Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincial por Buenos Aires, Izquierda Socialista/FIT

El ex gobernador de la provincia de Tucumán y actual senador peronista fue denunciado por su sobrina, por abuso sexual.

La denunciante lo hizo en los tribunales de Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires, en los dos lugares donde ocurrieron los hechos mientras ella se desempeñaba como secretaria, desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2019. Alperovich, quien todavía sigue en Miami lo primero que dijo al enterarse de la denuncia es que no iba a suspender sus vacaciones y que volvería para estar en la asunción del presidente Alberto Fernández. Luego, mediante una maniobra para mantener los fueros parlamentarios y evadir la justicia, presentó una licencia por tiempo indeterminado. De esta manera desarticula de antemano una posible convocatoria de sesión para tratar su caso. Mónica Schlotthauer, diputada nacional por Izquierda Socialista, presentó un proyecto para que se le quiten los fueros al senador y que esté obligado a responder a la justicia, tal como lo solicita el abogado de la víctima. En la conmovedora carta la denunciante dice: “No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le pones nombre, no existe”. La mujer que se anima con estas palabras a denunciarlo es muy valiente, sobretodo porque se trata de un empresario multimillonario y con mucho poder político. Por eso lo primero que se debe hacer es garantizarle total protección y cuidado a la víctima. No olvidemos que Alperovich tiene una acusación en la justicia por encubrimiento frente al femicidio de Paulina Lebbos, la estudiante que en febrero de 2006 fue asesinada y que once años después en el juicio fue absuelto el único acusado, Roberto Gómez, por partícipe secundario en el secuestro y posterior asesinato. A su vez, mientras fue gobernador se desarrolló el juicio por la desaparición de Marita Verón, víctima de las redes de trata, redes de proxenetas que continúan operando con total impunidad gracias a la complicidad de empresarios, políticos, jueces y policías, tal como se demostró en el histórico juicio que absolvió a los 13 acusados por el secuestro y desaparición de la hija de Susana Trimarco. Saludamos la valentía de la denunciante y nos ponemos a su disposición. Exigimos que se haga justicia, que este caso no quede impune y que se condene al agresor.

El 29 de noviembre se están convocando acciones en todo el planeta para movilizarse contra el calentamiento global. ¿Cuáles son los debates del movimiento en nuestro país?

Escribe Nicolás Nuñez, Legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT-U

Las jornadas globales en torno a la cumbre climática de la ONU de septiembre dieron cuenta de una nueva ola verde que sacude al mundo. Más de siete millones de personas ganaron las calles luchando contra el calentamiento global, la aniquilación de la naturaleza y las amenazas de extinción de la vida humana que señalaron distintos estudios científicos en los últimos meses. Sin embargo, más allá de las declaraciones de intenciones, ni los “líderes mundiales” ni mucho menos las multinacionales contaminantes han dado muestras de corregir rumbo alguno. Recordemos que el 71% de las emanaciones de gases de efecto invernadero las producen un puñado de 100 empresas. Ante este panorama, el movimiento global de organizaciones ambientalistas ha resuelto una nueva convocatoria este 29 de noviembre. En nuestro país nos movilizaremos de Congreso a Plaza de Mayo a las 17 horas.

Todo esto en un contexto donde la cumbre climática COP25 que estaba planificada para desarrollarse a fines de noviembre en Chile tuvo que trasladarse a otro continente. El traspié de Sebastián Piñera sirve de botón de muestra. Un presidente que quería mostrarse como abanderado de la lucha contra el calentamiento global fue puesto contra las cuerdas por movilizaciones que tienen entre sus pliegos de demandas la recuperación y protección de los recursos naturales que hoy están siendo saqueados por las multinacionales gracias a los TPP (Acuerdos Transpacíficos de Cooperación Económica, según su sigla en inglés).

La lucha masiva en las calles abre un camino para frenar efectivamente la destrucción ambiental capitalista y desenmascara a los gobiernos patronales que posan “preocupados” ante la crisis ambiental, pero cuya única verdadera misión es garantizar las ganancias empresariales.

Los “presupuestos mínimos” para combatir el cambio climático en el país

En la maratónica sesión del Congreso de la semana pasada se aprobó la denominada “Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global”, celebrada por las organizaciones ambientalistas de nuestro país. Nuestra compañera Mónica Schlotthauer y Nicolás del Caño votaron a favor del proyecto a pesar de algunas limitaciones.

