Neuquén: reclamos con paros y movilizaciones

En medio de la cuarentena, trabajadores de varios sectores de la provincia se movilizan reclamando distintas demandas. Los empleados de la salud de los principales hospitales de la capital neuquina salieron encolumnados, con barbijos y manteniendo distancia, a abrazar los edificios exigiendo ropa de trabajo adecuada y material para cuidar su salud, el pago del bono estipulado por Nación, que no se concretó en la provincia, el pago en tiempo y forma de los salarios ante la amenaza del gobierno provincial de abonar desdoblado, y la actualización trimestral según el IPC pactada en paritarias. Por otro lado, los trescientos mineros que explotan el oro en la ciudad de Andacollo cortaron durante varios días la ruta 40, la principal vía cordillerana del país, exigiendo a la empresa Trident Southern Explorations que les paguen los sueldos del mes de marzo ante la pasividad del gobierno, que es el concedente de la explotación y no hace nada desde el Ministerio de Trabajo.

Por otra parte, dirigentes de seccionales opositoras del sindicato docente ATEN, entre los que se encuentran Angélica Lagunas y Diego Rubilar, integrantes por la minoría de la directiva de Capital, vienen reclamando que se paguen los salarios adeudados a cerca de mil docentes y que también se adjudiquen las horas y cargos pendientes de cubrir en los distintos niveles educativos que dejan a miles de estudiantes sin sus docentes y a cientos de maestros desocupados. El reclamo consiguió que durante el fin de semana se le pagará a una minoría de los docentes. Ahora, desde la dirigencia opositora a la conducción kirchnerista de ATEN, se está planificando un reclamo callejero para el curso de la semana.

Por último, desde la seccional UTA, los choferes de colectivos están en estado de alerta ante el riesgo de que a principios de mayo se repita el atraso salarial de abril, que llevó a paros del transporte en la capital neuquina durante dos días.

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Chubut: textiles marcharon contra rebaja salarial

En Trelew quinientos trabajadores del sector marcharon en rechazo al acuerdo firmado por la conducción de la Federación Argentina de Industrias Textiles (FITA), que habilita a las patronales a descontar la mitad del salario a los trabajadores que están cumpliendo cuarentena. Esto generó indignación entre la mayoría de los textiles que en su marcha le pidieron al intendente de Trelew que interceda por este escandaloso y vergonzoso acuerdo firmado a espaldas y contra los trabajadores.

La movilización en defensa del salario se dio cumpliendo con la distancia necesaria en medio de la pandemia y mostró la coordinación de las bases de varias fábricas de Trelew en donde sus trabajadores rechazaron de pleno el acuerdo entre el sindicato y las patronales textiles. A dos años del comienzo de las movilizaciones de estatales que pusieron en jaque al gobernador Arcioni, es el turno de los textiles de fábricas como Soltex, Pelama, Unilan, Tendlraz y Sedamil que ganan las calles y hacen público su reclamo y pelea.

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Rechazo a recortes salariales en Acindar La Matanza

Acindar es una de las siderúrgicas más importantes de la Argentina. Cuenta con distintas plantas en el país, tuvo ganancias en 2019 por más de 5.000 millones de pesos y es filial del grupo económico multinacional ArcelorMittal, con presencia en sesenta países. Participa también del negocio de la minería. Ahora busca reducir 25% los salarios. Los trabajadores de la planta de La Matanza rechazan la rebaja, frente a lo cual la empresa presiona con suspensiones. Debido al repudio entre la base metalúrgica, la UOM La Matanza tuvo que posicionarse en contra de la postura de la patronal, pese a que a nivel nacional el sindicato propone, en acuerdo con las empresas del sector, una rebaja salarial de 30%. Apoyamos la lucha de los metalúrgicos y llamamos al gobierno nacional a tomar cartas en el asunto. Un “coloso del acero”, como llaman a Acindar, tiene espalda económica para pagar los salarios en su totalidad

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Textil Iberoamericana en lucha

