Escribe Claudio Funes

El lunes pasado, tuvimos “la foto” del presidente Alberto Fernández, las principales patronales y la cúpula burocrática de la CGT. Se trata de la expresión gráfica de un pacto que tiene como grandes ganadores a los empresarios, que se llevan millonadas en subsidios y como perdedores a los trabajadores, que ven cómo se reducen sus ya magros salarios. Y, como si todo esto fuera poco, mientras todos se unen para plantear que no hay que caer en default, léase, que hay que arreglar de cualquier modo con los pulpos acreedores y seguir pagando la deuda externa.

Las patronales de todos los sectores obtuvieron, primero, un multimillonario subsidio, el ATP. Entre el salario complementario de 50% que abonará la Anses a los trabajadores y la reducción de 95% de las contribuciones patronales, este subsidio alcanzará la suma de 132.594 millones de pesos, que quedará en bolsillos de multimillonarios. Cifra muy superior a los 89.630 millones de pesos que se pagarán por el bono de 10.000 pesos a los sectores más postergados. Pero los capitalistas no están satisfechos, pretenden 325.000 millones de pesos para que la ayuda sea efectiva.

Insaciables, los capitalistas fueron por más. El gobierno, la UIA y la CGT negociaron un convenio tripartito: el recorte de 25% del salario para  los trabajadores que están suspendidos. 

A partir de esta negociación las suspensiones se dispararon. A la fecha son más de 1.200.000 en todo el país. Otra traición consumada por la burocracia sindical peronista que nos muestra que, para ellos, el límite no existe.

Para comprender cómo funcionan en conjunto estas dos medidas tomemos un ejemplo del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma: en el mes de febrero el salario promedio de la industria manufacturera alcanzó los 65.000 pesos, que en el bolsillo son 54.000 pesos con los descuentos realizados. Con el ATP la asignación de la Anses sería de 27.000 pesos y la obligación del empleador de 13.500 pesos para totalizar un ingreso de 40.500 pesos correspondiente a un trabajador suspendido. 

Queda muy claro que con estas medidas los capitalistas ganan por ambos lados: con la subvención de 50% del salario (ATP) y con su rebaja de 25 por ciento. Un negocio redondo.

Por ello, tras el acuerdo entre el gobierno, la UIA y la CGT, la UOM de Antonio Caló salió disparando para  cerrar su convenio de suspensión de trabajadores durante cuatro meses. Se benefician Aluar, Siderar –Grupo Techint– y Acindar, entre las más importantes.

También sacarán provecho las grandes multinacionales automotrices como General Motors, Ford, Volkswagen, Renault y otras, que gracias al Smata de Ricardo Pignanelli impusieron recortes de 30% y 40 por ciento.  

Festejan las petroleras que ya han recortado salarios un 40%, como Tecpetrol, Total, Pan American Energy, Shell y Exxon Mobil, entre tantas. 

Agradece estas medidas la genocida familia Blaquier que suscribió con el Sindicato de Obreros y Empleados de Papel, Cartón y Químicos de la Provincia de Jujuy un acuerdo para poder disponer libremente de convocar o no a los trabajadores con reducción salarial de 30 por ciento. 

El Sanatorio Otamendi también aprovecha la situación sanitaria y paga el 50 por ciento. Se incluyen en este artificio lujosos centros de salud como el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y la Maternidad Suizo Argentina. Todos con una fabulosa facturación.

La Federación de Empleados de Comercio (FAECyS), que encabeza Armando Cavalieri, convino con las cámaras patronales la suspensión de personal. Se calcula que 800.000 trabajadores recibirán una suma equivalente al 75% del sueldo. 

Mientras, el Sindicato de Empleados de Comercio solicita ser contemplado en los términos de ayuda para el pago de salarios de los empleados que se desempeñan en su estructura.

Será un negocio para las multinacionales de comida rápida que han facturado fortunas durante muchísimos años, como McDonald’s y Burger King, que ya en marzo pagaron salarios con descuentos.

Como se puede apreciar, serán las grandes empresas y multinacionales las que más provecho le sacarán a estas medidas. Continuarán ganando con el dinero de los jubilados. 

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad denunciamos que, en plena pandemia y hambre, el gobierno, los insaciables explotadores y la burocracia sindical traidora quieren profundizar el despojo al pueblo trabajador. Una actitud despreciable.

