Escribe Diego Martínez

La semana pasada surgió un nuevo episodio de sobreprecios de parte del gobierno. Se trató de la compra de alcohol en gel. Unos 1.500 envases de este producto fueron comprados a 1.086 pesos la unidad, cuando su precio máximo es de 500 pesos. Consultada por este hecho, la titular de Pami Luana Volnovich declaró: "Cuando vas a comprar insumos de salud te das cuenta que son carísimos y decís 'se están haciendo los vivos`”. Además aclaró que "cada compra de insumos es una guerra", y precisó que de los catorce proveedores que convocamos para la compra de alcohol en gel "solo se presentó uno" (Télam, 8/4/2020). Más allá del manto de sospechas que inevitablemente cae sobre Volnovich y las autoridades de Pami cabe preguntarse: ¿no tiene el Estado herramientas para enfrentar a los monopolios formadores de precios, los famosos “vivos”? Sí las tiene. ¿Por qué no las usa?

Los precios no paran de subir

La suba de precios es imparable. Se da particularmente entre los artículos de primera necesidad, productos de limpieza, alcohol en gel, barbijos y en los alimentos. La inflación en los precios de los alimentos no es nueva. En 2019 hubo una suba en el rubro de 56,8%, la más alta de los últimos treinta años (datos Indec, diciembre 2019) y entre enero y marzo de este año la inflación en los alimentos fue de 10,9% (Infobae, 3/4/2020). Desde que comenzó la cuarentena los precios se fueron a las nubes, particularmente en la carne y en las verduras, que no están alcanzadas por la lista de precios máximos que dispuso el gobierno. Según la consultora Seido, el precio de la carne aumentó entre 10% y 15% solo en la última semana de marzo (Clarín, 31/3/2020). Se calcula que desde que empezó la cuarentena el consumo de carnes, frutas y verduras aumentó en promedio 50% en todo el país (encuesta mensual de consumo, ONG Defendamos Buenos Aires). Una suba similar se dio en la demanda de productos de limpieza. Los grandes productores especulan con el aumento de la demanda, e incluso la escasez, como ocurre con la papa y la cebolla, para poner precios muy por encima de su valor. ¿Cómo se puede frenar esta situación?

Que el gobierno controle los precios 

El gobierno dispuso un programa de precios máximos, pero no se lleva a la práctica. Para avanzar en el control de esta situación Fernández delegó en los intendentes la facultad de multar y cerrar pequeños comercios que pongan precios por encima de lo debido. ¿Por qué en lugar de perseguir a los pequeños comerciantes que pagan precios altísimos a los distribuidores no aprieta a los grandes productores agropecuarios, las cadenas de supermercados y los fabricantes y distribuidores de productos de  alimentación y limpieza, que son los que forman los precios?   

El gobierno cuenta con una herramienta para frenar la inflación que es la Ley de Abastecimiento (20.680) sancionada en 1974. Esta norma le permite fijar multas de hasta 10.000 millones de pesos, la clausura y la suspensión como proveedor del Estado para aquellas empresas que incrementen precios de una manera “artificial”, así como también para aquellos que acaparen mercaderías, como hizo Farmacity recientemente, que tenía escondidas 9.000 botellas de alcohol en gel y 20.000 cajas de paracetamol. Si el gobierno realmente pretende “cuidar a todos los argentinos” en esta crisis como declara, debe aplicar de inmediato esta ley para cuidar el bolsillo del  pueblo trabajador. 

Escribe Ariel Napoli

Siguen las repercusiones por el primer caso de corrupción del gobierno de Alberto Fernández. A la renuncia de Gonzalo Calvo, el funcionario de Desarrollo Social que había sido el responsable de las compras de alimentos se sumó el despido de otros quince funcionarios del mismo ministerio.

En el transcurso de la semana pasada se dieron a  conocer más detalles del caso. Teylem y Forain, dos de las empresas proveedoras del estado que con esta compra iban a recibir 79,7 y 85,9 millones de pesos respectivamente, poseen el mismo domicilio legal, en la calle San Martín 66 de la Ciudad de Buenos Aires. Las dos empresas pertenecen al Grupo L, presidido por Víctor Luis Luzardi, un empresario que supo hacer negociados con la gobernación de la provincia de Buenos Aires, tanto en la gestión de Scioli como en la de Vidal, haciéndose cargo del servicio alimentario del sistema Penitenciario Bonaerense.

Paralelamente, Sol Ganadera y Alimentos Generales, dos proveedoras más, tienen como apoderado, a la misma persona, Federico José Toscano. Ambas iban a cobrar la suma de 82,8 y 48,7 millones de pesos respectivamente. Es decir: El gobierno convocó a seis empresas para realizar la compra de alimentos y, dos pares de ellas tienen relaciones entre sí. Un hecho de corrupción flagrante.

