Escribe Adolfo Santos

La diputada Elisa Carrió escribió exultante en twitter: ¡Un triunfo del Congreso: aprobamos el reequipamiento de las Fuerzas Armadas! Acababa de ser aprobado en Diputados el proyecto de ley del kirchnerista Agustín Rossi, que propone crear un Fondo Nacional de Defensa para financiar la compra de equipos y materiales para las Fuerzas Armadas.

En un país con tantas carencias y sin conflictos externos, el argumento de Rossi afirmando que es necesario “revertir la curva de desinversión en el área”, suena a despropósito. Es grave que este importante dirigente K no haya pensado primero en la “desinversión” que existe en áreas sociales fundamentales como educación, salud o vivienda por ejemplo.

El proyecto de Rossi, es el indicado para asumir el ministerio de Defensa del nuevo gobierno, servirá para fortalecer las fuerzas represivas en momentos de crisis económica y conflictos sociales. La compra y modernización de nuevos equipamientos y materiales militares solo pueden tener como destinatarias las protestas sociales. Basta ver lo que está pasando en Chile, Bolivia o Colombia. Los referentes macristas aplauden.

El Socialista entrevistó a nuestro compañero Rainier “Oso” Ríos, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, sección chilena de la UIT-CI y de la asamblea del barrio Yungay

-¿Cómo fue la marcha del pasado viernes 22?

Fue el sexto viernes de movilizaciones. Después de 36 días el régimen se había jugado a que la movilización bajara y fue al revés. En Santiago participaron entre 250 y 300.000 personas en Plaza Italia y se replicaron grandes marchas en el resto del país uniendo las banderas chilenas con las del pueblo mapuche. El movimiento dio una clara señal de que sigue vivo. La disputa continúa abierta. No han logrado cerrarla con la represión ni con los pactos entre Piñera y la oposición patronal.

-¿El acuerdo sobre el “plebiscito constituyente” para abril de 2020 entre la “oposición” y Piñera puede prosperar?

El acuerdo “por arriba” es la única medida que han tratado de implementar en respuesta a la crisis social en el país. Tiene como objetivo tratar de meter por carriles institucionales el descontento manifestado en las calles. Quieren limitarlo y controlarlo para evitar que transforme al país. Pero en las calles hay mucho rechazo a este acuerdo. Los principales sindicatos, las organizaciones estudiantiles y las asambleas de conjunto salieron a rechazarlo. Hubo una manifestación importante el viernes 17 a horas de que se firmara el acuerdo. El acuerdo no logra cerrar las movilizaciones. Eso es cualitativo porque el primer punto pretendía imponer el “orden social”, terminar con las manifestaciones y encauzar por vía de las instituciones patronales. Ni siquiera ese primer punto se ha podido aplicar. Es evidente que no hay control de estos partidos sobre la movilización. Además tienen mucha discusión respecto al acuerdo, sobre los mecanismos para cambiar la Constitución. El Frente Amplio (FA-izquierda reformista) se ha quebrado públicamente a propósito de la firma del acuerdo, con discusiones y acusaciones, una tremenda crisis que le está produciendo rupturas de todo tipo. El PC no firmó el acuerdo pero no lo condena, solo dice tener “diferencias” o que “podría ser mejor”. La izquierda reformista del PC y el FA se niegan a levantar la consigna de Fuera Piñera.

-¿Y la Mesa de Unidad Social?

La MUS es diferente porque agrupa a más de 100 organizaciones sociales. En ese marco ha convocado a una huelga general que comenzó el lunes 25 con paralizaciones en puertos y aeropuertos y se extendió al martes 26 sumando al resto de los sectores. Estas paralizaciones, aunque parciales, son muy importantes y llamamos a los trabajadores a sumarse a la huelga. También es positivo que se haya posicionado contra el denominado Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución pactado entre los partidos y el gobierno, aunque acabamos de saber que el jueves 28 se reunirán con el ministro del interior de Piñera para “proponer mejoras al acuerdo”. Si esto se concreta sería un gran error. Lamentablemente su política se queda a mitad de camino al no levantar Fuera Piñera, lo que fortalecería la movilización. Por ese motivo, incluso, los estudiantes secundarios organizados en la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) rompieron con la Mesa.

-¿Qué podes decir de la violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno?