Junto al sindicalismo combativo, que venimos peleando por una nueva dirección de la clase trabajadora,  decimos ¡no a la rebaja salarial! ¡Prohibición efectiva de suspensiones y despidos! Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores. 

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El jueves 7 de mayo, desde las 11, el gobierno de PRO de Horacio Rodríguez Larreta buscará sancionar la “ley de emergencia económica”, un claro ataque a las y los trabajadores en la Ciudad más rica del país. En un contexto donde se agrava la crisis económica y social y crecen el hambre y la desocupación, se busca imponer un plan de ajuste para congelar los salarios de docentes, estatales y trabajadores dependientes del Gobierno de la Ciudad. Si la ley avanza se podrán permitir los pagos escalonados en cuotas y congelar la planta de empleados y la reasignación a discreción del Ejecutivo porteño (ver El Socialista 457). Y será la luz verde para que los gobernadores avancen en leyes similares en las provincias.

En la Ciudad la situación es crítica, con cerca de seis mil casos de dengue y los mayores índices de contagio de coronavirus, sobre todo en los barrios más populares, con 249 casos registrados y seis muertes. En estos días salió a la luz la situación del barrio Mugica, con 150 casos, ligados a las condiciones de hacinamiento y sobre todo al corte del suministro de agua que viven desde el 25 de abril y del cual todavía no hay respuesta de Larreta. ¡Nos piden que nos lavemos las manos pero no se garantiza el agua potable!
Si avanza esta ley de emergencia se podrá congelar la obra pública que afectará principalmente a las zonas más vulnerables de la Ciudad.

Es importante señalar que durante el debate en la Legislatura el Frente de Todos (PJ y otros) no se jugó por rechazar de plano la ley, a diferencia de la oposición consecuente del Frente de Izquierda. En una nota en Página12 del 30 de abril los legisladores del Frente de Todos aceptaron que hubo un fuerte debate en el bloque y que existe un importante sector “colaboracionista” que, con algunas modificaciones, hubiese votado la ley de Larreta. ¿Será por esto que la denuncia del peronismo solo critica algunos puntos de la ley y no la rechaza de plano? No olvidemos que el gobierno de Fernández viene de avalar vía el Ministerio de Trabajo nacional el acuerdo de rebaja salarial de 25% entre la UIA y la traidora CGT.

Más que nunca, las y los trabajadores tenemos que seguir organizados y en pie de lucha. Llamamos a movilizar este jueves con el gremio docente Ademys, que realizó una numerosa asamblea para convocar a la movilización e impulsar un paro virtual educativo ese día, la junta interna de ATE Garrahan, Ministerio de Economía, INTI y otros sectores estatales combativos, junto con los médicos residentes y trabajadores de la salud como la interhospitalaria, que en la primera línea contra la pandemia vienen denunciando la tremenda situación que se vive en el sistema de salud de la Ciudad.

Lamentablemente, siguiendo la tónica conciliadora del peronismo legislativo, gremios que se han pronunciado en contra de esta ley como ATE Capital, UTE/Ctera, Agtsyp (Subte) y las CTA porteñas se niegan a sumarse a la movilización contra este intento brutal de ajuste. El sindicalismo combativo y la izquierda estarán en las calles en la perspectiva de seguir peleando por un impuesto a las grandes fortunas, los bancos y las multinacionales para que la crisis la paguen los capitalistas.

Escribe Mónica Méndez, secretaria de organización de la Cicop

En la compleja y difícil lucha contra el coronavirus, los trabajadores de la salud estamos bajo un fuego cruzado. De un lado por los propios riesgos de contagio que representa estar en la primera línea de combate pero, por otra parte, por la irresponsabilidad con que, en mayor o menor medida, las autoridades de salud pública y los dueños de los establecimientos privados tratan los protocolos de bioseguridad en medio de la pandemia. Tanto es así que mientras la curva de la población en general tiende a achatarse, crece el número de casos de contagios y fallecimientos entre los trabajadores de la salud.