Nuevos hechos

Las irregularidades de la actual gestión de Desarrollo Social no se agotan en el escándalo de la semana pasada. La abogada Silvia Martínez presentó una denuncia ante la fiscalía nacional de investigaciones administrativas en la que asegura que a principios de 2020 Desarrollo Social realizó compras en seis oportunidades con precios muy superiores a los valores de esas mercaderías. La denuncia involucra a las mismas empresas que están vinculadas con el caso de sobreprecios de la semana anterior. En su denuncia la abogada sostiene: “siempre se usa la misma metodología: muchas empresas se presentan, pero pocas confirman la oferta. Y el sobreprecio en los productos es escandaloso”. (Clarín, 12/4/2020).

Pagar caro no es una costumbre exclusiva del gobierno nacional. La semana pasada también se supo que gobierno de la ciudad de Buenos Aires compró barbijos de alta calidad a 3.000 pesos la unidad, siendo que en la página web del fabricante (3M) se cotizan a 11 dólares, es decir unos 940 pesos. Mientras tanto el personal de salud dependiente del gobierno de la ciudad denuncia la falta de insumos para protegerse frente a la pandemia. Una verdadera vergüenza y una muestra más de que los políticos patronales no tienen empacho en lucrar aprovechando sus cargos en el estado, incluso en una situación de gravísima crisis social como la que estamos atravesando. Para ello trabajan en conjunto con empresas inescrupulosas que lucran con la necesidad de los trabajadores. Una vez más decimos ¡Todos los corruptos tienen que ir presos!

Escribe Claudio Funes

Desde que comenzó la cuarentena los precios de la canasta básica tuvieron aumentos importantes, carne, frutas y verduras picaron en punta y se alejan de la mesa de los trabajadores y sectores populares.

Hace solo unos días Alberto Fernández había manifestado que “hay que terminar con los especuladores y los sinvergüenzas que aumentan los precios”. Su “enojo” no causa ningún efecto. “No vamos a permitir más que se pasen de vivos y se aprovechen de la necesidad y la angustia de la gente”, advirtió el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. 

El alcohol en gel y los barbijos tuvieron un incremento exponencial. Los especuladores se aprovechan de la crisis y aumentan hasta la lavandina. Hay miles de detenidos por violar la cuarentena y ni uno solo por especular con los precios.

En negocios de proximidad de los barrios populares de veinte provincias del país, en catorce productos básicos que son parte de la canasta básica de alimentos se constataron importantes aumentos. Entre los productos de almacén que más subieron respecto de febrero están la leche fluida, el azúcar y la harina de trigo. En el rubro frutas y verduras tomates, bananas y manzanas. Si la comparación de los valores de estos productos la realizamos con los precios de diciembre pasado, los aumentos en este primer trimestre del año son muy significativos.

Si hablamos de roscas y huevos de pascua, la canasta aumentó 100% respecto del año pasado. El atún, las sardinas y la caballa en aceite se incrementaron entre 61% y 114 por ciento. El calamar fresco sin limpiar hace un año costaba 195 pesos el kilo, hoy cotiza a 440 pesos. Precios imposibles para una familia trabajadora.

El gobierno habla de que nos cuida, sin embargo el aumento de precios continúa junto con los despidos y la rebaja salarial. Los empresarios siguen incrementando su riqueza por doble vía.

Hay que hacer respetar los precios máximos y extenderlos a fruta, verdura, carne y medicamentos. En los casos en que se viole esta disposición hay que aplicar la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a las empresas que aumenten o acaparen mercadería. 

Mientras crecen las voces que plantean que la Argentina debe suspender los pagos de deuda, el gobierno de Fernández sigue adelante con su propuesta de “renegociación”. Miles de millones de dólares que deberían ir para atender la crisis de la pandemia van a terminar en las manos de los pulpos acreedores

Escribe José Castillo

Todos los días se escuchan declaraciones explicando que es imposible que los países, en particular los dependientes y semicoloniales, puedan cumplir con los pagos de deuda externa. Lo dicen centros de estudio internacionales. Se lo escuchamos al propio papa Francisco el domingo pasado en la celebración de la pascua católica. El FMI realizó una declaración “para la tribuna” acerca de que se debería “perdonar” la deuda a los países más pobres, por supuesto sin aclarar a cuáles se refería en concreto ni cómo o cuándo se implementaría. Con respecto a la deuda externa argentina, hasta Eduardo Duhalde, que en otras épocas fue un gran defensor de “pagar todas las deudas”, hoy plantea que la Argentina no puede pagar.

