provinciales y nacional y sus permanentes ataques. Es esencial defender el pago del 100% del salario a todos los docentes, rechazar los acuerdos a la baja firmados por las burocracias. Exigir la reactualización mensual según el costo de la canasta familiar. Que no quede ningún docente sin cobrar y se garanticen los ofrecimientos y actos públicos para tomar los cargos vacantes y suplencias, que el gobierno suspendió. Y, mientras se realizan de manera virtual, que paguen el salario que estaba cobrando cada docente al finalizar 2019 o, al menos, 40.000 pesos mensuales.

Mientras la burocracia actúa de correa de transmisión de la política del gobierno, apoyando sus medidas, nosotros denunciamos el ataque a los derechos laborales, las clases virtuales sin infraestructura tecnológica y habitacional de muchísimos docentes, sin centralidad pedagógica, la súper explotación laboral de no tener horarios para responder correos electrónicos y/o mensajes de alumnos y familias. Sufrir aprietes que exigían informes de nuestros trabajos, cantidad de alumnos conectados, evaluaciones y calificaciones, entre otros.

Producto de las fuertes y sólidas denuncias, de los sindicatos combativos (Ademys, Amsafe Rosario, Suteba multicolores) es que Trotta tuvo que desdecirse, admitiendo que este sistema no puede reemplazar a la educación presencial ni al rol del docente en el aula. Que no serán necesarias las calificaciones virtuales, ni se perderá el ciclo lectivo 2020. Que están implementando un sistema de textos en papel para que llegue a los alumnos. Por supuesto, a las palabras del gobierno se las lleva el viento y será una dura pelea lograr que sostenga esas posturas y archiven sus proyectos de reemplazar docentes por “facilitadores virtuales”.

Defendemos la escuela pública estatal, contra su privatización

Estamos por la defensa de la escuela pública, denunciando que no sigan avanzando los planes del imperialismo, del Banco Mundial, que buscan liquidar el derecho social a una educación pública, gratuita, estatal. Buscan convertir a la educación en una mercancía más, privatizando todo el sistema educativo. Quieren que estudien los que paguen y los pobres vayan a una escuela estatal convertida en “centros de alfabetización, comida y contención social”.

En las últimas décadas los gobiernos avanzaron en esos planes del Banco Mundial gracias a las traiciones de la burocracia, pese a las grandes luchas de la docencia. Lograron la transferencia de las escuelas a las provincias, atomizando el sistema educativo nacional y los salarios docentes. O el pulular de escuelas privadas, la privatización de servicios y de cursos de formación, mientras destruyen la formación continua estatal o la infraestructura de la escuela pública. Lamentablemente también, bajo el eufemismo de “integración” o “inclusión”, han avanzado en arrasar con la educación de adultos, las escuelas especiales o con los roles del docente. En este aspecto la “inclusión” y las escuelas de jornada extendidas, sin fondos, sin más personal, sin infraestructura, lleva a que tanto la dirección de las escuelas como los docentes debamos cumplir tareas de alimentación y contención social, además de pedagógicas.

La solución para esto es una fuerte inversión en el presupuesto de educación y salud, ya. Por eso no perdemos de vista la exigencia al gobierno nacional y a los gobernadores, que dejen de pagar la deuda externa, que quiten todos los subsidios a las escuelas privadas y se implemente un Fondo de Emergencia con un impuesto del 10% a las grande fortunas, banqueros, multinacionales y empresarios.

¿Comedores, voluntariados, asistencialismo? El rol docente y del sindicalismo combativo

Como hemos dicho miles de veces, la escuela pública es una caja de resonancia de la crisis social. Ningún docente es ajeno a los graves problemas que viven nuestros alumnos. Y permanentemente estamos actuando en la escuela para que el gobierno las resuelva, muchas veces haciéndonos cargo nosotros, solidariamente.

Pero el proyecto del Banco Mundial que la escuela pública deje de ser un pilar en la “movilidad social” para convertirse en “contención social”, se fue naturalizando. Por eso, una de las tareas centrales del sindicalismo combativo es denunciar estos planes y enfrentarlos, exigiendo la renacionalización del sistema educativo y su financiamiento, terminar con la educación privada y rechazar el rol del docente “asistencialista”, reclamando la formación pedagógica continua y tareas educativas claras. Ceder en estos reclamos, frente a un “posibilismo” y “costumbrismo” de tareas que no corresponden, es capitular a la política del gobierno.

Hay agrupaciones docentes, como la Gris del Nuevo Mas, la Marrón del PTS y otras, que desde el inicio han menospreciado la validez sanitaria de la cuarentena. En vez de centrar su política en exigir a los gobiernos que inviertan todo lo necesario en garantizar la alimentación, el reparto de bolsones casa por casa, insumos de higiene y seguridad, textos, etc., tienen la política de organizar voluntariados para repartir bolsones de comida en las escuelas (¡como si esa fuera una tarea de la docencia!). Esta política “asistencialista” se apoya en que muchos docentes se sienten angustiados por la situación social de las familias de nuestras escuelas. Por supuesto que compartimos y acompañamos esa sana intención solidaria de nuestros compañeros de escuela, con la que muchísimas veces hemos realizado actividades en medio de inundaciones o desgracias. Pero que una agrupación político-sindical combativa impulse ahora la ruptura de la cuarentena sanitaria a docentes y a los sectores socialmente más vulnerables, nos parece una irresponsabilidad. Repiten este criterio sindical “asistencialista” cuando reclaman a los sindicatos combativos que se encarguen de entregar bolsones o ayudas a docentes que no cobran, cuando el rol del sindicalismo combativo debe ser obligar al gobierno que les pague. ¿Estas agrupaciones propondrán voluntariados para recolectar la basura o colocar inyecciones, donde el gobierno no garantice la plata para recolectores o trabajadores de la salud? Así está actuando la burocracia sindical con sus iniciativas, como ofrecer lugares para los que se enfermen, en vez de enfrentar a las patronales y gobiernos que descuentan salarios, despiden y no ponen más plata para la salud pública.

Por supuesto que impulsamos la más amplia solidaridad con todos los sectores que lo necesitan, familias pobres, despedidos, trabajadores de la salud. Y acompañamos a los sectores que ven la necesidad de la solidaridad. Pero, como dirigentes de sindicatos combativos, el primer paso es la exigencia a que sea el gobierno el que lo garantice, sin arriesgar la salud de los docentes y las familias. A través de denuncias sólidas, como las que hemos realizado obligando al gobierno a cambiar su postura pública sobre la educación virtual, por ejemplo. Con todo tipo de acciones, inclusive la movilización de ser necesaria, con todos los cuidados sanitarios. Pero exigiendo al gobierno que utilice los fondos para educación, salud, salarios, ayuda social, en vez de para la deuda o subsidiar y ayudar a los grandes empresarios y multinacionales.