“Esto tiene que ver con que no se usó correctamente la ropa, no se sacaron correctamente la ropa, o muchos de ellos concurrieron con fiebre a trabajar. Tenemos que ser menos omnipotentes y entender que si tenemos un síntoma, lo primero que tenemos que hacer es no ir a un lugar donde podemos contagiar a mucha gente”. Éstas fueron las palabras del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García frente al hecho tremendo de que el 14% de los contagiados por el Covid 19 forman parte del personal de salud, y coloca a nuestro país en los primeros lugares del ranking mundial del sacrificio de los integrantes del equipo de salud.

Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización de la Cicop

Un mar de quejas inunda las redes sociales por la falta de equipamiento de protección personal. Los trabajadores hacen demostraciones callejeras, elevan petitorios, realizan asambleas e interponen recursos de amparo en todo el país. Hay jueces que emplazan a responsables de establecimientos públicos y privados para proveer los insumos de protección necesarios, pero el ministro, con desparpajo patronal, culpa a las víctimas e, incluso, insinúa con cinismo, que son los trabajadores los que contagian.

Pero el contagio existe y se extiende. Además del Hospital Belgrano, en la Capital Federal hay personal contagiado en los hospitales Fernández, Ramos Mejía, Tornú; en La Plata los hospitales Gutiérrez, Gonnet y Cestino de Ensenada donde se cerró la terapia intensiva; en Río Negro y en el Chaco. Tanto el gobernador Kicillof como el jefe de gobierno Rodríguez Larreta convocaron a profesionales jubilados para prestar servicios con la carnada de permitirles cobrar su nuevo sueldo manteniendo el cobro de su jubilación; medida desatinada dado que se trata de gente añosa y de alto riesgo de perder la vida en caso de enfermar.

Los comités de crisis con participación de los trabajadores

En sintonía con Ginés y con el mismo olvido de la verdad, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán declaró que “los hospitales bonaerenses están completamente abastecidos”. Afirmaciones que son desmentidas a diario por los trabajadores, como denunciaron públicamente la semana pasada los trabajadores del Hospital Belgrano de San Martín, donde hubo 25 contagiados. El director de ese hospital trató por todos los medios de evitar la participación de los trabajadores en el comité de crisis que era limitado a algunos jefes de servicio. Profesionales y enfermeros querían intervenir para lograr medidas de protección. Ese fue uno de los ejes del enfrentamiento. En virtud de la situación creada en ese establecimiento, el ministerio aceptó el reclamo de Cicop de constituir comités de crisis con participación de los trabajadores. Este lunes 20 se realizó en La Plata la primera reunión central, con los gremios y autoridades del ministerio y se adoptaron varias medidas de protección de los trabajadores, entre ellas, la recomendación de crear estos comités en cada uno de los hospitales.

El poli empleo favorece el contagio

El poli empleo se funda en los bajos salarios. Décadas de salarios a la baja han naturalizado esta costumbre, que es, lisa y llanamente, superexplotación. Médicos, enfermeros, técnicos, todos trabajan 12 o más horas por día, incluyendo sábados y domingos. Para un costo de la canasta familiar de 60.000 pesos (Indec), los sueldos del ingresante no superan los 25.000 para una enfermera y los 38.000 para un médico. Estos bajos sueldos los obligan a ir de un empleo a otro. Esta situación, que ya era extenuante y predispone a enfermarse, se ve agravada ahora porque el trabajador sufre, además, una prolongada exposición diaria y semanal al riesgo de contagio multiplicándose por dos o por tres de acuerdo a los sitios que concurra.

Si bien la defensa de su propia salud es hoy el eje de las preocupaciones del personal de salud, su lucha por el salario no se detiene. Sigue su curso en la provincia de Buenos Aires (donde el gobierno ofreció un mísero 20%), en Santa Fe, en Chubut donde los trabajadores cobran con un mes de retraso y en Tucumán donde el gobernador Manzur anuló unilateralmente la cláusula gatillo. Los gobernadores persiguen a los trabajadores que defienden legítimos reclamos como en Tucumán la persecución de que es objeto Cristian Luna, secretario general del SITE (sindicato tucumano de enfermeros), como también lo hacen en La Rioja, Catamarca y Jujuy.

