Diputados dio media sanción a la “ley de alquileres” que regula las relaciones contractuales entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias. Un parche que lima algunos abusos pero que no soluciona la demanda habitacional. Desde la izquierda proponemos construir un millón de viviendas populares.

Escribe Martín Fú

La futura ley, de aprobarse en senadores, modificará la relación inquilino-propietario, entre otras cosas extendiendo el contrato de alquiler por tres años, la actualización anual de los precios en vez de semestral, entre otros cambios.
Nueve millones de personas, según Inquilinos Agrupados, tienen problemas de vivienda. Si tomamos cada una de esas personas como integrante familiar, tenemos que multiplicar por dos o tres, esto nos da casi treinta millones que no tienen vivienda y necesitan alquilar. Si, así como se lee, tres cuartas partes de los argentinos no son propietarios de su vivienda y tienen que recorrer el “vía crucis” del inquilino, sufriendo los abusos de propietarios e inmobiliarias. Han pasado los gobiernos y sin embargo, en un país inmenso de 3,7 millones de kilómetros cuadrados, la mayoría de los trabajadores y sectores populares no tienen resuelto su techo.

Ninguno de los partidos políticos que han gobernado avanzó con un proyecto de viviendas populares. Todo lo contrario, han apoyado la privatización del espacio público y el desarrollo de viviendas para los sectores más poderosos y concentrados de la economía. Así el boom de Puerto Madero y los barrios privados, que tiene a Nordelta por uno de los más emblemáticos, ha sido la única política gubernamental a favor de las viviendas… ¡pero para las clases privilegiadas! Cotizándose en Argentina el metro cuadrado al valor de Estados Unidos o de la Unión Europea, con salarios y jubilaciones de pobreza.

En los doce años de gobierno de Macri y Larreta en Ciudad de Buenos Aires se privatizaron o concesionaron 473 hectáreas a favor de desarrolladores inmobiliarios como Elzstain (IRSA), Constantini (Nordelta-Consultatio) y el grupo Werthein (Pagina12, 23/11) sólo para dar algunos ejemplos. Todo esto mientras a lo largo y ancho del país crecen los asentamientos y las villas, como en Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Santa Fe. En 2018 se calculaban unas 4000 villas o barrios de emergencia en todo el país, lo que representa una superficie mayor a toda la ciudad de Buenos Aires (Infobae, 27/01/2018).

Esta ley morigera algunos abusos pero no va a fondo con la cuestión estructural ni viene a resolver los problemas de las mayorías. Buscan lavarle la cara al gobierno en retirada y al conjunto de los partidos patronales que se vienen alternando en el poder, como el peronismo, sin hacer nada. Hasta lo ha remarcado en el debate en el Congreso el diputado de Cambiemos Lipovetzky, diciendo “tenemos con la vivienda una deuda de 30 años”. ¿Y qué hicieron en estas décadas? Gobernar para el negocio inmobiliario, incluso con grandes coimas, no para los millones que necesitan el techo propio. A tal punto que en 2016 se necesitaban 134 sueldos para acceder a una vivienda, es decir, once años de trabajo.

Desde Izquierda Socialista siempre hemos afirmado que el problema de la vivienda en la Argentina es de fácil y rápida solución. Porque como dijo nuestra diputada de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, Mónica Schlotthauer en el debate en el Congreso cuando se debatió la ley, además de imponer un fuerte impuesto hasta llegar a la expropiación de las viviendas suntuosas, “tenemos la tierra, tenemos la necesidad de los que están sin techo y también tenemos los brazos y las espaldas de quienes pueden construir las casas, lo que tenemos que tener es la voluntad política para elegir entre los buitres y los bancos o los sin techo de nuestro país” llamando nuevamente a “romper con el Fondo Monetario Internacional y dejar de pagar la deuda para que con esa plata resolvamos estos problemas”.

Con los 15.000 millones de dólares que vencen el año próximo de la usurera deuda externa y la mitad de lo que se va anualmente por la fuga de capitales se podrían construir un millón de viviendas populares. De esa forma se comenzaría a solucionar la crisis habitacional y se reactivaría también el trabajo y la economía. Es una decisión política que no han tomado ninguno de los gobiernos patronales y que proponemos desde la izquierda para dar una real y definitiva solución al problema de la vivienda que aqueja a millones de trabajadores y sectores populares.