El pasado viernes 24 trabajadores de la textil ubicada en Ramos Mejía hicieron una olla popular en la puerta de la fábrica. Allí llevamos la solidaridad de nuestro partido con una delegación de compañeros, entre ellos Graciela Calderón, secretaria adjunta de Suteba La Matanza. Los compañeros reclaman el pago adeudado de salarios. Hace tres años que cobran de forma irregular. Este año la empresa se comprometió a pagar la deuda con un esquema que iba a comenzar en febrero. Desde entonces la patronal no solo incumplió el acuerdo, sino que hace dos meses que los cien trabajadores de la fábrica no cobran un peso. Frente a esta situación, ninguno de los dos gremios del sector que actúan en la fábrica (AOT y Setia) acompañó el reclamo. Tampoco ofreció una solución al problema el municipio, a cargo del peronista Espinoza, siendo que la textil podría fabricar camisolines y barbijos de frisolina, de gran utilidad para equipar al personal de salud municipal que no cuenta con los insumos adecuados para su protección. ¡Que la patronal  pague los salarios ya

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Mondelez Victoria, en peligro de cierre

La multinacional de la alimentación, ex Kraft, con dos plantas en Victoria y Pacheco, ha “invitado” a los obreros de Victoria a aceptar un traspaso al establecimiento de Pacheco. El sindicato y la comisión interna, en manos de la burocracia, se han prestado otra vez como voceros de la patronal, que argumenta que la caída de la venta de chocolates (con producción en Victoria) y el aumento de la venta de galletitas, que se hacen en Pacheco, hacen necesaria la reestructuración y la mudanza. Los trabajadores denuncian un posible intento de cerrar la planta de Victoria de manera definitiva y dejar en la calle a la mayor parte de sus empleados.

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La Nirva: que se paguen los salarios adeudados

Los trabajadores de La Nirva, fábrica ubicada en La Matanza, que produce los alfajores “Grandote” y “Recoleta” se encuentran en pie de lucha en reclamo del pago de los salarios adeudados por la patronal. Hace seis meses vienen con problemas de cobro. La empresa se comprometió a pagar su deuda, pero estafó a los trabajadores dándoles cheques sin fondo. ¡Una vergüenza! Frente a esta situación los trabajadores (sin el apoyo del sindicato de pasteleros, que está borrado) se reunieron en asamblea y decidieron movilizarse a la municipalidad de La Matanza este miércoles 29. Desde Izquierda Socialista venimos acompañando a los trabajadores en su reclamo y estaremos presentes en la movilización.

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Pandy Toys rebaja salarios

La conocida cadena de jugueterías de zona norte de Buenos Aires, que tiene locales en zonas exclusivas como Nordelta o San Isidro, entre otras, rebajó 70% los salarios y demora su pago.

Los trabajadores denuncian a la patronal por las condiciones de precarización en las que se encontraban trabajando, el incumplimiento del pago de salarios en tiempo y forma, y que la empresa hace oídos sordos a los reclamos, invitando a sus empleados a “que si no les gusta, ya saben”.

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Latin Assistance despide

La empresa internacional de seguros de viajeros con sedes en México, Brasil y Chile –entre la mayoría de los países de Latinoamérica– ha despedido al 80% de sus empleados de la filial argentina con base en San Isidro, Buenos Aires. La patronal envió sendas cartas documento argumentando “causa mayor y ajenas a la empresa”. A estos despidos injustificados y arbitrarios se agregó la suspensión del 20% de la planta restante. Los trabajadores denuncian que el sindicato de Comercio no se pronunció, y que la firma, aparte de despedir y suspender, no estaría dando respuesta a la cobertura de quienes contratan sus servicios. Reclamamos la reincorporación inmediata de todos los despedidos.

El 1° de mayo de 1886 estalló una huelga en Estados Unidos por la jornada laboral de ocho horas. En Chicago, el conflicto recrudeció y la policía asesinó a manifestantes. El gobierno culpó a varios de sus dirigentes, que fueron encarcelados y asesinados. Pasarían a la historia como “los mártires de Chicago”. En 1889, la Internacional Socialista declaró ese día como jornada de lucha obrera, socialista e internacionalista.  

Escribe Francisco Moreira

A lo largo del siglo XIX se dio un avance arrollador de la industria capitalista. Las enormes ganancias se obtenían a costa de la brutal explotación de los obreros y obreras, quienes debían realizar jornadas de trabajo extenuantes de doce horas en promedio, con salarios muy bajos y viviendo en míseras condiciones. 