¿A qué se debe todo esto? A la suma de dos hechos de la realidad. Primero, que la deuda externa argentina es una bola de nieve absolutamente impagable y, peor aún, que la concentración de vencimientos de corto plazo (u$s150.000 millones en tres años) hace absolutamente inviable pagarlos. Y segundo, que el coronavirus ha desatado una crisis económica mundial (que ya se venía incubando de antes) que está provocando la ruptura de todas las cadenas de pagos, los capitalistas están dejando de pagarse las deudas entre ellos mismos. 

¿Pagar a costa de más ajuste, hambre y miseria?

Alberto Fernández, al iniciar su mandato, insistió en que “no pagaría la deuda con el hambre del pueblo”. Pero, inmediatamente, puso la renegociación de esa deuda y la continuidad de los acuerdos con el FMI como el eje central de su política. Por eso se ajustó a los jubilados y se destinaron prioritariamente u$s4.500 millones (de las escasas reservas existentes) para cumplir con los pulpos acreedores. En enero pasado, el gobernador Kicillof pagó un vencimiento de u$s250 millones, postergando en ese momento a los docentes. 

Ahora, ya con la pandemia desatada, todo se torna más dramático aún. La semana pasada se pagaron u$s250 millones (otro vencimiento), un monto equivalente a contratar por un año con un salario de $60.000 a los dos mil trabajadores de la salud faltantes en la provincia de Buenos Aires, según denuncia el sindicato médico Cicop. La semana próxima está planteado otro pago, ahora por 503 millones. ¡El costo de 50.000 respiradores artificiales!

Y la rueda sigue. Todavía hay pagos “pendientes” para 2020 por u$s3.400 millones con acreedores privados, más u$s3.100 millones con organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) y u$s2.100 millones al Club de París. A esto hay que sumarle los vencimientos de deudas provinciales (u$s1.650 millones, el 70% de la provincia Buenos Aires). Y a eso falta sumarle 800.000 millones de deuda en moneda local. Toda esta bola de nieve “vence” este año. El gobierno podrá patear algo para adelante, siempre a costa de más intereses y condicionalidades pero, como vemos, pasan las semanas y van cayendo vencimientos con plata cash que se va a manos de los pulpos especuladores a costa de menos fondos para atender la crisis sanitaria.

La única salida es dejar de pagar inmediatamente

¿Por qué si seguir pagando nos lleva, más que nunca, a la catástrofe, el gobierno de Alberto Fernández continúa con su “hoja de ruta” pegado a la negociación con los acreedores y el FMI? ¿Por qué lo hace cuando son cada día más los que le recomiendan, incluso desde sectores del propio peronismo, que suspenda las negociaciones porque no tiene ninguna posibilidad de alcanzar un acuerdo factible sin comprometerse a un ajuste que caería como una bomba atómica en medio de la crisis del coronavirus?

La respuesta que se plantea desde el gobierno es simple: si caemos en default será mucho peor. Es lo mismo que dicen los economistas del establishment, abogados históricos de los intereses de los acreedores. Cuando se les pregunta por qué explican que la Argentina se quedará “sin crédito” en el futuro. ¡Cuando nuestro problema fue justamente por el supuesto “crédito” que nos dieron los pulpos acreedores! ¡El problema de nuestro país no es que “falta plata”, sino al revés, que se la llevan “en pala” entre los pulpos acreedores y la fuga de divisas!

Ni qué hablar de los que dicen que si no pagamos “nos aislarán”, “nos invadirán”, o cualquier otro escenario apocalíptico, cosa que no sucedió siquiera cuando, producto del Argentinazo, nuestro país dejó de pagar una parte sustancial de su deuda externa. 

Lo decimos con todas las letras: “peor” es seguir pagando. “Peor” es una renegociación que nos obligue a un mayor ajuste. Necesitamos ya, más que nunca, dejar de pagar la deuda y volcar todos esos recursos a comprar respiradores, montar unidades sanitarias, contratar personal sanitario, pagar lo que le corresponde a los que ya están trabajando y, a la vez, poner en los barrios populares toneladas de comida y dar plata a todos aquellos que se han quedado sin ingresos frente a la pandemia. 

Escriben Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y Mónica Méndez, secretaria de organización de la Cicop

La semana pasada hubo una seguidilla de contagios de Covid 19 en instituciones en las que trabajadores de la salud fueron involuntarios vectores. Estas situaciones trajeron a la luz la práctica habitual del pluriempleo debido a los bajos salarios en el sector salud. Un médico cordobés, que atendía afiliados de Pami en su consultorio privado, era médico del geriátrico de la localidad y atendía también en un dispensario de la zona, era portador asintomático y, sin saberlo, al parecer contagió a sus pacientes. Según el intendente de la localidad hay 31 casos positivos de coronavirus, cifra cuestionada, por otra parte.

