Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Jorge Macri intenta vender una Ciudad “ordenada” con operativos represivos, desalojos y una campaña millonaria bajo la consigna reaccionaria de “Ley y Orden”. Detrás de esa puesta en escena crecen la pobreza, la crisis habitacional y la cantidad de personas en situación de calle, a quienes el gobierno porteño criminaliza y estigmatiza.

La Ciudad más rica del país lleva casi dos décadas gobernada por el PRO. Sin embargo, lejos de garantizar los derechos elementales a la vivienda, la salud, la educación y el trabajo, el Ejecutivo local profundiza un modelo diseñado exclusivamente para los negocios inmobiliarios. Mientras se rematan tierras públicas y se favorece la especulación de los grandes constructores, cientos de familias trabajadoras son desalojadas.

El informe elaborado por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa muestra que entre diciembre de 2023 y los primeros meses de 2026 se llevaron adelante 621 desalojos que afectaron a 4.482 personas, entre ellas 1.409 niñas, niños y adolescentes.

El propio gobierno de la Ciudad tuvo que reconocer, el año pasado, que las personas en situación de calle aumentaron un 23,2%, pasando de 3.286 a 4.049. Sin embargo, el Tercer Censo Popular, realizado por más de treinta organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, relevó a 11.892 personas, casi el triple de la cifra oficial. Esta enorme brecha no es un error técnico. Expresa la decisión política de invisibilizar una emergencia social aberrante.

La respuesta de Jorge Macri frente a esta catástrofe no es ampliar los paradores ni fortalecer la asistencia, sino profundizar la lógica punitiva. Incluso la ONU cuestionó estas medidas, advirtiendo sobre la existencia de un “patrón de criminalización” en la Ciudad.

Cada procedimiento que el gobierno exhibe en sus redes sociales como un triunfo es, en realidad, un ataque con toda la violencia estatal contra los sectores más vulnerables. Los trabajadores de la venta ambulante y los feriantes sufren el decomiso diario de su mercadería, multas y persecución policial.
A esto se suma una fuerte impronta xenófoba. La persecución golpea con saña a las comunidades migrantes en los barrios populares. Los discursos oficiales asocian deliberadamente pobreza, migración e inseguridad para justificar el hostigamiento cotidiano y el control de la Policía de la Ciudad, instalando el discurso racista de que “migrante es igual a delincuente”.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad denunciamos esta política de hambre, persecución y exclusión. Exigimos el cese inmediato de los operativos represivos contra los que menos tienen.

Frente a la crisis habitacional, planteamos un vuelco total de los recursos de la Ciudad. Plan urgente de construcción de viviendas populares, urbanización real de las villas, impuesto progresivo a las miles de viviendas ociosas que se usan para especular y créditos a tasa cero para las familias trabajadoras.

Te invitamos a organizarte con nosotres para enfrentar este modelo de ciudad para pocos.