Los trabajadores resisten el desalojo y demuestran que la fábrica puede producir. Millones consumen sus productos. Por su estatización bajo control obrero.

Escribe Claudio Funes

La ocupación por parte de sus trabajadores de la papelera ubicada en Bernal, propiedad de la multinacional yanqui Kimberly Clark, ya lleva más de dos meses. Enfrentan los 200 despidos a través de un lockout (cierre patronal) de una de las más poderosas multinacionales en el rubro de artículos de higiene, que explota a decena de miles de trabajadores, más de 40.000 en el mundo y es dueña de marcas como Scott, Kleenex, Huggies y Kotex, entre otras. En nuestro país es propietaria además de una planta en Pilar (productos de protección femenina y para adultos) y otra en el parque industrial de San Luis (pañales para niños y adultos). En Bernal se producía papel higiénico, rollos para cocina, papel para faciales, servilletas y papel para pañales, entre otros productos. Todos de uso masivo.

La multinacional se niega al diálogo y quiere liquidar el conflicto. Hoy crecen las posibilidades de desalojo ante el pedido de la fiscal que interviene en la causa abierta por la denuncia de la patronal, que los acusa de usurpación.
Ante esta perspectiva el día viernes 22 de noviembre los trabajadores convocaron a un acto y conferencia de prensa donde delante de los medios y distintas organizaciones sindicales y políticas hicieron una “prueba productiva” demostrando que pueden autogestionar la planta y hacerla producir. Estuvieron presentes los dirigentes Juan Carlos Giordano, Romina del Pla, Néstor Pitrola, Christian Castillo, Jorge Altamira, Marcelo Ramal y distintos dirigentes sociales y sindicales de la zona.

El delegado Patricio Lara manifestó: “Tenemos esperanzas porque las máquinas funcionan y podemos producir. Hoy pusimos en marcha las líneas para demostrar que los trabajadores sabemos y podemos hacerlo, hemos entregado producción a hospitales y comedores porque hay necesidad de insumos de higiene en el Estado, así se podrían salvar los 200 puestos de trabajo”.
Los trabajadores se postulan para hacer producir la planta para lo cual necesitaría una ínfima inversión. Y emplazaron a Alberto Fernández y Axel Kicillof a que se pronuncien por la continuidad de la fuente de trabajo. Por ello mantuvieron una reunión con futuros ministros de los que no obtuvieron respuestas.

Los trabajadores junto con sus familias continúan resistiendo. Están dando una dura pelea realizando distintas actividades, como el papelazo en Plaza de Mayo del 4 de noviembre pasado y ahora con la exigencia al sindicato de llamar a un paro nacional de papeleros.
El cierre de la planta de Bernal es parte de un plan de ajuste global de la mutinacional. En 2018 la empresa decidió cerrar o vender todas las unidades productivas en el mundo que generan retornos bajos y que no representan en total más de 1% de los ingresos. Mientras los obreros y sus familias padecen, los especuladores de la bolsa celebran: las acciones de la compañía crecieron en el primer semestre un 13% por arriba del promedio del 10% del resto de las empresas del sector. A esta voracidad por el dinero se suma el hecho de intentar deshacerse de los delegados combativos que vienen conquistando mejores condiciones de trabajo y más salario.

Desde Izquierda Socialista nos venimos solidarizando con este conflicto desde el inicio y nos seguiremos poniendo a disposición del mismo. La solución de fondo pasa por la estatización de la planta poniéndola a funcionar bajo control obrero.

Este 26 de noviembre se realizaron elecciones de delegados de junta interna y de edificio de ATE en el Indec para el período 2019-2021. Por primera vez desde la intervención del instituto en 2007 se presentaron dos listas. Desde Estatales en Marcha e Izquierda Socialista dimos una pelea para poder formar una lista de unidad para enfrentar de la mejor manera la nueva situación que se viene, de ajuste general y de incertidumbre en el instituto en particular.