Pero a mediados de 1800 comenzaron a tomar fuerza las luchas obreras que exigían mejoras en las condiciones laborales. Uno de los reclamos más generalizados fue la jornada laboral de ocho horas.

Los mártires de Chicago

En Estados Unidos, tras años de luchas reivindicativas, en 1881 se constituyó la American Federation of Labor (Federación Norteamericana del Trabajo). Desde su nacimiento, exigió el cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas. Pero las dilaciones y negativas patronales la llevaron a anunciar en 1884 que, si para el 1° de mayo de 1886 no se había implementado en todos los lugares de trabajo, comenzaría la huelga. La fecha llegó sin respuestas y la huelga estalló, a pesar de las propias dudas de muchos dirigentes sindicales. Nunca antes el país había vivido un levantamiento obrero de esas dimensiones. Más de cinco mil fábricas pararon y 340.000 obreros salieron a las calles y plazas a manifestar sus exigencias: “¡8 horas de trabajo! ¡8 horas de reposo! ¡8 horas de recreación!”. Ese mismo día, unos 125.000 obreros conquistaron la jornada laboral de ocho horas. A fin de mes, otros 200.000. Para fin de año, un millón ya la había logrado.

Pero en Chicago, uno de los grandes centros comerciales e industriales, los sucesos tomaron un giro dramático. Los obreros y obreras allí vivían en peores condiciones. Muchos trabajaban todavía catorce horas diarias. Numerosas familias habitaban hacinadas. Por eso el 2 de mayo la huelga continuó y la policía dispersó salvajemente una concentración de 50.000 trabajadores en el centro de la ciudad. Al día siguiente, la policía volvió a reprimir y asesinó a seis trabajadores que se encontraban en una protesta frente a la fábrica de maquinaria agrícola McCormik. El 4 de mayo, al finalizar un acto en la plaza Haymarket, convocado para denunciar esos brutales asesinatos, la policía volvió a cargar contra la multitud. Murieron treinta y ocho obreros. Durante la noche, el gobierno decretó el estado de sitio, estableció el toque de queda, los militares ocuparon los barrios obreros y organizaron violentas razzias en locales sindicales y hogares de dirigentes obreros. El gobierno culpó a anarquistas y socialistas por lo sucedido. Los dirigentes y activistas August Spies, Albert Parsons, Samuel Fielden, Adolph Fischer, George Engel, Michael Schwab, Louis Lingg y Oscar Neebe fueron llevados a un juicio maniatado en el que les impuso a cinco de ellos la pena de muerte. Su crimen había sido exigir un límite horario a la explotación laboral. Pasaron a la historia como “los mártires de Chicago”. 

Una jornada de lucha obrera, socialista e internacionalista

En 1889, cuando se fundó la Internacional Socialista (Segunda Internacional), se resolvió impulsar la jornada del 1º de Mayo para unificar las luchas obreras en todos los países. El congreso, reunido en París, denunció que el avance de la producción capitalista “implica la explotación creciente de la clase obrera por la burguesía […] y tiene por consecuencia la opresión política de la clase obrera, su servidumbre económica y su degeneración física y moral”. Por ello, establecía que los trabajadores de todos los países tenían “el deber de luchar por todos los medios a su alcance contra una organización social que les aplasta y, al mismo tiempo, que amenaza el libre desenvolvimiento de la humanidad”.

Al año siguiente, por primera vez, marcharon miles de obreros en decenas de ciudades del mundo en homenaje a los mártires de Chicago, por la jornada de ocho horas y otros reclamos y por el socialismo. Así, de la mano del socialismo revolucionario nacía la tradición del 1° de Mayo como una jornada de lucha obrera, socialista e internacionalista.

El 1° de Mayo en la Argentina

En nuestro país, unos tres mil trabajadores se reunieron en el Prado Español (Recoleta) en aquella jornada del 1° de mayo en 1890. En su mayoría, eran inmigrantes sometidos a condiciones inhumanas de explotación, que daban los primeros pasos del movimiento obrero en la Argentina. Desde esa jornada, la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores pasó por los avatares de la lucha de clases del país y la política de las direcciones mayoritarias del movimiento obrero. 

