Escribe José Castillo

Varios países africanos han planteado la cancelación total de su deuda externa y conformado un frente de países deudores para llevar adelante este reclamo. Tres representantes de ese continente se pusieron al frente de la iniciativa, el primer ministro etíope y Premio Nobel de la Paz Abiy Ahmed; el jefe de Estado de Senegal, Macky Sall, y el presidente de Sudáfrica y de la Unión Africana Cyril Ramaphosa. 

Es la respuesta a ciertos planteos demagógicos de parte de funcionarios del FMI y el Banco Mundial, que hablaron de “reducir plazos y montos” a la absolutamente impagable deuda externa africana, donde cada país tiene que destinar actualmente sumas de entre el 15% y el 30% del total de sus recursos a ese fin. Frente a estos dichos, la posición de los países africanos fue clara: piden la cancelación lisa y llana de todas las deudas. 

El frente de países deudores africanos es un ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros. Más allá de cómo termine este llamamiento. Se responde así a un interrogante que nos suelen plantear muchos compañeros: ¿se puede dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI? ¿Cómo se hace para enfrentar cualquier represalia del establishment económico y político del imperialismo?

Siempre hemos respondido que hay montones de ejemplos de países que dejaron de pagar sus deudas y que cualquier “represalia” es mucho menor al costo de seguir pagando a costa del hambre del pueblo trabajador. 

Pero ha eso también le agregamos que la suspensión de los pagos de la deuda externa y la ruptura con los organismos financieros internacionales deben ir acompañados del llamado al conjunto de los restantes países víctimas de este saqueo para conformar un gran frente de países deudores, que se oponga y enfrente de conjunto a los pulpos acreedores y sus gobiernos. 

En particular, siempre sostuvimos que ese llamado era fundamental en Latinoamérica, ya que todos los países de la región sufrimos la exacción de la deuda externa. Si la dejamos de pagar y unimos todos nuestros recursos, somos invencibles frente a cualquier represalia de los pulpos acreedores. Con los alimentos de Argentina y Uruguay, los minerales de Chile y Bolivia, el petróleo de Venezuela y Ecuador, el poder industrial de Brasil, por citar solo algunos ejemplos, seríamos capaces de resistir cualquier sanción que se le ocurriera al imperialismo. Algo similar a lo que hoy están planteando los países africanos.

Alberto Fernández, que por un lado repite que “no puede pagar”, pero al mismo tiempo sigue insistiendo en la negociación para “evitar caer en default”, aquí tiene la salida: dejar ya mismo de pagar toda la deuda externa y llamar a un frente de países deudores para enfrentar de conjunto a los buitres y sus gobiernos.  

Escribe Diego Martínez

La crisis social hace estragos en el conurbano bonaerense por el aumento de los contagios y el crecimiento alarmante de la pobreza causado por los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales que avalan el gobierno nacional,  el provincial y los municipales. De todos los distritos, La Matanza es el más castigado por esta situación.

El mayor bolsón de pobreza del país

En La Matanza viven 2.400.000 personas, 1.200.000, el 50%, son pobres. Según datos del Observatorio Social de la Universidad de La Matanza hay 122 villas y asentamientos con una gran carencia de servicios básicos. En todo el partido solo el 40% tiene cloacas, y en el tercer cordón (González Catán, Virrey del Pino) apenas el 3% de la población puede acceder a este servicio. 

Otro gran problema es el de la infraestructura. El pueblo trabajador vive en situación de hacinamiento en viviendas deterioradas, entre otras razones, por la humedad que provocan las inundaciones que sufren los barrios, que además genera el caldo de cultivo para el dengue (en La Matanza hay más de mil casos) y las enfermedades respiratorias, que son un factor de riesgo para el coronavirus. Vecinos de distintos barrios están reclamando obras hídricas para detener las inundaciones pero el municipio hace oídos sordos.

Como si esto fuera poco, hay numerosos basurales a cielo abierto; el Ceamse ocupa un área en medio de una zona habitada de González Catán, lo que agrava la presencia de enfermedades respiratorias, que en algunos casos provocan la muerte. Un informe oficial en 2006 determinó que el agua de esa zona no es apta para consumo humano.

Que el municipio y los gobiernos se hagan cargo de la crisis

La situación de pobreza extrema y la desidia de la intendencia en manos del peronista Espinoza plantean una gran preocupación ante la posibilidad de que la pandemia se extienda. En pocos días La Matanza pasó a ser el distrito con más infectados del Gran Buenos Aires, duplicando la cantidad de casos en una semana. Y el sistema de salud local no está preparado. Mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda que haya entre ocho y diez camas de hospital cada mil personas, y en el país hay 4,5, en La Matanza hay tan solo una. El gobierno nacional prometió, ante la emergencia de la pandemia, abrir dos hospitales que ya están construidos hace cinco años, pero no cuentan con equipamiento ni personal y tampoco hay anuncios al respecto.