El profesional describe las condiciones en que funcionaba el geriátrico, que son generales en los establecimientos para personas mayores. "En el geriátrico no había elementos de protección, no había alcohol en gel y el personal se secaba las manos en los ambos o en una toalla comunitaria porque sólo ponían un rollo de papel por día para secarse las manos". Culmina su relato refiriendo que, en el hospital de Unquillo, al que concurrió cuando se sintió mal, tuvo que insistirle mucho al colega que lo atendió para lograr que le hiciera un hisopado de fauces.

Equipamiento de protección incompleto y salarios irrisorios

Esta situación de incumplimientos de elementales normas de bioseguridad, que pone en peligro la salud de los trabajadores del sector y los usuarios del sistema, no es privativa de los geriátricos, sino que se extiende en distintos grados a todo el sistema de salud, público y privado. Los centros de salud en Capital y provincia de Buenos Aires, los sanatorios privados y los hospitales públicos no ponen a disposición de sus trabajadores de salud de la totalidad del equipamiento de protección personal. El sistema de salud ya estaba sumido en una crisis estructural muchos años antes que se desatara la pandemia: faltaban insumos de todo tipo como así también se iba reponiendo con cuentagotas el personal faltante.

El otro gran problema del sistema de salud es el recurso humano. Los salarios han sido prácticamente congelados, con aumentos irrisorios en las recientes paritarias. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se queja porque no consigue llenar los escasos puestos que se ofrecen de médicos de terapia intensiva, y así en otras profesiones y especialidades. Es que gran parte de las nuevas vacantes ofrecidas son contratos temporarios sin perspectiva cierta de titularidad y con sueldos ínfimos, algo que no resulta atractivo para nadie.

Instituto Malbrán: ¿joya de la corona u orejón del tarro?

El admirable y abnegado trabajo que desempeña el equipo de virología del Instituto Malbrán habla muy bien de los trabajadores que lo integran, pero muy mal de las autoridades. De los once virólogos y virólogas -la mayoría son mujeres-, ocho tienen designaciones precarias, no son de la planta permanente. Los salarios de todos los trabajadores del Instituto han perdido en los últimos cuatro años el 65% de su poder adquisitivo. Cien puestos permanecen vacantes y los insumos y reactivos escasean o han dejado de comprarse directamente. “Estamos tan mal como un hospital donde uno ve al personal y se pregunta ¿Cómo hace para trabajar así?” sintetiza un trabajador.

La descentralización del testeo viral marcha a paso muy lento. Por ejemplo, el Hospital Paroissien de La Matanza designado como referente en ese municipio de dos millones de habitantes hace casi un mes, tiene ya su personal instruido, pero no aparece la tecnología necesaria para empezar a trabajar.

Se necesitan salarios dignos y medidas enérgicas para proteger al personal de salud y la población

En primer lugar, se debe pagar un salario digno a los trabajadores de salud que no puede ser menor para la categoría más baja que el valor de la canasta familiar del Indec. Se debe titularizar a todos los precarios y mediante un decreto presidencial inscribir la infección por Covid 19 como enfermedad profesional. En segundo lugar, se debe licenciar a los trabajadores mayores de 60 años, embarazadas y portadores de patologías de riesgo para que no concurran a los establecimientos.  En todos los centros se deben constituir comités de crisis con intervención de los trabajadores para manejar la situación.

El personal de salud no solo está en una situación vulnerable, sino que puede ser vector de contagio, por eso debe ser especialmente protegido. Los empleadores deben cumplir escrupulosamente todas las normas de bioseguridad. El personal debe tener las batas, delantales hemo repelentes, protectores faciales, barbijos, antiparras y guantes en calidad y, además, en cantidad suficiente para poder cambiarse como manda el protocolo. El presupuesto para hacer frente a estas necesidades debe provenir de un fondo especial como se indica en otras partes de este ejemplar.

Todos los trabajadores expuestos a la circulación de personas deben se testeados. No solo los de salud, sino también trabajadores del transporte, delivery, cajeros y otros.

Si hay escasez de elementos para dar cumplimiento a estas normas de seguridad, el Estado debe nacionalizar bajo control de sus trabajadores y reconvertir, los sectores industriales que permitan garantizarlo. Sólo tomando estas medidas se podrá terminar rápidamente con la pandemia y así ahorrar más sufrimientos y muertes al pueblo