El 1º de mayo de 1909 un acto anarquista en plaza Lorea (hoy parte de plaza Congreso) fue reprimido por orden del jefe de policía Ramón Falcón. La muerte de ocho obreros desencadenó una huelga general que exigía la renuncia del jefe de policía. Seis meses después, el joven obrero anarquista Simón Radowitzky hizo justicia por mano propia y lo asesinó. Esa noche se desató otra brutal represión bajo el estado de sitio, con cientos de detenidos, torturados y deportados por la Ley de Residencia. 

En las décadas de 1920 y 1930 el avance de direcciones reformistas en el movimiento obrero, primero los sindicalistas y socialdemócratas (PS), y después los estalinistas (PC), fueron transformando el 1° de Mayo en una jornada “democrática”, de apoyo a los gobiernos o sectores “progresistas” patronales. Finalmente, en 1947, Perón impuso la “Fiesta del Trabajo”, un día de festejo, bailes, desfiles y hasta la elección de la “reina del trabajo”. Así buscó transformar la jornada del 1° de Mayo en un día festivo o de descanso. 

Los socialistas revolucionarios seguimos conmemorando el 1° de Mayo como una jornada de lucha obrera, socialista e internacionalista. Un día para honrar a los mártires de la clase obrera y reivindicar todas las luchas en la perspectiva de lograr gobiernos de trabajadores que terminen con la explotación capitalista. Así lo haremos, una vez más, este viernes 1° de Mayo, junto al sindicalismo combativo y el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Miguel Ángel Hernández, dirigente del Partido Socialismo y Libertad, sección venezolana de la UIT-CI

A la terrible situación que ya padecemos las trabajadoras y trabajadores venezolanos, ahora se suman las consecuencias de la pandemia y el confinamiento social que ha impactado severamente en la economía ya destruida del país. Todo esto ha ocasionado un acrecentamiento de las catastróficas condiciones sociales en Venezuela.

En las últimas semanas hemos presenciado cómo los precios de los productos de primera necesidad se han ido hasta las nubes mientras nuestros salarios son cada vez más miserables. Empresarios y comerciantes aprovechan la cuarentena y la crisis sanitaria para incrementar abusivamente los precios de los productos esenciales.

Esto ha agudizado el hambre y la desesperación en miles de pobladores de los barrios populares, especialmente en las zonas más pobres del país, que han salido a saquear comercios en sus localidades al grito de “Tenemos hambre, queremos comida”. Ante eso, el gobierno vuelve al expediente de la represión. Ya hubo un muerto y dos heridos de bala en la población de Upata, en el estado de Bolívar.

Si bien es importante mencionar que aún son protestas aisladas y no masivas y en zonas poco pobladas, el gobierno de Maduro, temiendo la explosión social, hace esfuerzos por garantizar algo de comida a través de las cajas Clap y mínimos servicios en las grandes ciudades, especialmente en Caracas.

Todas estas protestas y saqueos son expresión del hambre que sufren millones de habitantes de los sectores populares cansados de la frustración de no poder comprar comida a sus hijos.

El gobierno busca acordar precios con los empresarios y ocupa temporalmente algunas empresas. Esta política ha fracasado en otras ocasiones.

En tal sentido, el Partido Socialismo y Libertad sigue planteando que es necesario imponer con la movilización un plan económico y social de emergencia. El gobierno de Maduro debe orientar todos los recursos económicos a enfrentar la crisis social y sanitaria.

Hemos venido llamando a todos los sectores sindicales, organizaciones populares, juveniles y a la verdadera izquierda revolucionaria a unificarnos para dar la pelea por ese plan que parta de exigir un salario igual a la canasta básica.

No se puede seguir pagando la deuda externa. Debe suspenderse el gasto en armas, así como los ejercicios militares. Hay que confiscar los bienes de los corruptos de Pdvsa y los importadores fraudulentos, así como cancelar los contratos de empresas mixtas con las transnacionales; asimismo, imponer a los grandes grupos empresariales, banqueros y transnacionales un impuesto especial para atender la crisis social y sanitaria.

Estados Unidos: el “sueño americano” se transformó en pesadilla

Con un millón de contagiados y más de 55.000 muertos, los Estados Unidos se han convertido, lejos, en el país con la mayor cantidad de víctimas del coronavirus. Lo que en otro momento podría esperarse que aconteciera en un ignoto país africano, hoy lo está sufriendo la principal potencia imperialista del planeta. Y, como si esto ya no fuera una verdadera tragedia, imitando prácticas medievales, su presidente, Donald Trump, rodeado de sus principales asesores, anunció que habría que experimentar “inyectarse lavandina y otros desinfectantes para combatir el virus”. 

