Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora porteña Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Trece meses después de la brutal represión del 12 de junio de 2024, cuando miles nos movilizamos contra la Ley Bases frente al Congreso, la Justicia confirmó lo que desde el primer día habían denunciado los organismos de derechos humanos: las 33 personas detenidas fueron víctimas de una cacería represiva y totalmente arbitraria.

Pese a que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las tildó públicamente de “terroristas”, y el fiscal Carlos Stornelli las acusó de “golpistas”, la jueza federal María Servini terminó sobreseyendo a las últimas 16 personas que aún seguían imputadas. El fallo fue contundente: no hubo testigos que motivaran las detenciones, ni videos que respaldaran las acusaciones: un armado judicial para criminalizar la protesta.

El operativo del 12 de junio fue parte de una estrategia del gobierno de Javier Milei para sembrar miedo y disciplinar a quienes enfrentamos su plan de ajuste y entrega. De las 33 personas detenidas, 17 fueron liberadas al día siguiente. Las 16 restantes pasaron hasta una semana presas y cargaron con una causa abierta durante más de un año, a pesar de la inexistencia de pruebas en su contra.

Este paso adelante que implica la falta de mérito dictaminada por Servini no hubiera sido posible sin la lucha incansable de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales, que desde el primer momento exigimos la liberación y el desprocesamiento de todas las personas detenidas.

Desde que asumió el oficialismo, se profundizó el ataque a las libertades democráticas. El protocolo antipiquetes de Bullrich, las detenciones arbitrarias de militantes como Alessia Abaigar o la concejala de Quilmes, Eva Mieri, la represión a jubiladas y jubilados que se movilizan cada miércoles, y la persecución a periodistas opositores son parte de un mismo plan represivo. Frente a este escenario, debemos seguir impulsando la máxima unidad de acción en las calles contra la avanzada represiva del gobierno, porque luchar no es delito.