La situación económica no es menos preocupante. Muchas fábricas cierran, despiden (como fue el caso reciente de Acindar), o pagan los salarios en cuotas. El 46% de los empleados y el 79% de los cuentapropistas de la localidad trabajan en negro (Observatorio Social Unlam). La comida no alcanza en los barrios y el municipio no da respuesta a la demanda. Aunque sí se vio cómo los punteros del PJ se llevaban grandes bolsones mientras los vecinos de los barrios populares hacían filas durante horas y algunos se iban con las manos vacías.

El peronismo gobierna La Matanza hace casi cuarenta años. Pese al discurso “nacional y popular” de Balestrini, Magario, Espinoza y compañía, durante todo este período se profundizó la pobreza. 

El municipio cuenta con 11.000 millones de pesos de fondos reservados. Los tiene que poner a disposición para solucionar la grave crisis social y sanitaria. Lo mismo tiene que hacer el gobierno nacional con los recursos destinados a la deuda externa. Además de implementar de una vez por todas un impuesto a las grandes fortunas como propone el FIT Unidad.

Escribe Ariel Napoli

El coronavirus se propaga en las villas de la Ciudad de Buenos Aires a pasos agigantados. En poco más de una semana se pasó de registrar los primeros casos aislados a la cifra de 249 personas infectadas. En la Villa 31 tuvimos que lamentar seis víctimas fatales, al momento de escribir esta nota. La diseminación del virus en estos barrios es muy preocupante debido al alto grado de hacinamiento en el que viven los habitantes y a la falta de servicios públicos. Mientras el Gobierno de la Ciudad llama a los vecinos a lavarse las manos, en muchos de estos lugares no tienen acceso a agua potable.  

Muchos trabajan en forma precarizada y están desocupados en este momento, motivo por el cual recorren las villas buscando la manera de lograr algún ingreso para llevar a su familia. De esa forma se propaga aún más el contagio. Lo mismo sucede en los comedores, con interminables listas de espera, donde los sectores populares se agolpan para obtener un plato de comida. 

Esta situación es reflejo de la política de los distintos gobiernos nacionales, peronistas y radicales, y de la actual gestión de PRO en la Ciudad. Mientras la población en la capital se mantiene en una cantidad estable, el número de habitantes de las villas no para de crecer, hoy viven 300.000 personas. Larreta debe impulsar un plan de urbanización y para mitigar la crisis actual se impone aumentar el ingreso familiar de emergencia a 30.000 pesos y destinar el dinero necesario a salud, comida y elementos de higiene para los barrios. La plata debe salir del no pago de la deuda y un impuesto especial a las grandes fortunas de la Ciudad. 

Escribe Malena Lenta, Comisión Directiva de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Facultad de Psicología (UBA)

Frente al aislamiento social preventivo obligatorio en el marco del Covid-19, la telematización del trabajo (home office) se convirtió en una modalidad obligada para lxs docentes. De un día para otro, el ministro de Educación Trotta lanzó la campaña para que se virtualicen las clases. Sin embargo, este asunto no es tan idílico como parece. En primer lugar, la pandemia implica el aumento de las tareas de cuidado de niñxs, adultxs mayores y personas con enfermedades crónicas, cuestión que recae mayoritariamente en las mujeres que son, justamente, la mayoría de la fuerza laboral en todo el sistema educativo.

En segundo lugar, el trabajo virtual exige contar con materiales básicos para poder desarrollarlo (computadora, internet) que las universidades no proveen a lxs docentes. Es posible que muchxs ya lo tengan, ¿pero cuántxs no? Además, son necesarias condiciones de espacio y tiempo para poder trabajar, que se reducen notablemente con la sobrecarga del trabajo de cuidado y las mayores exigencias burocráticas de las instituciones y de elaboración de nuevos materiales requeridos en un plazo imposible. Sin contar con que muy pocxs docentes tienen capacitación para usar plataformas virtuales.

En tercer lugar, lo virtual multiplica la brecha social. No todxs lxs estudiantes tienen computadora propia ni internet en sus casas, o solo tienen paquetes de datos limitados que no les permiten usar plataformas sincrónicas (zoom, jitsi) o audiovisuales (youtube). Además, ¿cuántos de nuestros estudiantes se quedaron sin trabajo? ¿Cuántos están cuidando a sus niñxs y adultxs mayores? De este modo se caen las cursadas de los estudiantes de los sectores más postergados. 