Estas declaraciones desopilantes, que rápidamente tuvieron que ser desmentidas por el campo de la medicina, inclusive por los propios fabricantes de estos productos frente al temor de que la recomendación del presidente negacionista causara una tragedia mayor, son apenas algunos de los problemas que enfrenta el país del Norte. Como ya venimos denunciando, las protestas y huelgas de trabajadores se han multiplicado por la falta de medidas de seguridad, tanto por parte del gobierno como de las propias patronales que se niegan a implementar el aislamiento social.

La pandemia ha dejado al desnudo la verdadera situación de crisis social y política que impera en los Estados Unidos y que deja a 26 millones de desocupados en poco más de un mes de iniciada. El “sueño americano” prometido por Trump se está convirtiendo en una verdadera pesadilla, sobre todo para los sectores populares y de menores recursos. Además del oscurantismo necio del presidente, el pueblo trabajador está enfrentando la falencia del sistema público de salud, donde la falta de insumos básicos para combatir el virus amenaza convertir a la hasta ahora mayor potencia capitalista imperialista en un escenario en ruinas.

Los propios trabajadores de la salud continúan denunciando la falta de recursos, de barbijos, de test para diagnosticar infectados, de cobertores para abrigar los enfermos, etcétera. Como declaró Andrew Artenstein, director de un centro sanitario de Massachusetts: “Nunca pensé que en mi condición de líder de un sistema de salud que trabaja en un país rico, altamente desarrollado, con lo mejor de la ciencia y la tecnología [...] enfrentaría este tipo de circunstancias [...] Da la impresión de que no viene la caballería en ayuda”. Y, probablemente, el Séptimo de Caballería nunca llegue, porque no se trata de uno de los clásicos westerns yanquis, sino de la cruda realidad de un capitalismo en crisis de la que cada vez le resulta más difícil salir para continuar gobernando el mundo.

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Francia, entre el coronavirus y el hambre

La periferia de París ha sido la más golpeada por la pandemia. Las más altas tasas de mortalidad se registran en los barrios más humildes, donde conviven trabajadores, inmigrantes, autónomos o precarizados (que dependen de changas o pequeños servicios) y desocupados. De estos barrios también proceden quienes están en el “frente de batalla” y ponen en riesgo su salud: enfermeras, cajeras de supermercado, transportistas, entre otros.

A todos ellos el virus y el confinamiento forzado les han cambiado la vida para peor. Al temor del contagio ahora se le ha sumado el miedo al hambre. Muchos sin papeles, no tienen acceso al seguro de desempleo y otros no pueden salir a la calle a buscar el sustento diario. Por esa razón, al paisaje tradicional de edificios de bloques de estos barrios se han incorporado las largas colas de vecinos esperando la ayuda organizada en los centros comunitarios. 

En un centro municipal de Clichy-sous-Bois, la misma región que desde 2005 es reconocida por los levantamientos de los hijos de inmigrantes, se reparte arroz, aceite, leche, frutas y verduras. “Muchos nos dicen que jamás habrían pensado en venir a buscar paquetes de ayuda. Hay hambre”, denuncia Mohamed Mechmache, miembro del centro AC Le Feu. Y agrega: “Pero son gente digna. Hay dignidad en el barrio”.

Ante esta situación no es extraño que los choques entre jóvenes y policías, que ya acontecían antes de la cuarentena, se incrementen, como en la última semana. En la periferia de París existe un alto índice de familias que viven por debajo de la línea de pobreza, algo inconcebible para un país como Francia. La falta de respuestas por parte del gobierno de Macron a los graves problemas sociales de esos barrios será la generadora de nuevos disturbios, ahora agravados por el coronavirus y el hambre.  

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Brasil: ¡fuera Bolsonaro!

La política del gobierno de Bolsonaro y de la burguesía de no aplicar una cuarentena organizada ya ha costado miles de vidas. La falta de equipamientos de protección y condiciones sanitarias adecuadas para los trabajadores de servicios esenciales como la salud, el transporte o la limpieza urbana configura un verdadero desastre.

