Escribe Claudio Funes

El lunes 25 de noviembre se realizó la primera audiencia del juicio a Daniel Ruiz y César Arakaki, perseguidos políticos del gobierno de Macri que debieron soportar prisión preventiva de un año y tres meses respectivamente.

Ese mismo día a las 13 se llamó a una movilización y acto en las puertas de los tribunales de Comodoro Py. Además de PSTU y PO, estuvieron presentes Izquierda Socialista, PTS y otras organizaciones políticas, sociales y sindicales. En el palco, desde el que Ruiz y Arakaki dirigieron la palabra, se encontraban acompañando Nora Cortinas, nuestras diputadas Mónica Schlotthauer y Laura Marrone, Gabriel Solano, Myriam Bregman y Vilma Ripoll, entre otros.

La movilización se llevó a cabo bajo la consigna “Absolución de César Arakaki, Daniel Ruiz y todos los luchadores perseguidos por luchar contra la reforma previsional del 18 de diciembre de 2017”.

Ruiz y Arakaki participaron de aquella protesta de más de 100.000 personas que resistian el robo jubilatorio siendo reprimida frente al Congreso Nacional por la policía de Patricia Bullrich.

El juicio a Daniel Ruiz y César Arakaki es parte de la judicialización de la protesta para amedrentar a los que luchan contra los planes de ajuste de los gobiernos patronales. Izquierda Socialista se solidariza con Ruiz y Arakaki y exige absolución.

Los días 29 y 30 de noviembre se realizarán las primeras elecciones de la Asociación de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de Moreno (Adunm). Se abre una importante etapa para los trabajadoras y las trabajadores docentes, donde se conformará la primera comisión directiva elegida por el voto directo de los afiliados. Además, se elegirá la adhesión a la Federación Docente.

La necesidad de construir un verdadero sindicato ha sido una legítima reivindicación y voluntad de la mayoría de la docencia de la UNM, que durante años acompañaron cada movilización contra el ajuste de Macri, en defensa de la educación pública y por salarios, en asambleas y actividades impulsadas por nuestro gremio. Sobre esa base se conformó la lista única de Unidad Docente-Verde Violeta, para avanzar en la construcción de un sindicato democrático, participativo, independiente de las autoridades y de lucha en pos de defender las reivindicaciones docentes y por defensa de la universidad pública, gratuita, científica, laica y de calidad.

Las autoridades de la Universidad de Moreno ligadas a Mariano West, ex intendente y del Frente Todos, han desarrollado una política de injerencias y aprietes hacia nuestro sindicato, con desplazamientos arbitrarios, intento de suspensión de la elección y el desconocimiento de nuestra Asociación Docente.

Desde Docentes Universitarios de Izquierda Socialista rechazamos las injerencias de las autoridades de la UNM y llamamos a votar por la lista de unidad Verde Violeta, siendo que además integraremos la nueva conducción, impulsando el cumplimiento y aplicación sin restricciones del convenio colectivo de trabajo para regularizar a todas y todos los docentes de la universidad y por la defensa de la educación pública.

Corresponsal

Con el paro nacional del 21 de noviembre, el pueblo colombiano ha entrado de lleno en la primavera de los pueblos latinoamericanos, antecedido por las rebeliones en Puerto Rico, Haití, Ecuador y Chile, así como las movilizaciones contra el golpe en Bolivia.

Convocada por las centrales sindicales, el movimiento estudiantil, organizaciones populares, campesinas y de afrocolombianos e indígenas, se realizó una movilización simultánea en las principales ciudades, la mayor en décadas.

El gobierno del derechista Iván Duque, hijo político de Uribe, en poco más de un año ha sufrido una seguidilla de derrotas. El movimiento estudiantil le impidió realizar recortes presupuestarios a la educación pública y al cabo de un mes de paro universitario lo comprometió a aumentar el presupuesto. En octubre perdió las elecciones regionales.

Con 69% de rechazo popular, ahora Duque pone a prueba su paquetazo legislativo alineado al FMI que incluye una reforma laboral para imponer una mayor precarización, una reforma jubilatoria para quitar derechos y privatizar las jubilaciones, una reforma tributaria para rebajar los aportes de las grandes empresas y aumentar los de pequeños contribuyentes. Contrarreformas que aumentarían la desigualdad capitalista que castiga al pueblo pese al crecimiento económico.

El paro nacional también va contra la corrupción, los tarifazos y las privatizaciones, por un salario mínimo digno, por el cumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado con el movimiento estudiantil y la exigencia que cese el asesinato de dirigentes sociales y ex guerrilleros desmovilizados.