En este complejo escenario, ¿qué plantearon las universidades? Simplemente,  que se virtualicen las clases y “hagan lo que puedan” sin ninguna preocupación por las posibilidades de docentes y estudiantes y sin claridad de cronogramas  o acreditación del trabajo y las cursadas. Más aún, ¿qué pasará con las materias que son prácticas? ¿Qué ocurrirá con los nombramientos docentes que no se llegaron a hacer a comienzos del cuatrimestre por depender de las inscripciones? 

La pandemia del Covid-19 potencia las precarias condiciones de trabajo de la docencia universitaria. Antes de la cuarentena el gobierno nacional ya había decidido no cumplir con nuestra paritaria. Ahora nos obliga a trabajar en las peores condiciones, sin ART, sin herramientas básicas tecnológicas y de capacitación. Reclamamos que se creen ya comités de emergencia interclaustros (docentes, no docentes y estudiantes) con representación de las organizaciones gremiales en todas las unidades académicas para definir la continuidad del año lectivo. Liberación de los datos de internet para docentes y estudiantes. Ni un docente sin nombramiento ni salario. Aumento salarial de emergencia. Ni un docente sin derecho a la licencia por el Covid-19. Basta de sobrecarga laboral. Que se aplique el convenio colectivo de trabajo en todas las universidades nacionales. 

Este martes 12 de mayo se realizará una nueva reunión de la mesa nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo para avanzar en unir y coordinar las luchas en curso ante el brutal ajuste patronal y postular la necesidad de una nueva dirección en el movimiento obrero contra la traición de la burocracia sindical.

Escribe Javier Leonforte

El Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) fundado en junio del 2018 en la pelea contra el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI hoy continúa la lucha bajo el gobierno de Alberto Fernández y en plena pandemia.

Los despidos, suspensiones y rebajas salariales recorren los lugares de trabajo. Las patronales quieren descargar la crisis económica, incrementada por la pandemia, sobre las espaldas de los trabajadores. Para esto cuentan con la complicidad de la burocracia sindical que profundiza su rol traidor con el pacto CGT-UIA impulsado por el gobierno nacional de Fernández. Pero hay luchas que comienzan a mostrar la predisposición para enfrentar el ajuste entre los trabajadores. Nuevos delegados y activistas enfrentan las medidas patronales y se organizan contra las agachadas de la burocracia en cada gremio.

Los trabajadores de la salud enfrentan el ajuste y la falta de insumos y elementos de seguridad en gremios como la Cicop en Buenos Aires, SITE de Tucumán y otros. Docentes y estatales se movilizan contra la ley de emergencia de Larreta en CABA y luchan y se organizan en Neuquén y otras provincias. El frigorífico Penta, los ferroviarios del Sarmiento, el Sutna en las fábricas del neumático, los mineros de Neuquén, trabajadores del subte Línea E, el triunfo en BedTime, los municipales de Jesús María en Córdoba y de Tigre en la provincia de Buenos Aires, los repartidores de Glovo, Pedidos Ya y otras empresas, fábricas recuperadas y cooperativas, jóvenes trabajadores de McDonalds, Burger King, Pandy Toy, colectiveros de la UTA de diferentes líneas, Textil Iberoamericana, La Nirva, Acindar, trabajadores de Clarín y otros sectores. 

Estas luchas se han dado a pesar de la burocracia sindical de la CGT y las CTA. Fueron impulsadas y apoyadas por delegados y activistas de base, por nuevas direcciones y por el sindicalismo combativo y la izquierda. En plena cuarentena se realizan acciones que se van multiplicando cada día, ya que con la pandemia crece el ajuste. 

Para unir y coordinar esas luchas y para que triunfen hace falta seguir peleando por una nueva dirección combativa y democrática en el movimiento obrero. Esa es la gran tarea que asumimos desde el Plenario del Sindicalismo Combativo agrupando a los principales gremios y cuerpos de delegados antiburocráticos del país. 

Ya el pasado 20 de diciembre el PSC planteó que “las organizaciones obreras deben velar por los intereses de los trabajadores. Rechazamos el Pacto Social. Preparamos los reclamos obreros y populares. Luchamos por la independencia y la democracia en los sindicatos” marcando la necesaria autonomía obrera frente a la asunción del nuevo gobierno de Fernández. El pasado 12 de febrero el PSC apoyó la movilización a Plaza de Mayo “en repudio a la visita del FMI y se volvió a pronunciar por el no pago de la deuda externa”. Y ante la llegada de la pandemia el pasado 10 de abril planteó: “Defendamos la salud, el salario y el empleo”. 

Hoy miles de trabajadores repudian el pacto UIA-CGT. Desde el PSC llamamos a impulsar la  organización en cada lugar de trabajo para enfrentar el ajuste y buscar una alternativa frente a la traición de  la burocracia sindical. A esos miles de trabajadores se dirigen los esfuerzos del Plenario del Sindicalismo Combativo para desarrollar una nueva dirección y pelear unidos para que la crisis la paguen los capitalistas.