Por eso decimos que tenemos una doble pelea, la que nos exige la profesión, protegiendo a nuestros pacientes, y la que tenemos que dar en defensa de nuestros derechos, comenzando por el de nuestra propia vida. Ya son nueve los muertos entre los que trabajamos en el sistema de salud. Si a esto le sumamos los casi ochocientos casos de contagios confirmados, nuestro país registra uno de los mayores índices de trabajadores de la salud afectados por el coronavirus. Como expresaban los residentes y concurrentes del hospital Penna en una reciente protesta: “Vamos a la guerra desnudos”. La dirección de ese hospital amenaza sancionar al personal que llegue a contagiarse por supuesto incumplimiento de las normas de bioseguridad. Sin embargo, no lo provee de equipamiento adecuado. Es el propio personal quien hace colectas para comprar elementos de protección como barbijos o camisolines, que no alcanzan o son de mala calidad.

Por eso el aumento de infectados y fallecidos entre los trabajadores del sector no es casual, es el resultado de la crisis instalada en la salud en las últimas décadas y de la desidia con que las autoridades públicas y privadas tratan el problema originado por la pandemia. Los bajísimos salarios, por ejemplo, han generado la necesidad del pluriempleo. De esta forma, además de las extenuantes jornadas, los trabajadores debemos tener varios trabajos para cubrir nuestras necesidades básicas, deambulando por varios centros de salud, muchos de los cuales no respetan de forma estricta los protocolos impuestos para la pandemia, expandiendo la posibilidad de contagio.

Fue de esta forma que la semana pasada falleció el cardiólogo Félix Ramírez Sosa, de 61 años. Trabajaba en la clínica General Belgrano de Quilmes y en cinco salitas de primeros auxilios. Es un caso emblemático porque responde a los problemas que denunciamos permanentemente. Pertenecía a un grupo de riesgo por su edad, pero el Ministerio se Salud se niega a cumplir con este protocolo. O sea, en vez de quedarse en casa cumpliendo con el aislamiento social, Ramírez Sosa estaba obligado a trabajar, además de verse exigido a recorrer varios centros de salud con la posibilidad de contagiar tanto a pacientes como a compañeros de trabajo.

Son “tragedias anunciadas” que, aunque no son de ahora, se agravan frente a la pandemia y la falta de equipamiento de protección. Por eso esa doble pelea. En todo este tiempo hemos tenido que mantener una lucha constante contra estas políticas irresponsables que nos exponen al peligro. Solo después de muchos reclamos hemos logrado, desde la Cicop, que las compañeras embarazadas puedan ser licenciadas. Hemos multiplicado las denuncias, las protestas y las exigencias para conseguir pequeños avances en nuestros reclamos. Así como en el sistema público el gobierno se niega a invertir en equipamiento de protección personal, en el ámbito privado las empresas sanatoriales, defendiendo la sacrosanta ganancia capitalista, continúan resistiéndose a proveer estos elementos y, además, están bajando los salarios. Tal es el caso de Galeno, el Hospital Italiano, el Hospital Alemán, la Clínica del Sol, el Sanatorio Otamendi o la Clínica Bazterrica.

Esta pandemia ha puesto en evidencia la falencia del sistema público de salud, algo que siempre hemos denunciado, pero además ha servido para demostrar la necesidad de acabar con un sistema privado cuyo objetivo central es la ganancia y no la salud. Hay que estatizarlo bajo control de las trabajadoras y los trabajadores. Es necesario que mantengamos la movilización que ya empezó. El 7 de mayo hay en Buenos Aires una convocatoria a la Legislatura del personal de los hospitales públicos y circulan en las redes llamados a la lucha para el 15 de los profesionales de clínicas privadas.

Movilizados, continuaremos exigiendo la provisión de elementos de protección de calidad para todos los trabajadores del sector independientemente de la función, test periódicos para controlar los posibles contagios y el funcionamiento de los comités de crisis en cada establecimiento público o privado (formados por la dirección con participación de los trabajadores) para evaluar la evolución de la pandemia y las medidas de protección a ser adoptadas. Pasa a ser primordial la lucha por el aumento salarial, el rechazo a los descuentos tanto en el ámbito privado como en el público, como está empezando a suceder. Junto con esto seguiremos exigiendo un mayor presupuesto para la salud pública que permita una atención adecuada a la población y salarios dignos para sus trabajadores, en base a impuestos especiales a los grandes empresarios, multinacionales y el no pago de la deuda externa.

En medio de la pandemia, el enfermero tucumano dedicó una carta abierta a la población que fue difundida ampliamente en varios medios de la provincia. En el escrito, el profesional agradeció el apoyo, pero puso especial énfasis en mejorar las condiciones laborales en el sistema.