Denunciamos muchas veces que el gobierno no cuidaba al personal de salud. Hoy, con la elevada tasa de contagiados, nadie puede dudar de la corrección de nuestra denuncia. Es necesario reforzar la lucha de los trabajadores de salud que tiene una doble faz: por un lado, la pandemia, por el otro la lucha por no enfermarse. El personal sanitario reclama hoy, elementos para protección personal, test para identificar los portadores del virus y comités de crisis por establecimientos para defenderse. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

“Al personal de sanidad no nos contagian los pacientes, nos contagian los otros. Estuvimos tres días discutiendo con la patronal el aislamiento de un camillero que trasladó dos veces a un paciente con Covid y finalmente dio positivo. Mientras no la aislamos, esa persona pudo haber contagiado tal vez a tres personas más”, dijeron los delegados de los trabajadores de Sanidad (ATSA). Al menos treinta y cuatro empleados del Sanatorio de la Providencia, del barrio porteño de Balvanera, dieron positivo y se espera aún el resultado de más testeos. Entre ellos médicos, enfermeros, camilleros y personal de administración del centro de salud. Solo cuatro de ellos están internados y el 70% permanece asintomático.

Los trabajadores sostienen que la empresa propietaria de la clínica no respeta los protocolos de seguridad ante casos sospechosos ni entre los pacientes, ni entre trabajadores, quienes debían presentarse a trabajar igual. Hasta llegaron a negarle la atención por guardia a quienes acusaban sintomatología compatible con el virus. “Nos decían que era por la vacuna de la gripe que nos aplicaron, pero no era eso. Hay pacientes con coronavirus y ellos lo niegan”. La clínica tampoco proveyó los elementos de protección personal a todos los trabajadores alterando, de hecho, los protocolos.

En el mismo sentido denunció la semana pasada, en una carta abierta a la comunidad, el médico cordobés, portador sano del Covid-19 que, presuntamente, introdujo involuntariamente el virus en el instituto geriátrico donde trabajaba. “En el geriátrico no había elementos de protección, no había alcohol en gel y las manos se las secaban en una toalla comunitaria o en los ambos, solo ponían un rollo de papel por día para secarse las manos. No prepararon adecuadamente al personal. No se definieron las zonas de aislamiento y circulación. No restringieron a tiempo el acceso de visitas, cuando debió hacerse anteriormente”.

La renta del capital es el objetivo del sector privado en salud

En el sistema privado, tanto clínicas como geriátricos son empresas capitalistas y como tal su objetivo principal es la renta del capital. Es decir, bajar los salarios, aumentar la productividad del personal y eliminar los gastos improductivos como, por ejemplo, los elementos de protección. Eso es lo que pasó en estos dos establecimientos que tomamos como ejemplo. También pasa en el Hospital Italiano o el Sanatorio Güemes. La sed de ganancias de la patronal de salud es tal que, en plena pandemia, la confederación que los agrupa pide subsidios al gobierno para “afrontar los gastos”, silenciando que en conjunto las clínicas privadas deben 10.000 millones de pesos a la AFIP, sin contar los intereses.

La industria sanatorial privada representa la tercera parte del gasto total en salud del país, equivalente a 3% del PBI, más que el 2,75% que corresponde al gasto total del Estado en salud, sumando Nación, provincias y municipios. Pero, mientras el sector público atiende con esa porción del producto nacional al 40% de la población, el privado vuelca un poco más de esa cantidad solo para atender al 8% de la población.