La ley tiene de positivo que determina una serie de pautas que pueden ser palanca de movilización para exigirle a los gobiernos su cumplimiento y políticas efectivas, creando organismos institucionales e incorporando la definición de que debe ser elaborado un “Plan nacional de adaptación al cambio climático”. Sin embargo, a la hora de establecer la creación de un “consejo asesor”, deja la puerta abierta para incluir a las mismas empresas que saquean y contaminan como la Barrick o Monsanto, mientras solo permite la participación a las organizaciones políticas que tengan representación parlamentaria. Es poco claro cómo se definiría la inclusión de las organizaciones ambientalistas y especialistas del campo científico.
Además, como pasa con otras leyes, adolece de la ausencia de una definición clara de dónde saldría el presupuesto para su implementación, en un contexto donde con el gobierno entrante lo que va a primar es el pago de la deuda externa. De aquí surge la principal alerta a ser tomada por el movimiento ambiental en nuestro país: ¿existe posibilidad de desarrollar una economía que no destruya el ambiente bajo la bota del FMI? Desde Izquierda Socialista respondemos tajantemente que no.

Es importante que el movimiento de lucha en nuestro país pueda sacar conclusiones de las maniobras de los partidos patronales. Hoy celebraron esta ley. En la próxima sesión tratarán el presupuesto, y ahí a dos manos, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, van buscar ratificar el saqueo y la contaminación ambiental al servicio de pagar la deuda.

El verdadero “presupuesto mínimo” para frenar verdaderamente la destrucción ambiental es echar al FMI, dejar de pagar la deuda y recuperar el control de los recursos naturales hoy en mano de las multinacionales. Un efectivo plan de adaptación y mitigación solo va a ser posible cuando echemos a las multinacionales y sean los propios trabajadores y el pueblo, junto a la comunidad científica, quienes definan qué y cómo se produce y consume.

“El extractivismo como política de Estado no tiene grieta. Y desde los años ‘90, con el cambio en la legislación de muchos países de Latinoamérica, todos los gobiernos han apostado al desarrollo de la megaminería”, señaló un reciente comunicado de la Asamblea de Vecinos de Esquel. La lógica es la misma en todo el país. El Estado nacional ajusta para pagar la deuda y frente a esto los gobernadores abrazan la megaminería, el fracking, el monocultivo de soja y la producción depredadora que sea con tal de juntar caja para sus provincias.

Chubut es otra vez un botón de muestra. Allí el gobernador Mariano Arcioni del Frente de Todos busca pasar por encima del rechazo popular contra la megaminería. La trampa es la “zonificación”: delimitar áreas de “excepción” para su explotación. Según Arcioni, esa es la salida a la crisis presupuestaria de la provincia. O nos matan de hambre o nos matan con cianuro en el agua.

Nuestra diputada Mónica Schlotthauer presentará un proyecto rechazando esta política de Arcioni y respaldando los reclamos de los colectivos ambientales de la provincia.

Escribe Adolfo Santos

Las paralizaciones parciales de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, colocaron en debate un tema importantísimo. La compra de vagones usados a España y Japón por parte de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), que contienen un mineral prohibido por su peligrosidad (Asbesto), coloca en serios riesgos la salud de quienes trabajan expuestos a este mineral, pudiendo afectar también a los usuarios.

Los vehículos adquiridos tienen entre sus componentes piezas de asbesto o amianto, un material cancerígeno, cuya utilización está prohibida en más de 50 países, incluida Argentina, desde hace 20 años. Con el pasar del tiempo cuando ese material se descompone y entra en contacto con el aire, puede ser inhalado. Una sola fibra de asbesto instalada en los pulmones puede producir cáncer, o enfermedades respiratorias como la fibrosis, que lleva a la muerte.

Una verdadera bomba de tiempo instalada entre millones de personas por irresponsabilidad de las autoridades de Sbase que realizaron la compra sabiendo que los coches contenían asbesto entre sus componentes. Pero este riesgo también es de responsabilidad de las autoridades del subte de Madrid y de Japón, que realizaron la venta después que la prohibición de la utilización del amianto estaba en vigor. Nos solidarizamos con la justa lucha de los trabajadores del subte. Apoyamos las acciones judiciales iniciadas por la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro contra las autoridades argentinas, españolas y japonesas. Denunciamos la irresponsabilidad de las autoridades que no adoptan medidas urgentes para resolver el problema. Junto con los trabajadores, exigimos la inmediata substitución de todas las formaciones que tengan amianto y que se inicie un urgente programa de protección a los afectados por el asbesto. Estos son los males que acarrea la privatización de este servicio público esencial, el cual debería estar en manos del Estado bajo control de sus trabajadores y usuarios.

