Escribe Alan Corbalán (dirigente Juventud de Izquierda Socialista) 

Miles de jóvenes que trabajan en empresas de comidas rápidas como McDonalds, Burger King, Wendy’s, KFC, Green Eat o Mostaza sufrieron este mes descuentos de una gran parte de sus salarios cobrando en promedio 3.500, pesos lo que equivale a diecinueve horas de trabajo en una quincena cuando la ley marco del sector establece que el pago mínimo debe ser de treinta horas por quincena. Ni siquiera cobraron el presentismo que corresponde a la primera quincena de marzo, período en el que todes trabajaron. Se trata de empresas que tienen ganancias multimillonarias, y en el caso de McDonalds recibe además subsidios del Estado a través del programa Primer Empleo lanzado por el gobierno de Macri, que sigue en vigencia. 

La juventud precarizada se organiza

Esta situación generó la bronca de miles de trabajadorxs que, pese a sufrir el recorte salarial de parte de las empresas, no podían expresar con su nombre y apellido su inconformismo con la empresa en redes sociales porque en los contratos basura que firman se establece que cualquier crítica pública se considera una “difamación” a la empresa, motivo por el cual podrían sufrir sanciones. 

Frente a esta situación, los trabajadorxs de McDonalds hicieron flyers anónimos, donde denunciaban a la empresa, que se viralizaron y que llegaron a algunos medios de comunicación. Miles de jóvenes nos enteramos de la situación y nos solidarizamos con lxs pibxs de McDonalds. Así se logró que la difusión masiva del hashtag #McEstafa fuera tendencia en Twitter.  

Paralelamente, se fueron comunicando con grupos de whatsapp por local, que a su vez se conectaron entre sí. Al ver la organización que hubo en McDonalds trabajadorxs de otras empresas de comida rápida, que sufrían los mismos descuentos, comenzaron también a organizarse y a ponerse en contacto con compañerxs de las distintas empresas. 

Apoyemos la lucha de lxs trabajadorxs de cadenas de comida rápida 

La pelea de estos jóvenes precarizadxs es ejemplar porque se enfrentan a patronales supernegreras y persecutorias que con sus contratos basura sancionan o despiden a los trabajadorxs ante la mínima señal de rebeldía. Esta lucha la llevan adelante sin el apoyo del sindicato de pasteleros, que avala los contratos leoninos de las empresas. Tampoco tienen el derecho a organizarse sindicalmente, pese a que por la cantidad de empleados que trabajan en la rama les correspondería tener cientos de delegados. El sindicato mandó al muere a los pibes aconsejándoles que manden telegramas a las empresas, lo que los expone a futuras represalias, como ya viene sucediendo. 

Lxs pibxs lograron que el Ministerio de Trabajo reconozca que las patronales están incumpliendo la ley de contrato de trabajo del sector. Le exigimos entonces al gobierno nacional que actúe en consecuencia y que, lejos de ceder a la presión de la patronal, como hizo con Techint, garantice el cobro de la totalidad de los salarios. Exigimos además el fin de los subsidios a McDonalds y que se le cobren a estas grandes empresas impuestos extraordinarios para ponerlos al servicio de fortalecer el sistema de salud y paliar los efectos sociales de la crisis. 

En el marco de la pandemia mundial por el coronavirus, desde el movimiento feminista venimos exigiendo soluciones urgentes para nuestros reclamos que, por supuesto, no empezaron con ella, sino que tienen que ver con un sistema capitalista y patriarcal que nos ubica como ciudadanas de segunda, es decir con menos derechos que los varones. Además de los problemas económicos con los que cargamos por ser las jefas de los hogares más humildes se nos suma el estar condenadas a sufrir todo tipo de violencias.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense Izquierda Socialista/FIT Unidad

En el mundo del trabajo, a la precarización e informalidad laboral se les suma la discriminación y que solo accedemos a los puestos peores pagos. Además, recaen sobre nosotras, casi de manera exclusiva, las tareas de cuidado y limpieza dentro de la casa.

Al ser las jefas de los hogares más pobres debemos realizar malabares para poder hacer la comida, por ejemplo, ya que los precios de los alimentos aumentan casi a diario y nadie los controla. Es más, los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia (IFE), si tuviste la "suerte" de salir asignada, no alcanzan para cubrir los gastos mínimos, y menos si siguen subiendo los precios de los alimentos. Necesitamos un bono de 30.000 pesos y que sea para toda aquella persona que lo solicite, sin discriminación.