Hay un informe de Amnistía Internacional que fue un poco el motor para la movilización del viernes 22. El mismo señala que hay una veintena de muertos y otro tanto que fueron asesinados en extrañas circunstancias, por ejemplo, de gente que murió en incendios de supermercados, en los saqueos. Pero luego se descubrió que fueron baleados antes de morir quemados. Hay un caso de una chica que había muerto supuestamente quemada en un supermercado de Santiago, el Instituto Médico Legal sostiene que la chica fue ahorcada antes de caer en el supermercado. Se habla de 2.000 heridos por perdigones, 220 casos de mutilaciones con el uso de escopetas y balines por parte de Carabineros, una cifra record en el mundo para el tiempo que ha durado esta manifestación. Hay entre 15 y 17.000 detenidos en manifestaciones. Se ha denunciado que estarían modificando el gas lacrimógeno, usando un gas prohibido a nivel mundial por la ONU porque contiene cianuro. Hay abusadas sexualmente por las fuerzas represivas. Amnistía Internacional dice en su informe que es una ola represiva con el objetivo de silenciar las protestas y aterrorizar a la población. En otro informe, el parlamento francés denuncia al gobierno de Piñera como el más represivo de Latinoamérica en este momento y uno de los más represivos del mundo. Sin embargo, no logra quebrar la resistencia del pueblo chileno y está muy lejos de poder controlarlo.

-En este proceso se han ido formando asambleas barriales para organizar la protesta. ¿Avanzaron estos organismos?

Se estima que hay más de 150 asambleas barriales a nivel del país. Algunas limitadas al barrio y otras que abarcan comunas. Estamos avanzando en la coordinación de la región metropolitana. Sabemos que en la Quinta Región (Valparaíso) se está avanzando también. Nuestra propuesta es que se vaya a una coordinación nacional, algo que es bien recibido por los asambleístas porque es una necesidad objetiva. Queremos una coordinación nacional para un plan de lucha nacional y para un petitorio único nacional. Esto es muy importante porque las asambleas barriales que surgieron al calor de esta lucha han servido de organización de los sectores más movilizados y sobre todo de contrapunto a la MUS, a la burocracia sindical y estudiantil y a los parlamentarios de oposición. Todos los mecanismos y las instituciones que utiliza el régimen para controlar la movilización han sido superados por este tipo de organización que ha surgido desde la base. Para nosotros, son la principal organización de esta lucha.

-¿Cuál es la política del MST en esta rebelión popular?

Nuestra política ha sido la exigencia de la renuncia de Piñera. El Fuera Piñera es el reclamo más sentido en las calles. En la última manifestación sucedió algo muy importante: a pesar de que siempre estaba puesta esta demanda pudimos observar que todos los carteles levantaban el Fuera Piñera. Esa es la principal demanda. La salida de Piñera sería la derrota del régimen heredado del pinochetismo y lo debilitaría profundamente. La segunda exigencia es el juicio y castigo contra carabineros y militares violadores de los derechos humanos y todos los que estén involucrados, entre ellos Piñera. Por un plan económico de emergencia, donde incorporamos las demandas más sentidas, como el salario, los puestos de trabajo, el endeudamiento de las familias, etcétera. Además, reclamamos una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que sea construida y dirigida por los trabajadores desde las asambleas. Y por un gobierno obrero y popular, que para nosotros es el gobierno de los que luchan. Ahora le agregamos el rechazo al acuerdo entre Piñera y la falsa oposición. La política de nuestro partido ha sido apoyarse en la movilización y en la organización y fortalecimiento de las asambleas. Con esta política queremos empalmar con todos los que están en las calles, sobre todo con la juventud que todos los días está poniendo el pecho a las balas de la policía para sostener la movilización.

Acorralado por las fuertes movilizaciones y con la popularidad en caída libre Piñera convocó a la “oposición” para elaborar una propuesta para intentar detener la furia de las calles.

El “acuerdo para un plebiscito constituyente” surgido de la reunión, más que dar respuesta al clamor popular, intenta ganar tiempo para descomprimir la situación. Propone un plebiscito en abril de 2020 para definir si se debe o no modificar la Constitución. En caso de que la respuesta sea afirmativa se deberá determinar con qué mecanismo se hará la reforma, si con una “convención mixta constitucional” compuesta 50% por parlamentarios y 50% por ciudadanos electos para la ocasión; o una “convención constitucional”, para la que todos sus integrantes serán electos para este efecto. Se establece un quorum de dos tercios que le permite a la derecha la posibilidad de veto. Una vez definidos estos criterios la elección constituyente se realizaría en octubre de 2020 y sería refrendada por otro plebiscito ratificatorio en 2021. Además, el acuerdo propone “un firme rechazo a la violencia” -en referencia a las movilizaciones-, aunque no dice una palabra sobre las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por parte de las fuerzas represivas. Tampoco habla una palabra sobre como resolver las demandas económicas exigidas por los manifestantes. Las movilizaciones posteriores a este acuerdo ya dieron la respuesta sobre el mismo: es inaceptable. El primer punto de cualquier acuerdo para resolver el conflicto debe comenzar por la renuncia de Piñera.

La diputada provincial neuquina Angélica Lagunas, Izquierda Socialista/FIT, viajó a Valdivia para llevar el apoyo y la solidaridad al pueblo chileno en lucha. Llegada a la ciudad, marchó junto a una multitud mujeres a quienes les dirigió la palabra al cerrar la marcha del 25N contra la violencia hacia las mujeres, siendo aplaudida con entusiasmo.