Planteamos seguir luchando por el pase a planta permanente, con estabilidad inmediata, de todos los compañeros, sin importar modalidad de contratación; por la jerarquización de la planta actual y de todos los trabajadores, incluyendo los compañeros de maestranza.
Además, mantener la independencia dentro del organismo de los gobiernos de turno. Exigir, de manera urgente, que se ponga en funcionamiento la Comisión de Igualdad de Oportunidad y Trato (CIOT), donde podremos denunciar la violencia y maltrato institucional de pares. Poner en vigencia un protocolo contra la violencia de género y seguir formando parte e impulsando la lucha de las mujeres y disidencias.

Y poner en pie asambleas generales regulares por edificio, para generar mandatos y pliego de reivindicaciones de los distintos sectores. En lo inmediato, reclamar las mejoras edilicias necesarias y un bono de fin de año para la totalidad de los trabajadores del Indec.
Lamentablemente, los compañeros del PTS no quisieron ser parte de la lista, instalando una campaña divisionista y plagada de mentiras.
Pero, a pesar de ello, se pudo conformar la Lista 100, a la que se incorporaron aún más activistas independientes. Compañeros con diferentes trayectorias, algunos venimos de defender las estadísticas públicas confiables y otros son más recientes, pero todos con el mismo objetivo de impulsar la democracia sindical y la defensa de los puestos de trabajo y los salarios. Desde Estatales en Marcha e Izquierda Socialista, participaron Marcela Almeida (a Secretaria Gremial) y Gabriela Soroka (a Secretaria de Géneros y Derechos Humanos) del Índices de Precios de Consumo, y Hernando Rodríguez de Estadísticas del Comercio Exterior (a delegado de Roca).

Ganamos con el 70 % de los votos. Agradecemos a todos los trabajadores que apoyaron nuestras propuestas y nuestra lista. Nos espera un camino de construcción de este nuevo espacio de organización para dar las peleas que se nos vienen.

Estatales en Marcha

Escribe Martín Fú

El hotel Bauen es administrado por sus trabajadores hace 17 años. Desde 2002 vienen manteniendo las fuentes de trabajo y han soportado estoicamente los ataques de la patronal que intentó cerrar el hotel y se fugó de la justicia y de todos los gobiernos que se sucedieron en este tiempo. Nuevamente están siendo amenazados de desalojo, a efectivizarse por orden judicial el próximo 2 de diciembre.

Es por ello que los compañeros están organizando una cena en solidaridad con su lucha, donde estarán invitadas figuras políticas, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales- entre un abanico mucho más amplio de actores y fuerzas vivas- para acompañar y resistir el posible desalojo. Izquierda Socialista siempre acompañó la pelea de las trabajadoras y trabajadores del Bauen y la defensa de su gestión obrera. Llevaremos nuevamente nuestro acompañamiento y solidaridad participando de esta cena y renovando el pedido de expropiación del hotel para la administración definitiva de todos sus trabajadores.

Los sacerdotes Nicola Bruno Corradi y Hugo Corbacho Blanc recibieron penas de 42 y 45 años de cárcel respectivamente y el jardinero Armando Ramón Gómez por 18 años. En los tres casos la condena es por los abusos sexuales que cometieron a once niños sordomudos durante el 2005 y el 2016 en el Instituto Próvolo de Mendoza.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincial por Buenos Aires, Izquierda Socialista/FIT

“Una condena ejemplar”, sostuvieron los abogados de las víctimas en relación a la cantidad de años que pedían. Sin embargo, los familiares alertaron sobre el problema del silencio cómplice del Papa Francisco y la cúpula de la Iglesia Católica, quienes no solo no colaboraron con pruebas, sino que además encubrieron todo el tiempo a los implicados. Ahora esperan que la iglesia los expulse pero por el momento nada de eso ocurre.

Los abusos y los casos de pederastia por parte de la iglesia son bien conocidos. Como también su forma de encubrirlos. Por ejemplo, cuando la cúpula eclesiástica se entera de un abuso, lejos de acompañar a la víctima lo que hace es proteger al abusador, trasladándolo a otra provincia o a otro país. Lo hacen amparándose en el derecho canónico para evitar que vayan a la justicia ordinaria y persuaden a las familias para que no se hagan eco del caso.