Cristian Luna hace catorce años que trabaja en salud, es secretario general del SITE (sindicato tucumano de enfermeros) y miembro de Izquierda Socialista, y decidió contar cómo se trabaja en su sector y pedir ayuda en el reclamo por mejorar el sistema. Además, asegura que las inversiones quedan solo en promesas y que la salud pública está devastada. 

La carta completa

NO SOMOS HÉROES. Somos trabajadores de la salud pública. Muchos de nosotros tenemos miedo por nosotros, por nuestras familias, por nuestros compañeros. Aun con miedo, vamos a enfrentar un enemigo desconocido. Y lo vamos a hacer porque nos preparamos para esto, porque la salud de nuestro pueblo es nuestra prioridad.

NO SOMOS HÉROES, solo queremos contar con los elementos y materiales imprescindibles para proteger y protegernos. Como NO SOMOS HÉROES, no trabajamos buscando aplausos ni somos indestructibles. Hoy el coronavirus desnuda lo frágil y desfinanciado de nuestro sistema de salud, lo bajo de nuestro salario, lo precario de nuestras condiciones de trabajo.

NOSOTROS NO SOMOS HÉROES, apenas trabajadores de una salud pública DEVASTADA, que siempre es promesa en boca de gobernantes y candidatos, pero nunca es prioridad a la hora de invertir o mejorar salarios. Como NO SOMOS HÉROES, vamos a correr riesgos, algunos van a ser innecesarios; no contar con barbijos, camisolines, antiparras, etcétera, nos coloca en desventaja con un enemigo implacable. 

Gracias por los aplausos, ahora exijamos a los gobiernos que destinen recursos a la salud pública, exijamos salarios y condiciones de trabajo dignas para todos nosotros, exijamos que nos paguen la cláusula gatillo y no roben nuestros salarios. DEFENDAMOS LA SALUD PÚBLICA.

Escribe José Castillo

Hace un par de semanas el gobierno de Alberto Fernández presentó su propuesta de renegociación de la deuda externa por bonos con legislación extranjera. Lo hizo con profusión de datos de que la Argentina “no podía seguir pagando su deuda”. Más de un compañero de trabajo, de estudio, vecino o familiar puede haber quedado impactado por las afirmaciones del presidente y pensar que esta vez sí se priorizaría las necesidades populares antes que las de los pulpos acreedores.

Lamentablemente no es así. Por un lado, porque este proceso de renegociación es solo por una parte del total de la deuda externa argentina (66.000 millones de dólares de un total que, sumando deudas nacionales,  provinciales y el Banco Central orilla los 400.000 millones). Por otra parte, porque la propuesta hecha a los acreedores está lejos de ser “dura”, como se quiere hacer creer en los discursos. Eso lo hemos demostrado en notas anteriores (ver “¿Qué va a pasar con la negociación de la deuda?” en El Socialista 456), pero además, como veremos más abajo, es reconocido por el propio ministro Guzmán. Y también porque la propia renegociación está llena de trampas e idas y venidas en las que, en todos los casos, siempre terminamos perdiendo.

La renegociación es una estafa en sí misma

El especialista en el tema Alejandro Olmos ya lo advirtió hace varias semanas, cuando dijo que ninguna renegociación termina siendo favorable para los deudores. Ya tenemos la experiencia de los canjes kirchneristas: se lo cerró en 2005 (con grandes ventajas para los acreedores) afirmando que “los que se quedaban afuera no entraban ni cobraban más”, para volverlo a abrir en 2010 y permitir el ingreso de más acreedores. Y se aceptó la negociación con los acreedores restantes, los famosos pulpos, en un tira y afloje que terminó en la Corte de Nueva York, donde el juez Griesa falló, como era de esperar, a favor de estos. Todo terminó con el Estado argentino pagando en 2016 una suma exorbitante.

Esta semana se conoció una nueva “trampa” que pueden activar los pulpos acreedores, aun después de cerrada la actual negociación. Se refiere al escandaloso bono a cien años emitido en 2017 por el gobierno de Macri e, increíblemente, con su legitimidad aceptada, como toda la deuda, por Alberto Fernández y Guzmán. Ante cualquier renegociación, los acreedores pueden activar lo que se llama “cláusula de aceleración”, que consiste en exigir nada más ni nada menos que el gobierno argentino deba pagar al contado y por adelantado todos los intereses acumulados de los cien años, además de devolver el capital de esos bonos. En concreto, por un bono de 2.750 millones de dólares se exigiría una “devolución” inmediata de más de 14.500 millones de dólares. Esto es apenas una muestra de la vulgar estafa que es toda la deuda externa argentina.