El Barrio Confluencia es uno de los más antiguos. Se empezó a poblar con la fundación de la ciudad dado que está ubicado en la proximidad de la confluencia del Río Limay y Neuquén, que forman el conocido Río Negro que desemboca en Viedma. Tan antiguo como abandonado por todos los gobiernos.

En dicho barrio viven miles de familias. Las menos, en sectores privados y cerrados, otras, la mayoría, en calles urbanizadas. Y unas 500 familias con recursos limitados lo habitan a lo largo de tres a cuatro generaciones sin poder satisfacer la necesidad básica de un techo digno. Ello provoca un gravísimo hacinamiento al tener que convivir dos o tres familias dentro de unidades habitacionales con dimensiones para albergar a un solo grupo familiar, en situación de promiscuidad forzada e insalubridad física y psicológica.

En medio del barrio existe un predio fiscal de casi cinco manzanas administrado por la municipalidad, que está abandonado desde hace más de 50 años como terreno baldío. Hace más de un mes lo ocuparon más de 100 familias con niñas/os de distintas edades instalando sus precarias casillas exigiendo los lotes, que están dispuestos a pagar en cuotas de fomento. Esta nueva ocupación es otro de los capítulos en los intentos de los vecinos para urbanizar ese baldío, las anteriores fueron cruentas como cuando el “canillita” Rubén Arias murió inmolado en el año 2001 rechazando la violenta acción policial de desalojo de la vivienda que ocupaba; o en el 2008 cuando más de cien familias montaron sus primeras casillas para ocupar el predio y fueron desalojadas mediante una violenta represión con varios heridos.

No a la represión

En esta oportunidad también fueron reprimidos porque las autoridades municipales (Cambiemos) pidieron el desalojo de la toma y las autoridades provinciales (del MPN) ejecutaron la orden con una feroz y persistente represión durante diez días que originó, entre otras, la grave lesión al vecino Franco Borda al borde de perder su ojo izquierdo.

Ambas embestidas policiales fueron ataques masivos que se extendieron por el interior del barrio y a toda hora, produciéndose el ataque más fuerte en medio del dictado de clases, ocasionando heridos y momentos de extremo temor a la comunidad educativa de la Escuela Nº 136, además de haber usado la topadora para barrer las casillas y cargar en decenas de camiones las pertenencias de las familias.

Organismos de derechos humanos se solidarizaron. Por Izquierda Socialista los hicieron nuestro compañero concejal Manuel Sánchez y la diputada Angélica Lagunas, quienes durante varios días tuvieron un rol muy destacado acompañando a los vecinos para frenar la represión y una vez frenada la misma, acompañaron a los representantes del barrio en las distintas instancias de mediaciones y negociaciones que se abrieron en el ámbito judicial donde los vecinos reclaman fin a la represión y que el gobierno municipal y provincial den respuesta positiva al loteo social en el predio ocupado para urbanizarlo y construir allí las viviendas que necesitan. Para legalizar este reclamo están exigiendo una ordenanza que determine el loteo, apoyados por Manuel Sánchez y otros concejales opositores.

Corresponsal

Desde el 18 de octubre Chile vive una rebelión popular de dimensiones históricas con masivas movilizaciones reclamando “Fuera Piñera”. Se desató una brutal represión de militares y carabineros con violaciones sistemáticas a los derechos humanos, asesinando a decenas de manifestantes, con desaparecidos, abusos sexuales, torturas, heridos y miles de detenidos. Pero las movilizaciones continúan. En nuestro país se realizaron diversas acciones de solidaridad, pero el peronismo no se ha sumado. ¿Por qué?

Escribe Javier Leonforte

En Argentina se dieron dos movilizaciones masivas contra el golpe de estado en Bolivia los lunes 11 y 18 de noviembre. Incluso una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados el 13 de noviembre votó un repudio al respecto. A esas movilizaciones se adhirió desde el “Encuentro Memoria Verdad y Justicia”, que integramos las organizaciones de izquierda, incorporando la consigna de “viva la rebelión popular en Chile” y “Fuera Piñera”. Pero las organizaciones políticas, sindicales y sociales del peronismo que participaron de las movilizaciones contra el golpe en Bolivia se negaron a participar de las movilizaciones y acciones de solidaridad con el pueblo de Chile.

¿Cómo se explica?

Antes de la elección presidencial del pasado 27 de octubre hubo marchas al consulado y a la embajada de Chile organizadas por la “Asamblea en Solidaridad con los Pueblos de Chile en Buenos Aires” y el propio Frente de Izquierda Unidad realizó su acto de cierre de campaña frente al consulado de Chile en apoyo a la rebelión popular y apoyando el reclamo de “Fuera Piñera”.