En medio de esta gravísima situación acaba de renunciar el ministro de Justicia Sergio Moro, considerado el más popular del gabinete presidencial, que denunció que Bolsonaro quería interferir directamente en la Policía Federal para manipular los procesos que corren contra sus hijos por denuncias de corrupción y de interferencia, mediante fake news, en el proceso electoral. Además, para evitar que se investigue la estrecha relación del clan familiar con la milicia de Río de janeiro. 

Brasil vive una coyuntura marcada por el avance del coronavirus y el aumento de la crisis política, económica y social. Ya se han contabilizado hasta 474 muertes en un dia y en total superan las 5.000 hasta la fecha. Los cadáveres se acumulan en los corredores de los hospitales de ciudades del Gran Río y el cementerio de Manaos no consigue sepultar a todas las víctimas. Más de un millón de trabajadores están sufriendo la suspensión de contratos de trabajo, reducción de salarios y de derechos laborales sin que haya medidas de protección por parte del gobierno. Mientras tanto, los banqueros esperan la votación en el Congreso de un proyecto que propone estatizar las deudas de los bancos privados. Un escándalo.  

Los compañeros de la CST (sección brasileña de la UIT-CI) seguirán llamando a la más amplia unidad de acción contra el proyecto autoritario de Bolsonaro y proponiendo que este 1° de Mayo las principales centrales sindicales incorporen los reclamos de ¡Fuera Bolsonaro y Mourao!, por una cuarentena controlada, con salario integral, sin despidos y con equipamientos de protección adecuados. Por el no pago de la deuda e impuestos a las grandes fortunas y multinacionales, canalizando esos recursos para el Servicio Único de Salud, para establecer un salario básico de emergencia para los desempleados y precarizados y para asistir con alimentos a las familias necesitadas.

Editorial

El próximo domingo 26 vence la nueva prórroga de la cuarentena. Se pasó de la cuarentena total a la denominada “administrada”. El gobierno evita usar la palabra “flexibilización” pero la hay de hecho, como lo muestra la mayor cantidad de trabajadores que está circulando. Se ha permitido la apertura de varias actividades por presión de las patronales. A los grandes empresarios les interesa reactivar sus ganancias, no la salud de la población. Esto se combina con la desesperación de grandes sectores populares empujados a romper el aislamiento para ganarse el pan ante una asistencia social que no alcanza o llega en cuentagotas. Por ejemplo, a quienes hacen changas y monotributistas de las categorías más bajas se les dio 10.000 pesos de pobreza que recién ahora están cobrando, quedando millones afuera a pesar de estar inscriptos y necesitarlo desesperadamente. Como proponemos desde el Frente de Izquierda, a esos sectores se les debería dar un ingreso en la cuarentena de 30.000 pesos y no solo por única vez, sino sostenerlo mientras dure la emergencia. Por eso decimos que si el gobierno habla de que no hay que tirar por la borda lo ya conquistado, tiene que tomar medidas de fondo en la cuarentena poniendo toda la plata que haga falta en la salud y en los sectores obreros y populares, pequeños comerciantes y talleres para combatir de verdad el coronavirus y permitir que millones puedan cumplirla sin apremios.

Alberto Fernández acaba de implementar el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) para auxiliar a las patronales y pagar gran parte del salario de los trabajadores. Esta medida cae bien en amplios sectores de trabajadores que ven una asistencia estatal para no perder tanto con los recortes de sueldos pactados entre las patronales y la burocracia sindical. Sin embargo, esto está lejos de resolver el problema de fondo de la clase trabajadora. No solo porque va a ser aprovechada hasta por una multinacional que va a alegar una “crisis” para recibir el pago de parte de los salarios financiado por el pueblo trabajador, sino porque estas mismas patronales no están obligadas a que a cambio no rebajen los actuales salarios, ni tampoco acuerden despidos o suspensiones. Es lo que vienen haciendo de la mano de la traidora dirigencia sindical y con el aval del ministerio de Trabajo, que homologa los acuerdos. Por eso la medida fue saludada por las cámaras empresariales y cuenta con el inestimable apoyo de la burocracia sindical, que en vez de defender el salario y los puestos de trabajo viene pactando lo contrario mientras deja en banda las peleas en curso, como la de los trabajadores de Penta o la de los de la salud por insumos y una mayor protección.