La violencia de género no cesa

En plena cuarentena, los femicidios siguieron y, desde el 20 de marzo (inicio del aislamiento obligatorio) hubo dieciocho, según la organización civil "Ahora que sí nos ven" que, por supuesto, se cometieron en su mayoría en la vivienda de la víctima. Que el encierro y aislamiento aumentan la violencia de género no es ninguna novedad. Es más, hasta la ONU alertó sobre esta situación y les sugirió a los gobernantes que tomen medidas al respecto. Sin embargo, poco se está haciendo.

La semana pasada la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, en una videoconferencia con senadoras, confirmó que desde el inicio de la cuarentena se incrementaron 39% las llamadas para denunciar situaciones de violencia de género. Pero lo que no dijo es que las condiciones de trabajo de las operadoras que atienden esas llamadas son pésimas. Es más, están teniendo una sobrecarga de tareas sin precedentes que ni siquiera van a cobrar, porque su contrato temporal y precario no considera las horas extras. Es urgente que pasen a planta permanente y que se nombren más operadoras para hacerle frente a esta situación como paso número uno para atender todas las denuncias.

A la vez, frente al aumento de los casos, es necesario que se declare la emergencia nacional en violencia de género con presupuesto para combatirla porque, evidentemente, con el presupuesto de 11 pesos por mujer por año, que viene de la gestión Macri, no alcanza. Si de verdad se quiere erradicar la violencia machista se necesita una partida presupuestaria extra que salga del no pago de la deuda externa y de impuestos a los bancos, las multinacionales y las grandes fortunas del país, que se deben aplicar ahora. Es por la vida y la salud de las mujeres.

La gravedad de la crisis del coronavirus y sus consecuencias ha abierto un debate sobre cómo será el mundo luego de la pandemia. Se escriben decenas de artículos. Algunos apuestan a una supuesta vuelta del “rol del estado” y a una mejor “redistribución de la riqueza”. Otros advierten que se podría estar ya en el camino del fortalecimiento del autoritarismo.

Escribe Miguel Sorans, dirigente de Izquierda Socialista y de la UIT-CI

La gravedad de la crisis no está en discusión. En primer lugar, de la pandemia. Millones de contagiados en 185 países y más de 100 mil muertos. En segundo lugar, las consecuencias sociales sobre los pueblos del mundo son graves, con millones sin trabajo o cobrando salarios reducidos por el rol nefasto de los grandes empresarios y banqueros del mundo. Con millones que no tienen acceso a la comida diaria o al agua para lavarse las manos. La crisis económica y social del capitalismo se va a profundizar. Muchos dicen que la crisis será como el crack capitalista de 1929. Pero en realidad venimos de la crisis del 2007/08 que fue igual o superior a la del ´29. Y ahora la titular del FMI, Kristalina Georgieva, alerta “que el mundo está en una recesión peor que en la crisis de 2008” (Clarín, Argentina, 26/3/20). O sea, que los propios jerarcas del imperialismo mundial nos dicen que ya estamos viviendo la peor crisis de la economía capitalista en toda su historia.  Por primera vez se puede decir que el mundo capitalista está casi parado. Los de arriba nos dicen que es por la pandemia. Si y no. Porque, en realidad, el coronavirus vino a profundizar la crisis de la economía que ya existía. A fines de diciembre del 2019 ya se estaba al borde de una nueva recesión mundial.  

¿Iríamos hacia un mundo mejor?

“Si hay un lado positivo en la pandemia de Covid-19, es que ha inyectado un sentido de unión en las sociedades polarizadas”. Para sorpresa de muchos esto fue dicho en una editorial del periódico británico Financial Times. Tal es el grado de la crisis que algunos voceros del imperialismo buscan dar una versión optimista y “solidaria” del capitalismo. Aseguran que: "La redistribución volverá a estar en la agenda. Los privilegios de los ancianos y ricos en cuestión. Las políticas hasta hace poco consideradas excéntricas, como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza, tendrán que estar en la mezcla" (BAE Negocios 5/4/20). Otros. como Joseph Stiglitz o la economista norteamericana Carmen Reinhart, proponen una “colaboración” de los países ricos” otorgando, por ejemplo, una moratoria de las deudas externas.

Es claro que ante la gravedad de la crisis y las convulsiones sociales que se podrían crear, existen sectores burgueses que proponen algunos paliativos para intentar amortiguar la debacle que se vive. Incluso no podemos descartar que alguna medida excepcional se concrete por la crisis y la presión social. Pero no habrá mejoras de fondo, ni progresos para la clase trabajadora y los sectores populares. Ya se anuncian más de 50 millones de nuevos desocupados en el mundo. El imperialismo y las multinacionales buscarán hacer descargar otra vez la crisis sobre las espaldas de las masas, con nuevos planes de ajuste, saqueo y explotación. El único cambio posible, la única redistribución de la riqueza en favor de los pueblos, vendrá de la lucha por imponer gobiernos de las y los trabajadores en todo el mundo.