Tras el incendio ocurrido el miércoles pasado en el Ingenio La Esperanza, Jujuy, son ocho los trabajadores que perdieron la vida y aún quedan muchos internados con quemaduras de consideración. El emblemático ingenio que da vida a la ciudad es foco de atención desde hace años, marcando un derrotero de quiebras y despidos, siendo privatizado con su venta al grupo Budeguer en mayo pasado. La desinversión y las precarias condiciones de trabajo generaron este crimen laboral y social evitable.

Escribe Fernanda Giribone, desde Jujuy

El miércoles pasado una explosión en la destilería del Ingenio La Esperanza ocasionó un incendio que terminó con la vida de ocho obreros. Inicialmente se hallaron cinco cuerpos, y recién cuatro días después se encontraron dos más, número que completaría el total de trabajadores denunciados como desaparecidos por sus familiares. La octava víctima, que se encontraba con más del 80 por ciento del cuerpo quemado, murió en el hospital.

El fuego recién pudo ser sofocado casi 16 horas después de la explosión. Según cuentan los sobrevivientes las llamas, que creen se iniciaron por un desperfecto eléctrico en la zona de destilería, se propagaron en cuestión de segundos arrasando con todo lo que encontraban a su paso. En el lugar trabajaban en ese momento 140 personas.

Muchos trabajadores y familiares de operarios señalaron que, aunque la noche anterior ya había existido una explosión y había un cable de electricidad suelto que emitía chispas cerca de los tanques de alcohol, la empresa no reparó los desperfectos y se continuó con las labores normales. Por su parte el sindicato azucarero había realizado denuncias, planteando que las condiciones básicas de seguridad e higiene no estaban garantizadas, se habían denunciado fallas y desperfectos, así como también inspecciones a los ministerios de Trabajo de Nación y Provincia, que nunca se realizaron.

Podemos afirmar claramente que esta tragedia no es un accidente, sino el desenlace lógico de las precarias condiciones en la que se trabajaba, tras años de vaciamiento y desfinanciación, llevada a cabo por distintos administradores y gobiernos. Hace más de 20 años que el Ingenio La Esperanza se encontraba en un estado de quiebra permanente y sus trabajadores sufrían precarización y despidos.

La venta del Ingenio, que hasta entonces era administrado por el Estado, se concretó luego de la decisión del gobierno jujeño de entregarlo a manos privadas. Tras un fallido acuerdo con el grupo colombiano Omega quedó en manos del Grupo Budeguer de Tucumán, el cual se adjudicó el complejo azucarero en un acuerdo bastante controvertido. El gobierno radical de Gerardo Morales que propuso ayuda económica a las familias como si esto fuera suficiente, se desligó del “problema” dejando a los empleados y a todo un pueblo absolutamente desamparados.

El ingenio se vendió por una suma irrisoria, prácticamente a la mitad de su valor y en cómodas cuotas. Ya para el segundo pago -que vencía a fines de octubre- Budeguer no cumplió con los 2 millones de dólares pactados porque supuestamente estaba realizando inversiones. La venta dejó a 600 personas sin trabajo y fue concretada por el gobierno provincial a fuerza de represión bajo el pretexto de que una administración privada iba a garantizar la continuidad de la empresa y del trabajo. Hoy son los trabajadores quienes pagan con sus cuerpos y sus vidas la desidia del Estado y el ansia de lucro de una empresa a la que no le importa nada. 

Luis Budeguer, representante del grupo, dijo “los accidentes pueden ocurrir” en una misa celebrada en honor a los trabajadores. En paralelo el gobernador radical Morales anunciaba pensiones, becas y viviendas para los familiares de las víctimas. Hoy la empresa cínicamente busca focalizar la atención en la reconstrucción del ingenio, y para ello apunta a la colaboración de los empleados y los pobladores de La Esperanza. La investigación aún no ha sido caratulada, los familiares no reciben información y el lugar del hecho se encuentra vallado.
El Frente de Izquierda jujeño vino pidiendo en la legislatura y en la justicia que se informara sobre las condiciones y venta del Ingenio sin resultado positivo.

No se trata entonces de un “accidente”, se trata de un crimen laboral y social que no puede quedar en la impunidad. De esta masacre obrera tienen que pagar la patronal y el gobierno provincial. Y el Ingenio debe ser estatizado y puesto a funcionar bajo control y gestión de sus trabajadores. Es la única forma que se evitarán más muertes y que su producción tenga un contenido social en beneficio del pueblo jujeño.