Estatización de la totalidad del sistema de salud

Esta importante masa de recursos sanitarios debe ser puesta al servicio del todo el pueblo y no solo de una minoría. El gobierno debe nacionalizar la totalidad de las instalaciones privadas, sanatorios y laboratorios y ponerlos a trabajar bajo control de sus trabajadores. El mismo tratamiento que al sector privado debe darse a la totalidad de las obras sociales, nido de corrupción de la burocracia sindical. La producción y distribución de insumos, tests, reactivos, medicamentos, vacunas y todo otro elemento necesario para combatir la pandemia debe pasar a manos del Estado, bajo control de sus trabajadores. También debe suspenderse la vigencia de las patentes nacionales e internacionales que impidan la elaboración de estos insumos. Este enorme aflujo de recursos materiales y humanos gestionado por el Estado, bajo control de sus trabajadores, permitirá encarar acciones que hoy parecen imposibles, como la extensión del testeo a todo el personal de salud y a quienes deben estar expuestos al contacto con el público y, al mismo tiempo, elaborar y proveer los insumos y medicamentos necesarios para enfrentar la pandemia.

Escribe Claudio Funes

Las patronales de todos los sectores están jugadas a aprovechar esta crisis para forzar rebajas salariales. Empresas que pagan los sueldos “en cuotas”, otras que abonan el 70 o incluso el 50%, o que aprovechan como excusa los rubros de presentismo, comisiones o “premios” para reducir lo efectivamente pagado. 

De conjunto, las patronales pretenden avanzar con el planteo de que se produzca una rebaja salarial global de 30%. Ni que hablar de que no están dispuestos a cumplir con las cláusulas gatillos pendientes ni, mucho menos, a abrir las paritarias 2020. “Se evalúa no abrirlas hasta diciembre”, dicen fuentes del propio ministerio de Trabajo. Los empresarios cuentan con la complicidad de la burocracia sindical de los gremios más importantes, que acuerdan dichas rebajas. 

El lunes 20 el gobierno resolvió pagar el 50% de los salarios del sector privado. Se trata del denominado Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP). Se trata de un fenomenal subsidio al conjunto de las patronales. De hecho, con esta disposición del total de dinero que ha puesto hasta ahora el gobierno para la pandemia (aproximadamente 800.000 millones de pesos), más de la mitad son subsidios a los empresarios. 

¿Será que, al menos, con este plata puesto por el gobierno, los empresarios van a pagar el 100% de los sueldos? ¡Ni siquiera así! Nuevamente, con la complicidad de las cúpulas burocráticas, se plantea “renegociar” el valor de la baja salarial, pero siempre aceptando el planteo patronal de que la crisis la terminemos pagando los trabajadores. Es que el propio programa ATP  deja abierta la opción a que los acuerdos entre patronales y direcciones sindicales avalen las rebajas salariales. Terminará pasando lo mismo que ocurrió con el decreto de suspensiones y despidos.

Así, las burocracias de los sindicatos petroleros, mecánicos, mercantiles, metalúrgicos y otros negocian con los empresarios montos de rebajas salariales (además de suspensiones). 

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, declaró que firmará un acuerdo que contempla suspensiones para alrededor de 20.000 trabajadores, que cobrarán un promedio de 50 % de sus ingresos habituales. 

El Smata ya tenía acordado con las automotrices las suspensiones con el pago del 75% del salario habitual. Ahora, con el estado pagando el 50% de los salarios, dice que hay que rediscutir el monto pero insiste en que “se enfrenta una situación delicada y de salarios a la baja”, como afirmó Ricardo Pignanelli, anticipando lo que viene. 

Armando Cavalieri, secretario general de la federación de comercio (Faecys) que aglutina a 1,2 millones trabajadores, también está en plena negociación con planteos de rebajas salariales. Remarcadores de precios como Coto, Jumbo, Carrefour y Walmart, entre otros, agradecidos. 

Producto de la bronca de la base que resiste la pobreza, en la UOM hay incertidumbre respecto de la continuidad de las negociaciones para recortar salarios. Todo después que la conducción de Antonio Caló ya había acordado una rebaja generalizada de 30% de la que tuvo que dar marcha atrás. La láctea Verónica, que integra uno de los sectores considerados esenciales y que produce con total normalidad, es una expresión más de la voracidad patronal. Comunicó a sus trabajadores que el sueldo de marzo lo pagará en cuatro cuotas. Un verdadero abuso.