El gobierno dice que está dispuesto a cambiar la propuesta por otra más favorable aún a los acreedores

El fin de semana, el ministro Guzmán publicó una columna de opinión en el Financial Times (uno de los dos diarios económicos más reconocidos por el establishment internacional). Más allá del título rimbombante (“La Argentina no puede pagar más. No hay lugar para ilusiones”), el ministro, a diferencia de lo que se suele decir para consumo interno, demuestra que la propuesta que hizo el gobierno es favorable para los acreedores. Un párrafo sugestivo es el que señala: “Algunos han sugerido que en estas circunstancias paguemos menos. Pero, como señal de nuestro compromiso con el acuerdo, mantenemos nuestra propuesta a pesar de que ahora requerirá de un esfuerzo de pago sustancialmente más fuerte. Ahora es el momento de un acuerdo”. 

Pero como los pulpos acreedores obviamente siempre quieren más, se lanzaron con todo para conseguir “mejorar” la oferta del gobierno argentino. La forma obvia fue un planteo de rechazo por parte de los principales fondos acreedores. Ante esto, el Ministerio de Economía ha respondido con un comunicado, que dice textualmente en uno de sus párrafos: “Si los tenedores de bonos tienen un enfoque diferente que se adecue a esas limitaciones, deberían presentar una propuesta específica. El gobierno argentino permanece dispuesto a escuchar y tratar de encontrar un denominador común”. Clarísimo, el ministro Guzmán le está pidiendo a los pulpos del establishment una “contraoferta” para sentarse a negociar. Obviamente, como en toda negociación, será aceptando condiciones más favorables a los acreedores que las actuales.

Como si hicieran falta más señales, el gobierno se reunió con las cúpulas empresarias y la CGT con el objetivo, no solo de obtener “apoyo” en la actual negociación, sino para hacer un planteo conjunto de que no se quiere entrar en default (o sea que se plantea seguir pagando). Así, tras la reunión, las seis entidades patronales presentes (Asociación de Bancos Argentinos, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina de la Construcción, Sociedad Rural Argentina y Unión Industrial Argentina) emitieron un comunicado conjunto en el que plantean “su apoyo a la estrategia de reestructuración para lograr un acuerdo viable y sostenible en el tiempo. Alcanzar una solución a la deuda externa permitirá generar un escenario de previsibilidad macroeconómica que promueva la inversión privada y la creación de empleo”. Y aclaran que la “solución” a la que se refieren es ceder a mayores exigencias de los pulpos acreedores, Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio, precisó: “Es imprescindible negociar de la mejor manera la deuda externa. Hay que arreglar porque los defaults nunca fueron buenos para el país”.

¿Cómo seguirá todo esto? El próximo viernes 8 vence el primer plazo legal de negociación de la propuesta presentada por el gobierno de Alberto Fernández. Es casi seguro que no se llegará a ningún acuerdo. Así ya lo adelantaron los principales buitres acreedores. El “partido de póker” continuará y pasará a la próxima mano, que durará hasta el 22 de mayo, cuando, si la Argentina no paga los 500 millones de dólares del vencimiento de deuda del pasado mes de abril, entrará formalmente en default. Veremos qué sucede. Lo que sí advertimos es que tanto el presidente Fernández como el ministro Guzmán están planteando aceptar una negociación “más amigable” para los acreedores. A contrapelo de los discursos “para la tribuna”. Y cada dólar de más que se acepte pagar será uno menos para respiradores, salario y elementos sanitarios para los trabajadores de la salud, o ayuda social ante la crisis. Y que, termine como termine este capítulo de la negociación, luego vendrán las exigencias de los mismos acreedores por los bonos bajo legislación local (que no entraron en esta negociación) y por las deudas provinciales. Encima, se vienen los vencimientos de la deuda con el FMI. Es una bola de nieve imparable. No hay salida con esta “renegociación” ni con ninguna. La única solución es dejar de pagar inmediatamente toda la deuda externa para así dedicar, en lo inmediato, todos los recursos a un fondo de emergencia que atienda las más urgentes necesidades populares ante la pandemia.