Escribe José Castillo
Los bancos privados que operan en el país vienen siendo los privilegiados de siempre. “Se la llevan en pala”, llegó a decir la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una frase célebre. Es que ganan siempre, haya o no crisis, la economía crezca o se hunda. El año pasado, por citar solo un ejemplo, las ganancias de los bancos en conjunto se duplicaron con respecto al año anterior mientras la economía se hundía, crecían la pobreza, los despidos y la inflación. Así, el banco Galicia reportaba ganancias por 42.515 millones de pesos, Macro 40.800, Patagonia 18.211 y Supervielle 4.261 millones. Y hasta acá estamos hablando de los bancos con dueños argentinos, Eduardo Escasany (Galicia), Jorge Brito (Macro), Julio Patricio Supervielle (Supervielle), Stuart Milne y González Moreno (Patagonia, aunque cedieron parte de la propiedad al Banco do Brasil). A ellos hay que sumarle los bancos extranjeros que operan (y esquilman) al pueblo trabajador argentino: los españoles Santander y BBVA-Francés, el chino ICBC, el británico-chino HSBC y el norteamericano Citibank (que si bien vendió su banca minorista al Santander sigue operando para empresas), que no informan sus superganancias en nuestro país.
Todos ellos cometen los mil y un abusos. Cobran tasas abusivas por financiar las tarjetas de crédito (con un costo financiero total que llega a 120%), le descuentan los cheques o le cobran por descubierto al trabajador independiente, al remisero o al quiosquero con tasas también astronómicas. Y siguen sin otorgar los créditos a los que, supuestamente según el gobierno, están obligados. La excusa es pedirle al pequeño ahorrista los mil y un requisitos hasta hacerle imposible el acceso a ese beneficio. Los miles de millones de pesos que el Banco Central les “liberó” en medio de la pandemia a los bancos para que los utilicen en esos préstamos, o bien se los están otorgando con exclusividad a su clientela de grandes empresas, o bien directamente los están utilizando ellos mismos para operaciones de compra de dólares en los mercados exclusivos (los llamados MEP o contado con liqui), provocando en estas últimas semanas que el valor de la divisa pase los 100 pesos.
Y como se visualizó en las semanas anteriores, la inmensa mayoría de los bancos privados, entre ellos todos los extranjeros, se niegan absolutamente a cumplir rol social alguno con algo tan básico como pagar jubilaciones o asignaciones universales. Los bancos estatales (Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires) terminan siendo los que las pagan en todas sus sucursales, los que están presentes en barrios o pueblos donde muchas veces son la única ventanilla para cobrar algo o el único cajero automático y los únicos que cumplen en otorgar los créditos que tanto se anuncian rimbombantemente.
Por eso, en esta emergencia, los bancos privados (nacionales y extranjeros) deben estar, sin duda, entre aquellas empresas que deben pagar un impuesto especial de 10% de sus ganancias (por sobre lo que tributan habitualmente).
Porque esta coyuntura pone una vez más a la vista los privilegios que vienen gozando desde la época de la dictadura militar. Vergonzosamente, la actividad sigue regida por la Ley de Entidades Financieras dictada por Martínez de Hoz y Videla en 1977, no derogada por ninguno de los gobiernos posteriores. Terminar con esta legislación, nacionalizando la banca, es lo que desde siempre venimos proponiendo desde la izquierda, para que así el conjunto del ahorro popular pueda volcarse a resolver las más urgentes necesidades de salario, trabajo, educación, salud y vivienda.