Alberto Fernández, lejos de repudiar la brutal represión de Piñera y sus carabineros, le escribió vía twitter el 28 de octubre un agradecimiento hablándole como “Presidente” y llamándolo a “trabajar en común por la integración latinoamericana”. ¿Qué integración nos propone el peronismo con el represor Piñera?

Miles de trabajadores, mujeres y jóvenes repudian el golpe de estado en Bolivia, apoyan la rebelión popular en Chile y tienen una enorme simpatía con la idea de unir a los pueblos de latinoamérica en una lucha común. Por eso clarificar el rol del peronismo en estos acontecimientos históricos es fundamental. A esos luchadores nos queremos dirigir para que reflexionen al respecto.

Pasado más de un mes del inicio de la rebelión popular en Chile, el peronismo mantiene un silencio cómplice ante la brutal represión del gobierno de Piñera y no ha participado de ninguna de las numerosas acciones de solidaridad. Nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer presentó un proyecto de ley para que Argentina rompa relaciones diplomáticas con el gobierno de Chile y el 8 de noviembre nos entrevistamos con funcionarios del gobierno en la Cancillería junto a la “Asamblea en Solidaridad con los Pueblos de Chile en Buenos Aires” e integrantes del “Encuentro Memoria Verdad y Justicia” para denunciar los excesos de la represión y entregar el proyecto de la diputada Schlotthauer. El peronismo volvió a estar ausente, no hubo sesión extraordinaria en el Congreso por este tema, y ni siquiera denuncian las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, como si hizo por ejemplo la histórica referente de las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, que visitó Chile para apoyar la rebelión popular.
El peronismo compara a Piñera con Macri, pero prefiere que siga gobernando la derecha en el país trasandino a que triunfe una rebelión popular que cuestione las privatizaciones, la tercerización laboral, todo un modelo económico de saqueo y miseria y al propio régimen pinochetista. Porque como dicen los chilenos “no son 30 pesos, son 30 años” y ese repudio popular incluye no solo a Piñera, sino también a los anteriores gobiernos de la Concertación como Bachelet, Lagos, Frei y Alwin, gobiernos de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista que mantuvieron la herencia económica y política de Pinochet. Chile despertó y quiere que se vaya Piñera. El peronismo no quiere que el actual “ejemplo chileno” de rebeliones populares que cuestionan y desestabilizan gobiernos capitalistas, sean del color político que sean, se irradie por Latinoamérica.

Escribe Adolfo Santos

Quedó definido el nuevo jefe del bloque de senadores del Frente Para Todos. Con el cargo vacante, CFK eligió nada más y nada menos que al formoseño José Mayans.

Católico acérrimo, Mayans se opuso fervientemente al proyecto de ley por la legalización del aborto en agosto de 2018. Una de sus cartas de presentación, es su larga y estrecha amistad con el gobernador de su provincia, el reaccionario Gildo Insfrán, uno de los mandatarios provinciales más cercanos al kirchnerismo. En su cuarto mandato como senador, el nuevo jefe de bloque designado por el cristinismo, es uno de los responsables de que su provincia, como demuestran las estadísticas, encabece los peores índices sociales del país. Si alguien esperaba que CFK iba a reforzar el progresismo en un Senado tradicionalmente conservador, se engañó rotundamente.

Escribe Adolfo Santos

Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, se emocionó hasta las lágrimas al ser aplaudido de pie después de los elogios recibidos en la última sesión. La diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) resaltó: “Usted ha sido un gran presidente, un hombre de consensos, de grandeza humana, que ha reivindicado la política como nadie”. Y terminó diciendo: “Muchas gracias por lo que hiciste, por lo que no hiciste y por lo que harás, porque vas a ser un gran dirigente político”. Agustín Rossi, presidente del bloque del Frente para la Victoria, expresó: “Logró que nos sintiéramos cómodos con usted” y remató: “Usted se lleva el cariño y el respeto de este bloque”. Y José Luis Gioja lo definió como “un constructor de éxitos”.

Los elogios recibidos por quien fue el principal referente del macrismo en Diputados son la demostración de la unidad que existe entre las fuerzas políticas tradicionales. No es casual que hayan votado juntos proyectos contrarios a los intereses de los trabajadores. Tampoco es casual que los únicos que no rindieron pleitesía a Monzó hayan sido los diputados del FIT.