El martes 26 se realizó un plenario con compañeras y compañeros del MST e Isadora y el día 27 un  conversatorio sobre el rol de las mujeres y la lucha feminista en los procesos revolucionarios que recorre Latinoamérica y el mundo e intercambiamos experiencias entre compañeros y compañeras. Allí también se entregó el petitorio donde se expresa la solidaridad del pueblo de Neuquén con los trabajadores chilenos y repudiando la violencia de Carabineros. Al día siguiente, realizamos un plenario con la juventud del MST, sección chilena de la UIT-CI.

En el marco de la continua represión y violaciones a los derechos humanos que ejerce Piñera mediante Carabineros y Policía Especial, el pueblo de Chile no se resigna y grita bien fuerte: Fuera Piñera, abajo el pacto con la falsa oposición, por una asamblea constituyente libre y soberana convocada por el pueblo movilizado que termine con la Constitución de Pinochet y de los derechos sociales postergados que reclama la calle. No + AFP, abajo la CAE, plan de emergencia económica para obtener salarios igual a la canasta familiar,  gratuidad de la educación pública y de la salud. Justicia y castigo a los pacos por todos los asesinados, las violaciones y vejaciones y libertad inmediata a todos los detenidos.

Escribe Simón Rodríguez, dirigente de la UIT-CI

No se terminaba de secar la sangre obrera, campesina e indígena vertida en las calles por los represores al servicio del gobierno de facto de Áñez , cuando el MAS traicionaba una vez más a sus bases acordando levantar los cortes de ruta y suspender las movilizaciones en todo el país, como parte de un pacto electoral con la derecha.

El 24 de noviembre, Áñez firmó la ley que convoca a nuevas elecciones presidenciales, sancionada tanto por el Senado como por la Cámara de diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ambas instancias con mayoría calificada del MAS. Se da un plazo de veinte días para la designación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y luego de ello 120 días para la convocatoria a una elección presidencial en la que no podrán participar como candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera. De acuerdo con los lapsos pactados, se estaría realizando la elección en abril, con las mismas restricciones electorales vigentes hasta ahora, que limitan la participación de candidatos independientes de los sectores obreros y populares.

El acuerdo supone una escandalosa capitulación del MAS a la derecha. Ya el Tribunal Constitucional controlado por el MAS había reconocido la toma de posesión de Áñez sin apoyo parlamentario. Luego el MAS designó a nuevos presidentes del Congreso y el Senado que no cuestionaron al gobierno derechista sino que declararon el abandono del cargo por parte de Evo Morales y emprendieron las negociaciones con un gobierno reaccionario que concretaba su bautizo de sangre en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto). La realidad es que Evo Morales y los dirigentes del MAS, utilizaron las genuinas movilizaciones populares contra el gobierno de Áñez para sus negociaciones palaciegas.

Desde su conformación, el gobierno golpista ha establecido claramente su agenda reaccionaria, sacando a los militares a las calles y facultándolos para reprimir con impunidad penal a través del decreto 4078. Desde su instauración, el gobierno de las biblias ha asesinado a más de treinta personas, hiriendo y deteniendo a centenares. Arturo Murillo, el ministro del interior, ha tenido el discurso más virulento, amenazando con la confección de listas para la persecución de dirigentes sociales y políticos opositores, acusando de terrorismo y sedición a los que protestan. Una muestra de esta brutalidad se vio cuando la movilización en repudio a la masacre de Senkata fue atacada en La Paz, quedando los féretros de las víctimas en las calles, envueltos en el humo de las bombas lacrimógenas.

A pesar del pacto parlamentario, los sectores movilizados no se han disciplinado del todo. Algunos sectores han llegado a sus propios acuerdos con el gobierno, en los que levantan sus movilizaciones dejando constancia de su repudio al gobierno reaccionario y de que el referente del Comité Cívico Santa Cruz y dirigente golpista Luis Camacho es persona no grata en sus territorios. Otros, como los campesinos cocaleros de Cochabamba mantenían los bloqueos de carreteras. El MAS se ha mostrado nuevamente como parte fundamental del sostenimiento del orden capitalista en Bolivia. Áñez tuvo también la colaboración de la dirigencia de la COB, con su silencio cómplice ante los hechos de Sacaba y El Alto. Varias organizaciones sindicales como los fabriles de Cochabamba y los mineros de San Cristóbal han reclamado un Congreso de la COB para cuestionar a los dirigentes traidores. La crisis política y social de Bolivia tendrá nuevos capítulos. Es necesario construir una alternativa política revolucionaria que luche consecuentemente contra Áñez y por un gobierno de los trabajadores, los campesinos y los indígenas bolivianos.