¿El peligro de un mundo más autoritario?

En la coyuntura inmediata los gobiernos están aprovechando el tema de la pandemia y la cuarentena para tratar de desmovilizar a las masas. Para esto los gobiernos están apelando a la unidad nacional y, en otros casos, a la militarización de la crisis, agudizando los rasgos autoritarios de muchos regímenes y gobiernos.

La crisis sanitaria agrandó el papel de las fuerzas armadas (reparten comida, instalan hospitales, hacen traslados) y de las policías para el control de las cuarentenas. También ha crecido el control virtual. Se estima que unos 40 países utilizan los sistemas de localización de los móviles y distintas aplicaciones para vigilar las cuarentenas o seguir los movimientos y contactos personales, en China, Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Rusia, Israel, Estados Unidos y muchos países de la Unión Europea. Ocho grandes operadores europeos, entre ellos Telefónica, van a proporcionar a la Comisión Europea datos de la localización de sus clientes de telefonía móvil.

Efectivamente existe el peligro que luego de la pandemia se pretenda utilizar todo esto contra los pueblos que se rebelen o para tratar de evitar que lo hagan. No es una tendencia nueva. Ya antes había avances de gobiernos ultra reaccionarios y autoritarios (Trump, Bolsonaro, Erdogan, Putin, Victor Orbán en Hungría, Nicolás Maduro en Venezuela o el dictador Rodrigo Duterte, de Filipinas). O la represión en Chile de los carabineros sobre las movilizaciones contra Piñera. Pero está por verse si van a predominar los regímenes autoritarios y represivos.  Porque lo que predominaba antes de la crisis del coronavirus era la tendencia a la desestabilización política de los regímenes y gobiernos capitalistas por movilizaciones populares. Al inicio del coronavirus existía una oleada revolucionaria de luchas que estaba conmoviendo al mundo. Parte de esa oleada eran las rebeliones populares en Chile, en Líbano o la huelga obrera de Francia. No parece que haya un retroceso estructural en la disposición a movilizarse, más bien existe un reacomodo coyuntural del movimiento de masas, que se ajusta a la situación de cuarentena para tratar de evitar, lógicamente, el contagio. Por ahora no se producen movilizaciones masivas pero sí huelgas o protestas parciales para reclamar por la seguridad sanitaria frente a la pandemia o contra despidos y rebajas salariales. Pero una vez superado el coronavirus puede haber nuevas movilizaciones o rebeliones populares en muchas partes del mundo contra las consecuencias sociales y económicas de la crisis del coronavirus. Para eso nos preparamos los socialistas revolucionarios.

Los justificados temores de Henry Kissinger

Quien quizás mejor haya reflejado esta posibilidad, de un mundo con nuevas y mayores confrontaciones sociales que cuestionan al sistema capitalista-imperialista, ha sido Henry Kissinger, uno de los referentes históricos del imperialismo.

El ex canciller de Richard Nixon, que inició el acercamiento de la China de Mao al imperialismo yanqui (1972), y que sufrió la derrota de la guerra de Vietnam (1975), publicó una columna de opinión en The Wall Street Journal (5/4/20).

“Cuando termine la pandemia de Covid-19, se percibirá que las instituciones de muchos países han fallado”, pronosticó. “El desafío para los líderes es manejar la crisis mientras se construye el futuro. El fracaso podría incendiar el mundo”, advirtió.  Kissinger, a los 96 años de edad, mantiene su lucidez en defensa del sistema. Es consciente que los pueblos visualizan la debacle: “se percibirá que las instituciones…han fallado”. Y que el mundo se “podría incendiar”. Por eso en esa misma columna aconseja que se “deberían tratar de mejorar los efectos del caos inminente en las poblaciones más vulnerables del mundo”.

Su temor, como fiel representante de las oligarquías del mundo, está justificado porque Kissinger sabe de la oleada de rebeliones que se venían dando desde el 2019. Sabe que los pueblos están hartos de los ajustes capitalistas y del crecimiento de la pobreza y de la explotación. Los Kissinger y compañía le temen a ese posible “incendio” de las rebeliones populares. La confrontación social está planteada como una hipótesis basada en la realidad. El mundo post coronavirus será la continuidad agravada de todo lo que conocemos hoy del capitalismo. Por eso desde la UIT-CI hemos convocado “a la más amplia unidad de acción de las organizaciones obreras, populares, de la juventud, del movimiento de mujeres, el movimiento en defensa del ambiente, como de la izquierda anticapitalista y socialista, para coordinar un movimiento de lucha internacional por el plan de emergencia obrero y popular en la perspectiva de la lucha a fondo por terminar con este sistema capitalista-imperialista e imponer gobiernos de la clase trabajadora y el pueblo” (Llamamiento internacional, marzo 2020. www.uit-ci.org). Los cambios sólo podrán venir de la movilización de la clase trabajadora y los pueblos.