Existe una importante disposición a enfrentar al terrorismo de Estado. Desde el año 2016, 486 dirigentes sociales han sido asesinados, 106 de ellos desde que Duque asumió el gobierno. Hace apenas tres semanas, el Ministro de Defensa se vio forzado a renunciar al revelarse que el Ejército asesinó a ocho menores de edad durante un bombardeo contra disidentes de las FARC y ocultó el hecho. Entre 1958 y 2018 la guerra interna dejó 262 mil muertos, más del 75% por parte de fuerzas armadas y paramilitares, y más de 80 mil desaparecidos según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

La respuesta del gobierno al paro ha sido descalificar las justas exigencias obreras y populares asesinando a tres manifestantes y deteniendo a centenares, decretando toque de queda en Bogotá y Cali y sacando al ejército a las calles. En ese marco, la muerte el lunes 25 del estudiante Dilan Cruz, de 18 años, herido en la cabeza por la policía de Duque dos días antes cuando participaba de una manifestación pacífica en Bogotá, conmocionó al país. El martes 26, los dirigentes sindicales y de movimientos sociales se retiraron de la mesa de diálogo llamada por el gobierno y convocaron a un nuevo paro nacional para el miércoles 27. A las reivindicaciones iniciales se agregaron nuevas demandas, una de ellas es el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, responsable del asesinato del joven Dilan. El pueblo no retrocede, continúa realizando estruendosos cacerolazos, combinando marchas con paros nacionales y enfrentando la feroz represión del reaccionario gobierno de Iván Duque. La lucha continúa.

Editorial

El martes 19 el presidente electo, Alberto Fernández, tuvo su primera conversación con Kristalina Georgieva, la titular del FMI. Según un tuit en el que el propio Fernández relató la reunión, habría planteado que propondrá al Fondo un “plan económico sostenible para crecer y pagar la deuda”. Según versiones periodísticas, le habría dicho a la jefa del FMI que “la Argentina está en un momento particularmente difícil”, rechazando “un ajuste mayor al que ya hizo Macri”.

Muchos compañeros pensarán que “Fernández estuvo bien”, ya que planteó que no habrá más ajuste. ¿Esto es así? ¿Realmente se puede pagar la deuda y a la vez crecer y redistribuir la riqueza? ¿Acepta el FMI un plan que no contenga ajustes? Para responder a esto podemos ver el propio planteo de Kristalina Georgieva, que sostuvo que nuestro país “deberá encontrar la forma de mantener las restricciones presupuestarias que existen”. Traducido: seguir ajustando para garantizar pagar. Y si queremos algo más que meras declaraciones, ahí tenemos la realidad de los últimos planes acordados con el Fondo Monetario: Ecuador y el intento de ajuste de su presidente, Lenin Moreno, que lo frenaron las movilizaciones populares hace apenas un mes es el mejor ejemplo.

Alberto Fernández repite algo que viene planteando desde hace meses junto a sus economistas: que su prioridad es pagarle a los acreedores y al FMI, que sólo piden reacomodar las fechas de vencimientos (el famoso “reperfilar” la deuda) y que, de esa forma, aún sería posible reactivar la economía, graficada por la famosa frase “ponerle plata en el bolsillo a la gente”. ¿El Frente de Todos va a devolvernos lo que perdimos en salarios y jubilaciones? ¿Retrotraerá los tarifazos? ¿Priorizará la educación y la salud públicas? Sabemos de las expectativas de muchos compañeros de trabajo o estudio. De lo que se conversa en los barrios populares. Hay una gran esperanza de que “algo mejorará” con el nuevo gobierno. Las respetamos, pero les decimos fraternalmente que no las compartimos. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos durante toda la campaña electoral: si se paga al FMI y al resto de los acreedores, no habrá dinero para resolver las más urgentes necesidades populares. Y eso no se resuelve con una renegociación más o menos inteligente. “Con quita” o “sin quita”, corriendo más o menos algunos vencimientos para adelante, siempre terminaremos en lo mismo: o la deuda o el salario, o la deuda o la educación, o la deuda o la salud.

¿En qué consiste entonces ese famoso “plan económico” de Alberto Fernández del que tanto se habla? Tiene un eje central: el pacto social. Patronales empresarias, burócratas sindicales, jefes de los movimientos sociales más afines al futuro gobierno peronista y la iglesia, se reunirán en aras de un supuesto “acuerdo de precios y salarios”. Donde desde ya los empresarios anuncian que no habrá ni bono de fin de año, ni doble indemnización ante los despidos, ni recomposición salarial de lo perdido en este último tiempo. “El empresariado no es Papá Noel”, dijo cínicamente Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA. Lo peor es que los propios burócratas sindicales también anticipan que no pedirán nada. Así, Héctor Daer salió a justificarse diciendo que “no estamos en momento de puja distributiva”.

Sabemos que muchísimos trabajadores votaron a Alberto Fernández para sacarse de encima las políticas de Macri. Pero estas no le pertenecen solamente al presidente que ahora está cumpliendo sus últimos días de mandato. Son las del FMI, son las que les garantizan cobrar a los pulpos acreedores. Son también, y tenemos que decirlo, las que llevaron y llevan adelante los gobernadores peronistas, con el máximo ejemplo en estos días de Mariano Arcioni, que tuvo meses sin cobrar, mientras los reprimían, a maestros y estatales en Chubut.

