Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista / FIT Unidad

El proyecto establece que el Estado nacional debe reservar 1% de su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero. Desde las bancas de Izquierda Socialista/FIT Unidad acompañamos la iniciativa por ser una demanda histórica del colectivo, que nunca abandonó la movilización, pero sin dejar de alertar sobre posibles maniobras.

La exigencia de trabajo formal, estable y con un sueldo digno es uno de los reclamos históricos del colectivo travesti-trans-no binarie en nuestro país. Por eso en cada una de las movilizaciones protagonizadas por la comunidad siempre se levanta la consigna “cupo e inclusión laboral travesti-trans”. Las travestis y personas trans sufren la violencia del sistema capitalista y patriarcal que las rechaza, condena y somete a discriminación y violencia constantes, por identificarse con un género diferente del asignado al nacer.
Así, muches no son reconocides por su familia, son echades de sus casas a corta edad, y también se les expulsa de las escuelas, se ven obligades a buscar trabajos no registrados y muy precarios, changas, o bien entran al circuito de la prostitución con todas las violencias que ello conlleva. El acceso a la salud también resulta transexcluyente, allí reciben todo tipo de maltratos y hasta se les niega atención básica. Sin estudios, sin trabajo y sin salud, hoy la expectativa de vida de travestis y trans en la Argentina es de entre 35 y 40 años, considerándose sobrevivientes a quienes logran superar esa edad.
Un informe, del 19 de junio de 2020, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que durante la pandemia aumentó el hostigamiento policial hacia la población travesti y trans, con denuncias de detenciones por “violación de cuarentena”. Junto a esto, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, 71% de las travestis y mujeres trans no tienen condena y, a pesar de esa irregularidad en este contexto, no accedieron a una prisión domiciliaria.

¿Cuáles son las alertas que señaló la diputada Mónica Schlotthauer en la sesión?

La diputada de Izquierda Socialista, en su intervención, enfatizó sobre la situación de violencia que sufren las personas de la comunidad travestis-trans y denunció que, en la provincia de Buenos Aires, la ley de cupo laboral travesti trans sancionada en 2015 tardó cuatro años en reglamentarse y al día de hoy solo se aplica en la mitad de los municipios. En ese marco, también señaló que Tehuel, joven trans del conurbano bonaerense, lleva tres meses desaparecido luego de salir por una oferta laboral turbia y en condiciones poco claras y seguras, situación de riesgo en la que se ve el colectivo a diario.

También advirtió que esta ley permite el ingreso a la planta laboral del Estado a través de contratos basura, tal como sucede ya con el decreto 721/2020, donde los puestos ocupados son por un año, sin garantizarse la efectividad y con remuneraciones más bajas. Así es el caso de la compañera trans Mia, que ingresó al ferrocarril Sarmiento hace unas semanas. Ella entra a trabajar como parte del cupo laboral, pero con un sueldo de solo el 60% del valor que le corresponde según el convenio colectivo de trabajo y sin garantías de continuidad, ya que su contrato es solo por un año. De esta manera, el Estado ostenta un gran porcentaje de precarizades, lo cual desde ningún punto de vista garantiza la estabilidad laboral y económica necesaria para travestis, trans y no binaries.

Por eso será tarea de las disidencias, y del movimiento feminista en su conjunto, seguir peleando para conquistar la ley en el Senado y luego ir por su real implementación. Y allí nos encontraremos, como siempre, en las calles.