14 de abril de 2020

Editorial

La pandemia mundial del coronavirus, con sus terribles consecuencias de miles de muertos, hospitales colapsados más la ola de despidos y rebajas salariales para millones de trabajadores en el mundo, es seguida con una enorme preocupación en nuestro país. El cumplimiento del aislamiento ha sido incorporado en la vida de millones de trabajadores y sectores populares como forma de prevenir el contagio para no llegar a las escenas que se viven en Italia, Estados Unidos o Ecuador. Por eso se siguen con atención los consejos de médicos e infectólogos y hay debates sobre si usar o no masivamente los barbijos, mientras se dan peleas todos los días contra las patronales exigiendo insumos básicos para poder prestar servicios esenciales o atender en los hospitales.

En la Argentina estamos en cuarentena y el próximo 13 de abril, el gobierno tiene que decidir cómo continuar. Alberto Fernández ha dicho: “Nunca vamos a terminar la cuarentena, pero podemos flexibilizarla”. Pero detrás de la palabra “flexibilizar” ya se han sumado diez rubros como nuevas actividades “esenciales” a pedido de empresarios y gobernadores. Se llegó al caso de incorporar a la minería como esencial, también a la obra privada de infraestructura energética y al comercio exterior, entre otros. Pero la minería no es esencial, salvo para las ganancias de Barrick y otras multinacionales depredadoras y contaminantes. Tampoco el comercio exterior, seguramente exigido por las grandes exportadoras que hacen negocios en dólares. También se habla de ampliar turnos en las automotrices a pedido de las multinacionales (General Motors, Toyota, Volkswagen, Fiat-Chrysler, Ford, Peugeot-Citröen, Renault). Pero fabricar autos no es ninguna prioridad. Techint, que acaba de ratificar los 1.450 despidos con la complicidad del Ministerio de Trabajo y la conducción burocrática de la Uocra, venía pidiendo que se declaren “esenciales” distintas actividades de su grupo. Está claro que a estos grandes empresarios no les interesa la salud de sus trabajadores ni de la población, sino cómo engordar sus ganancias capitalistas.

El gobierno ha dicho que no van a empezar las clases, ratificando que el pico de la pandemia será en abril o mayo. “No tenemos que echar a perder el esfuerzo que ya se hizo”, señaló. Y puso un ejemplo: “Si a una fábrica entra una persona con coronavirus va a contagiar a todos sus compañeros”. Entonces, si esto es así, debe prorrogar la cuarentena hasta tener la garantía de que el virus no es una amenaza. En Italia hubo huelgas precisamente para que se cierren las fábricas ante la desidia de patronales que obligaban a sus trabajadores a poner en riesgo sus vidas en plena pandemia mortal. Por eso repudiamos que mientras el gobierno dice que “prioriza la salud de los abuelos” haya empujado a un millón de jubiladas y jubilados a romper la cuarentena para poder cobrar.

Sabemos que millones de trabajadores que vienen haciendo un gran esfuerzo por cumplir la cuarentena ante la desesperación de tener que salir a la calle para ganarse el pan o poder pagar la luz o el alquiler, tengan lógicas dudas y se puedan preguntar si no hay que volver a la normalidad. Pero a todos ellos les decimos que es necesario seguir cuidándose. Y, mientras mantenemos el aislamiento, debemos exigirle al gobierno que no ceda a la presión de la gran patronal y que garantice poner toda la plata que haga falta para invertir en salud y los hospitales públicos, haciendo lugar a las innumerables demandas de los profesionales, enfermeras y trabajadores de la salud. También para garantizar la comida (y que no se hagan negociados como acaba de suceder con las compras de fideos y aceite), triplicar los planes sociales, aumentar las jubilaciones, obligar a las empresas a que paguen los salarios y no despidan  y para que se garanticen todos los insumos para seguir ganándole la pelea al coronavirus y enfrentar la crítica situación social.