Lo que estalló desde hace días con los contagios y algunos fallecidos entre los profesionales y trabajadores de la salud es que la Argentina está en la cima mundial de infectados en el sector, algo sumamente preocupante que debería llevar a que el gobierno tome las medidas necesarias para proteger a todo el personal y dotar a los hospitales de los insumos y faltantes para hacer frente a la pandemia. Los muertos y contagiados en los nosocomios demuestran que no es cierto que “los hospitales están preparados”, como vino sosteniendo el gobierno. Casualmente, la asamblea y el corte de calle que hicieron los trabajadores del Hospital Belgrano de San Martín, como tantas otras expresiones de protesta y reclamo en la gran mayoría de los centros de salud públicos y privados, coinciden en que no tienen lo indispensable para hacer frente a la pandemia, no se hacen los testeos ni se los consulta para diseñar la mejor política para enfrentar al coronavirus.

Para todo esto se necesita plata. Y desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad venimos señalando claramente de dónde sacarla: concretamente de un fondo de emergencia sobre la base de impuestos a los grandes empresarios, banqueros y multinacionales y el no pago de toda la deuda externa.

Los diputados Nicolás del Caño y Romina Del Plá, como parte del Frente de Izquierda Unidad, han hecho punta presentando en el Congreso el primer proyecto de ley para gravar mediante un impuesto especial y progresivo a los grandes patrimonios, las ganancias de los bancos, las altas rentas, a los terratenientes y viviendas ociosas. Esto permitiría recaudar 20.000 millones de dólares (dos veces más del total de lo que destinó el gobierno hasta ahora a la crisis), dinero que debería destinarse de manera urgente a los hospitales y a los millones de trabajadores y demás sectores populares que lo necesitan.

Gravar la riqueza tiene un apoyo popular del 80%. Sin embargo, si bien diputados del gobierno anunciaron que iban a presentar un proyecto de ley al respecto, al día de hoy no lo han hecho. Esgrimen que el tema debe ser aprobado por el Congreso (que no se reúne) y previamente, como lo pidió Cristina Fernández, la Corte Suprema se debe expedir sobre si sería válida o no esa ley en caso de ser aprobada. Atento a estos vericuetos, el diputado nacional y autor del proyecto junto a Máximo Kirchner, Carlos Heller, dijo: “Con suerte, en unas semanas lo vamos a estar presentando”, aclarando que no va a tocar las ganancias de las empresas. Más allá de cómo termine siendo la propuesta del gobierno, exigimos que la apliquen cuanto antes. La emergencia no puede esperar.

Otro tanto pasa con la deuda externa. El gobierno hizo una oferta de pago a los bonistas (usureros) en medio de la pandemia y la tremenda crisis social. Propuesta que, si bien contempla para esa parte muy pequeña de la deuda que se está renegociando la postergación de los pagos por algunos años y una quita, esto no implica ningún “no pago” de la deuda, sino nuevos desembolsos que deberán hacerse con más sufrimientos, tanto los actuales como los que vendrán. Sin entrar en detalles sobre el tema –que en esta edición digital de El Socialista será abordado en otras notas–, lo cierto es que el gobierno ha reconocido que esta medida le permitiría “ahorrar 4.500 millones de dólares en lo que resta del año, dinero que equivale a 3,2 veces el presupuesto asignado al Ministerio de Salud para todo 2020”. Pues entonces exigimos de manera urgente que ese monto sea destinado ya a todos los hospitales, no a más prebendas patronales. De la misma forma decimos que si se hubieran invertido en salud los otros 4.500 millones de dólares que ya pagó el gobierno en conceptos de vencimientos de deuda desde que asumió, la situación sería muy distinta, tanto en los hospitales como en la atención de las necesidades de los distintos sectores populares.

Volvemos a reiterar, exigimos una cuarentena con plata para salud y los hospitales. Una cuarentena sin hambre, sin suspensiones y despidos, ni rebaja salarial. Una cuarentena donde la crisis la paguen las patronales, no los trabajadores. Y para ello señalamos que hay que implementar de inmediato un fondo de emergencia, a la vez que apoyamos todos los reclamos obreros y populares en salud, contra los despidos, las suspensiones, la rebaja de salarios, los cierres de empresas y los distintos ataques que está sufriendo el pueblo trabajador.