Esto tiene aval legal en nuestro país desde 1966, cuando bajo el gobierno de Onganía se homologa el Concordato entre la Santa Sede y Argentina (Ley 17.032). El mismo otorga total injerencia a la Santa Sede para erigir nuevas circunscripciones eclesiásticas en nuestro territorio, nombrar directamente a los obispos y aplicar el derecho canónico para juzgar a los miembros de las cúpulas eclesiásticas garantizándoles la impunidad. A partir de ese momento, toda una batería de leyes siguieron para garantizarle a la Iglesia Católica innumerables privilegios que van desde exenciones impositivas, subsidios, donaciones y hasta la injerencia en áreas centrales como la salud y la educación.

El papa Francisco sabía todo

El nombre Corradi se conoció públicamente en 2009 gracias a la denuncia de 67 chicos sordos que lo señalaron junto a otros 23 religiosos por abusos sexuales dentro del Instituto en la sede de Verona (Italia). Por aquel entonces Corradi ya había sido traslado a Argentina. Primero hizo escala en La Plata y luego tras más denuncias de abuso en la sede platense lo trasladaron a Mendoza. En 2014, las víctimas italianas le enviaron una carta a Francisco en la que le reiteraron el potencial peligro para los menores que implicaba la presencia del clérigo en la institución educativa de Mendoza. Sin embargo, Francisco nada hizo frente a este nuevo alerta, continuó en silencio y permitió que siga abusando a los niños mendocinos.

Una vez más denunciamos a la cúpula de la Iglesia Católica cómplice de estos abusos y también de lo peor de nuestra historia, como la última dictadura militar en la que bendijeron las armas con las que torturaban y entregaron a los bebés nacidos en cautiverio. No solo fue en el pasado: ahora juega un rol nefasto junto a los gobiernos y partidos patronales, negándonos el derecho al aborto y a la educación sexual a miles de niños, niñas y adolescentes. Exigimos la anulación de todas las leyes que benefician a la Iglesia Católica, como la del pago de los sueldos a los curas y el fin de los subsidios a las escuelas confesionales. Vamos por la inmediata separación de la Iglesia del Estado.

Escribe Mercedes De Mendieta, Legisladora porteña electa

Una trabajadora trasladada y perseguida desde hace meses por defender un paradigma de derechos dentro del Organismo de Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires presentó el día 16 de octubre una grave denuncia por hostigamiento, abuso sexual y acoso laboral contra Gerardo Peralta, quién ocupa funciones como director operativo de este organismo.

También se realizó la denuncia penal y la fiscalía dispuso una restricción de acercamiento de Gerardo Peralta a la denunciante que fue enviada al organismo. ​Sin embargo la violencia institucional se mantiene. Peralta es sostenido por las autoridades como director operativo. A pesar de que la compañera solicitó el cambio de dirección general para continuar ejerciendo sus funciones, dicha reubicación aún no se dispuso y el director operativo en septiembre dio la orden de que le descuenten los días de trabajo por supuestas ausencias injustificadas, sacándola de sus funciones, pasando a ser parte del equipo técnico del dispositivo. Mientras tanto, el denunciado sigue circulando por los pasillos donde la mayoría de los empleados son mujeres.

Como ocurre en la mayoría de las instituciones que transitan las mujeres, las prácticas patriarcales caen sobre las trabajadoras mujeres y disidencias, dónde la mayoría trabaja precarizada bajo la figura de fraude laboral, con contratos basura que son utilizados como una herramienta de presión con la amenaza de despedidos.

Bajo la dirección de Gerardo Peralta se han realizado otras relocalizaciones y dos despidos a partir de denuncias presentadas a la coordinadora del CAT2, Patricia Dodera. A pesar de esto y de varias medidas de fuerza llevadas a cabo, tanto Dodera como Peralta continúan en sus puestos de trabajo mientras los compañeros despedidos aún no han sido reincorporados.
Exigimos la inmediata separación de Gerardo Peralta y de Patricia Dodera del organismo y el fin del hostigamiento y del abuso laboral y sexual. Y seguiremos luchando por el pase a planta permanente de las y los trabajadores y el fin de la precarización laboral.