Izquierda Socialista sostiene que con las medidas del gobierno no alcanza. Por eso hace falta implementar de manera inmediata un fondo de emergencia sobre la base de un fuerte impuesto a los bancos, multinacionales y grandes empresarios y el no pago de la deuda externa. Proponemos, en concreto, un impuesto especial de 10% a la fortuna de los cincuenta millonarios del país (encabezados por Paolo Rocca, de Techint) y a las ganancias de los veinte grupos económicos nacionales y extranjeros (bancos, multinacionales, privatizadas, supermercados, petroleras, laboratorios y exportadoras). Y con la plata del no pago de la deuda se podría duplicar todo lo que dispuso el gobierno para la pandemia y además triplicar los 10.000 pesos asignados a quienes hacen changas, designar los 2.500 profesionales de la salud que pide el gremio Cicop o comprar miles de respiradores y millones de barbijos, entre tantas otras medidas para la emergencia.

Trascendió que diputados nacionales como Máximo Kirchner y Hugo Yasky, de la CTA, estarían estudiando un proyecto de ley para implementar un impuesto a la riqueza de 1,5 por ciento. Nuestra propuesta es de 10% pero, aunque sea de 1,5%, sería un primer paso. Lo fundamental es que estas medidas no deberían demorarse más e implementarse de manera inmediata por decreto de necesidad y urgencia, como se hizo con la prohibición de despidos por sesenta días. El presidente propuso que se debata en el Congreso, que no funciona. Este dinero es urgente. Por nuestra parte, seguiremos insistiendo en que hace falta un fondo de emergencia para que, mientras se sigue garantizando la cuarentena para combatir el coronavirus, se destinen los recursos necesarios para combatir las urgentes necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista en el FIT Unidad

El gobierno acaba de protagonizar un nuevo escándalo que se suma al de los jubilados de la semana pasada. El Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo hizo compras millonarias de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas a un 40% superior de los Precios Máximos que acaba de implementar. El mismo gobierno que reclama a la gente que denuncie la suba de precios a través de un 0800 compra con sobreprecios. Desopilante.

Al revelarse el hecho, el ministro Arroyo dijo que no podía hacer otra cosa porque se trató de una licitación. Luego, ante las repreguntas, dijo que se vio obligado porque “los productores se plantaron”. Lo cierto es que el ministerio recibió partidas por 36.688 millones de pesos para la compra de alimentos para los más necesitados y los está usando para beneficiar a empresarios que lucran y especulan con los alimentos. ¡#ConLaComidaNO! Alberto Fernández explicó que se trataba de “bolseros” que tenían larga data haciendo negocios con los distintos gobiernos (antes con la gobernadora Vidal) y que ahora buscaban aprovecharse de la crisis. Habla de “cartelización”, pero no hace nada concreto para combatirla. Solo dijo lo obvio, que de ahora en más las compras deben hacerse en base a los precios máximos. ¿Y el castigo a los empresarios “vivos” que lucran con la pandemia? ¿Por qué no cumple con sus propios precios máximos? ¿Dónde está el combate a los formadores de precios, a los supermercados y laboratorios? ¿Por qué el gobierno no aplica la ley de abastecimiento que dispone fuertes sanciones a las empresas y a sus dueños, incautación de la mercadería y hasta meterlos presos? Hay miles detenidos por violar la cuarentena pero ningún empresario mafioso y corrupto tras las rejas.

Lo sucedido no ha sido un error, fue un acto de corrupción. Ahora rodó la primera cabeza y anularon la licitación. Lo volaron a Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de Política Social que pidió las compras. Calvo ya había sido investigado por corrupción hace un año mientras era funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown. Fue filmado por una cámara oculta donde le pedía coimas a una empresa de seguridad privada. El sumario se cerró por falta de pruebas. Calvo también había trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de Alicia Kirchner, igual que la actual secretaria de Gestión Administrativa del actual ministerio de Arroyo, Cecilia María Lavot (abogada y ex apoderada de la agrupación kirchnerista Kolina).

¿Es sólo responsable Calvo? ¿Y los funcionarios que quedan? ¿Y el ministro Arroyo? "Yo creo en la honestidad de Daniel Arroyo que eligió alimentar a la gente", dijo el presidente, deslindando a su vez de su propia responsabilidad política.

Queda por determinar si hay más funcionarios involucrados (casi seguro) y su vinculación con las empresas proveedoras. Por estas horas vuelven a la memoria los hechos de corrupción bajo el kirchnerismo, y está en cuestión lo que dijo Alberto Fernández cuando recientemente se comparó con Macri, diciendo que en su gobierno “no hay corruptos ni privilegiados”. Con este grave hecho se diluye la imagen que quiere instalar el peronismo del Frente de Todos de que está con los más vulnerables y no tiene manchas. ¡Todos los corruptos tienen que ir presos!