Si agregamos a las patronales de las cadenas de comidas rápidas el panorama se completa. Apenas comenzada la cuarentena pretendieron sacar ventaja reduciendo los salarios de los 25.000 empleados precarizados que ocupa el sector. Algo que sus trabajadores pudieron revertir.

La burocracia sindical continúa con su descarado apoyo a las patronales dejándolas hacer. En plena pandemia demuestra su desprecio por el pueblo trabajador y lo abandona a su suerte. Por eso luchamos, junto con los nuevos dirigentes que van surgiendo, por un modelo sindical combativo y democrático para sacar a la vieja burocracia sindical. Y, en estos momentos, peleamos contra las patronales y la burocracia para que no se aplique ninguna rebaja salarial, que se pague al 100% y en término. Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

Escribe Claudio Funes

El decreto de necesidad y urgencia 329/2020 del 1° abril prohíbe los despidos sin causa, por fuerza mayor o disminución del trabajo. 

Desde el momento que el “miserable” Paolo Rocca, con el consentimiento de la Uocra, decidió despedir a 1.450 trabajadores y el ministerio de Trabajo lo homologó, el decreto pasó a ser solo un papel  mojado, ya que permite despedir por acuerdo entre las partes.

Estos despidos fueron emblemáticos. Comenzaba la ofensiva patronal para descargar la crisis del coronavirus sobre el pueblo trabajador. Al grito de guerra de Techint, al que Fernández se refirió como “tema superado”, se sumaron la mayoría de las grandes patronales que comenzaron a despedir, junto con otras menores como el frigorífico Penta, Mirgor y Garbarino. En la provincia de Catamarca despidieron a cuatrocientos trabajadores de la construcción mediante mensajes de texto a sus celulares. Los capitalistas pretenden que no se afecten en nada sus fabulosas ganancias en medio de la pandemia.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre el 15 de marzo y el 15 de abril se relevaron 5.386 despidos, la gran mayoría luego de la firma del decreto presidencial.  

La burocracia sindical, siempre haciendo juego de equipo con la patronal, ignora los despidos y repite, una y otra vez, que ante la crisis del coronavirus lo más importante es preservar el empleo. ¡Son unos auténticos canallas!

Con esta excusa (o extorsión a los trabajadores) negocian con las patronales flexibilización, suspensiones y rebajas salariales. A las suspensiones masivas en la industria automotriz, pactadas con el Smata, se sumaron, en acuerdo con la UOM, las 10.000 suspensiones de Ternium–Siderar del Grupo Techint y las de Aluar en Puerto Madryn. La patronal de Acindar hace lo propio en su planta de La Tablada.

Con estos hechos consumados en su haber, los empresarios presionan al gobierno para salir de la cuarentena. La Cámara Argentina de Comercio y la Unión Industrial Argentina le hicieron conocer sus exigencias para volver a la normalidad económica y continuar lucrando. De esta puja nace lo que Fernández denomina “cuarentena administrada”, con algunas excepciones. Se sumaron (y se sumarán) actividades a partir del 13 de abril. Madanes Quintanilla fue uno de los grandes ganadores: el dueño de Fate logró que la producción de neumáticos fuera considerada “esencial”. 

La avidez de la patronal siempre cuenta con la vocación traidora de la burocracia sindical peronista: “Necesitamos oxígeno, no va más esto del aislamiento generalizado”. “Pedimos que se reactiven gradualmente ciertas actividades porque a nosotros nadie nos da garantías de que no habrá despidos y de que cobremos el sueldo”, hablan los burócratas como si todo eso ya no estuviese sucediendo ante su propia complicidad. 

Las patronales están rompiendo la cuarentena, es un hecho. El dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero declaró que en el ferrocarril Sarmiento viajan un 34% más de personas que al comienzo. Las consecuencias que esto podría acarrear a la salud del pueblo trabajador es responsabilidad del gobierno nacional, más allá de sus declaraciones de la importancia que tiene la cuarentena, que cede ante la embestida bicéfala de patrones y burócratas. Por esto el ministro de Trabajo de la Nación Claudio Moroni, expresó: “La administración de la cuarentena está en manos de las provincias”. Esto es lavarse las manos.