Si queremos que no siga el ajuste, habrá que sacarse de encima al FMI y dejar de pagar la deuda externa. Habrá que nacionalizar la banca y el comercio exterior para terminar con la especulación financiera y la fuga de capitales. Habrá que retrotraer los tarifazos y reestatizar las privatizadas. Habrá que recuperar nuestro gas y petróleo. Si se hace todo eso, entonces sí tendremos los recursos para resolver los urgentes problemas de salario, trabajo, educación, salud y vivienda. Todo esto dijimos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda en la campaña electoral y lo seguimos sosteniendo. Y lo continuaremos planteando durante el próximo gobierno.

Las multinaciones del gas y el petróleo vienen haciendo superganancias con la dolarización de los precios de combustibles y tarifas. Sin embargo, se les otorga una nueva compensación a días de la finalización del mandato de Macri. Hay que terminar con todos estos negociados y recuperar esos recursos estratégicos reestatizando las empresas bajo gestión de sus propios trabajadores.

Escribe José Castillo

El gobierno de Macri acaba de otorgarle a los monopolios gasífero-petroleros 24.524 millones de pesos por “diferencias cambiarias”. A través de una resolución del Enargas se “compensa” a las empresas por diferencias entre los cuadros tarifarios surgidas en el período abril de 2018 (cuando se dio el primer salto del dólar) y el 31 de marzo de este año. ¡No sería extraño que dentro de algunos meses estas mismas empresas reclamen otra “compensación” por los meses restantes de este año! La excusa para enviar este dinero es que las tarifas se encuentran dolarizadas y que el gobierno no les reconoció ese incremento desde la devaluación. Todo esto después que el gas aumentó un 1.000% en el período previo.
Recordemos que el gobierno de Macri, en un primer momento, había pretendido que fueran los usuarios los que directamente pagaran la devaluación vía las tarifas. Para eso se ideó un esquema donde el aumento se dividiría en 24 cuotas a abonarse a partir de enero de 2019. Fue tal el repudio a esto que el gobierno tuvo finalmente que dar marcha atrás. Pero, para sostener las super ganancias, ahora opta por directamente mandarles el dinero como subsidios del Estado.

Se trata de una auténtica vergüenza: Nadie “compensó” a los trabajadores o a los jubilados por la pulverización de sus ingresos luego de la devaluación. Todos tuvimos que achicarnos ante la feroz suba de precios. Mientras tanto, gasíferas, petroleras y distribuidoras siguieron subiendo sus precios y tarifas. Recién en los últimos meses, en medio de la campaña electoral, se “suspendieron” los incrementos. Nunca se eliminaron, simplemente se “corrieron” para los bimestres siguientes. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver inmediatamente en el gas, donde los mayores consumos del invierno se disimularon pasándolos para su cobro en verano, que será cuando lleguen las facturas con aumentos. En síntesis: los pulpos del gas y el petróleo nunca perdieron. Simplemente quieren ganar más. Y eso es lo que les garantiza el macrismo en sus últimos días de gobierno. Alberto Fernández, mientras tanto, hace un atronador silencio y “deja correr”.

Hay que cortar con este robo. No se puede seguir con los tarifazos ni mucho menos con la dolarización de precios. Hay que retraerlos inmediatamente. Por eso cuestionamos el planteo de Alberto Fernández de “pesificar” tarifas pero aceptar los incrementos anteriores como “cosa del pasado”. Tampoco se puede continuar con los subsidios a estos pulpos, política que ya tiene sus antecedentes durante los doce años del kirchnerismo.

La única salida pasa por rescindir todas las concesiones gasíferas y petroleras, a lo largo de toda la cadena, desde la producción, pasando por el transporte hasta la distribución final y la comercialización. En el caso del petróleo, hay que reconstruir una YPF 100% estatal, gestionada por sus trabajadores y técnicos. En el tema del hoy desguazado negocio del gas, también se trata de concentrarlo en una gran empresa estatal, recuperando la experiencia de décadas de Gas del Estado, que supo ser una de las más importantes gasíferas del planeta.

En el caso de la electricidad, también hay que reestatizar todo el negocio. Para así poder planificar, desde las reales necesidades populares, cuál es la matriz energética que necesitamos, articulando las centrales térmicas, el desarrollo hidroeléctrico, la energía nuclear y también las energías alternativas (eólica, solar). En lo que respecta a la distribución, la reestatización del servicio se debe hacer bajo gestión de trabajadores y asociaciones de usuarios, garantizando acceso para todos y tarifa social para quienes la necesiten.

¿Quiénes se benefician?

Exceptuando a YPF y Ieasa (la ex Enarsa), el dinero irá a manos de las grandes empresas del sector. Las más beneficiadas serán la multinacional francesa Total, que recibirá 2.356 millones de pesos; Panamerican Energy, de la familia Bulgheroni, con 1.371 millones; Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, uno de los empresarios más cercanos a Macri, 1.218 millones; la alemana Wintershall, 962 millones; Pan American Sur, 751 millones; Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, 635 millones; Pluspetrol, del Grupo Techint con 476 millones; y Compañía General de Combustible, de Eduardo Eurnekian, con 409 millones. J.C.