La cuarentena debe continuar, pero se debe terminar con las suspensiones y despidos y todos los trabajadores que fueron echados deben ser reincorporados. Toda empresa que suspenda, eche o cierre con la excusa de la crisis del coronavirus debe ser estatizada y puesta a funcionar bajo control de sus trabajadores.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista /FIT Unidad

Techint fue noticia en el país por el despido de 1.450 trabajadores en plena pandemia. Ya en ese momento se conoció cómo estaba actuando esta patronal en Italia, donde se impidió, por presión de los empresarios, esencialmente Gianfelice y Paolo Rocca, del Grupo Techint, que se considerara zona roja a Lombardía, la región más devastada por el coronavirus. Recién se frenó la producción el 31 de marzo, cuando ya había 6.700 contagiados y tras semanas de campaña publicitaria de la agrupación empresaria Confindustria Bérgamo, que llenó los medios con el lema “Bérgamo no se cierra, Italia no se detiene”.

Ahora en Italia se está programando la fase 2 de la cuarentena para el 4 de mayo, pero las patronales del norte ya arrancaron la actividad rompiendo el aislamiento, mientras al principio no querían cerrar la producción en beneficio de sus ganancias capitalistas. Han reabierto sin permiso “65.000 empresas consideradas no esenciales” […] El 71% de las grandes empresas con más de 250 empleados no han detenido sus actividades productivas, gran parte no respetando las normas de seguridad” (Clarín, 17/4).

Uno de los principales integrantes de la Confindustria lombarda es Tenaris, subsidiaria italiana del Grupo Techint. Al frente está Gianfelice Rocca quien, como sus parientes argentinos, es uno de los hombres más ricos de ese país y también dueño de una de las principales clínicas privadas de la zona de Bérgamo, donde colapsó la estructura sanitaria.

En todo el mundo los Rocca son iguales. “O ustedes aceptan cobrar el 40% del sueldo o cerramos”, le dijo un Ceo al Sindicato de Trabajadores de Ternium de Guatemala. En Colombia, la filial de Techint dice que pagará cero peso a sus trabajadores y les ofrece un préstamo a descontar de ingresos futuros. “Estamos pensando en encadenarnos frente a la fábrica”, anuncian desde el sindicato de Cartagena.

En Italia, donde el grupo de Paolo Rocca presionó en marzo para no cerrar la empresa pese a la pandemia, las actividades se están retomando aun cuando el virus sigue circulando. Allí la pelea de los trabajadores metalúrgicos es para que haya vestuarios, comedores adaptados al distanciamiento, máscaras, guantes y uniformes que la patronal no provee. Meses antes fueron protagonistas de muchas huelgas por lo mismo.

Martín Ceballos, gerente de Tenaris para América Central, dijo: “Les adelanto que Paolo Rocca no va a perder un peso en esta situación. Si los trabajadores no aceptan reducir el 60% de los costos laborales, lamentablemente el 40% tendrá que quedar en la calle”. Como dato curioso, cualquier controversia fuerte con sus trabajadores, como los convenios, se terminan definiendo en Luxemburgo, la sede legal del grupo.

“En Colombia, Canadá, Brasil, Argentina, Japón e Italia, el Grupo Rocca utiliza cualquier mecanismo en la legislación a su favor y realiza un poderoso lobby con los gobiernos, señaló el ex dirigente internacional de los metalúrgicos desde Canadá, Jorge García Orales, al que llaman Flower” (Página12, 19/4/2020).

A estos empresarios hay que obligarlos a que no despidan ni reduzcan salarios bajo pena de que sus empresas sean estatizadas y puestas bajo control obrero e imponerles un impuesto especial de 10% a su riqueza personal y a las ganancias de su holding para afrontar con esos fondos la mayor crisis del coronavirus, como sostenemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.